Cuatro mujeres y un hombre ligados al «Marro», identificado como líder del cártel Santa Rosa de Lima, permanecen en prisión luego del operativo que se realizó el sábado en Guanajuato. Además de estas personas fueron detenidos menores de 18 años de edad, quienes llevarán su proceso penal en libertad.
Por Verónica Espinosa
León, Guanajuato, 24 de junio (Pop Lab).– En el Centro de Reinserción Social de Puentecillas, cuyo acceso permanece fuertemente resguardado y controlado por fuerzas estatales y federales, están internadas María Eva N., Rosalba N., Juana Érika N., Marlene N. y Emmanuel N., cinco personas detenidas particularmente importantes para las autoridades federales y estatales que incursionaron en la comunidad San Isidro de Elguera, en Celaya, la tarde del sábado 20.
Han sido formalmente acusadas de posesión de drogas con fines de venta.
En una audiencia de control de detención efectuada durante el martes 23, la Jueza Paulina Iraís Medina calificó de legal su captura, aunque sus defensores pidieron que se les diera la prórroga prevista en la ley para presentar pruebas a su favor por el delito que se les imputa.
La audiencia en la que se discutirá su posible vinculación a un proceso penal se reanudará el sábado 27 y mientras tanto, se quedarán en Puentecillas en prisión preventiva.
Las mujeres detenidas son importantes también para José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, cabeza del Cártel Santa Rosa de Lima. Una de ellas es su madre, María Eva. Otra de las mujeres detenidas lleva también uno de sus apellidos.
Versiones oficiales han señalado que Juana Érika es hermana y Rosalba una prima del “Marro”. Los abogados que las defienden aseguran que las familiares directas son sólo la madre y la prima.
Son ellas, y no el propio José Antonio Yépez, quienes están encerradas en prisión, en un movimiento repetido de las autoridades en torno al liderazgo del grupo delictivo con sede en Villagrán, que todavía no lo alcanzan a él.
En este mismo mar de confusiones -puesto que cada autoridad involucrada ha emitido un par de comunicados y algunos tuits con datos que más bien parecen pistas para armar un rompecabezas- desde un principio a María Eva, Rosalba y Juana Érika se les señaló como presuntas operadoras financieras e integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima.
Lo primero lo consignó la Secretaría de la Defensa Nacional en su comunicado del 21 de junio, sobre el operativo en el que participó en conjunto con la Guardia Nacional, y autoridades estatales (personal de la Agencia de Investigación Criminal y de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, según publicarían en tuits propios ambas instancias):
“Personal de la Guardia Nacional y autoridades estatales, cumplimentaron una orden de cateo con apoyo de personal militar en un inmueble ubicado en el poblado de San Isidro Elguera, Celaya, Gto., donde se detuvieron a presuntos integrantes de la delincuencia organizada a quienes se les aseguraron lo siguiente: Un kilogramo aproximadamente de una sustancia con características similares de la Metanfetamina. Más de dos millones de pesos, aproximadamente.
“Entre los detenidos se encuentran María “N”, Juana “N” y Rosalba “N”, presuntas operadoras financieras de la organización delincuencial; hecho que originó diversos ataques a las vías de comunicación, por lo que de manera inmediata las autoridades acudieron a los puntos afectados con la finalidad de liberar el tránsito y garantizar la seguridad de la población”.
El lunes 22, por primera vez desde que funciona como tal, el Gabinete de seguridad pública del estado difundió un “reporte” con los resultados obtenidos del 15 al 21 de junio, en lo que se describió como “el marco de los esfuerzos integrados de autoridades federales y estatales en materia de intercambio de información, fortalecimiento de operativos conjuntos y la participación de instituciones de procuración y justicia”.
El informe se tituló “Labores del Gabinete de Seguridad Pública Guanajuato permiten detención de 78 personas, incluyendo probables líderes de organización y operadores financieros”, ratificando la función que se les atribuyó a las cinco personas detenidas, particularmente a las señaladas como familiares de José Antonio Yépez.
