Por Beatriz Olivera*

A poco más de un año del inicio del Gobierno encabezado por Morena, el deseo de un cambio profundo para el país, que impulsó a millones de personas a votar por Andrés Manuel López Obrador, está lejos aún de materializarse. En particular, en lo que se refiere a los megaproyectos y proyectos extractivos en materia energética, minera y de infraestructura, los compromisos hechos en campaña y en los primeros días de Gobierno, están a años luz de la realidad, peor aún, los planes para incrementarlos se acentúan haciendo caso omiso de peticiones de pueblos y comunidades.

En materia energética, el Presidente Andrés Manuel enunció en reiteradas ocasiones y a través de su compromiso #75, que la peligrosa práctica del fracking, -técnica para extraer gas y petróleo-, estaría prohibida durante su sexenio. Nada más alejado de la realidad, hasta ahora el fracking se sigue realizando y las autoridades de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y Secretaría de Energía (Sener) no tienen intención de dejar de hacerlo mientras no exista una ley que materialice el compromiso hecho por el Presidente. El Poder Legislativo no es la excepción, hasta ahora se han presentado siete iniciativas de ley que buscan prohibir dicha práctica; sin embargo, ninguna se ha discutido siquiera en Comisiones. Diputados y senadores presentaron las iniciativas, pero carecen de estrategia para lograr su dictaminación; además, hay una orden del Ejecutivo de no tocar el tema energético en los tres primeros años del sexenio. Esto significa que el compromiso hecho hasta ahora ha sido sólo simulación.

En materia minera, también se lanzó el compromiso de no otorgar nuevas concesiones mineras, sin embargo, este compromiso es insuficiente a todas luces; ¿qué pasará con los proyectos actuales si tienen una concesión que los ampara hasta por 100 años? ¿Y cómo se revertirán los impactos socioambientales de las más de 25 mil concesiones mineras que existen en el país? Sin duda alguna, para que existan cambios profundos en el sector minero, es forzoso cambiar la ley minera que regula al sector.

Hasta ahora, existen ya varias iniciativas para modificar dicha ley en ámbitos menores, por ejemplo, para diciembre del año pasado, se habían presentado cuatro iniciativas para prohibir la actividad minera que se realiza al interior de áreas naturales protegidas. Sin embargo, a la fecha ninguna ha sido discutida, por el contrario, dos de ellas fueron detenidas previo a dictaminarse favorablemente en la Comisión de Medio Ambiente del Senado. En esta materia, el panorama se complica más, los rumores desde el congreso señalan que la industria y algunos representantes de Gobierno han iniciado un cabildeo amplio para impedir que exista modificación alguna que pueda impactar al sector minero. Cambiar las reglas para transformar al sector minero y equilibrar la balanza en favor de los derechos de los pueblos y del medio ambiente, es una carrera cuesta arriba.

Pero más allá de esto, ¿porqué es tan importante hablar de extractivismo en tiempos de la 4T? Por varias razones, el Gobierno morenista nos prometió un país más justo, donde fueran primero los pobres, en el cual se quitaran privilegios a unos cuantos, donde hubiera igualdad para todas y todos, un país donde se respetaran derechos y primara la justicia. Pero en materia extractiva, particularmente en materia minera los privilegios que tienen las empresas son descarados; la ley minera inclina la balanza en su favor al otorgarles el derecho de usar el agua y el territorio por encima de la voluntad de los pueblos, además pueden usar en sus procesos sustancias como el cianuro o mercurio cuyo uso está restringido en otros lugares del mundo por sus peligrosos impactos a la salud humana y al medio ambiente. Esta actividad lo mismo se realiza en zonas arqueológicas (proyecto cerro del Jumil, en Xochicalco), en áreas naturales protegidas (proyectos mineros en la zona de la mariposa monarca en Michoacán) o en el corazón de un pueblo (como en Salaverna, en Mazapil Zacatecas) e incluso de manera más reciente, se intenta hacer en el fondo del mar (Proyectos Don Diego en Baja California). Es una actividad que no conoce límites.

Si hablamos de fracking, el panorama no es mejor, se está usando una técnica peligrosa, prohibida en otros países por la severidad de sus impactos ambientales y a la salud humana al amparo de los compromisos que ha adquirido el Gobierno mexicano para incrementar la producción petrolera y gasífera del país.

Por ello, hablar de extractivismo en México, implica hablar de violaciones a derechos humanos, económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, la situación de ataques, intimidación y hostigamiento hacia personas defensoras del territorio es dramática y no está siendo atendida por el Gobierno mexicano. El más reciente informe de la organización Global Witness revela que a nivel mundial 164 personas defensoras fueron asesinadas en 2018; un promedio de más de tres asesinatos por semana. La minería fue el sector más mortal, causando 43 muertes confirmadas. El 2018 también registró un aumento en los asesinatos relacionados con la defensa de las fuentes de agua a nivel mundial. Entre los presuntos autores se encuentran la seguridad privada de las empresas, las fuerzas estatales y los asesinos a sueldo, que a veces trabajan en coalición.

Finalmente, hablar de extractivismo también implica hablar de patriarcado y de las enormes brechas que existen aún para lograr la equidad entre mujeres y hombres. En el país, las diferencias de género son notables y existen pocos mecanismos para que las mujeres puedan tener acceso a la tierra. Sin embargo, en algunas comunidades que se han opuesto al avance de la minería y de megaproyectos, las decisiones en torno a la tierra son tomadas por los hombres, no sólo porque son mayoritariamente los propietarios de esta, -apenas un 8 por ciento de las mujeres rurales son dueñas de la tierra-, sino también porque el machismo sigue siendo una constante arraigada. Pese a ello, en estas comunidades las mujeres han jugado un papel clave en la organización de la defensa del territorio.

La cuarta transformación debiera ser eso, una transformación que implique cambios profundos en la política energética, económica y social del país, que reste poder a las élites, en particular, de los sectores minero y energético, que garantice la participación de las mujeres, que ponga fin a la violencia contra personas defensoras del territorio y que respete las decisiones de pueblos y comunidades que se oponen a megaproyectos.

* Beatriz Olivera es investigadora en el programa de Tierra y Territorio de Fundar

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Centro de Análisis e Investigación, para la capacitación, difusión y acción en torno a la democracia en México.

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