La atención residencial a los mayores se asienta en ese concepto: la concesión que privatiza el servicio público. Si en España hay unas 380 mil plazas y el 75 por ciento está en manos privadas, el dinero que las mantiene es mayoritariamente público. El 59 por ciento de todas esas plazas se financian con presupuestos, según el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) .
Madrid, España, 25 de marzo (eldiario.es).- La Fiscalía española está investigando las muertes de ancianos en residencias a causa del coronavirus, que no paran de sucederse desde que irrumpió la pandemia del COVID-19 en España.
Pero no es un caso aislado español. Una residencia de ancianos en el área de Seattle se convirtió en el brote de coronavirus de Estados Unidos más mortal hasta la fecha. Y en Italia, el país que más casos de contagios y de fallecimientos se está registrando de toda Europa, la Ue.Coop (Unión europea de las cooperativas) ha alertado del riesgo de muertes y contagios de los «mayores hospitalizados por falta de material de protección». Allí, como en España y Francia, la mayor parte de la red está en manos privadas, aunque dependa de los servicios públicos.
«Con más y más residencias de ancianos afectadas por el coronavirus, alertamos de que más de 300 mil personas mayores alojadas en siete mil establecimientos de norte a sur de Italia», afirma un análisis de Ue.Coop con datos del Ministerio del Interior en relación con la pandemia de coronavirus que está afectando en particular a los sectores más débiles de la población.
«Los muertos e infectados se multiplican en las residencias de ancianos, desde Medicina nel Bolognese hasta Barbariga y Quinzano en Bresciano, desde Merlara nel Padovano hasta Comeana, en la provincia de Prato», prosigue el comunicado de Ue.Coop: «Es necesario fortalecer las medidas de seguridad teniendo en cuenta que casi 1 de cada 3 personas mayores están ingresadas en el epicentro de la pandemia, entre Lombardía, Emilia Romagna y Veneto».
La entidad subraya «las dificultades para tener máscaras y ropa protectora para el personal . El brote en una residencia de ancianos puede convertirse en un drama para los abuelos ingresados, sus familiares y los mismos trabajadores que los cuidan todos los días» .
El Defensor del Pueblo de Italia se ha hecho eco de la llamada de alerta de Ue.Coop, y afirma en una nota difundida recientemente: » En estos días se multiplican las noticias de hogares de ancianos en los que se han producido contagios con numerosas víctimas entre los ingresados de edad avanzada. Solo por mencionar algunos datos significativos, se registraron 44 muertes en el hogar de ancianos Mombretto en Mediglia, lo que equivale a un tercio de los ingresados; se registraron 40 enfermos de 150 en el hogar de ancianos Fundación Cecilia Caccia, en Gandino, todos considerados potencialmente infectados; en el centro de Perledo hubo un brote con 32 personas positivas entre ancianos y trabajadores, y en Quinzano hubo 18 muertes entre sus pacientes».
Desde la nota del Defensor del Pueblo del 19 de marzo, los fallecimientos se siguen multiplicando en las residencias de ancianos. Por ejemplo, la de Mediglia, ha pasado de 44 a 52 fallecidos, según recoge Il Giorno.
Emilio Tanzi, director de Cremona Solidale, una residencia de 460 camas en la ciudad norteña de Cremona, explicaba a Reuters que las residencias de ancianos se encontraban en la primera línea de una crisis que afectaba predominantemente a los ancianos. Tanzi no dio cifras completas, pero dijo que sólo en un día hubo 18 muertes en su residencia de pacientes con dificultades respiratorias, síntomas asociados con el coronavirus.
Walter Montini, presidente de ARSAC, la asociación que agrupa a 30 hogares de ancianos en la provincia de Cremona, contaba a Reuters que en una pequeña residencia con 36 camas, se registraron 7 muertes en un día.
Y una enfermera citada por Reuters de un centro en un pequeño pueblo en el área de Cremona denunciaba que las residencias habían sido «abandonadas»: de 40 personas, 38 estaban en cama con fiebre alta, mientras que el personal de atención se veía obligado a trabajar sin la ropa protectora adecuada. Pero dado que los hospitales locales ya estaban desbordados, los traslados eran imposibles de organizar.
UNA VEINTENA DE MUERTES EN UNA RESIDENCIA FRANCESA
La residencia de ancianos Couarôge, en el departamento de los Vosgos, suma veinte muertes «posiblemente vinculadas» a la epidemia de coronavirus, explicaba Le Monde este lunes. El centro, en el municipio de Cornimont, acumula fallecimientos en los últimos diez días.
Desde el comienzo de la epidemia, el número de muertes dentro de este centro municipal que cuenta con 166 camas fue de 15 hasta el sábado, y ascendió a 20 este lunes. «Entre el 6 de febrero y el 3 de marzo, no tuvimos muertes», explica David Jeangeorges, periodista de Remiremontvallées, a Le Monde: «El domingo 22 de marzo, tuvimos una docena de muertes. Incluso en 2003, durante la ola de calor, no pasó, es increíble».
Los avisos sobre el deterioro de la asistencia a los mayores se habían acumulado antes. Pero el golpe que el coronavirus ha infligido a este colectivo vulnerable ha subrayado las carencias de un sector precarizado, saturado y privatizado en España.
La residencia de La Paz en Madrid fue uno de los primeros focos de COVID-19 en España. Lo mismo ocurrió en otro de los polos de infección en Vitoria donde una residencia ha padecido 11 muertes y una cincuentena de contagios. El domingo pasado, los trabajadores de la residencia Orpea Loreto en Madrid denunciaron que se ocultaban los fallecimientos en su centro. La plantilla de otra residencia en Albacete ha asegurado que ocho personas han muerto en 48 horas tras la entrada del virus.
