Durante la pandemia por coronavirus, el Gobierno de Jaime Bonilla Valdez ha dispuesto en total opacidad cantidades millonarias tanto del erario de Baja California como de fondos federales; en la misma vaguedad mantiene las donaciones recibidas como apoyo para que atienda la contingencia de salud. Esta falta de rendición de cuentas ha colocado a BC entre los principales estados en alerta por posible riesgo de corrupción, de acuerdo a Transparencia Mexicana y Tojil, organismos civiles que promueven políticas públicas en contra de acciones ilegales en los gobiernos.
Por Isabel Mercado
Tijuana, 7 de junio (Zeta).— Para atender la pandemia de la COVID-19 en México, la Federación ha destinado un presupuesto de 651 millones de pesos, en el que incluyó recursos de diferentes fondos, como el de gastos catastróficos.
Ese gasto lo han ejercido la Federación y 20 estados de la República adheridos al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), entre estos Baja California, sin trasparentar los rubros en los que se aplicó, los montos en cada compra o proyecto y los convenios asignados con el recurso público dispuesto para mitigar los efectos de la pandemia.
A mediados de abril, la Federación anunció la asignación de un apoyo extraordinario de 144 millones de pesos para BC, recursos que a decir del doctor Alonso Pérez Rico, Secretario de Salud, serían canalizados para la compra de insumos médicos, ventiladores y la aplicación de pruebas PCR.
Ese apoyo adicional se suma al presupuesto de 500 millones de pesos correspondiente al de las remesas otorgadas por el Insabi para la cobertura de salud de los primeros dos trimestres del año.
A pesar de decirse un Gobierno transparente, Jaime Bonilla Valdez no ha dado cuenta de cómo y en qué ha ejercido el gasto que le ha sido autorizado para atender la pandemia. Tampoco ha informado el monto total recibido de la Federación y la cantidad de recursos propios que ha dispuesto para tal fin.
A decir por Isaías Bertín Sandoval, secretario técnico de la Mesa de Seguridad de Baja California, parte de los recursos para la distribución de despensas proviene de fondos federales para la prevención del delito, a los que tiene acceso la Mesa de Seguridad.
En su reporte diario trasmitido en redes sociales, el mandatario solo pondera la cantidad de despensas repartidas, pero no transparenta el presupuesto asignado y el tipo de contratos que ha establecido para llevar a cabo este programa.
De la primera etapa del apoyo alimenticio, Bertín Sandoval asegura haber repartido 2 millones 018 mil despensas, lo que representó un gasto “de más de 300 millones de pesos” para el erario estatal.
Sin embargo, para el programa alimenticio el Gobierno del estado también ha recibido donaciones, de las que tampoco existe un registro público a detalle que precise los artículos recibidos, su monto y los datos del donador; solo se sabe que “han sido 400 mil despensas” las proporcionadas en forma altruista por empresas de la región, porque así lo han declarado en forma general las autoridades.
El gasto de la ayuda alimenticia también se mantiene en la opacidad, al no revelar el Gobierno del estado con qué empresas y bajo qué términos ha efectuado los convenios para la compra de los productos que integran la despensa.
En pocas palabras, sin un registro público que proporcione a detalle el gasto ejercido en las acciones implementadas para atender la pandemia por el nuevo coronavirus, se ha desempeñado el Gobierno de Baja California encabezado por Jaime Bonilla Valdez durante la contingencia de salud por la COVID-19.
Del presupuesto de 144 millones de pesos asignado como apoyo federal para la atención de la contingencia sanitaria en Baja California, el Gobierno del estado no ha dado cuenta de su gasto, como tampoco ha informado en qué programas ha canalizado 5 mil millones de pesos asignadas por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para los dos primeros trimestres de 2020.
Menos aún ha precisado en forma clara la cantidad de material médico donado por empresarios y la sociedad bajacaliforniana durante la emergencia de salud, y aunado a ello, las cambiantes cifras proporcionadas por Alonso Pérez Rico, quien coordina la estrategia de salud para hacer frente a la pandemia de coronavirus en Baja California, impiden conocer la cantidad real del material donado, así como el adquirido.
Muestra de ello es que a lo largo de la contingencia de salud ha anunciado diversas donaciones de ventiladores, y al serle requerido un comparativo entre los respiradores regalados y adquiridos, el Secretario de Salud del estado reportó una menor cantidad de la que él mismo reveló a mediados de mayo.
Lo mismo sucede con las despensas repartidas por el Gobierno de Jaime Bonilla Valdez durante la pandemia por COVID-19.
