Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible –firmados por México en 2015– plantean como metas de diez años el fin de pobreza y hambre, salud y educación de calidad, equidad de género, acceso al agua y energía no contaminante, trabajo digno, paz y justicia, entre otras. No obstante, la Auditoría Superior de la Federación detectó que la Presidencia del priista Enrique Peña Nieto no estableció acciones para impulsarlas a niveles nacional, estatal ni municipal.
Ciudad de México, 22 de febrero (SinEmbargo).– En su carácter de Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Oficina de la Presidencia de la República de Enrique Peña Nieto no formuló propuestas de políticas y acciones para impulsar el logro de los 17 objetivos de carácter económico, social y medioambiental firmados desde 2015 ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), expone la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la tercera entrega de la Cuenta Pública 2018.
«Puso en riesgo el cumplimiento del acuerdo internacional y comprometió la consolidación de México como una nación sustentable, en sus tres dimensiones económica, social y ambientalmente», concluyó el órgano fiscalizador.
El 26 de abril de 2017, el entonces Presidente Peña Nieto estableció el Consejo Nacional como una instancia de vinculación del Ejecutivo Federal con los gobiernos locales, el sector privado, la sociedad civil y la academia, integrado por el gabinete federal y encabezado por el Presidente de la República.
«Adoptamos esta medición para realmente ser más precisos en cuanto a las condiciones en las que deseamos viva nuestra sociedad y que no solo sea una medición a través del ingreso, sino de varios aspectos que generen condiciones de bienestar para nuestra sociedad: la igualdad de género, los derechos de los migrantes y la conservación de la biodiversidad», dijo en Palacio Nacional. «Este Consejo nos permitirá definir la ruta para incorporar diferentes visiones en favor de una causa común: sentar las bases del futuro al que aspiramos».
Sin embargo, el órgano autónomo luego de fiscalizar la implementación de los 17 objetivos detectó que Presidencia no definió las metas nacionales prioritarias que darán atención a los objetivos y careció de acciones de promoción sobre la incorporación de los objetivos de la Agenda 2030 en las políticas estatales y municipales.
«En relación con la incorporación de los ODS en los Planes Estatales de Desarrollo (PED) municipales, el 56.3 por ciento (18) de los estados alinearon su PED a los objetivos de la Agenda 2030, el 18.8 por ciento (6) no presentó alineación, pero hizo referencia a la Agenda 2030 y el 25.0 por ciento (8) no presentó alineación o referencia alguna. Respecto de los gobiernos municipales, no acreditó la promoción y coordinación para la incorporación de los objetivos de la Agenda 2030 en las políticas municipales, ni fungir como una instancia de vinculación con los mismos», dice el dictamen concluido en diciembre pasado.
Además, la Presidencia encabezada por Peña Nieto no acreditó qué actividades de coordinación realizó el Consejo Nacional con los gobiernos municipales para promover la creación e instalación de consejos municipales, ni la participación activa en las políticas y en el proceso de toma de decisiones con representantes de la sociedad civil, la academia y el sector privado.
Tampoco dio seguimiento a los acuerdos aprobados en los Comités de Trabajo; no informó sobre el seguimiento del progreso en el cumplimiento de los ODS, ni del avance de las metas y los indicadores establecidos en la Agenda 2030.
Ante ello, la Auditoría Superior de la Federación recomienda al actual Gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador que la Oficina de la Presidencia de la República proponga al seno del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible una política de Estado que integre el marco normativo, programático y presupuestal, a fin de lograr la implementación de los 17 objetivos en nuestro país.
Ante la falta de acción de la administración pública anterior, pide que promueva la formulación y adopción de estrategias, políticas y acciones necesarias para impulsar el logro en el cumplimiento de los objetivos de la agenda; que elabore un diagnóstico que le permita determinar las necesidades de reformas al orden jurídico por cada ODS; establezca las metas nacionales prioritarias definitivas; y promueva la incorporación de los objetivos en los planes de desarrollo y políticas estatales y municipales, representantes de la sociedad civil, la academia y el sector privado.