En este comunicado se precisó que cinco personas fueron detenidas en la comunidad de San Isidro Elguera de Celaya, y en otras líneas se añadió que “derivado de actos vandálicos relacionados con el cateo referido, fueron detenidas 26 personas”, con lo que en total, 31 personas fueron capturadas ese día en la zona entre Villagrán y Celaya.
Se pudo conocer estas últimas 26 detenciones se hicieron en el camino entre la comunidad de San José de Guanajuato y San Isidro de Elguera, en la calle Benito Juárez.
Siete adolescentes estaban en este grupo.
Pero para el mediodía del lunes 22, de estos 26 detenidos, los siete adolescentes ya estaban siendo liberados con apego al sistema de justicia para adolescentes; 12 más que fueron puestos a disposición del ministerio público quedaron también en libertad la tarde del mismo lunes. La Fiscalía informó que esas 12 personas “siguen su proceso en investigación por delitos como bloquear las vías de acceso, daños y entorpecer las labores de la autoridad”, mientras que otros 2 fueron procesados por otros delitos que la Fiscalía no precisó.
“Esta investigación, una vez terminada, se judicializará”, publicó la Fiscalía en un hilo de tuits el martes 23 por la tarde.
De los cinco restantes ya ninguna autoridad dijo nada; aparentemente, fueron personas detenidas y liberadas casi de inmediato porque no se contaba con elementos para presentarlos ante un ministerio público.
La Fiscalía también publicó que con el desarrollo de las investigaciones “se ha identificado a personas que han participado en varios eventos delictivos; esto se dará cuenta oportunamente”.
LA OTRA HISTORIA
El martes, en San Isidro de Elguera, algunos de los menores dieron a reporteros su testimonio de las horas que pasaron a partir de su detención y hasta que fueron liberados.
“Yo salí por mi hermano (cuando llegaron las fuerzas estatales y federales) la gente empezó a correr por miedo y me agarraron en la tienda. Gritaron que se iban a llevar a toda la gente, que venían de parte de Jalisco”, narró una adolescente.
Contó que los trasladaron en varias camionetas, pero aunque salieron alrededor de las 6 de la tarde de Elguera, hasta la medianoche del sábado fueron dejados en instalaciones de Gobierno del estado, y durmieron en el piso de una cocina.
“Nos anduvieron dando vueltas, nos llevaron a Villagrán y luego quién sabe por dónde, porque llegamos hasta como a las 12 a Guanajuato”, aseguró la joven.
“En el camino nos decían que nos iban a echar 20 años de cárcel, que porque apoyábamos a Yépez, que estábamos bien pendejos”, dijo.
Finalmente, el lunes “nos dejaron libres y nos trajeron a Celaya unos GERIs, ellos ya no nos dijeron nada, nos trataron bien”.
Mientras los menores contaban lo ocurrido durante su detención, algunos hombres de la comunidad sostuvieron ante reporteros que agentes estatales cambiaron el número de una de las casas a las que entraron, y le pintaron uno distinto en el exterior.
Según mostraron, la casa (que en realidad es el acceso a varias viviendas al fondo) tiene el número 11C. Presuntamente, agentes de la Fiscalía le habrían pintado el número 106 del otro lado de las puertas.
Esto fue también afirmado por dos de los abogados defensores de las cuatro mujeres y el hombre que fueron presentados ante la Jueza Paulina Iraís Medina Manzano en una audiencia de control de detención, la tarde del martes, en los juzgados del sistema penal acusatorio ubicados junto al Centro de reinserción de Puentecillas, en la capital del estado.
En la audiencia de control de detención del sistema penal se resuelve que la captura de las personas presentadas haya sido legítima y con causa probable (en flagrancia de algún delito), debido a que no había orden de aprehensión de por medio, ni de un Juez ni de un ministerio público.
María Eva, Rosalba, Juana Érika, Marlene y Jesús Emmanuel fueron acusados formalmente por la Fiscalía general del estado de delitos contra la salud, en su modalidad de posesión de drogas con fines de venta.
La audiencia se realizaba de manera pública, con acceso de los medios de comunicación, mientras numerosos elementos de la Guardia Nacional, Ejército y Fuerzas del estado resguardaban el exterior y limitaba los accesos al Cereso y juzgados.
