Estrategias impulsadas por la Secretaría de Educación Pública para garantizar la seguridad de niñas y niños en las escuelas durante los últimos años han sido criticadas por organizaciones civiles porque se implementan sin consultar a estudiantes y violan derechos como el de la privacidad.
Ciudad de México, 7 de marzo (SinEmbargo).– El feminicidio de la niña Fátima, quien fue raptada al salir de su escuela en la Alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México, motivó un debate sobre las estrategias y filtros de seguridad en las escuelas de educación básica de todo el país. Ante los reclamos, la Jefa del Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, propuso que policías trasladen a las y los menores de edad a ministerios públicos para esperar que su familia los recoja después de clases, lo que fue criticado por organizaciones civiles y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) porque viola los derechos de niñas y niños. Sin embargo, esta no es la primera vez que los programas para cuidar a la niñez en centros educativos de todo el país son cuestionados. Defensores de la infancia apuntan a que las deficiencias de ellos se deben a la falta de voluntad política por atender y escuchar las necesidades particulares de las y los menores de edad.
Para la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), conformada por 75 organizaciones civiles de todo el país, las medidas creadas para mantener la seguridad en las escuelas fallan porque “están basadas en una relación vertical de poder, por lo que no consideran la opinión de la niñez ni la ven como ciudadanos con derechos”, apuntó en entrevista con SinEmbargo el director ejecutivo de la coalición, Juan Martín Pérez García.
Nancy Ramírez, directora de incidencia política de la organización Save The Children en México, denunció que durante años los programas impulsados por las autoridades educativas sólo han buscado mitigar en las aulas los efectos de la violencia que se vive en el país, pero sin atender los problemas estructurales que llevan a las niñas y niños a replicarla. «Desafortunadamente al trabajo de lo estructural y cambios que puedan llevar más tiempo ningún Gobierno estatal o federal le ha querido entrar porque no les reditúa políticamente, es esencial que haya voluntad política y tendremos resultados a mediano y largo plazo», dijo a este diario digital.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) impulsó desde 2007, con el Programa Escuela Segura, protocolos para proteger a la niñez que han sido calificados como mitigantes de los contextos violentos del país. Entre ellos se encuentra el de Mochila Segura, cuestionado incluso por personas expertas de otros países, también se impulsaron estrategias para proteger a la niñez en caso de enfrentamientos armados y homicidios dentro y fuera de las escuelas.
La Redim y Save The Children lamentaron que pese a las críticas las autoridades federales, estatales y educativas actuales sigan replicando estrategias que violan los derechos de las niñas y niños en sus escuelas, como la anunciada por la mandataria Claudia Sheinbaum, y otras que sólo buscan mitigar las emergencias. A ello se suma el desconocimiento de los protocolos vigentes por parte de personal académico.
SinEmbargo realizó un recuento de las medidas promovidas por la SEP y gobiernos estatales durante los últimos tres sexenios para brindar seguridad en planteles escolares, varias de ellas violan los derechos de niñas y niños e ignoran las necesidades particulares de las personas docentes, de acuerdo con organizaciones civiles.
PROPUESTAS DE SHEINBAUM
La propuesta más reciente para proteger a las y los alumnos de escuelas primarias la hizo la mandataria Claudia Sheinbaum luego de la indignación que provocó entre la ciudadanía el feminicidio de Fátima, de 7 años, pues una conocida de la familia se la llevó al salir de la escuela sin que profesores lo impidieran. Por ello, la semana pasada la Jefa de Gobierno y el titular de la Autoridad Educativa Federal en la ciudad, Luis Humberto Fernández, anunciaron como medida tentativa que si familiares tardan más de 20 minutos en recoger a sus hijos en la escuela el director pueda llamar a la policía y pedir que el o la niña sean llevados en una patrulla al Ministerio Público más cercano donde esperarán a que lleguen por él.
“Es absurdo, no es sostenible pensar que los niños van a ser llevados en patrullas con policías armados, que no están capacitados para interactuar con niños, o que serán llevados a un Ministerio Público cuando no han cometido ningún delito, ni son víctimas de alguno. Hacerlo implica violaciones graves a sus derechos”, opinó el defensor de los derechos de la infancia Juan Martín Pérez.