En este contexto, Baja California fue ubicada entre las entidades federativas con focos de alerta por posible riesgo de corrupción, de acuerdo a Transparencia Mexicana y Tojil, organismos civiles que desde el inicio de la pandemia implementaron un mecanismo atención denominado #SusanaVigilancia para dar seguimiento a planes, fondos, programas y acciones del Gobierno Federal y los estados de la República Mexicana.
Con todo ello, Jaime Bonilla Valdez afirma que el suyo es un Gobierno transparente y de cuentas claras, subrayando para ello la cantidad de despensas repartidas, clínicas de fiebre y unidades médicas activadas durante la pandemia, pero sin presentar montos y contratos de las acciones emprendidas durante la contingencia de salud.
SIN REGISTRO DEL GASTO POR PANDEMIA
Cuestionado sobre el gasto ejercido y material comprado durante la pandemia, el Secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, expuso haber adquirido “desde gasas, medicamentos, guantes, Tyvek -trajes de protección para el personal de salud-, cubre gorros, ventiladores, monitores, en diferentes proporciones”, aunque sin precisar monto.
Explicó que, a partir del 1 de enero, desde que se firmó el convenio de adhesión con el Insabi, “todas las compras, contratación de personal e infraestructura se pasa por oficinas centrales, a través del Subcomité de Adquisiciones, en el cual participa el Gobierno Federal obligatoriamente”.
Sin embargo, el programa de adquisición para la Secretaría de Salud contempla tanto compras consolidadas – de las cuales se encarga de llevarlas a cabo el Insabi para distribuirlas en los estados- como compras locales, las cuales las secretarías de cada estado ejercen de acuerdo a sus necesidades.
No obstante, Pérez Rico no supo dar cuenta del gasto ejercido por la Secretaría de Salud de Baja California que dirige. En la plataforma de Insabi tampoco fue posible localizar registro alguno del gasto ejecutado durante la pandemia.
A través del Instituto, la Secretaría de Hacienda ha canalizado las remesas trimestrales de las secretarías de Salud de los estados adheridos al Insabi, entre estos Baja California, entidad que tiene un presupuesto trimestral programado de 2 mil 500 millones de pesos.
Además de ese gasto previamente presupuestado, el Insabi ha dispuesto durante la pandemia 40 mil millones de pesos del fondo para gastos catastróficos, sin haber transparentado su dispendio.
NO CUADRAN DONATIVOS
El 19 de mayo, Alonso Pérez Rico, titular de Salud en Baja California, informó que el estado había recibido “arriba de 25 ventiladores” en donaciones por parte de la industria establecida en la región, cantidad a la que sumó 50 respiradores más entregados a la entidad por el Insabi.
Entonces detalló que, con recurso propio, el estado había adquirido los circuitos requeridos para la conexión del paciente al ventilador, “equipo médico que no se tenía” y permitió incrementar a casi 500 el número de respiradores a disposición de los hospitales públicos, sin contar el donativo de equipo de alto flujo. Una opción en el tratamiento de pacientes con complicaciones respiratorias, la cual se usa en forma previa a la intubación con ventilador.
Sin embargo, al solicitar un informe detallado de la cantidad de ventiladores comprados y cuántos se han recibido en donación, los números proporcionados por el funcionario no coinciden con las cifras que dio mes y medio atrás.
En el último recuento, Pérez Rico anotó contar con un total de 241 ventiladores, de los cuales 30 fueron proporcionados por el Insabi; 40 se han rentado, 159 son parte del inventario que ya tenía el estado y solo 12 se han recibido en donación.
La solidaridad de la sociedad bajacaliforniana se ha volcado principalmente en donativos de EPP para los trabajadores de la salud, quienes expusieron su condición vulnerable al no ser provistos por material de protección adecuado y suficiente por parte de las autoridades.
Aunque la generosidad hacia el personal médico de los hospitales públicos ha sido muy amplia, se desconoce la cantidad de ayuda recibida. “Por distrito de salud y por hospital son más de 400 personas, instituciones, particulares y médicos, los donadores. Se donan desde cuatro cubrebocas hasta 10 mil caretas, ventiladores. Fishion & Parcker donó veinte sistemas de alto flujo”, indicó el doctor Pérez Rico al ser cuestionado sobre la cantidad de donativos recibido.
No obstante, subrayó llevar un control del material donado, el cual se registra, censa y valida su calidad, de tal manera que si no reúne los requisitos de grado médico requeridos en las zonas COVID no se entregue al personal que labora en esas áreas.
“Ya hay un protocolo establecido, se tiene que reportar a administración, se censa, se sabe qué está entrando y se hace control de calidad, se dice que esos insumos no se pueden utilizar”, expuso.
