La Unidad de Inteligencia Financiera es indispensable para detectar lavado de dinero y terrorismo. En los últimos dos años sufrió recortes presupuestarios y desde su creación en 2004, el órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público batalla para dar resultados y tratar de probar que su agenda no responde a objetivos político-electorales.
Ciudad de México, 22 de junio (SinEmbargo).- Cuando Santiago Nieto Castillo recibió la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en diciembre de 2018, dijo que se encontró con una institución prácticamente desmantelada y poco organizada con otras instancias financieras y de Seguridad Nacional.
«La UIF nunca ha tenido la finalidad de perseguir a nadie. […] Se recibió una UIF inexistente y usada como botín político y económico. Dejó de dar vista a todas las autoridades competentes [y] se convirtió en cómplice de la impunidad”, recalcó Nieto más de un año después de su designación, el día 27 de diciembre de 2019.
Las administraciones previas a la del extitular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) estuvieron marcadas por errores y omisiones, como lo fue una filtración de información sensible en 2004 y la falta de investigación sobre presunto lavado de dinero en las campañas políticas de 2006.
Asimismo, algunas de las administraciones previas a la de Nieto Castillo estuvieron a cargo de controvertidos personajes políticos, como en el caso del exprocurador mexiquense ligado al caso Paulette, Alberto Bazbaz Sacal, o como en el caso de Mauricio Moreno Balbuena, vinculado a la reclasificación de delitos en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
LOS ENCARGADOS DE LA UIF
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La UIF nació en medio de un escándalo.
El 15 de abril de 2004, un mes antes de ser formalizada su creación como unidad descentralizada con personalidad jurídica y patrimonio propio, el entonces Jefe de Gobierno capitalino Andrés Manuel López Obrador (AMLO) interpuso una denuncia ante la otrora Procuraduría General de la República (hoy FGR) en contra del intercambio de información financiera sensible entre las unidades de inteligencia financiera de México –que hasta ese momento formaba parte de la Auditoría Fiscal del Distrito Federal– y de Estados Unidos.
El caso cobró notoriedad por dos cuestiones.
Primero, porque hubo información filtrada sobre el intercambio –legal y confidencial– de datos entre autoridades mexicanas y estadounidenses para lindar responsabilidades al exsecretario de Finanzas capitalina, Gustavo Ponce Meléndez, investigado y sentenciado por enriquecimiento ilícito, fraude, lavado de dinero y peculado.
Segundo, porque seis días después de la denuncia de AMLO, el 21 de abril de 2004, la UIF estadounidense notificó al Gobierno de México que el acuerdo sería suspendido ya que “la impropia divulgación de la información proporcionada» a la UIF mexicana sobre el caso Gustavo Ponce despertaba «inquietudes muy graves”.
“Toda información intercambiada por las unidades de inteligencia financiera tiene que sujetarse a controles y resguardos estrictos para garantizar que la información sea usada y divulgada solamente de manera autorizada, consistente con las disposiciones nacionales referentes a privacidad y protección de datos. Está claro que tales controles y resguardos no han funcionado correctamente en este caso», se lee en una misiva del Departamento del Tesoro estadounidense a la UIF de México, entonces a cargo de María de la Concepción Patiño Cestafe.
La especialista en derecho fiscal de la Universidad de Harvard se mantuvo durante casi dos años al frente de la UIF, a partir del año 2004. La vio nacer en medio de un escándalo y se despidió de ella en el año electoral en que Felipe Calderón Hinojosa llegó a la Presidencia de la República señalado de cometer fraude electoral. Por esas fechas, el 2 de septiembre de 2006, Patiño señaló que no había indicios para suponer que hubo lavado de dinero en las campañas políticas de ese año, a pesar de los señalamientos públicos que la contrariaban.
La salida de Patiño de la UIF marcó una nueva etapa. Entre 2006 y 2007, seis años antes de encabezar la defensa legal de la ciudadana francesa acusada de secuestro en México, Florence Cassez, Agustín Acosta Azcón se hizo cargo de la UIF.
