“Cuando las instituciones fallan en su papel para garantizar el ejercicio de los derechos, están obligadas a reconocer su responsabilidad y reparar el daño causado, por lo cual habremos de asumir que el estado mexicano fallo en su responsabilidad de proteger los derechos (…) de la periodista Lydia Cacho Ribeiro” dijo el Subsecretario Alejandro Encinas el 10 de enero de 2019 en el marco de la disculpa pública realizada a la periodista y defensora de derechos humanos.

Apenas había iniciado el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y le tocaba cumplir con la resolución del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en las que cual se advertía que Lydia había sido víctima del Estado por la detención arbitraria, tortura sexual, persecución judicial e impunidad y que México era responsable de garantizar justicia, verdad y reparación para Lydia; también la no repetición. “Estamos aquí siendo consecuentes con nuestra historia, con las omisiones y errores del pasado […] el gobierno de la República no estará supeditado a intereses particulares, el poder político y el poder público no estará subordinado al poder económico y, para enfatizar, estaremos protegiendo a quienes con su pluma o con su voz denuncien cuando la dignidad humana corra peligro o cuando el silencio sea cómplice de la injusticia” afirmó la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

En aquel momento el Subsecretario afirmó de manera inequívoca que el estado pedía disculpas “por la impunidad y corrupción alentada por las instituciones de los diferentes ordenes de gobierno que le impidieron acceder de manera pronta, imparcial y efectiva a la justicia y la verdad” y dijo “reiteramos el compromiso de implementar las medidas de no repetición […] el gobierno de México dejará atrás la simulación y enfrentará de manera firme la crisis de derechos humanos que enfrenta el país”.

Sin embargo, año y medio después las palabras se han quedado en el aire y en los hechos no tenemos más que continuidad. La impunidad que marca la historia de este caso, se mantiene muy a pesar del reconocimiento expreso y el compromiso de todas las autoridades; sigue ahí aún cuando existen pequeños pasos para la justicia como las diversas ordenes de aprehensión por la responsabilidad intelectual del ex gobernador Mario Marín y del empresario Kamel Nacif o de la captura de cinco policías (una ya libertada) que participaron de una u otra forma en la detención y tortura ocurrida en 2005.

Han pasado casi 15 años en los que no importa quién se encuentre en el poder, el partido o el color, porque el resultado es el mismo: los poderosos que cometieron la agresión mantienen las canonjías del poder mientras que las víctimas sobreviven al miedo y la violencia que nunca termina, y se repite todos los días.

Muy diversas agresiones han ocurrido desde entonces en contra de Lydia. La más reciente derivada de la falta de protección integral por parte de las autoridades fue el 21 de julio de 2019, hace un año, cuando su casa fue allanada, sus mascotas asesinadas y sus bienes ultrajados sin que hubiere ningún perpetrador identificado hasta el momento.

Después de esta vino su desplazamiento forzado, el miedo y la falta de confianza en un estado que nunca ha mostrado eficacia frente al crimen organizado -porque hay que ser claros, este caso no es un caso cualquiera, es uno que nace y se desarrolla en el entramado más profundo de las redes internacionales de trata de personas y prostitución infantil que Lydia estaba tratando de destruir a través de sus letras, un caso que devela la más profunda podredumbre institucional y la sumisión estatal a las redes criminales-.

Así, los años pasan, las promesas forman parte de un rosario de faltas y las instituciones siguen fallando en investigar, en castigar, en proteger y en garantizar que nunca más una periodista sea atacada por denunciar con su pluma o con su voz “cuando la dignidad humana corra peligro o cuando el silencio sea cómplice de la injusticia”.

Ana Cristina Ruelas

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Ana Cristina Ruelas, colabora en la oficina regional para México y Centroamérica de ARTICLE 19. Es abogada y maestra en administración pública y políticas públicas. Se desempeño como Directora Regional y Oficial del Programa de Derecho a la Información en la misma organización y ha trabajado en organizaciones de derechos humanos en México y en Perú en temas relacionados con participación ciudadana y educación para el desarrollo.

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