Después de la detención con fines de extradición del exgobernador de Chihuahua César Duarte, el Gobierno federal y estatal trabajan «hasta donde tope» para ahondar en el cúmulo de vínculos y complicidades entorno a su red de corrupción que tizna tanto al exdirigente del PRI Manlio Fabio Beltrones, al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray Caso como al exsecretario de Hacienda estatal, Jaime Herrera, testigo protegido.
Ciudad de México, 11 de julio (SinEmbargo).– El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, no robó solo. La Auditoría Superior Estatal, como resultado de su fiscalización en el periodo fiscal 2016, denunció ante la Fiscalía estatal a 43 exfuncionarios duartistas, que van desde exsecretarios locales, el exauditor Superior local, miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y empresarios, por un daño al patrimonio de la entidad por al menos 6 mil millones de pesos.
«Además de haber construido una amplia red de corrupción política, también se edificó una red de protección que se operó mediante entregas de dinero en efectivo a diversos actores políticos y sociales de los más diversos partidos e instituciones, a diputados locales, empresarios, líderes de opinión y a algunos medios de comunicación”, acusó el Gobernador Javier Corral Jurado durante un mensaje horas después de la captura del expriista en Estados Unidos por peculado y asociación delictuosa. Esta «nómina secreta», donde participó el Senador Cruz Pérez Cuellar, también se investiga y se detallará cuando Duarte Jáquez comparezca ante los tribunales.
Al día siguiente, en rueda de prensa, se le preguntó al Gobernador Corral Jurado si la investigación Operación Justicia para Chihuahua involucra directamente al expresidente Enrique Peña Nieto, al exdirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso. El mandatario local respondió que el Ministerio Público no investiga personas, sino hechos que derivan en la detección de presuntos responsables.
«No vamos a cejar hasta que los procesos se lleven hasta el fondo y hasta sus últimas consecuencias. Hasta donde tope. No vamos entrar en negociaciones», aseguró Corral. «El desvío multimillonario de recursos de Chihuahua hacia las campañas del PRI nacional [dirigido por Beltrones Rivera] se verificó en un concierto previo con la Secretaría de Hacienda federal [de Videgaray Caso], porque fue un modelo que se utilizó en Chihuahua y otras entidades para distraer recursos públicos».
Aunque la Fiscalía de Chihuahua no tiene ninguna indagatoria que directamente vincule a Peña Nieto, «decisiones como esas no pensamos que puedan ser solo resueltas por el Secretario de Hacienda en solitario, y es precisamente lo que motivó que el expresidente presentara al final de su administración una especie de amparo disfrazado de controversia inconstitucional que en su etapa inicial [el exministro Eduardo Medina Mora] le concedió efectos de suspensión sobre actuaciones del Ministerio Público y del Poder Judicial de Chihuahua. Fue una especie de protección que buscó», abundó el Gobernador de Chihuahua.
También dijo que el expresidente Enrique Peña Nieto le colocó a César Duarte «un manto de protección e impunidad» hasta su último día de sexenio. Pero con el actual Gobierno federal, detalló, «hubo una voluntad política indiscutible», se agilizó la extradición y la investigación estatal ahora está coordinada con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda para integrar distintas investigaciones y denuncias de hechos incluso por obstrucción de la justicia con relación a los anteriores encargados de la Procuraduría General de la República (PGR), a quien se le entregaron las primeras órdenes de aprehensión desde 2017.
CHIHUAHUA-HACIENDA-PRI
Entre la red del exgobernador César Duarte destaca Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI, condenado en mayo del 2019 a tres años de prisión bajo libertad condicionada por el desvío de un millón 740 mil pesos –a través de las empresas Jet-Combustible y Promotora de Señalamiento Integral– para campañas electorales de su partido, de acuerdo con la causa penal 4094/2017 y Juicio Oral 22/2019.
Pero el colaborador del entonces líder priista Manlio Fabio Beltrones también es señalado por su presunta participación en la «Operación Safiro» para el desvío de 250 millones de pesos para financiar la campaña política priista en 2016, recordó el Gobernador Javier Corral. El desvío fue desde la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte de Chihuahua dirigida por Ricardo Yáñez Herrera (preso en 2017 y liberado en 2019) a las empresas fantasmas Samex, Despacho de Profesionistas Futura, Sinnax y SISSAS para talleres y un software no brindados, de acuerdo con la investigación del Gobierno estatal. Su exdirectora Administrativa Karla Jurado Bafidis también ya fue liberada.
