La sentencia en favor de un juez de barandilla de Iguala apuntala la demanda en la que han insistido los padres de los normalistas desaparecidos, dice el vocero Felipe de la Cruz.
Por Zacarías Cervantes
Chilpancingo, Guerrero, 19 de febrero (ElSur).- El Estado mexicano tendrá que enderezar las investigaciones del caso Iguala y responder por ello, si se confirma jurídicamente que el Ejército y la Policía Federal (PF) participaron en los ataques y en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, como lo resolvió en una sentencia una Corte del estado de Arizona, Estados Unidos, en el contexto de la sentencia que emitió para otorgar asilo político al juez de barandilla que fue testigo de la Noche de Iguala, declaró el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.
En tanto, el vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Felipe de la Cruz dijo que la conclusión que da la jueza Molly S. Frazer de la Corte Migratoria de Florence, Arizona, Estados Unidos, de que el Ejército y policías federales participaron y estuvieron en los ataques y la desaparición de los estudiantes apuntala su exigencia de investigar a las corporaciones.
El abogado dijo que esta sentencia sólo vino a confirmar lo que ya se venían señalando en cuanto a la participación del Ejército y la Policía Federal en el caso, pero que ahora con esto retoma con más fuerza la hipótesis.
De acuerdo con esta sentencia, José Ulises Bernabé García, quien era juez de barandilla en la base de la Policía Municipal de Iguala la noche de 26 de septiembre, alega que los 43 estudiantes nunca fueron llevados a la base que fue visitada por miembros del Ejército mexicano, además de la policía y oficiales del Estado mexicano.
Derivado de ello la Corte de Arizona resolvió que “es mucho más plausible” que el Gobierno federal sea responsable de este crimen que la Policía Municipal que no tiene influencia política ni recursos para perpetrarlo.
Rosales Sierra declaró que esta es una hipótesis que ya se tenía. Agregó que la propia Fiscalía General de la República tiene entre sus líneas de investigación al Ejército mexicano y la Policía Federal.
“No es algo nuevo o que se esté descubriendo el hilo negro”, dijo, sin embargo reconoció que se trata de elementos que fortalecen la investigación “y esa línea de investigación de que la Policía Municipal es una corporación limitada, pequeña que por sí sola no pudo haber perpetrado una violación masiva de los derechos humanos de una magnitud como la ocurrida el 26 de septiembre”.
Para el abogado de Tlachinollan la sentencia de esta Corte de Estados Unidos reafirma la hipótesis de que participaron corporaciones federales como el Ejército mexicano, “y eso enfatiza la necesidad de que se debe arreciar la investigación contra elementos del Ejército mexicano”.
También admitió que esta sentencia viene a enfatizar la necesidad de enderezar la investigación y seguir fortaleciendo la investigación con una línea que tenga que ver con el Ejército.
Agregó que de parte del Gobierno federal ha venido habiendo reticencias para que se investigue al Ejército y lentitud para investigar a los elementos del Ejército, “y creo que en lo que nos ayuda esta resolución es en la necesidad de poner el énfasis en que es fundamental impulsar la investigación contra elementos del Ejército mexicano”, insistió.
Para el abogado esta línea ahora resulta indispensable para el debido esclarecimiento del caso. “Yo creo que viene a poner énfasis en esta necesidad urgente de avanzar en esta línea de investigación”, insistió el abogado Rosales Sierra.
Por su parte, el vocero de los padres, consultado por teléfono mientras se encuentra en la Caravana Norte en Sonora, dijo “para nosotros es una sentencia favorable que se ratifique lo que hemos dicho de los militares y los policías federales”.
Agregó que además se confirma que el hecho sí es un Crimen del Estado, el mal manejo de la investigación pero sobre todo corrobora lo que los padres de los 43 han denunciado respecto a la verdad histórica planteada por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Indicó que los padres continuarán exigiendo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que los militares que participaron en los hechos sean investigados y castigados.
Dijo que el hecho de que se le haya dado asilo político al juez de barandilla no afectará las investigaciones de la Comisión Presidencial para dar con el paradero de los estudiantes, porque se puede retomar el testimonio que ya se dio ante la corte de los Estados Unidos.
El vocero dijo que incluso plantearán el 5 de marzo en la reunión con el Presidente que a través de un convenio de colaboración la Comisión Presidencial pueda ir a entrevistarse con el Juez de barandilla para que se conozca la versión que tiene de los hechos.
Agregó que van a solicitar al presidente castigo a los responsables de la agresión a los normalistas y padres de los 43 por la Policía del Estado de Chiapas, al fiscal de ese estado y al gobernador Rutilo Escandón Cadena, “al presidente que cumpla su discurso de abrazos y no balazos, porque el gobierno de Chiapas es morenista y no coincide su acción represiva con la Cuarta Transformación”.
Indicó que no han tenido ningún problema en la Caravana Norte que visita los estados de Chihuahua y Durango, y que todas las actividades, incluso las marchas, han sido en paz.