Los abogados defensores de la madre y la hermana de José Antonio Yépez comenzaron a cuestionar datos de prueba y la falta de información legible de algunos peritajes en las copias de las carpetas que les entregó la Fiscalía.
En ese momento, el Fiscal se levantó y solicitó a la Jueza que decretara la audiencia como privada, lo que obligaría a excluir a los medios.
Para ello, el Fiscal argumentó que la audiencia debía ser privada “por motivos de seguridad” pues la publicidad a través de los medios pondría en peligro al personal del juzgado y a todos los que se encontraban en la audiencia.
Los abogados defensores de los detenidos rechazaron la solicitud y exigieron que se permitiera la presencia de los medios. “Qué mejor manera de garantizar la verdad, si los eventos en los que fueron detenidos fueron públicos a nivel nacional e incluso internacional… es necesaria la publicidad para evitar que la autoridad siga haciendo las cosas en lo oscurito”, señalaron.
Pero en ese momento uno de los dos fiscales a cargo del caso ante la Jueza volvió a ponerse de pie y explicó “el motivo de su petición”:
“El 21 de junio a las 9:56 p.m. se recibió una llamada anónima de un hombre” quien, entre todo tipo de insultos lanzó varias amenazas, tales como “les voy a rajar su puta madre… arrímense a Salamanca” o “les voy a hacer un desmadre en los juzgados”.
Con la breve historia de esta “llamada anónima de amenaza”, contada por el Fiscal, la Juez Paulina Iraís Medina Manzano decidió que para garantizar la seguridad pública era mejor decretar la misma como privada, y pidió que los cuatro reporteros que estaban en la sala la abandonaran.
En el receso para que la Fiscalía mostrara a los defensores las fotografías de los peritajes que pedían ver en color, éstos hablaron en el exterior del juzgado y explicaron ante los medios las anomalías que dicen haber encontrado en los momentos del cateo efectuado por las fuerzas federales y estatales, según la orden expedida para el mismo.
“Se está manejando en la carpeta que la detención de las personas ocurrió a las 9 de la noche; ustedes saben que esto empezó a las 3:30, 4 de la tarde. Incluso los primeros disturbios que se suscitaron, y que incluso el propio Gobierno estatal dijo que fue con motivo de la detención de (estas personas), ocurrieron alrededor de las 5:50 de la tarde”, dijo uno de los abogados.
También explicaron que la orden de cateo fue entregada a las 8:31 de la noche de ese día sábado. “Es decir, simularon un acto lícito sobre puros actos ilícitos realmente”, sostuvieron. “En las fotografías que se conocieron porque el Gobierno del estado las presentó, hay sol, y todos sabemos que después de las 8 de la noche no hay luz. Si el cateo fue a las 9, ¿cómo se explica el Gobierno esas fotografías? y ellos las publicaron”.
También aseguraron que María Eva, madre del “Marro” estaba dentro de otra casa, “no donde señalan haberla sacado”.
Y además, que en la carpeta de investigación “no hay ningún dato de prueba que las señale como operadoras financieras”, y que los alrededor de 2 millones de pesos que se les habrían asegurado “es dinero que fueron juntado de distintos domicilios a donde entraron ese día; irrumpieron, rompieron, hicieron lo que quisieron, lo sustrajeron ilícitamente”.
Los defensores revelaron que el domingo al mediodía, las cinco personas detenidas fueron presentadas ante un agente del ministerio público federal en la delegación de la Fiscalía General de la República ubicada en León.
Comentaron que desde la Defensoría pública del estado, familiares de las detenidas recibieron una llamada el domingo por la mañana, “para decirles que consiguieran abogado porque iban para la Fiscalía General de la República”.
“Pero el ministerio público federal, al notar todas las irregularidades en la detención, decidió no tomar el asunto y que lo resolviera la propia Fiscalía del estado”.
-¿Y dijo por qué no lo recibía?- se preguntó a los defensores.
“Que por órdenes superiores. La carpeta no dice más”.
