Víctor Andrade Martínez, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación, ha «obstaculizado» las denuncias presentadas ante la entonces Procuraduría General de la República, relacionadas con el desvío de recursos públicos entre la Sedatu, Sedesol y universidades públicas, expuso la ex Auditora Muna Buchahin.
Ciudad de México, 11 de marzo (SinEmbargo).– Virgilio Andrade Martínez, ex Secretario de la Función Pública y amigo del ex Secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso, exoneró al ex Presidente Enrique Peña Nieto de presunto conflicto de interés entorno a la «casa blanca». Víctor Manuel Andrade Martínez, su hermano, despacha desde 2009 en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), encargada de dar seguimiento a las denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por las irregularidades detectadas.
Desde el 11 de diciembre de 2012 hasta el 20 de febrero de 2020, el órgano fiscalizador ha presentado 825 denuncias penales derivadas de auditorías desde la Cuenta Pública 2011 a la de 2018, periodo que abarca el último tramo del Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y la administración pasada. Son principalmente contra la Secretaría de Agricultura (entonces Sagarpa), Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), entre otras Secretarías de Estado, gobiernos estatales y municipales, de las cuales solo cinco han terminado en alguna sanción, de acuerdo con la ASF.
«[Víctor Andrade] tiene un uso indebido del ejercicio de sus funciones públicas, por la falta de cuidado en la atención a las denuncias que se hicieron y que se negaba a presentar aún cuando se le habían dado las evidencias del desvío o el peculado, por no darle el seguimiento adecuado ante las instancias pidiendo que se impulsara la acción procesal. Argumentaba que había que dar tiempo para que se solventaran cuando eran insolventables. El no hacer nada también es corrupción», dijo la ex directora de las Auditorías Forenses, Muna Dora Buchahin Abulhosn, despedida en mayo de 2018 mientras se auditaban irregularidades por 7 mil 700 millones de pesos que involucraban a funcionarios de Sedesol, Sedatu y las universidades estatales públicas.
«Él mismo mandó dictámenes donde no eran procedentes auditorías que yo había dejado programadas sobre la Estafa Maestra, donde estaban confirmados los desvíos de recursos. También estuvo en muchos casos negando y obstaculizando que se citara a la titular de la Secretaría [Rosario Robles], y de repente salieron los informes de auditoría sin los nombres. Él permitió eso siendo abogado y representante de una Unidad Jurídica de una institución que se suponía autónoma, ética y cuidadosa de su actuación técnica», expuso. «Encubrió a todos los que podía».
Si las entidades públicas no reintegran los recursos públicos observados o no aportan la documentación comprobatoria, la Auditoría está dotada de suponer que ha habido un daño al erario público federal, promover la aplicación de sanciones administrativas a los funcionarios públicos y de presentar denuncias penales de encontrarse evidencia de conductas dolosas o que permitan la presunción de un delito.
«No tengo ni la menor idea de qué hace ahí, pero pienso que forma parte del coto de poder que existe ahí, del sistema viejo de complicidad; deben tener deudas pendientes, pagan y cobran favores, y entre ellos se cubren porque no entendería que un abogado que debiera actuar enérgicamente permitiera todo lo que ha sucedido. A lo mejor piensan que se van a quedar eternamente y no saben que la justicia se aplica. Esperamos en un futuro tengan que rendir cuentas sobre sus omisiones», afirmó.
Virgilio Andrade Palacios, padre del ex Secretario y del Auditor, «defendió al líder petrolero Carlos Romero Deschamps en el escándalo de desvío de recursos de Petróleos Mexicanos al PRI. También es asesor de Ana Paula Gérard, hoy esposa de Carlos Salinas de Gortari», publicó SinEmbargo en febrero de 2015.
«[Víctor Andrade] era cercano al anterior partido porque el hermano [ex Secretario de Función Pública Virgilio Andrade] llegaba a la Auditoría y luego él iba a verlo a la Función Pública. Vaya conflicto de interés, cómo era posible que vieran las cosas entre ellos», aseguró Buchahin, con experiencia de 13 años en labores de auditoría.