Cuando el material no reúne los estándares determinados para ser utilizados en las zonas en donde se atiende a los pacientes infectados, “se utilizan en otras áreas asistenciales donde no se tiene una exposición directa con pacientes COVID”, y concluyó:
“Todas las donaciones son bienvenidas, las vamos a tomar y revisar para ver si cumplen el grado médico”.
Pese a esa afirmación, personal que atiende directamente a pacientes contagiados por SARS-CoV-2 se han quejado de la entrega de equipo no apto para ser utilizado en las zonas rojas de los hospitales COVID, por lo que continúan viéndose obligados a adquirir EPP con recursos propios.
FONDOS DE PREVENCIÓN PARA REPARTO DE DESPENSAS
Parte del gasto de 300 millones de pesos que el Gobierno de Jaime Bonilla Valdez dice haber invertido en el reparto de 2 millones 018 mil despensas que conformaron la primera etapa del programa ayuda alimenticia implementado en BC durante la pandemia de coronavirus, provino de fondos federales de seguridad.
Sin poder determinar una cantidad exacta, Isaías Bertín Sandoval, Secretario técnico de la Mesa de Seguridad de Baja California, indicó que los recursos de los fondos a los que accedió la Mesa de Seguridad, fueron utilizados en el reparto de despensas, ayuda alimenticia que se consideró una estrategia de prevención, ya que “las despensas se repartieron en las colonias con alta incidencia delictiva”.
Y explicó:
“Hay gente que vive al día, que trabajaba de mesero, lava carros, de un pequeño negocio, se quedaron sin trabajo y sin poder alimentar a su familia. ¿Qué pasa con la gente que anda en esa situación? Se pone a robar, saquear, asaltar”.
Con ese argumento, el miércoles 1 de julio arrancó una segunda etapa de ese programa, en la que se prevé repartir 2 mil despensas diarias.
Pero al igual que en la primera etapa, no se determinó un monto a ejercer, ni alcances del programa y términos de los convenios con los proveedores.
Al ser requerida esta información, Isaías Bertini, funcionario a cargo de la campaña, solo pudo informar que en la ejecución del proyecto se utilizarán tanto recursos estatales como fondos federales.
Los nueve artículos que conformaban las primeras despensas distribuidas en la fase inicial del programa de apoyo alimenticio, apenas alcanzaban un costo promedio de 100 pesos, esto a precio al menudeo en el mercado local.
No obstante, Bertín Sandoval sostuvo que se gastaron 300 millones de pesos, lo que da un costo promedio de 150 pesos por despensa.
Respecto a los donativos alimenticios que el Gobierno de Baja California a recibido para hacerlo llegar a los grupos vulnerables, el funcionario anotó que son 400 mil despensas las donadas por diferentes empresas de la región, a quienes se continuará requiriendo su aportación para sostener por más tiempo el programa, el cual podría llevarse a cabo de manera permanente en lo que resta del Gobierno de Jaime Bonilla, “si la misma ciudadanía lo pide”.
LATENTE RIESGO DE CORRUPCIÓN EN BC
Al inicio de la contingencia de salud por coronavirus en México, Transparencia Mexicana y Tojil, organismos civiles que promueven políticas públicas encaminadas a la transparencia y correcta rendición de cuentas, instalaron un mecanismo de seguimiento a los planes, fondos, programas y acciones llevadas a cabo durante la pandemia por el Gobierno de México y las 32 entidades federativas, el cual denominaron #SusanaVigilancia.
A cien días de haberlo iniciado, en diez puntos presentaron “los riesgos de corrupción y opacidad que, pese a diferentes esfuerzos civiles y gubernamentales, siguen latentes” en varias entidades, entres las que se incluyó BC.
De acuerdo con el análisis, una de las causas principales que pone en riesgo de corrupción y opacidad a este estado, entre otros veinte, es el hecho de que “no se transparentan apropiadamente las contrataciones gubernamentales” en el marco de la emergencia sanitaria, lo cual se calificó de “inaceptable”.
#SusanaVigilancia identificó que, entre la Federación y 20 estados de la República, incluido Baja California, se ejercería un presupuesto de 651 millones de pesos para mitigar los efectos de la emergencia.
Sin embargo, no se localizó información detallada que permita la rendición de cuentas sobre las acciones emprendidas a partir de la pandemia, si bien se publica información sobre programas y acciones derivados de la emergencia, “no en todos los casos se publican reglas de operación, el presupuesto asignado y su avance”.
Tampoco se revela cuanto se destinará a la emergencia y sus consecuencias económicas.
Otra limitante en la transparencia de ese gasto, es el hecho de que no hay homogeneidad sobre la información publicada en los micrositios estatales, la cual está dispersa, lo que “limita el derecho a saber de las personas”.
