Desde la Sierra Norte de Puebla, el Consejo Maseual acordó interponer un amparo contra tres concesiones mineras, suspendidas hasta 2018. Pero un Ministro de la Suprema Corte intentó desvincular la Ley Minera de 1992 de sus derechos indígenas. Aunque por ahora retiró el proyecto, los maseualmej exigen la inconstitucionalidad de la Ley y el respeto a los derechos de todos los pueblos originarios.
Ciudad de México, 26 de mayo (SinEmbargo).– El pueblo maseual logró en 2018 un amparo contra tres concesiones mineras en etapa de exploración en Cuetzalan, Puebla, otorgadas en 2007, 2008 y 2011 a la compañía mexicana Minera Autlán, de José Antonio Rivero Larrea. Pero en mayo, cuando celebran rituales a sus manantiales, el recurso estuvo en riesgo por un proyecto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que propuso desvincular la Ley Minera (1992) de sus derechos indígenas, por lo que no bajarán la guardia.
«Es un momento muy difícil también por la contingencia. Nosotros exigimos que se reconozcan y garanticen los derecho de los pueblos indígenas, y que la SCJN señale la inconstitucionalidad de la Ley Minera para que dé pie a que más instituciones gubernamentales se sumen a una propuesta de Ley bien elaborada», dijo Ofelio Hernández, oriundo de Cuetzalan, en el marco de la reapertura durante esta pandemia de la actividad minera que aporta un 4 por ciento del Producto Interno Bruto nacional (PIB).
En México, ya sea con proyectos de energías renovables (eólicas) o extractivos (minas), las violaciones a los derechos de los pueblos persisten con el paso de sexenios. En el caso de a minería, el 35 por ciento del territorio nacional se encuentra concesionado a empresas mineras, lo que ha generado diversos conflictos socioambientales como el despojo, acusa el Consejo Maseual Altepetajpianij compuesto por 30 representantes de los tres municipios afectados con asesoría del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). Desde la Ley Minera de 1992 van más de 27 mil concesiones de las cuales solo 3 mil operan, según la Cámara Minera de México.
En marzo del 2015, el pueblo ubicado en la Sierra Norte de Puebla presentó una demanda de amparo alegando la inconstitucionalidad de la Ley Minera, así como la violación de sus derechos a la autodeterminación y al control de los recursos naturales por la entrega de las concesiones mineras Atexcaco I, Atexcaco II y Macuilquila, ubicadas en los municipios de Tlatlauquitepec, Yaonáhuac y Cuetzalan del Progreso, en especial por la falta de consulta previa, libre e informada tanto en la expedición de la Ley como en el otorgamiento de las concesiones. Se presentaron peritajes en antropología, impacto ambiental y topografía y agrimensura. En septiembre de 2018 se otorgó el recurso solo respecto a las concesiones en etapa aún de toma de muestras.
«La actividad minera conlleva afectaciones en el ecosistema y sus habitantes, que transitan desde un impacto negativo en la biodiversidad, flora, fauna, en el ciclo hidrológico, sistema hidrogeológico (subterráneo y superficial), calidad del agua, composición del suelo, agricultura, servicios de aprovisionamiento, de regulación de clima, de crecidas, de inundaciones, de control de erosión, depositación de sedimentos, sequías, regulación de enfermedades, purificación del agua y fertilización de suelos; hasta influencia relevante en la calidad del aire, ruido y modificación de la topografía y del paisaje», reconoció la Jueza del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales Pueblas. Ordenó a la Secretaría de Economía del Gobierno pasado tanto dejar sin efectos las tres concesiones mineras como realizar la consulta indígena.
Pero, acusó Ofelio, la resolución «ya no es adecuada» porque desde un inicio se violó su derecho a la autodeterminación. Y al estar interconectado el aire, el subsuelo y el entorno, la afectación es de un todo. «En Cuetzalan, a pesar de que está solo en el 10 por ciento de las concesiones, es territorio alto y tiene escurrimientos, manantiales y ríos subterráneos. Nuestra lucha fue considerando que si la minería a cielo abierto se practica en esos cerros, toda el agua estaría contaminándose, envenenaría a las personas y destruiría los circuitos de mantos freáticos, lo que implica una amenaza muy fuerte», expuso en entrevista. «Al desaparecer los mantos nos quitarían nuestros puntos de comunidad; valoramos mucho que en un manantial se encuentran las personas mayores y las mujeres para transmitir conocimiento entre generaciones».
El proceso de litigio –acordado desde una asamblea en 2014 por más de 3 mil habitantes del pueblo maseual– busca solidarizarse y sumar esfuerzos a la lucha de los pueblos indígenas para poner fin a la violencia estructural, por lo que exigen que sea un precedente que sirva para otros casos de pueblos y comunidades indígenas que han decidido acudir a tribunales a reclamar sus derechos que les han sido violados por la imposición de proyectos mineros en sus territorios.
«Como muchos pueblos originarios y grupos equiparables, buscamos una Vida Buena (Yeknemilis, como decimos en la lengua maseual) y no podemos estar bien sino tenemos una paz social en nuestros territorios, y los proyectos extractivos como la minería destructiva nos agreden directamente a nuestra forma de ser y estar con el entorno», aseguraron los maseualmej en un comunicado.