Designado por el exsecretario de Hacienda y Crédito Público Agustín Carstens Carstens, Acosta tuvo un breve paso por la UIF. De acuerdo con el periodista Ciro Gómez Leyva, Acosta “tenía el perfil preciso: 42 años, gran experiencia profesional, aptitud indiscutible, honestidad a toda prueba, además de ser hijo de un exgobernador de Veracruz y tener muchas ganas de regresar al gobierno”, se lee en un artículo del periódico Milenio.
Pese a su intachable reputación, el entonces titular de la UIF se vio obligado a renunciar a su cargo debido a un escándalo. Años antes, en 2004, Acosta fungió como uno de los abogados del exdiputado capitalino René Bejarano Martínez, quien ese mismo año se vio involucrado en un supuesto caso de soborno con el empresario argentino Carlos Ahumada Kurtz.
Según la columna de Gómez Leyva, “los especialistas en inventar enemigos” durante el sexenio de Calderón «encendieron las sirenas y soltaron a los pastores alemanes: el penalista Agustín Acosta había defendido a René Bejarano y a otros perredistas; y peor, los había defendido con éxito; había que echarlo de inmediato…”
Con la salida de Acosta de la UIF, llegó el turno de Luis Urrutia Corral (2007-2011). El experto en políticas públicas de la Universidad de Chicago contaba con experiencia previa como subgerente en el Banco de México (1998-1999) y como subprocurador fiscal federal de Asuntos Financieros de la SHCP (2002-2006).
Urrutia tuvo una carrera ejemplar como alguien “técnico”, según los anales de algunos medios de comunicación nacional. Pero, durante el sexenio de Calderón, la UIF fue señalada de ser un instrumento político para la persecución de los opositores al segundo gobierno panista.
Incluso el 13 de agosto de 2008, ya en calidad de exfuncionario, Agustín Acosta Azcón dijo a La Jornada que la UIF tenía varios problemas, entre ellos, falta de información de calidad por parte de las instituciones financieras mexicanas, falta de capacidad tecnológica y de mayor calidad en el análisis de la información, así como deficiencias en la interacción con los operadores del sistema financiero e instituciones de Seguridad Nacional, además de problemas regulatorios.
“Falta una ley que obligue a colaborar con la UIF a todas las entidades financieras; muchas de ellas, principalmente las casas de cambio, no reportan transacciones sospechosas [lavado de dinero] para no perder el jugoso negocio que representa manejar recursos ilícitos”, explicó Acosta.
En el penúltimo año (2011) del Gobierno de Calderón, la UIF quedó en manos de José Alberto Balbuena Balbuena, quien se mantuvo en el cargo hasta finales de febrero de 2013.
En su breve paso por la UIF, el Congreso de la Unión aprobó la publicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Con ella, México fortaleció la persecución del lavado de dinero, esencial en la lucha contra el crimen organizado al que el Estado le declaró la guerra en 2006, pero que hasta entonces (2011-2013) no había dado resultados contundentes.
En 2013, recién iniciado el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, Alberto Bazbaz Sacal se convirtió en el titular de la UIF, misma que encabezó hasta enero de 2018, cuando fue designado como titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (el extinto Cisen).
Bazbaz fue un funcionario que acompañó a Peña Nieto desde que éste fue Gobernador del Estado de México (2005-2011).
Exalumno de Derecho de la Universidad Anáhuac, integrante del equipo legal de Raúl Salinas de Gortari en la década de los noventa, con amplia experiencia en el Poder Judicial, Bazbaz fue una figura polémica, sobre todo después de su dimisión como Procurador mexiquense en 2010, en medio de una crisis por falta de credibilidad y confianza derivada de la muerte de Paulette Gebara Farah, cuyo caso estuvo bajo su responsabilidad.
A lo largo del sexenio pasado, Bazbaz fue señalado de utilizar a la UIF para fines político-electorales; y posterior a su salida de la Unidad, se supo que estuvo involucrado en las negociaciones de entrega y aprehensión (2017) del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, sentenciado por asociación delictuosa, lavado de dinero, peculado y uso irregular de recursos públicos.