Lo medida modificaría a la que a actualmente está vigente en la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Inicial, Básica, Especial y para Adultos de Escuelas Públicas en la Ciudad de México 2018-2019 de la SEP, donde se indica que si familiares no recogen a tiempo a los menores de edad estos deben ser llevados a la Agencia 59 del Ministerio Público, en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención a niños, niñas y adolescentes, dentro de la sede central de la Fiscalía General de Justicia local (FGJ-CdMx), en la Alcaldía Cuauhtémoc.
«[El Gobierno capitalino] tomaría esa medida para tratar de mitigar un contexto sumamente violento, pero lo que en realidad tendría que hacer es atender el fondo de, por ejemplo, porqué las mamás y papás no pueden llegar a tiempo a las escuelas por sus hijas e hijos, cuestionar cuáles son sus condiciones laborales y otras complicaciones de la ciudad como el mal transporte público o el tráfico. Hay muchas cosas que si no se reflexionan difícilmente se podrán cambiar cuestiones estructurales que ponen en riesgo a la niñez», señaló Nancy Ramírez.
La CNDH también se pronunció en contra al pedir este miércoles a los tres niveles de Gobierno que establezcan en la normativa de las escuelas que las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes sean las autoridades de primer contacto con las y los alumnos cuando familiares o tutores no lleguen a tiempo y así evitar su traslado a las procuradurías o fiscalías de justicia o ante las policías municipales o estatales.
En un comunicado, detalló que el objetivo de esta medida es “prevenir que las personas menores de edad sufran revictimización debido a la carencia, en muchos casos, de protocolos y de personal especializado en materia de niñez y adolescencia en las policías, fiscalías y procuradurías de justicia».
Sheinbaum Pardo también anunció que la FGJ-CdMx y la SEP trabajan para que la Alerta Amber pueda activarse directamente con la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas sin la necesidad de que familiares presenten primero una denuncia penal en caso de desaparición, esto luego de que la familia de Fátima criticara el retraso de las autoridades para activar la medida.
Para Redim, la aplicación de la medida implicaría problemas legales.»La SEP no tiene competencias legales para poder emitir la Alerta Amber, eso solo le corresponde a las fiscalías, puede ser que sea solo un acuerdo, un convenio, pero para poder emitir la Alerta la Fiscalía de la ciudad necesita que la persona que la tramite acredite su vínculo legal con el niño y la niña, y un maestro o maestra o directivos no tienen un vínculo de guardia y custodia con las y los alumnos; lo único que pueden hacer es reportar la desaparición a la Procuraduría de Protección de la Niñez», precisó Martínez Pérez.
El director de Redim consideró que las medidas planteadas por el Gobierno de la Ciudad de México responden más a presiones mediáticas y de la opinión pública que a una discusión profunda con especialistas en la niñez, padres y madres de familia, así como con estudiantes para enfocarse en resolver sus necesidades.
MOCHILA SEGURA
El piloto de Mochila Segura se puso en práctica en 2001, en una secundaria de Iztapalapa, en la Ciudad de México. Seis años después, con Felipe Calderón como Presidente, se instauró como programa público y la SEP comenzó a contar con recursos para aplicarlo.
El programa consiste en revisar lo que portan entre sus útiles las y los estudiantes para evitar que ingresen a las escuelas con armas o sustancias ilícitas. Nancy Ramírez y Juan Martín Pérez coincidieron en que viola el derecho a la intimidad de niñas y niños.
«Al tratarlos con desconfianza causas que sientan enojo e ira porque están siendo considerados como presuntos criminales. La niñez mexicana vive en un contexto muy violento donde generalmente se le discrimina, ellas y ellos no son reconocidos como personas sujetas de derecho y todavía tienen llegar a las escuelas, que deberían ser espacios seguros, para que se violente su intimidad», expuso Nancy Ramírez.
Organismos como la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México ya se han pronunciado en contra de Mochila Segura, por ello emitió la Recomendación 48/2019. Jorge Cardona, académico de la Universidad de Valencia y ex integrante del Comité sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, opinó hace un mes en un conversatorio organizado por Redim que los esfuerzos del Gobierno mexicano mejor deberían centrarse en investigar las causas que llevan a la niñez a usar armas para atentar contra sus compañeros.
«La solución no está en revisar lo que las niñas y niños están llevando a las escuelas, es poner atención a lo que están atravesando, hay que escucharles, atenderles», señaló la directora de incidencia política de Save The Children.
El director ejecutivo de Redim abundó que el programa es discriminatorio «porque se refiere sólo a niñas y niños, pero no se aplica a los maestros, padres de familia o a personal administrativo».
