El colectivo «Salvemos la Comisión Nacional de Áreas Protegidas» acusó que el recorte de 75 por ciento al gasto operativo impactaría en los más de mil proyectos con las comunidades indígenas, pero el Comisionado Roberto Aviña informó que ya acordaron con la Secretaría de Hacienda la aportación de 89 millones de pesos para este año y negó que se contemplen despidos.
Ciudad de México, 15 de junio (SinEmbargo).– El Secretario del Medio Ambiente, Victor Manuel Tledo Manzur, tuvo dos reuniones presenciales en Palacio Nacional con el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, y el Presidente Andrés Manuel López Obrador, para plantear la situación de las 182 Áreas Naturales Protegidas por lo que se está gestionando la aportación de 89 millones de pesos para dar cumplimiento a las actividades del 1 de agosto al 31 de diciembre, informó el titular de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, Roberto Aviña Carlín.
«Estamos viendo con Hacienda los pesos y centavos para salir en este año fiscal», dijo en entrevista con SinEmbargo. «El Presidente revisó a detalle cuáles pueden ser los impactos y dijo que no se iba a convertir el sector ambiental en algo inoperante».
El colectivo «Salvemos la Comisión Nacional de Áreas Protegidas» acusó a inicios de mes que el recorte de 75 por ciento al gasto operativo y el cierre de presupuesto al programa Sinergia impactaría en los más de mil proyectos con las comunidades indígenas, donde habitan millón y medio de pescadores, apicultores, artesanos y combatientes del fuego. Tras semanas de denuncia en redes sociales por «el desmantelamiento» a instituciones ambientales, se está negociando para que haya recursos y personal básico, ya que actualmente, reconoció el Comisionado, «se limitan» las labores de los guardaparques en tierra y mares.
Pero el titular de la Conanp precisó que no se están cerrando oficinas, no habrá despidos entre los más de 200 consultores del programa de Sinergia con Naciones Unidas, pues hay el dinero suficiente hasta el 31 de julio (con miras a renovar contratos al 31 de diciembre), y de los más de mil proyectos con comunidades solo algunos no pudieron desarrollarse por la pandemia del coronavirus.
Respecto a la protección de las Áreas Naturales Protegidas, a propósito de la construcción de una residencia en el Parque Nacional Tulum, documentó que llevan 406 litigios jurídicos acumulados en sus 20 años como institución contra acciones que dañan a la biodiversidad.
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–Considerando que de 2015 a 2019 la Conanp ha sufrido un recorte de casi 40 por ciento, ¿usted comparte la percepción de diversos ambientalistas y ex funcionarios de que la institución «está paralizada» o «en una gran crisis de supervivencia»?
–No, no comparto la visión. Lo que comparto son datos concretos. Sí son impactantes en términos de reducción del presupuesto, pero no de inoperabilidad ni cierres. El decreto del pasado 23 de abril reduce 75 por ciento los gastos generales en el capítulo 2000 y 3000, principalmente de operación que van desde la limpieza de oficinas, impresoras, servicio de computación y comunicación, combustible y mantenimiento de vehículos que limitan, aunque no impiden las labores de campo de los guardaparques.
El presupuesto de 870 millones de pesos que se asignaron para 2020 ha tenido en estos dos meses una reducción y se está negociando con Hacienda, porque el Secretario Víctor Toledo ya tuvo dos reuniones presenciales en Palacio Nacional. En la primera le explicó que la Semarnat ha vivido un deterioro del presupuesto principalmente desde el 2015, por lo que se está planteando su revitalización para que haya los recursos y el personal básico. En la primera reunión presencial hace semana y media el Presidente le dijo al Secretario que se revisaba y se actualizaba.
El martes pasado se volvió a reunir con el Presidente planteando la situación del sector ambiental en particular lo de las Áreas Naturales Protegidas. En ese sentido se está gestionando la aportación de 89 millones de pesos, para dar cumplimiento a las actividades del 1 de agosto al 31 de diciembre. Ahorita la Conanp cuenta con los recursos básicos para atender las actividades hasta el 31 de julio.