Poco después, entre finales de 2018 y principios de 2019, Bazbaz se vio involucrado en la red de espionaje del Gobierno federal en contra de personajes ligados al movimiento de AMLO. La información revelada por el periódico Reforma indica que Bazbaz, como titular del Cisen, fue uno de los artífices de espiar a más de 300 políticos, empresarios, ministros, legisladores y delegados de la llamada «Cuarta Transformación».
Mientras Bazbaz operaba el Cisen, la UIF quedó a cargo del entonces funcionario interino, Mauricio Moreno Balbuena.
La administración del otrora encargado de Procesos Penales de la UIF también causó polémica ya que a mediados de 2018, Moreno solicitó al Poder Judicial reclasificar el delito de delincuencia organizada (de 20 a 40 años de prisión) imputado a Javier Duarte, por el delito de asociación delictuosa (de 5 a 10 años de prisión).
Además, fue precisamente bajo la titularidad de Moreno, que la UIF descongeló 722 cuentas bancarias supuestamente ligadas al narcotráfico y a empresas involucradas en la llamada «Estafa Maestra”. De acuerdo con una denuncia (2019) de la UIF, esta acción pudo tratarse de un acto ilegal en el marco de las elecciones presidenciales de 2018.
Después de Moreno Balbuena, la UIF quedó a cargo del doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de México, Santiago Nieto Castillo.
Entre sus cargos previos más importantes está la titularidad (2015-2017) de la Fepade, desde donde inició investigaciones en contra de políticos como los ecologistas Pablo Escudero Morales y Arturo Escobar y Vega, así como de la morenista Eva Cadena Sandoval.
Asimismo, bajo su administración, la Fepade obtuvo una orden de aprehensión (2017) en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.[/expand]
En este contexto de dificultades técnicas y administrativas, Santiago Nieto ha referido que “la fiesta se acabó”, ya que la nueva administración está comprometida con la transformación de México, que «tiene que ver con dejar las políticas de simulación y generar conductas que permitan cumplir [y] hacer cumplir las reglas del Estado constitucional de derecho”.
Las cifras oficiales indican que en 2019, la UIF bloqueó 12 mil 85 cuentas bancarias ligadas a prácticas de defraudación fiscal, con un valor conjunto de 5 mil 231 millones 82 mil 357 pesos (corrientes) vinculados a 977 empresas. Una cifra inusitada en comparación con años anteriores.
Poco antes, sin embargo, el titular de la UIF mencionó que el Gobierno de México está maniatado a la hora de bloquear cuentas bancarias, ya que la mayor parte de los bloqueos implican un amparo temporal o definitivo, con aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El ahora exministro Eduardo Medina Mora impulsó, por ejemplo, una resolución (2018-2019) para evitar el bloqueo de activos, que manifiesta dos cosas: que el bloqueo sólo se justifica cuando hay una solicitud internacional de por medio, o bien y si es un caso local, cuando hay una resolución legal por parte de un juez.
De acuerdo con el periodista Ignacio Rodríguez Reyna existe una conexión entre Alberto Bazbaz Sacal, Eduardo Medina Mora y Orlando Suarez López, éste último ex titular de la UIF durante los meses de transición entre las administraciones de José Alberto Balbuena Balbuena (2011-2013) y Alberto Bazbaz Sacal (2013-2018).
La trama de «relaciones político-judiciales” entre la UIF y la SCJN –según Rodríguez– sirve para fines político-electorales, tanto para bloquear como para desbloquear cuentas a discreción.
El día 22 de enero de 2020, Santiago Nieto comentó el tema. Al respecto mencionó que durante 2019 aumentó el número de juicios de amparo por bloqueo de activos, gracias a una resolución ligada a Medina Mora, para “evitar que hubiera congelamiento de cuentas por parte de la UIF”.
RESULTADOS CON LA 4T
Las cifras de la SHCP indican que el número de cuentas, personas y terceros bloqueados por denuncia ante la UIF aumentó 6.4 veces entre 2018 y 2019. Ello rompiendo la tendencia durante el último año del Gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando la UIF registró el menor índice de personas y de activos bloqueados por denuncia desde 2015.
