El 20 de enero de 2020 la Comisión Nacional del Agua emitió un boletín de prensa (disponible en la página electrónica del Gobierno de México), donde estableció específicamente sobre el agua en Mexicali y la instalación de la empresa cervecera Constellations Brands:

“Si bien no se ha emitido dictamen sobre la operación de la empresa Constellations Brands en Mexicali (decisión que en su momento deberá considerar aspectos técnicos adicionales), desde el punto de vista del balance hídrico de la región, existe la disponibilidad suficiente para asegurar el abastecimiento de la población actual y futura, en cantidad y calidad e iniciar la recuperación del acuífero mediante el intercambio de aguas superficiales y tratadas por subterráneas y la inversión en infraestructura para mejorar la eficiencia del sistema municipal y el Distrito de Riego. En este contexto, el abastecimiento de 5.8 Mm3 anuales de agua superficial a la empresa Constellation Brands no amenaza el balance hídrico en Mexicali y su valle. Por el contrario, podría llegar a representar una oportunidad para incrementar la inversión en el mejoramiento del uso del agua en el Valle, siempre y cuando los aspectos ambientales, sociales, económicos y políticos lleguen a subsanarse”.

Pero en la comunidad mexicalense en Baja California la bandera enarbolada para solicitar la clausura de la construcción de la cervecera y por ende el inicio de operaciones, fue siempre la falta de agua. Las cartulinas y mantas que mas lucieron en las manifestaciones eran aquellas determinando que una empresa, y además transnacional, llegaba a quitarle el agua a los residentes de la capital de Baja California.

Ni el Gobierno ni la cervecera socializaron en momento alguno el abastecimiento de agua al Estado y la garantía de no afectar con la producción de la cervecera, el suministro a la comunidad capitalina o a la bajacaliforniana.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien debiera ser el principal defensor de la inversión, 43 días después que la Conagua había declarado que la edificación y operación de la cervecera no afectaba el suministro de agua a Mexicali, que por el contrario este estaba asegurado además de la creación de empleos directos, anunció la elaboración de una de sus consultas populares para que fuesen los ciudadanos y nadie más quienes decidieran si continuaba o no la construcción.

Realizada el 21 y el 22 de marzo la consulta, el resultado fue a favor de la sociedad mexicalense que de manera sistemática desde 2017 se ha mostrado inconforme por la construcción de la cervecera y el agua que utilizaría para su producción. Era de esperarse que ese fuera el resultado.

Mientras el Gobierno federal como el estatal que encabeza Jaime Bonilla Valdez habían dado muestras de que la inversión de Constellations Brands seguiría adelante, y que no había de qué preocuparse por el resultado de la consulta, subestimaron una vez más a la sociedad organizada de Mexicali.

Y raro, eh, porque sabían, como muchos de nosotros, que desde 2017 el tema de agua se volvió prácticamente único entre los mexicalense. Lograron más con las manifestaciones por el agua en 2017 que en décadas que estuvieron manifestándose de manera infructuosa contra las excesivas tarifas de energía eléctrica, lucha que por cierto poco a poco han abandonado. No así la del agua.

Tal vez no recuerden, pero el fin de Francisco Vega de Lamadrid y su Gobierno plagado de corrupción fue cuando a finales del 2016, y en un albazo legislativo que tanto gusta a los gobiernos, incluidos los de Morena, aprobaron en el Congreso del estado la Ley del Agua, que entre otras cuestiones abría ciertos servicios a la inversión privada e incrementaba los costos.

En un momento álgido para el país, luego de los gasolinazos del Gobierno de Enrique Peña Nieto, los mexicalenses pasaron de tomar instalaciones de Pemex a manifestarse frente al Centro de Gobierno de Baja California. Más de 40 mil voces corearon el “fuera Kiko” al tiempo que le llamaban corrupto y le exigían dar marcha atrás en la privatización del agua. Lo lograron. Días después el entonces Gobernador panista reculó y llamó al Congreso a derogar la Ley que semanas atrás les había ordenado aprobar.

Y el fin de semana pasado lo lograron otra vez. 36 mil 781 personas acudieron a votar en la consulta del Presidente, a pesar de estar frente a una contingencia de salud y de las recomendaciones oficiales de mantener una cuarentena. La mayoría, 27 mil 973 mexicalenses, votaron por el “No estoy de acuerdo en que se termine de construir en Mexicali la planta de cerveza Constellations Brands, porque no quiero que se use el agua para este tipo de industrias”.

Efectivamente, el tema que planteó el Gobierno de la República en la Consulta no fue un desabasto de agua, sino que “no quieren que se utilice el agua para ese tipo de industria”, con lo que cerró la puerta a futuras inversiones en la materia en la capital de Baja California.

Ahora el Gobierno federal esta en la disyuntiva de cuál será la salida menos onerosa para las arcas públicas, especialmente cuando la compañía cervecera ha gastado en la construcción en Mexicali mil millones de dólares. ¿Se los regresarán? ¿Le conseguirán otro sitio donde instalarse? ¿Sonora? ¿Tabasco? Una comunidad donde la sociedad sí esté de acuerdo en que parte del agua se destine a la industria de la cerveza.

En Baja California el Gobierno de Jaime Bonilla no está menos afectado. El Gobernador apoyó públicamente la permanencia de la inversión de Constellations Brands, aun cuando dijo basar su razonamiento en que los estudios que realizó la Semarnat develaron que en Mexicali había suficiente agua, incluso para la operación de la cervecera. El resultado de la consulta fue además de un revés al Gobierno Federal, un golpe al incipiente y corto Gobierno de Jaime Bonilla Valdez. Las resistencias, como a Francisco Vega, le movieron no solo el tapete del populismo, sino el de la inversión.

El problema ahora es precisamente ese, ¿cuál empresa querrá invertir en Baja California cuando no existe la certeza de concluir un proyecto en el que se han invertido cientos de millones de dólares? O en cualquier otro wstado de la República mexicana, pues si las resistencias se unen, como en el caso de Mexicali, ganan cualquier consulta, así la quieran copetear desde el Gobierno.

Por ahí ya andan con otras salidas, que la empresa tiene un convenio para comprar agua a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, o que les ofrecerán comprar el agua que genere la desalinizadora que aun no se aprueba y por lo tanto no se construye en Baja California.

Pero, a capricho de la consulta del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la sociedad ya lo decidió: no quieren que se utilice el agua (de BC donde fue la consulta) en esa industria.

Ahora sí que por subestimar a la resistencia, o creer que no hay más resistencia que la que encabezó el hoy Presidente de la República, perdieron la inversión, y la certeza jurídica para las empresas.

Adela Navarro Bello

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