Pese a que en el Decreto para la aplicación de las medidas de austeridad la CEAV quedó fuera del recorte económico, la Secretaría de Hacienda informó que el gasto de la dependencia será 75 por ciento menor, lo que afectará no sólo la organización de la Comisión, sino que dejará en desamparo a las víctimas de delitos de derechos humanos.
Ciudad de México, 2 de junio (SinEmbargo).– El decreto de Austeridad del Gobierno federal cobró otra víctima: la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Las más de mil resoluciones y 600 procedimientos de recomendaciones internacionales sobre los casos de Ayotzinapa, Atenco, Tanhuato, ABC o Tlatlaya quedarán pendientes.
«El Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad, que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado el 23 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), frenará sus actividades esenciales y paralizará su funcionamiento», confirmó la dependencia.
Las medidas de austeridad, implementadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tendrán un impacto «mayúsculo» en el funcionamiento de la dependencia, en comparación con otros órganos de la administración pública, alertó la CEAV.
?Reporte CEAV
La @CEAVmex resentirá un impacto mayúsculo en su funcionamiento, con el recorte del 75% del gasto operativo, en comparación con cualquier otra dependencia u órgano del Gobierno Federal.
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— CEAV (@CEAVmex) June 2, 2020
Pese a que el Decreto contempló como uno de los proyectos prioritarios a la Comisión (en el numeral 38), la SHCP determinó reducirle el 75 por ciento del gasto corriente, es decir 139.4 millones de pesos.
«Desaparecerá el área que administra el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) y atiende un promedio de 500 solicitudes mensuales», con lo que se perderá el alojamiento y resguardo de los datos personales de más de 34 mil 215 víctimas, «así como todos los servidores, computadoras e impresoras», alertó la institución.
El área de traslado de víctimas desaparecerá y con ello no se podrán llevar a 9 mil 862 víctimas a las audiencias ante el MP, juzgados, la CNDH o diligencias de búsqueda, correspondientes. Además las personas que requieren de la CEAV no tendrán el apoyo de asesores jurídicos, peritos y acompañantes psicosociales.
Los asesores jurídicos serán 30 por ciento menos a los actuales, con lo que mil 874 víctimas no recibirán acompañamiento. Las 7 mil 200 víctimas que la CEAV atiende en los 32 Centros de Atención Integral que hay en todo el país, «no tendrán un sitio a dónde acudir para recibir atención psicológica, social, médica y orientación jurídica».
«No se podrá tramitar la entrega de las medidas de ayuda para más de 5 mil víctimas al mes», expresó la dependencia.
Además no habrán abogados suficientes para emitir resoluciones y analizar jurídicamente las indemnizaciones por daños y terminará por impactar a las víctimas que no podrán acceder a la compensación.
Las reparaciones colectivas dictadas por el Comité Interdisciplinario Evaluador (CIE), los juzgados, tribunales y organismos de derechos humanos no se podrán implementar. El avance en las resoluciones y compensaciones atrasadas, desde 2017, del CIE se detendrán.
«Quedarán pendientes las mil 100 resoluciones y 610 procedimientos judiciales en trámite, algunos de los cuales se refieren a recomendaciones de la CNDH, Corte Interamericana, Comisión Interamericana, Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en México y atracciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre casos como Ayotzinapa, Guerra sucia, Atenco, Tanhuato, ABC, Tlatlaya, Casino Royale, entre otros», afirmó la dependencia.
A su vez, la CEAV no podrá crear un nuevo modelo de compensaciones homologado a nivel nacional, con base en criterios internacionales y con un enfoque de protección de derechos humanos.
EMPLEADOS Y DEUDAS
«La CEAV no es propietaria de ningún inmueble en los que opera, la mayoría de los servicios son subcontratados, gran parte del personal fue contratado –desde el origen de la institución– de manera irregular, con plazas eventuales y de outsourcing», informó la comisión.
Asimismo, aseguró que heredaron de administraciones anteriores 453 juicios de amparo en su contra y 46 juicios laborales por montos millonarios. Con el recorte presupuestal, el área jurídica no podrá atender los 453 juicios de amparo, de los que 154 están en etapa de cumplimiento.
«Sin defensa legal, la CEAV incurrirá en incumplimiento de sentencias» lo que terminará en con el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) y eliminará los recursos para ayudar a las víctimas con medidas de alimentación, alojamiento, gastos funerarios, indemnizaciones ni compensaciones.
El recorte provocará un ajuste en la nómina, «debido a que la mayor parte del personal es eventual o de outsourcing». Desde 2012, sus salarios son pagados con los recursos de las partidas 2 mil y 3 mil, con la autorización de la SHCP. Sólo en sus oficinas centrales, casi el 60 por ciento de los 388 puestos de trabajo existentes está en esta situación.
Con menos personal la Unidad de Género dejará pendientes los programas de sensibilización y prevención del acoso y hostigamiento sexual, así como laboral. Además se cancela la campaña de posicionamiento de la CEAV y su estrategia de comunicación digital, «para dar a conocer los alcances y beneficios del Modelo de Atención Integral a Víctimas a las víctimas, colectivos, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, debido al desmantelamiento de la Dirección de Comunicación Social».
Además la Comisión no podrá pagar la renta ni los servicios de agua, luz, telefonía ni internet de las oficinas centrales ni de los 32 Centros de Atención Integral en todo el país, que ascienden a 121.9 millones de pesos, en 43 contratos.
El FAARI dejará de estar bajo control de la CEAV, porque el área encargada quedará desmantelada, «por lo que se incumplirán las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre el fortalecimiento del control interno». Con estos cambios, la atención de solicitudes en materia de transparencia no se pondrán atender.
La Oficialía de Partes, encargada de recibir entre 150 y 200 documentos diarios relacionados con víctimas, ya no tendrá personal para atender y dar seguimiento a los fallos en Juzgados y Tribunales federales, de la CNDH, la FGR, las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas estatales, los organismos internacionales, de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entre otras.
«La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas considera que atender a las víctimas del Estado y garantizar sus derechos, es el único camino hacia la restauración del tejido social y la construcción de paz», puntualizó la dependencia en riesgo.
Alertó que su obligación es garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las víctimas de violaciones a estos, además de los delitos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros.
Por ello, anunció en un comunicado que refrenda su compromiso con la defensa, promoción y protección de los derechos humanos y lo hará hasta llegar al límite de sus capacidades físicas y financieras. Con transparencia y rendición de cuentas.
SEGOB REITERA SU COMPROMISO CON LAS VÍCTIMAS
Más tarde, la Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer que su titular, Olga Sánchez Cordero, y el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, se reunieron ayer con el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, en donde uno de los temas abordados fue el recorte presupuestal indicado recientemente para las dependencias del ejecutivo federal.
En el encuentro, los funcionarios revisaron esta disposición y reiteraron el compromiso del Presidente con los derechos humanos, «los cuales son y serán una de las prioridades de este sexenio, como lo determina la fracción V, punto 38 del decreto presidencial por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la administración pública federal bajo los criterios que en el mismo se indican, publicado el pasado 23 de abril».
«Por lo tanto, se reitera que no se dejará de prestar apoyo integral a las víctimas de violaciones a derechos humanos y delitos; tampoco se desistirá de defender, promover y garantizar los derechos humanos desde las distintas áreas de la Secretaría de Gobernación», finalizó.