Precisamente en 2018, de acuerdo con el periodista Ignacio Rodríguez Reyna, la UIF desbloqueó 722 cuentas bancarias ligadas, entre otras cosas, al crimen organizado y a la llamada “Estafa Maestra”. Dicha operación implicó la liberación de casi 1 mil 100 millones de pesos y 18 millones de dólares, poco antes de las elecciones presidenciales de ese mismo año.
En cambio, entre 2015 y 2016, las cuentas y personas en la Lista de Personas Bloquedas de la UIF fueron en aumento.
Los datos disponibles de los últimos cinco años indican que los casos atraídos por la UIF, como proporción del universo de denuncias que recibió, fueron al alza. Sin embargo, no estuvo exenta de procesos de desbloqueo de cuentas como el de 2018 o el de 2014. De acuerdo con la UIF, hace seis años no hubo registro de sujetos congelados, «ya que todos los sujetos que fueron incluidos en la Lista de Personas Bloquedas fueron desbloqueados en su totalidad”.
Asimismo en 2019, a la par en que hubo registro del mayor número de bloqueos de personas desde 2015, sucedió uno de los mayores desbloqueos del último lustro, ya que una serie de amparos lograron que la UIF tuviera que desbloquear cerca de 10 mil 500 millones de pesos presuntamente ligados a defraudación fiscal.
De acuerdo con el documento Casa Limpia de la UIF, los seis casos más relevantes de la institución incluyen, hasta el momento, la presunta red de corrupción entre Odebrecht y el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, así como la situación del robo de hidrocarburos y el supuesto peculado del exsecretario (2006-2012) de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Para Santiago Nieto, los reveses de la SCJN al bloqueo de personas son contrarios a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, además de que limitan la lucha en contra del lavado de dinero, que según el funcionario público, genera pérdidas económicas de 50 mil millones de dólares al año en México.
PRESUPUESTO Y GASTO
Entre 2004 y 2017, el presupuesto devengado por la UIF aumentó más de 10 veces como proporción del presupuesto total de la SHCP, al pasar de 0.04 a 0.4 por ciento en 13 años. Pero a partir de 2018, la cantidad de dinero que recibió comenzó a reducirse, de modo que entre 2017 y 2018 cayó 13.8 por ciento, además del descalabro de 0.02 por ciento que sufrió en 2018-2019.
Las cifras de la SHCP indican que este año, el presupuesto aprobado de la UIF fue 16 por ciento inferior al presupuesto aprobado del año pasado, equiparable a 181 millones 554 mil 496 pesos (nominales de 2020).
Salvo por el hecho de que el dinero de la UIF es utilizado para el programa presupuestario «Detección y prevención de ilícitos financieros”, no se puede saber, a cabalidad, el destino del presupuesto a cargo de la dependencia encabezada por Santiago Nieto.
Las cuentas públicas de 2004 a 2019 refieren que el 63.6 por ciento de los recursos devengados fue utilizado para el pago de servicios personales, que incluyen salarios y prestaciones de funcionarios públicos y de trabajadores por honorarios. Del resto del gasto, el 35.6 por ciento fue utilizado en costos de operación y gasto corriente, además de un 0.9 por ciento que se invirtió en gasto de capital (infraestructura e inversión productiva).
Entre los contratos públicos relacionados con la UIF en el último año, se cuentan tres por un monto de 3 millones 898 mil 657 pesos para la celebración de eventos, como la primera reunión nacional de la UIF con las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica de las entidades federativas, de acuerdo con información del portal de compras gubernamentales CompraNet.
Las cifras oficiales también indican que durante los primeros 16 años de existencia de la UIF, hubo siete periodos fiscales (2005, 2008-2010, 2012, 2015 y 2019) con subejercicio de recursos por un total acumulado de 3 millones 282 mil 252 pesos, equivalentes al 0.2 por ciento del presupuesto modificado acumulado de la dependencia en 2004-2019.
Asimismo, los datos refieren que hubo cinco periodos (2006, 2009, 2013, 2014 y 2018) en que el Gobierno federal recortó el presupuesto aprobado para la UIF, con reducciones acumuladas por 139 millones 211 mil 461 pesos equiparables al 7.2 por ciento del presupuesto aprobado acumulado de la institución, durante 2005-2019.
