La Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados impulsa una iniciativa para reformar la Ley Federal de Variedades Vegetales para aumentar la productividad con «semillas mejoradas», explicó el Diputado que la presentó, Eraclio Rodríguez. Pero el colectivo Sin Maíz nos hay País alertó que esta propuesta permite su «privatización» a líderes trasnacionales sin consultar a los campesinos e indígenas, los dueños y conocedores de las semillas.
Ciudad de México, 24 de junio (SinEmbargo).– Empresas trasnacionales, como las líderes Bayer-Monsanto, Syngenta y Cargill, tendrán la oportunidad de obtener los derechos de propiedad intelectual de las semillas (excepto las nativas), si se aprueba en el Congreso la reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales, creada en 1996 en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), alertó Sin Maíz no hay País, un colectivo de más de 300 organizaciones de campesinos, indígenas, científicos, ambientalistas y activistas, quienes exigieron frenar esta intención de «privatizarlas».
El Diputado Eraclio Rodríguez Gómez, quien presentó la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria en febrero del 2019, confirmó que cualquier miembro del Estado, particular o compañía que quiera invertir para obtener nuevas variedades de semillas podrá registrarlas, pero negó que eso abra la posibilidad a las semillas transgénicas, aunque –agregó el colectivo– justo las mencionadas empresas han experimentado con semillas ancestrales en los países de centro de origen.
«En este mundo todos tenemos intereses. Yo soy agricultor y mi interés es generar semillas que nos permitan incrementar la productividad para buscar una mejor manera de vivir con nuestras familias», dijo en entrevista el Diputado presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural y, aclaró, la Ley exenta a los campesinos, indígenas y afromexicanos desde el artículo 1. «Necesitamos incentivar la producción promoviendo la investigación para adaptar semillas al cambio climático».
De acuerdo con el también ex líder de El Barzón en Chihuahua, esta propuesta busca «salvaguardar» a las semillas nativas al no permitir que entren al Acta 91 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), prevenir la piratería, «proteger» los derechos de los campesinos e indígenas e impulsa investigaciones para generar «semillas adaptadas al cambio climático» con menor utilización de agua, mayor potencial productivo y resistencia a la sequía o plagas.
Sin embargo, Mercedes López, integrante de Sin Maíz no hay País, explicó que la iniciativa para reformar la Ley «lo que pretende es privatizar estas semillas cuando para las comunidades campesinas e indígenas son elementos sagrados». Desde noviembre lo habían advertido.
El investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, Pedro Ponce, agregó que los pueblos originarios son los verdaderos dueños de la biodiversidad, por lo que nunca será más productiva la producción con semillas híbridas o agroquímicos que con los métodos de los indígenas.
«No hay mejor conocedor para hacer un mejoramiento y aumentar la producción que los dueños de las semillas que son los indígenas y los campesinos, pero no se les tomó en cuenta para esta propuesta de iniciativa de Ley; ellos saben hacer conservación, reproducción y mejoramiento en sus parcelas», dijo el miembro del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo Rural Integral de la Universidad. «Esta reforma a la Ley se enfoca más en el control para la industria. Pero la multifuncionalidad de la agricultura implica que no todo vaya para el comercio, porque también tiene un rol social y cultural».
En un comunicado, el colectivo Sin Maíz no hay País pidió «construir y consolidar otro modelo agroalimentario y nutricional, que ponga en el centro de las políticas públicas a las y los productores de pequeña y media escala, a los indígenas, y el cuidado de la naturaleza, para lograr dejar atrás el modelo agroindustrial impuesto hace más de 30 años que ha causado estragos dolorosos para el campo».
¿HABRÁ SEMILLAS TRANSGÉNICAS?
El Diputado de Morena Eraclio Rodríguez recordó que la Ley de Biodiversidad y Atención a las Semillas Genéticamente Modificadas es la que aborda y regula las semillas transgénicas. Pero los miembros de Sin Maíz no hay País prevén que al permitir la privatización de semillas, ante la ambigüedad de la iniciativa, se abra paso a las transgénicas.
«Esta Ley de Variedades Vegetales no trata nada de los transgénicos; no le da derecho a nadie de generar semillas transgénicas. Es una mentira de los de Sin Maíz no hay País, lo que pasa es que muchos de sus dirigentes son de los piratas de las semillas y se han beneficiado con las investigaciones del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (Inifap), la UNAM y la Universidad de Chapingo», aseguró el Diputado. «En todas partes quieren hacer aparecer los transgénicos, pero esta Ley trata de variedades mejoradas. Es una campaña de falsedades».
Las semillas son un bien común desarrolladas a lo largo de generaciones de campesinos e indígenas que, con intercambios libres y selección de las más resistentes a diferentes condiciones climáticas y de altura, han permitido la biodiversidad en México.
Somos centro de origen del maíz, con 64 razas. La alimentación tradicional del país es sana –ayuda a combatir la epidemia de obesidad y diabetes– y parte de nuestra identidad cultural. Por su diversidad de ingredientes, preparaciones y platillos forma parte de la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, destacó Mercedes López, del colectivo.