El Gobierno ha publicado este martes una orden específica para reforzar el control y la información que las comunidades autónomas pueden ejercer sobre estos centros, en gran parte privados. La orden ha partido «a petición del vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias», ha explicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa tras el hallazgo de un cadáver en una residencia por parte de la Unidad Militar de Emergencias
En España, el sistema de residencias de mayores es insuficiente. Hay unas 380 mil plazas, según el recuento el Imserso, lo que hace que la media esté por debajo de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de 5 plazas por cada 100 habitantes de 65 o más años. Para cumplir, haría falta una inyección directa de 70.000 puestos. Este es un primer embudo que atenaza a la asistencia e ilustra que el sector no goza de prioridad.
Pero, además, las denuncias de profesionales y familias se han encaminado hacia la precarización de las plantillas y los recursos materiales. La Plataforma para la dignidad de las personas mayores (Pladigmare) ya reclamó en mayo pasado «mejorar el control y las dotaciones» de los centros tras iniciar la Fiscalía una investigación por el supuesto maltrato recibido por algunos internos en centros del grupo Los Nogales en Madrid.
Los testimonios de plantillas saturadas y escasez de equipos son un goteo constante desde hace tiempo. Y recorre muchas partes del país. En febrero de 2019, el sindicato UGT avisaba al Ejecutivo de Castilla-La Mancha de que «la falta de personal, las no sustituciones en casos de bajas médicas o ausencias, el incremento de usuarios, la mala organización y la penosa gestión de algunos centros está siendo la tónica general de este último periodo». Poco después, en agosto de ese año, fue CSIF el que denunció ante la Inspección de Trabajo que la carencia de personal en residencias de León impedía «cubrir las necesidades de los usuarios».
En junio del año pasado, los trabajadores de las residencias del grupo Domusvi en Galicia (29 centros en esa comunidad autónoma) denunciaron las condiciones de deterioro «tras años de precariedad y recorte». Aducían condiciones «cercanas al esclavismo» y «desatención a los mayores». La empresa contestó que su expediente era impecable y la Xunta de Galicia que investigaba el 100 por ciento de las quejas y que habían superado las inspecciones. Las quejas estaban apoyadas por algunas asociaciones de familiares.
Hace unos meses, en octubre de 2019, el sindicato de enfermería Satse expuso que los centros públicos de la Región de Murcia tenían una enfermera por cada 40 internos en las mañanas y para 62 en los turnos de tarde. También que los 11 centros eran deficitarios en médicos y auxiliares de enfermería.
En Asturias, CCOO habló de «inasumibles cargas de trabajo» ya en 2018 a pesar de que los gestores han mantenido que «se mantiene la ratio» de trabajadores por número de residentes (un valor que varía según cada normativa autonómica). El sindicato denunció, también en esta comunidad autónoma, la escasez de material como manoplas, grúas, baberos, toallas, lencería, «no sabemos si por falta de presupuesto o por falta de previsión».
Las malas condiciones de trabajo hacen que las profesionales sanitarias huyan de las residencias. «No se encuentran profesionales», resumen los sindicatos. SATSE calculó en septiembre pasado que, de media, cada enfermnera atiende a 109 internos. En algunas comunidades como Madrid, la cosa se eleva a 261, en Castilla y León a 225 y en Extremadura a 204.
CONCESIONES
En la Comunidad de Madrid, al caso de Los Nogales, se ha unido hace bien poco el de las residencias concertadas del grupo Aralia. Cuatro centros con 720 plazas y un contrato de 15 millones de euros públicos. La mala calidad del servicio ha hecho que la Consejería de Asuntos Sociales abriera un expediente con riesgo de perder la concesión.
La atención residencial a los mayores se asienta en ese concepto: la concesión que privatiza el servicio público. Si en España hay unas 380 mil plazas y el 75 por ciento está en manos privadas, el dinero que las mantiene es mayoritariamente público. El 59 por ciento de todas esas plazas se financian con presupuestos, según el Imserso.
«Este modelo de gestión dificulta la toma de decisiones y el control al haber un intermediario», reflexiona Ana González, secretaria de políticas sociales de CCOO en Madrid. Sin embargo, la Federación Empresarial de la Dependencia insiste en que el problema está en la financiación «claramente insuficiente en cuanto al precio/plaza».
En ese sentido, hace un par de años, el Gobierno de la Comunidad se encontró cómo varias empresas renunciaban a las plazas concertadas porque no les salían las cuentas tras los recálculos a la baja realizados por el Ejecutivo. «No vamos a concursar. No somos unas ONG», contaban los directivos para justificar su retirada.
Porque lo que si ha quedado claro estos últimos años es que existe una necesidad de este servicio, que, desatendido en cierta medida por las adminsitraciones públicas, han abierto una vía de negocio a la que han acudido grandes grupos y fondos de inversión.
Los cinco primeros grupos en España son DomusVi, Orpea, Amavir, Vitalia Home y Ballesol que han ido escalando en cuota de mercado, alcanzan ya el 25% y siguen avanzando. Además, la perspectiva de beneficios ha lanzado a toda una pléyade de fondos nacionales e internacionales para acaparar este servicio. Un boom de las residencias donde aparecen nombres como Oaktre, Adriano Care de Azora, Magnum, Thor Private Equity, Caboel, ICG o SRS.
«Esta situación de crisis nos pone de relieve las deficiencias de unos mecanismos de protección social que ya veníamos denunciando. Los recortes en el ámbito sanitario y un sistema de atención a la dependencia que ha sido un paradigma del mal hacer», resume Ana González.
