¿La minería verde es posible en México? Red acusa a industria de maquillar y legitimar el despojo

La minería es una de las actividades esenciales que han retomado operaciones durante la pandemia. Alrededor de la Ley Minera de 1992 han surgido debates sobre su inconstitucionalidad y vacíos que propician el despojo e impacto ambiental incluso en Áreas Naturales Protegidas. ¿Es posible encaminarnos hacia una minería sustentable?

Ciudad de México, 9 de junio (SinEmbargo).– Los minerales son esenciales para la vida moderna. Por un lado, la Cámara Minera de México (CAMIMEX) asegura que la industria ha robustecido sus prácticas de sustentabilidad y cumplido con las reglas ambientales. Incluso subproductos que se extraen de las minas sirven para la fabricación de paneles solares, turbinas eólicas y autos eléctricos. Por el otro, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) acusa que hablar de la minería como una industria «verde» es maquillar y legitimar el despojo y devastación ambiental arrastrados desde la época colonial.

«En la Ley Minera encontramos puntos aberrantes como que una concesión minera puede durar hasta un siglo (la Secretaría de Economía la otorga por 50 años con opción de dar prórroga para otros 50), se le otorga preferencia sobre el uso del agua y el artículo 6 habla de la utilidad pública por tanto es preferente sobre otros usos del territorio (excepto la producción eléctrica y de hidorcarburos), lo cual ha provocado conflictos socioambientales, despojo y falta de consulta libre, previa e informada. La pregunta es por qué se le considera de utilidad pública si no beneficia a una cantidad significativa de la población en crecimiento, generación de empleos bien pagados ni en ingresos tributarios», dijo Beatriz Olivera, investigadora de la organización Fundar, por lo que se le hace un «contrasentido» hablar sobre una minería sustentable. Y, aunque se modifiquen algunos lineamientos, el impacto es muy grande, dijo.

En México, el líder mundial en producción de plata y con gran potencial para la explotación del litio, el 10 por ciento del territorio nacional está concesionado; 345 empresas mineras operan en territorio nacional, de las cuales 234 son de capital extranjero, principalmente canadienses y estadounidenses, de acuerdo con la Subsecretaría de Minería.

Sin embargo, «las concesiones mineras no se otorgan sobre un lienzo en blanco o un ‘terreno libre’; éstas se otorgan sobre territorios que tienen limitantes ambientales y en ecosistemas que proveen importantes servicios que aseguran un balance para la calidad de vida de las personas, animales y plantas», afirma el informe «Riesgos de corrupción en el otorgamiento de concesiones mineras en México» presentado recientemente por Transparencia Mexicana.

De hecho, la Secretaría de Economía ha otorgado casi 60 mil hectáreas de concesiones mineras al interior de Áreas Naturales Protegidas, incluyendo el área de las mariposas monarca, documentó Fundar en 2017. Al año siguiente la organización presentó dos iniciativas en el Senado para prohibirlo y proteger las áreas, sobre todo en la zona núcleo donde se resguarda la biodiversidad. Pero no prosperaron. En 2019 integraron dos más. Nada.

«Han habido muchas larvas en el proceso. Desde el Senado nos comentaron que la industria ha dicho que no es posible retirarlos y habría pérdida de empleos [generan más de 300 mil empleos formales]. La Concamin les preguntó quiénes habían presentado las iniciativas», compartió la investigadora Beatriz Olivera.

En el marco de la crisis climática, además de los derrames de tóxicos, la minería es una de las 10 industrias con más emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) pues es de los sectores que más consume energía fósil, causa deforestación, pérdida de biodiversidad por el cambio de uso de suelo, contribuye al estrés hídrico (poseen concesiones de agua) y al desplazamiento de poblaciones, ha documentado la organización Fundar y OXFAM.

¿QUÉ PROPONE LA MINERÍA SUSTENTABLE? 

Las empresas mineras afiliadas a la Cámara Minera de México (CAMIMEX) aseguran que han «robustecido» sus prácticas de sustentabilidad, cuidado de la biodiversidad, protección de los recursos naturales, gestión eficiente del agua, programas de reforestación (siembra 4.5 millones de árboles al año), uso de fuentes renovables de energía, conservación de fauna, formación y capacitación. En 2019, el monto invertido a favor del medio ambiente ascendió a más de 3 mil 300 millones de pesos.

«Los minerales están en nuestros hogares, en la tecnología que utilizamos (cobre, zinc, indio, silicio, aluminio, arsénico, litio, grafito) y en los productos de salud por lo que garantizan nuestros derechos como el estar comunicados, estar informados y a gozar de una vivienda digna», dijo el geólogo Adrián Huerta, impulsor de la minería responsable.

La minería busca reducir el consumo de agua con los ciclos de recirculación, cuenta con plantas tratadoras de agua y elimina productos químicos nocivos en sus métodos de procesamiento de minerales. En la etapa de exploración minera, los productos utilizados durante la perforación para recuperar ejemplares de rocas son a base de grasas vegetales, aditivos biodegradables y recirculación de agua, explicó.