El Secretario Victor Manuel Toledo ha influido para que la administración del sector ambiental vaya más en conjunto, es decir, que la Conanp, la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional del Agua y la Profepa vayamos más juntos en actividades de gestión (respuestas, análisis, diagnósticos), porque cada quien iba por su lado. Y en la parte logística y manejo de recursos financieros, se ha estado empezando a compartir oficinas. Por cierto, no se están cerrando oficinas sino que se van a las de Conafor, a las de Semarnat en otras ciudades o a uno federal vacío. Es para ahorrar. Y la Conanp va a recibir en algunas áreas del país a la Conafor o a la Semarnat. Sí hay un impacto importante en que si un guardaparque saldrá a hacer actividades en un vehículo, en lugar de llevar el tanque lleno lo llevará a la mitad lo cual limita las acciones, pero no las interrumpe. Lo mismo los trabajos en las áreas marinas. Pero estas mesas de trabajo ya lo están resolviendo. El Presidente instruyó al Secretario de Hacienda a atender esta situación. Declaró que no va a dejar sin cuidar a las reservas naturales y en eso estamos, viendo con Hacienda los pesos y centavos para salir en este año fiscal.
De los 870 millones de pesos que tiene la Conanp para el 2020 desde hace años la mitad del presupuesto se va en subsidios a las comunidades que viven dentro o cerca de las Áreas Naturales Protegidas. El año pasado fueron 420 millones de pesos y este año se fueron 310 millones en subsidios a través de una convocatoria del Programa de Conservación para el Desarrollo, que tiene lineamientos.
Se reciben las propuestas, se evalúan, se dictaminan y se transfieren los recursos directo a las comunidades, a grupos de mujeres, artesanos, apicultores, combatientes de fuego, etc. El otro 42 por ciento se va en la nómina de los mil 500 trabajadores de la Conanp, de los cuales mil 223 somos de base, 78 eventuales y hay 235 que son consultores del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) contratados por ellos a través de sus esquemas laborales, pero el dinero se transfiere de la Conanp. Para los consultores PNUD hay el dinero suficiente para el 31 de julio. Muchos de ellos terminaban su contrato para el 30 de junio, pero se hizo la prórroga. Ya se van a transferir los recursos en estos días en que Hacienda nos resuelva el problema para conservar para el bienestar.
–Entonces a través de las pláticas con el Presidente no van a frenar el recorte de 75 por ciento al gasto operativo, pero para evitar el desmantelamiento están coordinándose entre las diversas instituciones ambientales…
–Así es, hay coordinación. Por el traslado de oficinas se han ahorrado 2 millones 400 mil pesos, no hay compra de vehículos nuevos y ya se contrató el servicio de impresoras e internet. Se negoció con Hacienda y a partir de las reuniones del Secretario Toledo a fines de mayo y el martes pasado en la Ciudad de México. El Presidente revisó a detalle cuáles pueden ser los impactos, los riesgos de inoperancia y dijo que no se iba a convertir el sector ambiental en algo inoperante. Estos últimos días se ha visto a detalle con Hacienda para que el presupuesto se genere hacia el sector ambiental para dar cumplimiento a las actividades fundamentales al 31 de diciembre.
–Para este año se están dando 310 millones de pesos para los proyectos con comunidades en Áreas Naturales Protegidas, ¿entonces no están en riesgo para seguir operando?
–No, esos subsidios son del capítulo 4000 y no están en riesgo. Se convocaron y se dictaminaron. Son más de mil proyectos en todas las Áreas Naturales Protegidas del país a través de dos programas para pescadores, apicultores, grupo de mujeres, campesinos e indígenas. El problema es el tema de la pandemia. Muchas de las oficinas de todo el Gobierno y todos los niveles se han cerrado y mucha gente nos hemos ido a trabajar a casa. Mucha gente sigue con el trabajo de campo con seguridad sanitaria en acuerdo con gobiernos estatales, municipales, la sociedad civil y la Guardia Nacional. Pero no podemos dejar escapar el problema económico y la pandemia. Las actividades se han reducido y se han cerrado los lugares turísticos. Están apenas apunto de abrir por regiones y estados. De los más de mil proyectos la mayoría se ha desarrollado, pero hay algunos que no se podrán cumplir por la pandemia.
