La Unidad de Inteligencia Financiera debe presentar, en un plazo de tres días, los documentos que acrediten que el bloqueo de las cuentas bancarias de «Billy» Álvarez, presidente de Cooperativa La Cruz Azul, ocurrió en el marco de la cooperación y colaboración internacional, ordenó un tribunal federal.
Ciudad de México, 16 de junio (SinEmbargo).–Un tribunal federal emplazó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para presentar los documentos que acrediten que el bloqueo de las cuentas bancarias de Guillermo «Billy» Álvarez Cuevas, presidente de Cooperativa La Cruz Azul, ocurrió en el marco de la cooperación y colaboración internacional.
La juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Laura Gutiérrez de Velasco, dio un plazo de tres días a la UIF para saber si la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) colabora en el caso. En caso de no comprobarlo, la institución a cargo de Santiago Nieto Castillo deberá desbloquear las cuentas bancarias de Álvarez, confirmó la Cooperativa a SinEmbargo.
“Se encuentra transcurriendo el término de tres días establecido en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo dispuesto en su artículo 2, otorgado mediante proveído de doce de junio pasado, al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, a efecto de remitir copia debidamente certificada, completa y legible en versión pública de las constancias que acrediten el bloqueo de las cuentas bancarias propiedad del quejoso corresponden a la cooperación y colaboración internacional, así como del intercambio de información realizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de dicha Unidad”, se lee en la resolución.
La Unidad de Inteligencia Financiera, brazo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), congeló las cuentas bancarias de Guillermo Álvarez, presidente del club de futbol Cruz Azul, y las de su hermano Alfredo Álvarez, vicepresidente, el pasado 29 de mayo por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, así como por movimientos irregulares de dinero por 1,200 millones de pesos. La instancia detectó un saqueo entre 2016 y 2017 por medio de pagos a 15 empresas fantasma que prestaban servicios de consultoría a la Cooperativa y a las cuales “Billy” les firmó facturas de entre 3 y 5 millones hasta sumar 200 millones de pesos.
A estas 15 empresas fantasma, que tienen domicilios en patios de vecindad o son oficinas virtuales, se les pagaron 51 facturas y forman parte de la lista 69-B, en donde la Secretaría de Hacienda incluye a las organizaciones con operaciones simuladas, según la denuncia interpuesta por los disidentes de la Cooperativa.
Derivado de esta denuncia, iniciada cuatro meses ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en contra de la administración fraudulenta de “Billy” Álvarez, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación por posible lavado de dinero y delincuencia organizada. Dentro de esta carpeta, se da intervención a la UIF y ellos corroboraron la existencia de empresas factureras y formularon la denuncia correspondiente dentro de la misma carpeta iniciada por los disidentes; además, procedieron al bloqueo de las cuentas.
En la resolución publicada este martes por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la jueza Laura Gutiérrez de Velasco aplazó para el próximo 22 de junio una audiencia en donde se definirá si se concede a «Billy» Álvarez la suspensión definitiva, la cual busca descongelar sus cuentas bancarias.
