La información que Genaro García Luna posee y puede intercambiar por una pena menor, fue pagada con dinero público. Costó más de 2 mil 700 millones de pesos y benefició a 22 empresas de telecomunicaciones y tecnología. Ese fue el gasto por Adjudicación Directa que hizo el “súper policía”, con la anuencia del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, en el aparato tecnológico de la Plataforma México, el gigantesco juguete de inteligencia con el que espió a funcionarios, narcotraficantes y ciudadanos.

Ciudad de México, 18 de mayo (SinEmbargo).- La última carta que se guarda Genaro García Luna la pagaron los mexicanos. Sólo en la tecnología de la Plataforma México que sirvió para espiar a narcotraficantes, funcionarios y ciudadanos, se gastaron más de 2 mil 773 millones de pesos de dinero público entre 2008 y 2013.

Hoy, cuando el exsecretario de Seguridad Pública se encuentra preso en una cárcel de Brooklyn, Nueva York, por acusaciones relacionadas con narcotráfico, la información obtenida a través de ese aparato le puede servir para conseguir la reducción de condena si se apega al programa de testigos protegidos y logra una negociación.

Ese es el gasto en empresas de tecnología y telecomunicaciones para montar el aparato de la Plataforma México, el sofisticado sistema de inteligencia en línea en el que Genaro García Luna y Felipe Calderón Hinojosa se propusieron conjuntar información de las policías de los estados y municipios, así como de las fuerzas armadas, mientras se desplegaba en México la llamada guerra en contra del narcotráfico.

Se trata sólo de la inversión en tecnología pues el proyecto completo de la Plataforma México costó mucho más: 3 mil 365 millones 45 mil 486 pesos, entre la edificación, el mobiliario de oficina, así como las visitas de personajes y periodistas que eran organizadas mediante agencias de viajes. Todo ello benefició a 29 empresas y tres universidades (ver, más abajo, lista de empresas beneficiadas), de acuerdo con una localización de contratos realizada por SinEmbargo.

Entraña de la política de seguridad y base de la guerra en contra del narcotráfico, la Plataforma México fue creada por disposición del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Su planificación fue tan grande que implicó la modificación del reglamento interior de la Secretaría de Seguridad Pública. En lo físico también implicó un edificio inteligente de por lo menos tres pisos. De modo que Genaro García Luna dispuso de un predio de Avenida Constituyentes, colonia Belén de las Flores en la Delegación Álvaro Obregón de la Ciudad de México, que abarcó casi una cuadra.

Al mando del juguete cibernético, García Luna logró acumular información de inteligencia que al final, sólo quedó en sus manos. En los hechos, las bases de datos jamás fueron compartidas con los gobiernos estatales y tampoco con las fuerzas armadas. Poco a poco, la Plataforma México dejó de ser alimentada. Los Informes Policiales Homologados, reportes clave que debían suministrarla, se aminoraron cada vez más, consta en respuestas a solicitudes de información a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). En 2012, llegaron 104 mil y en 2015, 34 mil, una caída de 64 por ciento en dos años.

Luego, la fuga de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, el 11 de julio de 2015, del penal de máxima seguridad de El Altiplano, mediante un túnel que él mismo construyó, demostró el desperdicio de la Plataforma México. El instrumento de inteligencia de García Luna, heredado por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, no fue capaz de detectar que el narcotraficante dedicaba sus días en la ingeniería de un túnel que lo pondría fuera de la prisión.

Poco a poco, el Gobierno peñanietista dejó de invertir en la Plataforma México hasta que de buenas a primeras, su funcionamiento llegó a niveles mínimos.

En estos días, el proyecto que sirvió de búnker y centro de espionaje del Gobierno que le declaró la guerra a los grupos delincuenciales, se encuentra en ruinas.

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Si se siguen las afirmaciones del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, en realidad, la Plataforma México fue inútil. La inversión de miles de millones de pesos en inteligencia no alcanzó para que su Gobierno conociera “Rápido y Furioso”, la operación de acciones encubiertas mediante la cual, se enviaron desde Estados Unidos a México, unas dos mil 500 armas largas.