Sin embargo, luego de que la PGR tomó el caso a nivel federal por tratarse de recursos federales, Gutiérrez fue exonerado de ese caso. Hace un año la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo los amparos en revisión que buscan reponer el proceso de investigación, ya que primero se atrajo «mediante maniobras» a la Federación «con malas actuaciones» tanto de ministerios públicos de la extinta PGR como de jueces federales, por lo que se exoneró a Gutiérrez Gutiérrez «sin tomar en cuenta al estado de Chihuahua en su carácter de víctima porque se afectó el patrimonio estatal», comentó el Gobernador Javier Corral .
Además del exoperador financiero del PRI y el exsecretario de Educación estatal, hay dos exfuncionarios de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua sujetos a proceso y en prisión preventiva por este desvío. Se trata de Antonio Tarín García, exdirector de Adquisiciones quien antes de su captura en marzo de 2017 intentó tomar protesta como Diputado federal, y Gerardo Villegas Mandriles, exdirector General de Administración. Ambos continúan en prisión.
Durante una declaración ministerial ante la Fiscalía de Chihuahua, bajo la figura de identidad reservada, un exfuncionario duartista reveló que este desvío de 250 millones de pesos desde Chihuahua fue un “acuerdo” entre Manlio Fabio Beltrones, el entonces dirigente del PRI (agosto de 2015 a junio de 2016) con la Secretaría de Hacienda federal, dirigida ese 2016 por Luis Videgaray Caso.
Entre funcionarios del gobierno de Corral y el movimiento chihuahuense Unión Ciudadana, fundado por el abogado Jaime García Chávez, se dice que la identidad reservada es Jaime Herrera Corral, el ex Secretario de Hacienda de Chihuahua, vinculado a proceso junto con otros exfuncionarios por delitos electorales, derivado de la retención indebida de entre 5 y 10 por ciento del salario de empleados gubernamentales en favor del PRI. El desvío sumó al menos 14 millones 609 mil 583 pesos, por lo que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) solicitó una orden de aprehensión contra el exgobernador César Duarte.
«Alejandro Gutiérrez era el operador financiero del PRI. Me comentó que había un acuerdo con la Secretaría de Hacienda federal para que, a través de tres estados, siendo estos Veracruz, Tamaulipas y Chihuahua, apoyaran con la operación electoral a nivel nacional del año 2016 para aquellos estados en donde no se tenían gobiernos priistas, y requerían recursos», declaró Herrera.
«El entonces Gobernador estatal [César Duarte Jáquez], en reunión con otros funcionarios de la Secretaría de Hacienda, en este caso las personas identificadas como [Antonio Tarín García], Director de Adquisiciones, [Gerardo Villegas Mandriles], Director General de Administración, así como [Ricardo Yáñez Herrera], Secretario de Educación, Cultura y Deporte, manifestó que era necesario obtener del erario 250 millones de pesos que serían de utilidad para los tiempos electorales que se avecinaban», agregó el testigo, citado en el Juicio de Amparo 954/2017.
Duarte Jáquez frecuentaba a Beltrones desde 2008 cuando eran el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y el coordinador de Senadores del PRI, respectivamente. Después Beltrones lo apoyó en 2010 en su campaña para la gubernatura de Chihuahua. Según lo afirmado por la identidad reservada, Duarte apoyó la triangulación para que Beltrones le permitiera poner como candidato a la gubernatura para 2016-2022 a Enrique Serrano Escobar, quien finalmente perdió frente a Javier Corral Jurado.
En junio de 2016, doce entidades renovaron Gobernador. Luego de que el PRI perdió siete estados en el proceso electoral, entre ellos Chihuahua, el dirigente del partido Manlio Fabio Beltrones dejó el cargo.
«Son distintos casos que se siguen en la llamada Operación Justicia para Chihuahua, donde se involucran a varios de los cómplices del exgobernador. Varios de los asuntos que nosotros tenemos radicados en los tribunales de Chihuahua también están siendo investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera», dijo el Gobernador Javier Corral durante la rueda de prensa del jueves. En dado caso de que la UIF detecte el delito de lavado de dinero será llevado ante un Juez federal.
El Fiscal de Chihuahua Augusto Peniche detalló que llevan entre 40 y 50 carpetas de investigación en la Operación Justicia para Chihuahua, por lo que en las próximas semanas darán como resultado nuevas órdenes de aprehensión contra estos implicados.
«Les garantizo que los trabajos de justicia para Chihuahua no han concluido. Hay carpetas de investigación que están en curso y en su momento tendrá que resolver el Ministerio Público», dijo.
EL EX AUDITOR
Un Tribunal de Control dictó el jueves 2 de julio auto de vinculación a proceso en contra del exauditor Superior de Chihuahua Jesús Manuel Esparza Flores, por su probable responsabilidad en el delito de ejercicio ilegal del servicio público.
