El dictamen autorizó al Ejecutivo local hacer un contrato que fincaría obligaciones financieras al Estado por 270 millones de dólares y que deberá celebrarse a más tardar el 30 de septiembre de 2020.
El monto constituirá un gasto excesivo porque el costo de sistemas fotovoltaicos bajó en 2017 y continuó en ese tenor, cotizándose hoy día entre 1.6 y 1.8 millones de dólares por megawatts.
Por Julieta Aragón
Tijuana, 22 de julio (ZETA).- La tarde del jueves 16 de julio, en fast track, el Congreso de Baja California aprobó en lo general y en lo particular, con 19 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones, el dictamen de decreto que autoriza al Poder Ejecutivo estatal y/o a la Comisión Estatal del Agua, hacer un contrato por 30 años con la empresa ganadora de una licitación para desarrollar una planta solar fotovoltaica que suministrará energía eléctrica al Acueducto Río Colorado-Tijuana.
Con ello, también quedó establecido el contrato que se celebrará a más tardar el 15 de octubre, en lugar del 30 de septiembre de 2020, como había propuesto el Poder Ejecutivo. La modificación se hizo mediante la reserva presentada por el Diputado morenista Juan Manuel Molina García, con el fin de que la autoridad tenga suficiente tiempo «para que el proceso de licitación y contratación sea minucioso y cuidadoso, y se tenga el tiempo prudente y necesario para analizar a profundidad las propuestas».
El dictamen primero fue aprobado en las Comisiones Unidas de Energía y Recursos Hidráulicos, Hacienda y Presupuesto el 14 de julio -a horas de que el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, presentara la iniciativa-, con la cual se autoriza al Ejecutivo hacer un contrato que fincaría obligaciones financieras al Estado por 270 millones de dólares (5 mil 940 millones de pesos, a un tipo de cambio de 22 pesos).
Esto último según fuentes legislativas, ya que el dictamen que votó el pleno de la Cámara de Diputados no señala el monto del contrato «que deberá celebrarse a más tardar el 30 de septiembre de 2020», o bien, la inversión que requerirá el proyecto propuesto por Jaime Bonilla Valdez.
Los 270 millones de dólares -que se les dijo a los legisladores- podrían constituir un gasto excesivo, ya que según datos de Administración de Información de Energía de Estados Unidos, el costo de sistemas fotovoltaicos bajó en 2017 y continuó en ese tenor, cotizándose hoy día entre 1.6 y 1.8 millones de dólares por megawatts.
En México, en 2016 el precio promedio de mercado nacional fue de mil 750 dólares por kilowatt instalado (32 mil 235 pesos, a un tipo de cambio promedio de entonces 18.42 pesos por dólar).
Ante estos valores, especialistas consultados por NEGOCIOZ consideraron que se deberá hacer una evaluación exhaustiva del tipo de paneles solares en función de la marca, material de las celdas, inversor, sistema de montaje, sistema eléctrico y de comunicación, cuidando no tener sobrecostos del total de la inversión de la planta.
El asesor en energía y economía Ramsés Pech indicó que se deberá cuidar que la operación y el mantenimiento sea el de menor costo en conjunto con la operación de la planta, y que el contrato a realizar con la empresa suministradora esté en función de la vida útil de los paneles para recuperar la inversión.
Información obtenida por NEGOCIOZ -que habría sido presentada a los legisladores- indica que se pretende que el recurso provenga de una empresa mexicana que realice el proyecto a mediano y largo plazo, pero dé resultados en doce meses.
Según el dictamen del decreto, este autoriza al Poder Ejecutivo para «directamente o a través de sus entes paraestatales» realizar gestiones administrativas y financieras necesarias para la celebración del contrato plurianual de energía eléctrica derivada de una planta generadora de energía solar fotovoltaica, «siempre que el costo de energía eléctrica KwH sea menor al de la tarifa contratada actualmente por la Comisión Estatal del Agua».
Además, se autoriza al Ejecutivo “para que suscriba la carta de crédito o garantías necesarias para responder, en su caso, del cumplimiento del contrato que se celebre.
«Asimismo, se autoriza para que en caso de que el contrato sea suscrito por una entidad paraestatal, el Poder Ejecutivo se constituya como garante o aval respecto del consumo de energía, a través de los mecanismos idóneos que se acuerden con la empresa».
La celebración del contrato se hará por un periodo que no exceda 30 años a partir de la firma del contrato correspondiente y se protocolizará en escritura pública, cuyos gastos de escrituración correrán a cargo de la empresa suministradora calificada de energía solar fotovoltaica contratante. Al finalizar el contrato plurianual, el terreno -incluyendo sus activos- pasarán a la propiedad del Estado.
Según la iniciativa de decreto, el Acueducto Río Colorado-Tijuana tiene una demanda eléctrica de 80 MW, por lo que la planta fotovoltaica que pudiera suministrarle energía podría tener un área de entre 40 y 50 hectáreas.
De enero a abril de 2020, el costo de la energía eléctrica del acueducto ascendió a 256 millones 077 mil 191 pesos. Abril fue el mes con menos costo facturado (41 millones 523 mil 592 pesos) por daños en las bombas que dejaron de tratar agua.
En 2019, el costo de energía eléctrica sumó 932 millones 019 mil 944 pesos. El mes con mayor facturación fue febrero, con 110 millones 653 mil 885 pesos, debido a que la Comisión Federal de Electricidad modificó las tarifas a FLAT, las cuales aumentaron para justificar las horas puntas y no tener pérdidas.
El año pasado, el mes que menos se facturó fue diciembre, con 44 millones 481 mil 807 pesos, debido a daños en equipos de bombeo, acorde con datos obtenidos por NEGOCIOZ.
Minutos antes de la discusión del dictamen, el priista David Ruvalcaba comentó que el dictamen no contaba con un proyecto ejecutivo, ni “una corrida financiera, ni la opinión del Órgano de Fiscalización”, de modo que estaba en riesgo el que se votara a favor.
No obstante, consideró que la tendencia era a favor porque Movimiento Regeneración Nacional tiene mayoría, y criticó el que la iniciativa se procesara «a vapor» cuando hay otros dictámenes en espera.
En su opinión, las minorías no están operando en contra «porque no se tienen bases sólidas más que lo que dice el dictamen», el cual debe revisarse para evitar que posteriormente se puedan amparar y “el Congreso quede en ridículo”.
Para finalizar, Ruvalcaba lamentó que la iniciativa haya sido promovida, dictaminada y votada «no hace más de una semana, le firmas en blanco a quien va a manipular y manejar las cosas. No podría confirmar que es un cheque en blanco, pero sí que carece de elementos suficientes para que podamos votarlo a favor».