En su informe de septiembre de 2012, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que el operativo lo realizó la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y el armamento lo envió con el fin de que cayera en manos de narcotraficantes para luego, rastrearlas. El plan se inició en 2009 y concluyó en 2011.

Fue una operación fallida. Las armas no fueron localizadas y terminaron en destinos inciertos. Mientras, en México, los homicidios aumentaron en proporciones que superaron todas las tendencias. Algunos especialistas coinciden en que el incremento fue de 150 por ciento.

La mañana del 7 de mayo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se preguntó si Calderón Hinojosa sabía o no de esa apuesta que intentaba atrapar a miembros del crimen organizado mediante acciones encubiertas. El exmandatario reaccionó en su cuenta de Twitter con un hilo de mensajes. En dos de ellos, expuso: “La llamada operación “Rápido y Furioso” fue un operativo secreto, cuya implementación y resultados fueron revelados a agencias mexicanas en la medida en que fueron del conocimiento público resultados negativos no deseados por sus autores en el Departamento de Justicia.

En ningún momento, el contenido ni la implementación específica de dicha estrategia judicial americana fue un tema que fuese materia de conocimiento, discusión y menos de acuerdo entre oficinas presidenciales”.

AMLO le reviró al día siguiente que ordenó enviar una nota diplomática a Estados Unidos para conocer detalles del operativo. Y así lo hizo. El 12 de mayo, la Secretaría de Relaciones Exteriores le solicitó de manera formal a Estados Unidos que le proporcione la información disponible con respecto al operativo “Rápido y Furioso”, según informó el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón a través de un video.

 “Hay dudas fundadas con respecto a lo ocurrido, si en efecto, como apunta la evidencia descrita, el Gobierno de México conoció y autorizó el operativo, entonces estaríamos ante grandes violaciones a la Constitución política y leyes que de ella emanan, por parte de los que ocupaban los más altos cargos en nuestro país, puesto que habrían mentido al Congreso de la Unión y a la sociedad”, se indica en la nota diplomática, según dio a conocer Ebrard Casaubón.

El funcionario del Gobierno de AMLO presentó una posibilidad más calamitosa: “Si resultase verdad que no se conocía ni se autorizó el operativo en cuestión, entonces las autoridades de Estados Unidos habrían actuado en territorio nacional sin conocimiento del Gobierno”.

EL DINERO BENEFICIABA A LAS EMPRESAS

Una lista de 22 empresas y tres universidades resultaron favorecidas con la hechura del aparato con el que Genaro García Luna realizó espionaje profesional. La mayor, con seis contratos que sumaron mil 252 millones 883 mil 661 pesos, fue Teléfonos de México (Telmex) del empresario Carlos Slim Helú. De hecho, el contrato mayor– la migración de oficinas foráneas de la Policía Federal a la red de la Plataforma México en 2008- se lo llevó esta telefónica.

Telmex también instaló el núcleo central y la red privada, de la Plataforma México. En 2008, García Luna llamó a una de las subsidiarias de la telefónica -Consorcio Red Uno- y firmó otro contrato por 181 millones de pesos para “el fortalecimiento de la operación de los sistemas de la segunda fase”.

Dos de los contratos de Telmex fueron firmados en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando empezaba el declive de la Plataforma México. Uno fue para elaborar el núcleo central por 206 millones 631 mil 342 pesos y el otro para un centro de datos en Hermosillo, Sonora, por 48 millones 610 mil pesos.

Genaro García Luna y la familia Slim no sólo hicieron negocios. En 2010, cuando era Secretario de Seguridad Pública Federal, estuvo entre los invitados de la boda de Carlos Slim Domit y María Elena Torruco Garza, en la Iglesia de San Agustín, en Polanco, según las crónicas de periódicos y revistas de ese año. El “exsúper policía” aparece en esas páginas como socialité.

La segunda empresa tecnológica más beneficiada por el presupuesto de García Luna fue Hewlett Packard México con 309 millones 483 mil 810 pesos. De hecho, fue esta mega empresa estadounidense la que armó el centro de datos principal y la que proporcionó el software de la Plataforma México.