«Para las comunidades las semillas son la vida y la base de la soberanía alimentaria, pero para las empresas son un negocio», planteó. «En México nos alimentan las familias campesinas de pequeña y mediana escala. El 70 por ciento de los alimentos vienen de ahí, pero ellos pierden sin ser consultados y gana la agroindustria porque si las empresas tendrán la propiedad intelectual, los campesinos tendrían que comprarlas con el paquete tecnológico».
EL T-MEC Y LA UPOV 91
El T-MEC entrará en vigor el próximo miércoles 1 de julio. Parte de las condiciones para los países firmantes, México, Estados Unidos y Canadá, es ratificar varios tratados sobre propiedad intelectual, incluyendo la Ley Federal de Variedades Vegetales.
La actualización del TLCAN también requiere que en los próximos cuatro años México entre al Acta 91 de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), una organización con sede en Ginebra establecida en 1961 para asegurar la propiedad intelectual de semillas en el mundo. Nuestro país es miembro del Acta 78 de la UPOV, por lo que no se necesitaría una nueva legislación.
«No solo es la reforma a la Ley, sino que viene acompañada de la obligación de sumarnos a la UPOV 91. Lo cual es muy fuerte porque establece derechos de monopolios en favor de los ostentores de variedad vegetales (aquellas personas que crean o descubren una variedad vegetal). Se amenaza una propiedad colectiva de conocimiento tradicional y abre las puertas a la biopiratería, porque equipara el concepto de descubrimiento por el de invención», observó Mercedes López, de Sin Maíz no hay País.
«La UPOV 91 impulsa la introducción de organismos y semillas genéticamente modificadas, lo cual contraviene a lo dicho por el Presidente Andrés Manuel López Obrador que en México no habrá maíz genéticamente modificado», expuso. «Exigimos que México no entre a la UPOV 91, sino quedarnos en la 78 porque esa versión no daña a las comunidades campesinas e indígenas».
Pero, aseguró el Diputado Eraclio Rodríguez, «si nosotros no aprobamos esta modificación y no entra en vigor antes de 2022, estaríamos en riesgo de perder el control y la autonomía de las semillas nativas y estaríamos perdiendo la posibilidad de que los campesinos puedan generar y comercializar sus propias semillas».
En el caso del arroz, México lleva más de 30 años sin una nueva variedad y ha perdido el 46 por ciento de su capacidad productiva «por falta de semillas mejoradas», ejemplificó. En contraste, en Sonora se produce casi el 90 por ciento de semillas de trigo que emplean, porque constantemente investigan y las adaptan de acuerdo a las necesidades de la zona.
«El maíz nativo lo que más puede producir son dos o tres toneladas por hectárea. Las semillas híbridas o mejoradas –como las usadas en Chihuahua para el maíz amarillo– se van haciendo con cruzas y mecanismos científicos sin cambiar su parte genética. Y así tenemos una producción de 12 toneladas por hectárea», comparó el agricultor y legislativo.
No obstante, el investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, Pedro Ponce, cuestionó que la productividad solo se mida toneladas por hectárea, también debe incluirse el aumento de rendimiento dependiendo la inversión.
Y, dijo, en el área de agricultura y ganadería del T-MEC debió revisarse la certificación de origen de muchas especies y proteger los alimentos nativos. Hay alrededor de 60 productos agropecuarios endémicos y de gran importancia por ser una aportación de México hacia el mundo. Pero dado que, por ejemplo, el nopal no cuenta con esa certificación, China ha expandido esa producción multifuncional para la medicina y cosmética.
¿HABRÁ MULTAS A CAMPESINOS?
Otro punto que alarma al colectivo Sin Maíz no hay País es que en la parte de sanciones por incumplimiento a la Ley Federal de Variedades Vegetales, como modificar la denominación de la variedad vegetal protegida, el artículo 49 de la Ley plantea una multa de dos mil a veinte mil unidades de medida y actualización (antes salario mínimo), y una multa adicional hasta por el importe de quinientas unidades de medida y actualización, por cada día que persista la infracción. También alertan quema de cosechas.
Pero el Diputado Eraclio Rodíguez negó que la reforma a la Ley contemple condenar a los campesinos. «Desde el artículo 1 exenta de la Ley a los campesinos y comunidades indígenas y afromexicanas», afirmó. «Incluso pusimos en la Ley el concepto de derechos campesinos».
Finalmente, el Diputado argumentó que el líder de Sin Maíz no hay País es Víctor Suárez, el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura (Sader), lo cual es «un conflicto de interés».
No obstante, la activista Mercedes López lo negó y aclaró que son un colectivo independiente conformado por más de 300 organizaciones y, aunque algunos de sus miembros estuvieron en la campaña en algún momento, al adherirse al Gobierno federal dejaron de participar con ellos.
«Son mentiras del Diputado, él es un productor a gran escala y cuida los intereses económicos para sembrar maíces híbridos en el norte del país», aseguró. «El modelo de agricultura industrial que defiende Eraclio está contribuyendo con el 41 por ciento de emisiones de gases de efecto invernadero que están calentando nuestro planeta».
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