El debate sobre reforzar el programa incrementó en enero de este año tras el ataque armado de un niño en una primaria de Torreón, Coahuila, contra sus compañeros, ello llevó a que escuelas de la entidad utilizarán hasta perros entrenados por la policía para revisar las mochilas de alumnos.
OTRAS ESTRATEGIAS DE LA SEP
Un reclamo de la ciudadanía al conocer del feminicidio de Fátima fue que las escuelas tienen pocos filtros para entregar a las niñas y niños a adultos al salir de la escuela. Para evitar una situación de ese tipo, existen guías escolares en las que se propone que estancias infantiles y preescolares pidan a los tutores presentar credenciales emitidas por las escuelas que los identifiquen como personas confiables para llevarse a los niños.
Sin embargo, Juan Martín Pérez García explicó que esa medida difícilmente podría aplicarse en todas las primarias públicas del país porque son varias las niñas y niños que por sus diferentes contexto ya regresan solos a sus casas.
«Aunque suene bien esa medida hay un problema de logística y el comparativo son las escuelas particulares que sí siguen ese procedimiento, pero tienen personal especialmente dedicado para el ingreso y la salida. En cambio, en las escuelas públicas son los propios maestros quienes se encargarían de eso, lo que les sumaría un exceso de trabajo», señaló el defensor.
Por su parte, Nancy Ramírez enfatizó que antes de impulsar una medida de ese tipo es necesario que se realicen diagnósticos sobre las cargas de trabajo de las y los docentes, «pues no sólo deben capacitarse en términos de los contenidos educativos que imparten, también lo hacen en temas de protección civil o deben participar en actividades extracurriculares, a eso se suma que por los bajos sueldos suelen tener dos empleos; es decir, tienen cargas de trabajo que con frecuencia quedan invisibilizadas», explicó.
La integrante de Save the Children México señaló que una vez identificados esos puntos se podría definir a los actores del entorno escolar que podrían encargarse de cuidar a las niñas y niños a la hora de la salida o determinar si se requiere contratar a más personal.
Por ello, Pérez García llamó a pensar en que una solución podría ser que las escuelas promuevan la participación de la propia comunidad impulsando las redes de solidaridad que se crean entre familiares de estudiantes para que si algún papá o mamá no puede ir por sus hijos, otro lo haga o esperen en grupos a que lleguen.
Otros hechos de riesgo para los que la SEP ha creado manuales de seguridad son los rumores de enfrentamientos armados en el entorno escolar o qué hacer en caso de que un homicidio se cometa dentro o fuera del plantel. Para ambos casos propone mantener comunicados a los padres de familia sobre lo que pasa y cómo están sus hijos, no alertar a los estudiantes y realizar actividades que permitan enfocarse en temas distintos al hecho violento.
Con el Programa Escuela Segura la SEP también pidió a las escuelas crear planes de acción ante la presencia de armas, el riesgo de encontrar explosivos dentro de los recintos educativos, así como el uso de drogas.
La especialista en derechos de la infancia Nancy Ramírez consideró que dichas acciones sólo funcionan para responder pronto a la violencia, pero ante el contexto de violencia que se vive en muchas zonas del país las autoridades estatales y federales «tendrían que trabajar en medias mitigantes y en paralelo trabajar en lo estructural, en los efectos particulares de la violencia en niñas y niños».
Lamentó que actualmente la SEP continúa atendiendo los tipos de violencia que enfrenta la niñez en el ámbito escolar de una forma superficial. En enero pasado el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, informó a medios que los 32 secretarios educativos del país fueron consultados en el último Consejo Nacional de Autoridades Educativas y realizaron el borrador de un documento que establezca la normativa para garantizar la seguridad de estudiantes en los planteles educativos y que definirá las normas que se aplicarán a nivel nacional.
Nancy Ramírez resaltó que no basta con crear un protocolo base sobre situaciones de riesgo, sino que cada escuela tiene que aterrizar sus protocolos a planes de acción y programas que respondan a las necesidades de los distintos contextos que viven. «Ahí la SEP no debe abandonar a las y los profesores porque no se trata sólo de crear protocolos, estos deben difundirse y aplicarse», dijo.
Tanto Save the Children como la Redim reiteraron la urgencia de que la infancia sea tomada en cuenta por los gobiernos estatales como por el federal, pues recordaron que de los 25 programas prioritarios impulsados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador ninguno se enfoca en dicho sector de la población.