EL PROYECTO DEL MINISTRO LAYNEZ
Hace unos días el Ministro Javier Laynez Potisek presentó un proyecto de resolución en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el recurso de revisión de los pobladores de Cuetzalan (928/2019) sobre la constitucionalidad de la Ley Minera.
El Ministro afirmó que «el contenido de la Ley no se vincula directamente con los intereses y derechos de los grupos indígenas involucrados», a pesar de que en juzgados federales en Guerrero, Puebla, Oaxaca y San Luis Potosí se ha concluido que el otorgamiento de concesiones mineras en territorios indígenas ha sido inconstitucional por no garantizarles su derecho a la consulta previa, libre e informada por los impactos a sus derechos al agua, ambiente, territorio y autodeterminación.
«La Ley Minera representa el instrumento que posibilita la expedición de títulos de concesión con los que se despoja a los pueblos y comunidades indígenas sus territorios. El proyecto erosiona el Estado pluricultural en México», acusaron el Consejo Maseual Altepetajpianij, Consejo Tiyat Tlali, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (COTIC) y el Environmental Defender Law Center (EDLC).
A pesar de no tener acceso a una audiencia por la COVID-19, ante la presión de los pobladores y las organizaciones a través de una carta enviada a la SCJN, videos y notas periodísticas, el 14 de mayo el Ministro Laynez Potisek retiró su proyecto de sentencia antes de ser votado. Pero se mantendrán en la resistencia «porque sabemos que en cualquier momento esta propuesta puede ser retomada», dijo Ofelio.
Fabiola, también habitante de Cuetzalan, acusó que era «lamentable» ese proyecto y rechazó la Ley Minera actual porque la actividad extractiva destruye sus ríos y manantiales.
«Como masemalwej entendemos que nuestra Madre Tierra nos da diversidad de productos para alimentarnos. Por eso le tenemos mucho respeto y no estamos de acuerdo con que se concluya esta Ley», declaró en un video hecho por el Consejo Maseual dirigido a los ministros.
La semana pasada, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró en conferencia de prensa que durante su Gobierno no se ha entregado una sola concesión para la minería, «porque hay millones de hectáreas concesionadas del periodo neoliberal que ni siquiera se están explotando, sino que entregaron las concesiones y utilizaron los títulos de concesión para la especulación financiera». La Secretaría de Economía está revisando las concesiones para detectar las inactivas y cancelarlas.
De enero a noviembre de 2006, el último año del Gobierno de Vicente Fox y primeros datos disponibles de la Dirección General de Minas, se brindaron mil 573 concesiones, principalmente en Durango, Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco y Coahuila, con una extensión de 3 millones 630 mil hectáreas. Y la Secretaría de Economía del Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) dio otras 9 mil 805 concesiones mineras, sobre todo en 2007 (2 mil 267), con una extensión total de 25 millones 370 mil hectáreas, reportó SinEmbargo hace unos meses.
Hasta 2011, la Dirección General de Minas hizo público el nombre de empresas y personas físicas que recibieron las concesiones para realizar actividades mineras, de las cuales destacan Exploraciones Mineras Parreña, Exploraciones Mineras Peñoles, Minera Saucito (Fresnillo), que pertenecen al multimillonario Alberto Baillères González, así como Minera del Norte de Altos Hornos de México (AHMSA), siderúrgica del detenido en España, Alonso Ancira, Grupo México de Germán Larrea Velasco, cuya mina Buenavista fue responsable del derrame de tóxicos en ríos de Sonora en agosto de 2014.
Y durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) la Secretaría de Economía dio 5 mil 396 concesiones mineras de 9.9 millones de hectáreas con vigencia de 50 años, principalmente en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Guerrero y Oaxaca, revelan datos de su Dirección General de Minas (DGM). De igual forma los concesionados mexicanos fueron principalmente Baillères, Ancira y Larrea.
Sin embargo, es un “gran mito” que la minería genere desarrollo y empleos para las comunidades donde realiza sus actividades, afirmó el anuario 2018 “Actividades extractivas en México” revelado por Fundar el año pasado.
En los centros productores de plata como Fresnillo, Mazapil y Chalchihuites, documentó la investigadora Beatriz Olivera del centro de análisis, el 58 por ciento de la población vive en pobreza; el 64 por ciento obtiene un ingreso inferior a la línea de bienestar; el 35 por ciento carece de servicios básicos en la vivienda; el 13.16 por ciento no tiene acceso a servicios de salud y un 25 por ciento presenta rezago educativo.
En los centros productores de oro, como Caborca, Mazapil, Ocampo, la pobreza se registra en el 50 por ciento de sus habitantes; el ingreso del 55 por ciento es menor a la línea de bienestar; y un 29 por ciento carece de servicios básicos en los hogares.
Respecto a oportunidad laboral, las actividades extractivas en el país (de minerales e hidrocarburos) representan solo un 0.66 por ciento (131,434 empleos, IMSS, 2018) del total del empleo asegurado a nivel nacional y, agrega, este sector económico es el que contrata una mayor proporción (27.4 por ciento) de personal vía outsourcing sin acceso a seguridad social.