–Comisionado, sobre el tema del personal del programa Sinergia con Programa de Naciones Unidas (PNUD) contra la crisis climática, ¿qué futuro tiene este programa?
–Los consultores son de PNUD. El trabajo que hacen es para la Conanp, es dinero que se transfiere de la Conanp a PNUD. Pero no tenemos recursos extras de Naciones Unidas para este proyecto. El trabajo que hacen de consultores es muy importante. Hay unos 90 que son guardaparques, quienes por cierto son los de salarios más bajos y muchos de los consultores técnicos o de oficina tienen salarios más altos. No se va a despedir a nadie; no hay despidos de PNUD ni de Conanp. Son términos de contrato, aunque sea ambiguo así ha sido durante años; los contratos se renuevan cada seis meses o cada año. No pueden manejar ningún vehículo de la Conanp ni hacer funciones administrativas o jurídicas, por lo que nuestra propuesta es que pasen a ser funcionarios públicos de base para que tengamos el personal básico. Y todos los trabajos de cooperación internacional, con la agencia alemana y francesa, con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que sean actividades complementarias que fortalezcan nuestro trabajo. El país es el que tiene la obligación de conservar la biodiversidad y el patrimonio natural.
–Entonces es un hecho que no van a correr a nadie.
–No, en la Conanp nadie y el PNUD tampoco, porque les darán una prórroga hasta el 31 de julio y se van a renovar los contratos al 31 de diciembre, como se ha venido haciendo. En todos los casos estamos en una permanente revisión para hacer una mejora de las gestiones, hacer menos con más y ser más eficientes, que no haya repetición y sí justicia y equidad. Tenemos al 40 por ciento de mujeres trabajando en la Conanp y el 60 por ciento hombres.
–En este marco de la crisis climática a nivel mundial, ¿cuáles son las metas de la Conanp para los siguientes años?
–En la Conanp participamos en el Programa especial de Cambio Climático, con una comisión intersecretarial. Con las 182 Áreas Naturales Protegidas en 30 millones de hectáreas terrestres y 60 millones en áreas marinas, los compromisos con la mitigación del cambio climático es llevar a cabo acciones de compensación, adaptación y disminución de la deforestación. El compromiso es mantener las ANP, fortalecerlas y crecer en cobertura y participación social. Sobre todo crecer las áreas voluntarias para la conservación que son iniciativas ciudadanas y sociales para que sus predios privados se certifiquen como ANP. Vamos juntos con la Comisión Nacional Forestal con compromisos de deforestación cero y la división de Vida Silvestre con 39 millones de hectáreas de unidades para la conservación y manejo (UMAS).
–Mi última pregunta es sobre el caso particular del Parque Nacional Tulum, donde se construyó una residencia y se presentaron denuncias por ello. ¿Cuáles son los avances contra este empresario?
–Se han presentado las denuncias ante la Fiscalía, pero no es la única. Hay problemas de coordinación y vigilancia a nivel estatal y municipal. Se han presentado denuncias penales por invasión del predio: hay varios predios y hoteles grandes y pequeños en el Parque. En este caso se presentaron las denuncias penales en Playa del Carmen y ante la Fiscalía General de la República. Esperemos que todos los casos contra acciones que van contra el medio ambiente el Poder Judicial lo resuelva a la brevedad y favorablemente. Desgraciadamente en la Conanp tenemos 406 litigios jurídicos como amparos contra expropiaciones o programas de manejo. Hay mucho tiempo que se le dedica a la parte jurídica, porque han habido a través de los años algunas situaciones que no han involucrado adecuadamente a los vecinos y estamos trabajando por ser lo más incluyentes con los habitantes locales y privados para que la gente misma le dé cuidado a la biodiversidad. Son litigios acumulados incluso desde antes del 2000 por decretos presidenciales de Lázaro Cárdenas.
