La Procuraduría los acusa de «recolección de información de carácter íntimo de ciudadanos nacionales y extranjeros», entre los que están «los aparentemente perfilados» y «otras personas con quienes aquellos tendrían afinidad o interacción».
Bogotá, Colombia, 21 mayo (EFE).- La Procuraduría colombiana llamó a juicio disciplinario a dos generales, cinco coroneles, tres mayores, un teniente y dos suboficiales del ejército por su presunta participación en el espionaje militar a periodistas, políticos opositores y defensores de derechos humanos.
Así lo informó este miércoles la Procuraduría (Ministerio Público) en un comunicado en el que señaló que pidió al Ministerio de Defensa como medida cautelar que revise de inmediato «los procedimientos y protocolos» de inteligencia y suspenda aquellas acciones que «no arrojen certeza sobre su sujeción a la Constitución y la ley».
«En caso de que no existan o no fuesen suficientes esas medidas, se requirió al Ministerio ordenar la suspensión de todo procedimiento que tenga por objeto perfilamientos o acciones similares, impartiendo las instrucciones necesarias e informando al despacho lo pertinente», añadió la Procuraduría.
Según la investigación «Las carpetas secretas», publicada el pasado primero de mayo por la revista Semana, integrantes del ejército espiaron entre febrero y diciembre de 2019 a por lo menos 130 personas, incluidos periodistas colombianos y extranjeros, políticos, defensores de derechos humanos e incluso a funcionarios del alto Gobierno.
Entre las víctimas de seguimientos están periodistas de medios estadounidenses, como Nick Casey, de The New York Times; Juan Forero, del Wall Street Journal; John Otis, corresponsal en América Latina para National Public Radio (NPR) e investigador del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), sigla en inglés), la fotoperiodista Lynsey Addario y el fotógrafo Stephen Ferry.
Los militares llamados a juicio están vinculados o hicieron parte de la Jefatura del Estado Mayor de Operaciones; los comandos de Apoyo de Combate de Inteligencia Militar y de Brigada No. 1 de Inteligencia Militar; y los batallones de Ciberinteligencia, Inteligencia Militar Estratégica No. 4 y de Contrainteligencia de Seguridad de la Información.
La Procuraduría los acusa de «recolección de información de carácter íntimo de ciudadanos nacionales y extranjeros», entre los que están «los aparentemente perfilados» y «otras personas con quienes aquellos tendrían afinidad o interacción».
Esto, detalló el organismo, va «en presunta contravía de los requisitos previstos en la Ley de Inteligencia y en una eventual afectación de los derechos fundamentales de personas, lo que fue calificado como una falta gravísima a título de dolo».
El Ministerio Público también reprochó que no hubiese ni vigilancia ni control «frente al aseguramiento de los fines y límites previstos en la Ley de Inteligencia, y de la verificación de los procedimientos y protocolos internos que aseguran la debida ejecución de la función de inteligencia».
Los investigados también tendrán que responder porque, según la Procuraduría, dispusieron al parecer de personal del Batallón de Contrainteligencia para realizar labores que «favorecerían a un funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)».
Entre las pruebas que hay en el expediente de este caso, agregó la información, hay «informes técnicos científicos elaborados por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría (DNIE), declaraciones de los comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército Nacional y la visita a la Inspección General del Comando General de las Fuerzas Militares».
A principios de mayo, la Fiscalía citó a interrogatorio al general en retiro Nicacio Martínez, comandante del ejército durante los meses en que se llevó a cabo la operación de seguimiento informático.
El Fiscal General, Francisco Barbosa, dijo entonces que los datos revelados por Semana, «que darían cuenta de otros ilícitos, serán incorporados a la investigación que adelanta la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia» por este caso.
Ante esta situación, el ejército entregó a la Fiscalía el pasado 11 de mayo información sobre el caso y manifestó su disposición «de colaboración» con el organismo para «contribuir en el esclarecimiento de los hechos y en la averiguación de las responsabilidades individuales».
