Por Alejandro Ugarte Cabanzo*

El pasado 30 de junio la Auditoría Superior de la Federación (ASF) debió haber entregado el primer avance de su trabajo de fiscalización de la Cuenta Pública 2019. Sin embargo, el Auditor Superior, David Colmenares, anunció que estos primeros resultados no saldrían en las fechas establecidas por la ley debido a la suspensión de términos y plazos legales, que duró más de tres meses. Independientemente de la justificación de este atraso, este artículo busca analizar cuáles serán sus implicaciones en el corto plazo y qué alternativas podría implementar la ASF para continuar fiscalizando el gasto público a pesar del contexto tan complicado que vivimos.

Teniendo en cuenta las repercusiones más simples, es muy probable que veamos atrasos en las siguientes entregas que debe realizar la ASF en octubre y febrero, incluso afectando la planeación y revisión del gasto en 2020. ¿Y por qué son importantes estas entregas? Porque gracias a su trabajo se pueden identificar anomalías en el gasto que pueden ir desde problemas de procedimientos y comprobaciones de gasto hasta casos de corrupción y daños al erario. Todo esto sin dejar a un lado que la ASF incluyó revisiones de los programas prioritarios del sexenio como el Nuevo Aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, Jóvenes Construyendo el Futuro y las becas Benito Juárez.

Para muchas y muchos, el atraso es algo natural debido a la emergencia sanitaria que vivimos, pero repasando las medidas adoptadas por varias entidades de fiscalización superior (EFS) en Latinoamérica, podemos decir que la ASF entra en una pequeña excepción. Por ejemplo, en Costa Rica, la Contraloría General de la República (CGRCR) tiene hasta el momento habilitado un portal de transparencia que incluye información sobre adecuaciones al presupuesto y datos de presupuesto extraordinario para enfrentar la emergencia sanitaria, entre otra información relevante.

Un caso similar ocurrió en las Contralorías Generales tanto de la República de Chile (CGRCh) como de la República de Perú (CGRP) que incluyeron en sus portales el monto de presupuesto asignado para el plan de acción contra la emergencia sanitaria, decretos de las modificaciones al presupuesto, infografías y preguntas frecuentes sobre la fiscalización de la Administración Pública.

Una última mirada a la región sería el caso argentino, en donde la Auditoria General de la Nación (AGN) tuvo medidas precautorias desde que conoció cómo progresaría la pandemia a nivel internacional e implementó el trabajo remoto de todos los órganos internos que la componen, incluso del más alto órgano que se dedica a aprobar y expedir auditorías, el Colegio de Auditorías Generales. En México, lo más parecido a esto ocurrió con el INAI, que generó un micrositio de transparencia proactiva respecto a la situación por COVID-19 y en el que la ASF no tuvo participación.

Todas estas acciones internacionales ameritan preguntarse si la ASF podría hacer mucho más. Aunque la ASF ha jugado un papel muy importante para conocer las malas prácticas alrededor de nuestras finanzas públicas, su experiencia y profesionalismo quizás nunca habían sido tan necesarias como hoy. Por supuesto, en esta labor, la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados también debería poner dedo en el renglón. Los ejemplos de buenas prácticas abundan, sólo se necesita voluntad política.

*Alejandro Ugarte Cabanzo es investigador practicante en el programa de Justicia Fiscal de FundarMexico

Fundar

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Centro de Análisis e Investigación, para la capacitación, difusión y acción en torno a la democracia en México.

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