Los productos de la marca Apple, como muchos otros productores y desarrolladores de tecnología, cuentan con un código de proveedores y son auditados para que los minerales y/o metales requeridos en sus productos tecnológicos (estaño, tantalio, tungsteno, oro…) tengan como objetivo un menor impacto el ambiente y estén libres de conflictos sociales, para garantizar al usuario final un producto de calidad, ejemplificó Huerta.

En el tema de cumplimiento a la ley, 111 empresas mineras participaron en el programa de industria limpia que impulsa la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), tres grupos mineros forman parte del Índice Verde de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y las empresas afiliadas a CAMIMEX cumplen con las más de 1,275 leyes, normas, ordenamientos y tratados internacionales a los que México se ha adscrito, como la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), además de los requerimientos y condicionantes que la propia autoridad ambiental federal define en los Manifiestos de Impacto Ambiental (MIA).

Sin embargo, evaluó la Red Mexicana de Afectados por la Minería, no es una solución para los pueblos, sino un conjunto de propuestas encaminadas a «maquillar» la minería como una industria «verde», «sustentable», «segura», «responsable» y «respetuosa de los derechos humanos», que son adjetivos que se han utilizado en todo el mundo únicamente «para legitimar el despojo».

Para los miembros de REMA el modelo extractivo «mercantiliza la naturaleza y destruye la vida». Rechazan que sea suficiente la consulta que respete la libre determinación de los pueblos y la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), pues aseguran que los cambios abonarán a legalizar el despojo, desplazamiento forzado y, legitimados en la consulta, dañar a pueblos aledaños. Gracias a la movilización de los pueblos que han vivido el impacto minero, ejemplificó, se ha logrado la prohibición de la minería metálica en El Salvador, la minería de oro a tajo abierto en Costa Rica o la minería metálica y el uso de ciertas sustancias tóxicas en varias provincias de Argentina.

En entrevista, el miembro de la REMA Miguel Mijangos lamentó que en México no haya las condiciones político-económicas, pues el Subsecretario de Minería Francisco Quiroga Hernández fue Director de Planificación Internacional en Grupo Villacero y se desempeñó como Director General de la empresa comercializadora de acero C&F Internacional, y los multimillonarios del país tienen mineras, como Germán Larrea (Grupo México), Alberto Baillères (Grupo Peñoles) y Carlos Slim (Minera Frisco).

«El neoextractivismo pasa en Bolivia. Una buena cantidad de la minería está en manos de cooperativas. Pero es el mismo daño si lo hace Slim, Canadá o una cooperativa de la comunidad porque el modelo extractivo es el mismo», dijo.

Sobre la falta de participación de las comunidades, el geólogo Huerta afirmó que en algunos casos existe una falta de acceso a información de las mineras a las comunidades sobre los riesgos, beneficios y etapas de la minería. Por el otro lado, matizó, también tenemos «una ola de desinformación» para la población cercana a un proyecto minero con «argumentos solo de malas prácticas puntuales y en grandes generalizaciones», lo que provoca «una percepción equivocada» de la industria utilizando el miedo y enojo como estrategia.

RIESGO DE CORRUPCIÓN EN CONCESIONES 

La investigación «Riesgos de corrupción en el otorgamiento de concesiones mineras en México» de Transparencia Mexicana documenta que somos el país en Latinoamérica con más conflictos sociales relacionados a la industria minera, donde en 2018 se registraron 45 reportes de incidentes, incluyendo el rechazo comunitario a las concesiones que se otorgan sin consulta previa.

Observa que el reglamento en México –como priorizar la actividad minera sobre cualquier otra– «contrasta» con los impactos socioambientales y la opinión de los pueblos indígenas, «lo que ha provocado la sobreexplotación de los bienes naturales bajo una lógica de despojo a las comunidades» y en medio de un ambiente de constante criminalización hacia las personas y movimientos que defienden el territorio, como deslegitimarlos o utilizar la represión, como ha documentado el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

Durante el proceso de otorgamiento de concesiones el informe identificó varias vulnerabilidades en materia ambiental, entre ellas, que la minería es considerada actividad prioritaria por sobre cualquier otra (excepto hidrocarburos y transmisión de energía); la noción de “terreno libre” es amplia y general, lo cual permite que se otorguen concesiones en territorios inviables para la actividad minera; y la evaluación de la viabilidad ambiental ocurre en etapas posteriores a la aprobación de la concesión o la omisión o falsedad de los posibles impactos ambientales que tendrá un proyecto minero.

Además, las consultas comunitarias no son un requisito previo al otorgamiento de las concesiones; se entregan concesiones en Áreas Naturales Protegidas (ANP) y el marco que determina las Manifestaciones de Impacto Ambiental tiene más de treinta años y resulta fácil de manipular para evitar que se reflejen las afectaciones reales que tendrán los proyectos.