Estas son “áreas de oportunidad que requieren atención urgente por parte de los gobiernos”, advirtieron ambos organismos.
FUNCIONARIAS DE BC DAN POSITIVO A COVID-19
La delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social en Baja California y San Luis Río Colorado, Desirée Sagarnaga Durante, y la Secretaria de Honestidad y Función Pública de Baja California, Vicenta Espinoza Martínez, dieron positivo a la prueba de la COVID-19.
A días de haberse reunido con el Gobernador Jaime Bonilla Valdez, ambas funcionarias confirmaron haber registrado síntomas leves, por lo que se practicaron la prueba, corroborando que se infectaron de virus SARS-CoV-2.
El viernes 26 de junio, Sagarnaga anunció encontrarse en resguardo domiciliario por estar contagiada y, aunque indicó que continuaría trabajando a distancia, fue sustituida en forma temporal por el jefe de Prestaciones Médicas del Instituto, Clemente Martínez Ruiz.
En tanto, la Secretaria de Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinoza Martínez, reportó el lunes 29 de junio estar en autoaislamiento domiciliario, al registrar síntomas leves y dar positivo a la COVID-19 durante el pasado fin de semana. El Gobierno del estado no nombró sustituto para su cargo.
Por haber convivido en forma reciente con ambas funcionarias, Jaime Bonilla fue sometido a dos pruebas seguidas, en las que salió negativo, informó el Secretario de Salud, Alonso Pérez Rico.
Agregó que a los funcionarios de primer nivel que estuvieron en contacto con Sagarnaga Durante y Espinoza Martínez, se les practicaron las pruebas PCR para coronavirus, mientras que los trabajadores que colaboran en sus oficinas fueron enviados a resguardo domiciliario por 14 días.
MEXICALI: 5 MIL CASOS DE LA COVID-19 Y 10 MIL CERVEZAS INCAUTADAS
Poco duró el panorama alentador para los residentes de la Capital del estado, quienes volvieron a tener un repunte en el número de casos activos de coronavirus, al superar la barrera de los 5 mil contagios, poniéndose a la cabeza del resto de los municipios de Baja California.
Además de mantener la cifra más alta de contagios -5 mil 125-, con 847 decesos por el virus, Mexicali está a punto de alcanzar los 854 fallecimientos de Tijuana.
Adicionalmente, la Capital bajacaliforniana tiene el mayor número de casos sospechosos con 681, que suman más de la mitad de los mil 187 que se contabilizan en toda la entidad.
Las cifras expuestas al 2 de julio por la Secretaría de Salud, indican que Mexicali también encabeza la cifra de casos activos, con 331, lo que representa un incremento de los 294 que se contabilizaron el día anterior.
Mientras el Gobierno del estado enfoca la mayoría de sus esfuerzos a Zona Costa, en Mexicali, la administración municipal y las agrupaciones de la sociedad civil se han repartido el trabajo para apoyar a médicos y enfermeros que laboran en los saturados hospitales, cuyas carencias son elementales.
Por ejemplo, en los primeros dos pisos, Sala Anexo y Urgencia, de la Clínica 30 del Instituto Mexicano del Seguro Social donde se atienden más de 150 pacientes COVID-19 y que en su tercer piso aún atienden especialidades, carecen de guantes y falta de equipo de medición de ritmo cardiaco.
En tanto asociaciones civiles como Apoyemos a Mexicali se encargan de recolectar insumos para los profesionales de la salud y policías, el Gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda ha focalizado su operatividad para reducir los festejos y el consumo de bebidas embriagantes.
De los 200 reportes que se recibían por fiestas durante el fin de semana al inicio de la pandemia, actualmente solo se registran 100. Pero la movilidad en la Capital del estado, sobre todo en la vida nocturna, se mantiene con regularidad.
En el marco de las festividades del Día de la Independencia de Estados Unidos, el Ayuntamiento de Mexicali ordenó ampliar el Operativo Garitas a partir el jueves 2 de julio, con la finalidad de evitar el ingreso de personas provenientes de la Unión Americana o de Sonora con síntomas del nuevo coronavirus a Mexicali.
De igual forma, los oficiales en los retenes también revisan que conductores y copilotos usen cubre bocas y no excedan el número de bebidas embriagantes que pueden llevar por persona, lo que ha generado inconformidad en diversos sectores.
Durante el periodo de aislamiento, el Gobierno municipal ha asegurado más de 10 mil latas de cerveza, 2 mil de estas incautadas durante el último fin de semana de junio. Se espera que la cifra aumente de forma considerable durante el fin de semana del 4 de julio.