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La ex Auditora recriminó que la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados es la responsable de vigilar la actuación de la Auditoría Superior de la Federación, pero no se ha pronunciado sobre las denuncias de los actos dentro del órgano fiscalizador.
«Están siendo cómplices», afirmó sobre la Comisión titulada por el Diputado Mario Rodríguez Carrillo.
Tras ser despedida en mayo de 2018, reveló que de las ocho auditorías forenses en curso había dos denuncias contra Sedatu por desvíos por 275.2 millones de pesos.
«Llama la atención el dictamen emitido por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF en sentido negativo, sin haberse acercado a esta dirección general –área técnica responsable de los hallazgos y de la ejecución de las auditorías– a pesar de los graves antecedentes que son de conocimiento público, revelados en los informes de auditorías de 2012, detallándose el modus operandi, los probables responsables, los montos desviados y el grave daño social ocasionado bajo esquemas de corrupción y simulación», escribió en una carta del 30 de mayo de 2018 al Auditor David Colmenares.
«Los montos alcanzan los 7 mil 700 millones de pesos e involucran a funcionarios de Sedesol, Sedatu, las universidades y terceros presuntos proveedores implicados en la articulación de estas redes de empresas fachada. Por su trascendencia e importancia, las denuncias se hicieron del conocimiento superior y fueron enviadas a la UAJ desde el 14 de marzo pasado [2018] para su inmediato trámite y atención, a fin de evitar dilaciones», agregó.
Durante el sexenio de Peña Nieto los titulares de la entonces Sagarpa fueron Enrique Martínez y Martínez (diciembre 2012- agosto 2015), José Eduardo Calzada Rovirosa (agosto 2015-marzo 2018) y Baltazar Hinojosa Ochoa (abril 2018-noviembre 2018).
La Sedatu estuvo dirigida por Jorge Carlos Ramírez Marín (enero 2013-febrero 2015), Jesús Murillo Karam (febrero 2015-agosto 2015), Rosario Robles Berlanga (agosto 2015-noviembre 2018), detenida desde agosto de 2019 en el Reclusorio Sur por su presunta participación en la denominada Estafa Maestra.
Y la Sedesol fue titulada por Rosario Robles (diciembre 2012-agosto 2015), José Antonio Meade Kuribreña (agosto 2015-septiembre 2016), Luis Miranda Nava (septiembre 2016-enero 2018), Eviel Pérez Magaña (enero 2018-noviembre 2018).
LOS DESPIDOS EN LA ASF
En mayo de 2018, dos meses después de que David Colmenares Páramo tomó la dirección de la Auditoría Superior de la Federación (2018-20126), Muna Dora Buchahin, titular de la Dirección General de Auditoría Forense; Salim A. Orci Magaña, titular de la Unidad de Gasto Federalizado, y Javier Peréz Savedra, de Cumplimiento Financiero, fueron despedidos.
A través de cuatro comunicados la Auditoría argumentó que fue por la innovación de un equipo fiscalizador, y para que los funcionarios de la ASF no tengan “negocios” relacionados con las actividades que desempeñan, pero, aclaró, ninguna revisión se vería afectada.
Desde la percepción del ex Auditor Juan Manuel Portal Martínez (2009-2017) su sucesor estaba «desmantelando» al órgano y, evocó, en 2013 lo despidió “debido al incumplimiento de sus responsabilidades y al retraso en el trabajo que se llevaba en el área a su cargo”.
El viernes 1 de junio de 2018, el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero, Gerardo Lozano Dubernard, quien tomó el cargo el 21 de mayo en sustitución de Pérez Savedra, escribió en una carta que durante la gestión anterior la ASF contrató a la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, que la ex auditora Muna Dora Buchahin encabeza, para prestar servicios de capacitación.
La ex auditora rechazó conflicto de interés por tratarse de una academia y aseguró que fue despedida porque resultó “incómoda” con su trabajo de auditoría sobre desvíos millonarios de recursos públicos.