Fue también Hewlett Packard -a la que a la que entre 2011 y 2013 se le condonarían mil 520 millones de pesos en impuestos– la que proporcionó la infraestructura de cómputo para los Registros Nacionales de Seguridad Pública, así como el Registro Público Vehicular, que se elaboraron también en la Plataforma México, lo cual costó ocho millones 891 mil 852 pesos.

Otras empresas en tecnología que se llevaron contratos importantes fueron Tecnología en Sistemas de Apoyo, EMC Computer Systems México, GFR Telecomunicaciones y Origis Consulting.

Ahora, la construcción del edificio en el que se albergó la Plataforma México estuvo a cargo de Tradeco Infraestructura a la que el ex Secretario de Seguridad Pública le pagó 534 millones 698 mil 607 pesos por cinco contratos para la construcción, la albañilería, los acabados y las ingenierías necesarias.

Esta entidad fue la que acaparó las adjudicaciones de obra pública en el sexenio calderonista y pertenece al empresario Federico Alberto Martínez Urmeneta, hijo de Federico Martínes Salas quien fue Subdirector de Ingeniería y Obras Estratégicas en Pemex Exploración y Producción y después, Director corporativo de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos, durante el sexenio calderonista.

En cuanto a las sesiones de trabajo en torno al gigante que había construido -a las que asistieron algunas veces periodistas-, García Luna contrató a Inmobiliaria Hotelera de Toluca y le pagó 356 mil 40 pesos por la renta de salones. A Viajes Génesis, también por organización de visitantes, la contrató por 114 mil pesos.

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Genaro García Luna, de 51 años de edad, es el hombre que fue motejado como “súperpolicía”, el mismo que con tal de salirse con la suya, orquestó montajes televisivos como el de Florance Cassez (presunta secuestradora) en el sexenio de Vicente Fox Quesada cuando era Director de la Agencia Federal de Investigación y quien como Secretario de Seguridad Pública en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, hizo capturas selectivas del narco.

Su ser político fue el epicentro de la guerra en contra del crimen organizado, iniciada en diciembre de 2006 por el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa. Tras esa decisión, la violencia repuntó de manera exorbitante. Tras finalizar el sexenio, García Luna se fue de México y no hizo declaraciones públicas hasta que, después de cinco años, reapareció en un programa de Foro TV a propósito de la presentación de su libro Seguridad con Bienestar.

Aún en algunos anaqueles de las librerías de México, en ese libro, quien fuera el hombre fuerte en el combate al tráfico de drogas, critica que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se haya abandonado la Plataforma México. “Se dejó de invertir en equipo de cómputo, servidores, sistemas y licencias de software para la carga, resguardo, procesamiento y análisis de datos, voz e imagen de las bases de datos a nivel municipal, estatal y nacional, y se abandonaron los sistemas para las tareas de seguridad pública en todo el territorio nacional”, escribió el “exsúper policía”.

El 10 de diciembre fue detenido en la ciudad de Dallas, Texas, por autoridades de Estados Unidos, acusado de tres cargos de conspiración de tráfico de cocaína y uno más por hacer declaraciones falsas. Jesús “Rey” Zambada le habría entregado cinco millones de dólares en efectivo en la mano para que permitiera trabajar al Cártel de Sinaloa, según declaró en 2018 el mismo capo en cortes federales estadounidenses durante el juicio de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” Guzmán. García Luna lo negó y lo niega hasta ahora.

El 30 de marzo, la Fiscalía de Brooklyn negó la libertad bajo fianza al exsecretario de Seguridad. Su abogado alegó que su defendido podría adquirir COVID19; pero el juez consideró que la pandemia no es una razón suficiente para otorgarle el beneficio. Al contrario, se estimó que el riesgo de su probable fuga es mayor.

 Los fiscales señalaron que aunque hay un caso de COVID 19 en la cárcel federal de Brooklyn, García Luna tiene “acceso a agua caliente y jabón” y como lo hacen otros reclusos, puede aislarse y permanecer en su celda.

Aún le queda la carta de la negociación a cambio de información. Y fue en la Plataforma México, un proyecto pagado con recursos públicos, en la que el “exsúper policía” acumuló esa información.