Al menos 30 personas que transitaban las calles de Monclova, sin una de las seis justificaciones para no estar en casa, fueron detenidas y presentadas ante un Juez de control que los sancionó con una falta administrativa; la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que si una persona infectada con COVID-19 no cumple las medidas de sanidad para evitar diseminar el virus, puede ser acreedor a un proceso legal en su contra.
Por Lidiet Mexicano
Monclova, Coahuila, 15 de abril (Vanguardia).- Más de 30 ciudadanos monclovenses fueron llevados a las celdas de la Policía Municipal por haber salido de casa sin ninguna de las seis justificaciones que dio a conocer el Gobierno municipal este lunes, además por no portar cubrebocas al momento de desplazarse por la ciudad.
Desde temprana hora se colocaron filtros en diversos puntos de la ciudad, en participan donde elementos de la Guardia Nacional y Seguridad Pública.
Este lunes, el Municipio advirtió que la población podría salir a la calle a abastecerse de alimentos o medicamentos, a recibir asistencia médica a un hospital o centro de salud, a laborar (si su actividad es esencial), para retornar a su vivienda, para atender a personas vulnerables o para acudir al banco, sin embargo, estas personas no cumplieron con estos requisitos y fueron trasladados a los separos municipales.
Ahí permanecieron por un tiempo, mientras el Juez de control les anunciaba el motivo de su detención, se determinó como una falta administrativa.
Fuentes allegadas a la comandancia de Seguridad Pública, informaron que hasta las 19:00 horas -en el cambio de turno de los elementos- se contaba con más de 30 personas trasladadas a los separos, sin embargo, el operativo continúo en la capital del acero por lo que la cifra pudo ir en aumento.
También se dio a conocer que las personas que fueron detenidas por violar la cuarentena, recibieron un cubrebocas como medida de protección.
PENAS DE HASTA 1 AÑO: FGE
Si una persona estuviera infectada de COVID-19 y no guarda las debidas acciones para evitar diseminar el virus en la población, estaría cometiendo un delito y la Fiscalía General del Estado (FGE) podría abrir un proceso penal en su contra. Además el responsable podría pagar una penalidad de entre 3 a 12 meses de prisión.
Lo anterior lo dio a conocer el delegado de la FGE en la región centro, Rodrigo Chairez Zamora al destacarse que recientemente se establecieron acuerdos como las autoridades municipales como con el Subcomité de Salud en la región, donde se tiene un único objetivo en común: el salvaguardar la integridad de las personas, en este caso la vida.
“Desde luego hay derechos de las personas que debemos de respetar pero la vida está incluso por encima de la libertad de tránsito de las personas. Y entonces si una persona que pudiera estar infectada ya con un resultado de COVID-19 y no guarda las debidas precauciones y de alguna forma disemina el virus, está contemplado dentro de la normatividad estatal, a través del peligro de contagio, que se trata de un delito”, explicó.