«En su carácter de Auditor Superior del Estado de Chihuahua ocultó a la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado irregularidades de la cuenta pública en el ejercicio fiscal 2014 del Municipio de Juárez», informó la Fiscalía estatal.
Con este nuevo caso, Esparza Flores acumula diez procesos penales en su contra por delitos de corrupción y se encuentra bajo prisión preventiva. Entre los delitos que se le atribuyen destacan diversos desvíos de recursos públicos para beneficio personal mediante contrataciones simuladas que acumulan más de 30 millones de pesos, así como el ocultamiento de resultados de auditorías practicadas a la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado durante la administración estatal de César Duarte.
El 21 junio de 2017, agentes de la Fiscalía de Chihuahua detuvieron en Puebla al empresario Germain Lezama Cervantes. Por dos causas penales, en total el empresario fue sentenciado a cinco años y medio en la cárcel y tendrá que pagar 121.5 millones de pesos.
En contubernio con los exfuncionarios de la Secretaría de Hacienda estatal, participó en el desvió de 120 millones de pesos del erario público. En su calidad de representante legal de Kepler Soluciones Integrales aportó la documentación para realizar la simulación del procedimiento de contratación de servicios, según la investigación.
Además, el Ministerio Público logró acreditar que en mayo del 2014, Lezama Cervantes, en acuerdo previo con el exauditor Superior estatal Jesús Manuel Esparza Flores, participó en la distracción de un millón 566 mil pesos del erario público, al aportar la documentación para realizar la simulación de un contrato de prestación de servicios.
UN CASO DE OBRAS Y EL LEGISLADOR
Otro golpe de la Fiscalía de Chihuahua fue la detención de el exalcalde de Chihuahua, Javier Garfio Pacheco, sentenciado a tres años de prisión por el desvío de recursos públicos. Ya los cumplió y está libre. En su última semana de gobierno, César Duarte acudió al tercer informe de gobierno del exedil, y se tomaron la foto.
Para abril del 2017, Garfio fue vinculado a proceso por el delito de peculado, ya que en su calidad de titular de Obras Públicas participó en la distracción de recursos públicos por 328 millones 689 mil pesos.
La imputación del Ministerio Público se basó en la carpeta de investigación iniciada desde el 14 de diciembre del 2016, en la que se denunció cómo en coautoría con otros ex funcionarios estatales se realizó en septiembre de 2012 la venta de 190 hectáreas ubicadas en La Labor de Terrazas, Chihuahua, destinadas para la construcción de viviendas populares, a la empresa Grupo Industrial y Constructora en 99 millones 141 mil pesos, una cantidad muy inferior al valor comercial de 427 millones 840 mil pesos, se dijo en la audiencia de vinculación a proceso.
En octubre de 2017, además de ser sentenciado a tres años de cárcel y ser inhabilitado para ocupar cargos públicos por otros tres años, un Juez de Control le ordenó las medidas necesarias para garantizar la reparación del daño devolviendo los terrenos o pagando los 328 millones desviados. En este caso, se recuperaron los 16 terrenos ubicados en Labor de Terrazas que ya están nuevamente bajo dominio de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo Urbano e Infraestructura (Coesvi).
Por su parte, Gerardo Villegas Mandriles, exdirector General de Administración de la Secretaría de Hacienda estatal detenido por su participación en «Operación Safiro», también se le indaga como probable copartícipe en la distracción de 2 millones 420 mil pesos del erario. En la carpeta de investigación de la Fiscalía de Chihuahua, se establece que simuló la contratación de servicios profesionales con la empresa Bildung Consultoría Organizacional entre julio y septiembre de 2016, año electoral.
De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía, el desvío se efectuó por instrucciones del exgobernador César Duarte para “saldar” un pacto que tenía con el entonces Diputado de Movimiento Ciudadano, Fernando Mariano Reyes Ramírez, por votar en el Pleno del Congreso a favor de la bursatilización de remanentes carreteros.
Este legislador también fue imputado por participar en la distracción de esos más de 2 millones para lo cual, en complicidad con el representante legal de Bildung Consultoría Organizacional, Iván Eli Sánchez, realizaron un procedimiento administrativo de contratación del servicio “Análisis Estratégico de Municipios del Estado de Chihuahua, en relación a la situación financiera del Gobierno Federal y la Prospectiva de los Programas Federales y su Aplicabilidad”, los cuales nunca fueron prestados. Ambos ya cumplieron su condena y están libres.
Pedro Romero Chávez, exsecretario de Finanzas del PRI, está en arraigo domiciliario.