Cuando el proyecto minero se pretende desarrollar en un Área Nacional Protegida, los impactos de estos riesgos son aún mayores por la relevancia ecosistémica, la cual se ve vulnerada cuando las ANP no cuentan con un Manejo de Programa, una realidad para el 42 por ciento del país, resalta el documento.

La falta de seguimiento y vigilancia a lo establecido en el inventario ambiental de la Manifestación de Impacto Ambiental y que no se registran los impactos reales que está teniendo un proyecto minero, se debe a la falta de personal suficiente de la PROFEPA, por ejemplo, en el caso del derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en los ríos Sonora de una minera de Grupo México en agosto de 2014.

A pesar de ser considerado por el Gobierno federal como “el peor desastre ambiental de la industria minera”, desestimaron sus efectos al señalar que la contaminación no salía de la norma, asegura el informe de Transparencia Mexicana.

En el contexto de las modificaciones al marco regulatorio en materia minera, concluye Transparencia Mexicana, resulta conveniente que se generen procesos abiertos y participativos y que, con un enfoque multiactor, tengan la posibilidad de recoger la visión y necesidades de las partes involucradas en esta actividad extractiva. La construcción de una visión con pesos y contrapesos suficientes en el sector minero permitirá detectar y atender los principales factores que promueven tensiones entre los diferentes actores.

Sin embargo, observó el economista Carlos Brown durante  la presentación del informe, «la vulnerabilidad tiene que ver con la captura del Estado (federación, estados y municipios) y su capacidad regulatoria por parte de los intereses de las empresas mineras. Si no logramos entender esta captura, difícilmente el resto tendrá un impacto significativo y cualquier reforma que se intente hacer será a favor de las empresas mineras».

Brown puso sobre la mesa «lo poco que aporta el sector»: aunque crea empleos, son precarios y rezagados; este 2019 solo aportó con el 4 por ciento del PIB nacional frente al 8 por ciento de 2017, por lo que ha caído su relevancia económica a pesar de que el 10 por ciento del territorio nacional está concesionado en alrededor de 21 millones de hectáreas; y, documentó, la recaudación tributaria neta entre enero y diciembre de 2019 del sector minero fue casi negativa: 23 mil millones de pesos en Impuesto Sobre la Renta (ISR) «que es una burla» y se les regresó IVA a las empresas.

La Ley Minera se creó en el marco del Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y, aunque más de 25 años después estamos en el contexto de la crisis climática, la actividad minera sigue teniendo prioridad en el uso del agua, por lo que es urgente una regulación del sector, finalizó el especialista en justicia fiscal.

MINERÍA SUSTENTABLE EN AMÉRICA LATINA

Desde septiembre de 2014, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) abordó en el informe «Buenas prácticas que favorezcan una minería sustentable» que los costos socioambientales que esta industria ha generado han sido altos porque durante años se realizó de una manera precaria, con bajos niveles tecnológicos, vacíos en las leyes mineras y sin monitoreo.

A raíz del «boom» en los precios de las materias primas iniciado en el 2003, producto de una mayor demanda en los países asiáticos como China, la inversión y producción de minerales de la región aumentó. Sin embargo, las principales causas de conflictos en países mineros de América Latina radican en los impactos ambientales y problemas territoriales, acompañados en muchos casos por la falta de consulta libre, previa e informada, la violación de los derechos humanos y la falta de cumplimiento de una Política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), asegura el informe.

Por ello «contar con buenas prácticas mineras puede facilitar la continuidad de los proyectos mineros», entre ellas, considerar el consentimiento y la participación de las comunidades afectadas, tanto antes de dar inicio a las operaciones como también durante las etapas de explotación y poscierre para evitar pasivos ambientales mineros; que las empresas cumplan estrictos estándares ambientales y que reserven los recursos financieros necesarios para cubrir cualquier impacto ambiental, dentro de los límites permisibles, durante todas las fases de los proyectos.

La falta del cumplimiento del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la consulta ha causado, en ciertos casos, que los proyectos mineros se hayan paralizado o incluso cancelado, acrecentando de esta forma los costos económicos, financieros, y socioambientales.

Ante la reputación afectada y riesgo en inversiones, desde 1999 las compañías mineras más importantes a nivel mundial –como Anglo American, BHP-Billiton o Codelco– buscaron establecer un vínculo entre minería y desarrollo sustentable, por lo que surgió el proyecto Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable dirigido por el Instituto para el Medio Ambiente y el Desarrollo que estableció la cooperación conjunta de los tres actores involucrados: Gobierno, compañías mineras y comunidades afectadas.

Durante el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (FIG) en 2002, se acordó ocuparse de los efectos para el medio ambiente, la economía, la salud y la sociedad; fomentar la participación las comunidades; y promover las prácticas mineras sostenibles mediante la prestación de apoyo financiero, técnico y de fomento de la capacidad a los países en desarrollo incluida la explotación en pequeña escala.