La imagen es desoladora. Tan terrible como triste, madres llorando al lado de los cuerpos de sus hijos asesinados. Menores de edad cuatro de ellos, quienes junto a otros cuatro adultos, fueron masacrados a balazos cuando estaban departiendo en el interior de un negocio de video juegos en Michoacán.

Rápidamente la “autoridad” dice que en el lugar se vendía droga, que era punto de reunión de narcomenudistas, que fueron miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación los asesinos de los niños. Así, sin investigación, sin evidencia, sin pruebas, pero apelando al prejuicio social para minimizar una masacre que debería tener preocupado a todo el país. No importa de cuál partido encabece el gobierno, sea federal, estatal o municipal, la premisa de “los matan porque estaban metidos” ha arraigado en la opinión pública de este país, y mantiene los índices de impunidad altos en los tres órdenes de gobierno.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador no habla de los muertos a menos que tenga otros datos que le indiquen que los homicidios dolosos van a la baja. Desprecia a quienes desde la sociedad civil se manifiestan contra la inseguridad, como lo hizo con la marcha convocada por Javier Sicilia y la familia Lebaron. Los gobernadores le echan el problema al gobierno federal porque mayormente, detrás de las balas está el fenómeno criminal del narcotráfico cuya investigación corresponde el fuero federal, aun cuando el narcomenudeo sea responsabilidad estatal.

Pero aun en esa indiferencia oficial, la cruda realidad es que México con sus más de 35 mil asesinados en 2019, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, está tomado por los cárteles de la droga.

Las policías mexicanas no se destruyen, ni se depuran, se transforman en otras entidades como su cambiarles de nombre e insignia fuera el elemento para hacerlas eficientes. La Policía Federal, una de las más corruptas en el país, dejó de serlo para ser integrada en su inmensa mayoría, a la Guardia Nacional. Así sin más, sin depuración, sin nuevos filtros o mecanismos para prescindir de los elementos deshonestos o entregados a la criminalidad organizado. Ahí está el ejemplo de Genaro García Luna, acusado ahora de haber beneficiado al Cártel de Sinaloa hace doce años, cuando encabezó el área de seguridad pública del gobierno federal.

Con policías infiltradas en los tres órdenes de gobierno, pues si la federal no ha sido depurada, las estatales en menor medida han transitado por ese proceso, y sin un eficiente trabajo de inteligencia para detectar las ramificaciones de los cárteles de la droga en los Estados y Municipios para combatirlos desde sus raíces, las escenas de madres llorando a sus hijos muertos se repetirán una y otra vez.

Hace unos días le preguntaron al Presidente de la República si fue enterado de la realización el fin de semana, de la boda de una de las hijas del narcotraficante preso en los Estados Unidos, Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, y dijo que no. Mal haría en aceptar lo contrario, pero esa sola presunción, de que el Presidente no sabe lo que ocurre en el País con los capos más notorios, hace pensar ¿Quién está desarrollando inteligencia?

A pesar de los análisis de instituciones policiacas extranjeras, particularmente la DEA y el FBI de los Estados Unidos, que año con año realizan un trazado de las zonas de influencia de los cárteles de la droga en México, evidentemente con ayuda del gobierno mexicano, no se conoce una estrategia para combatir eficazmente a los cárteles de la droga. Tampoco hay un compromiso por aprehender a quienes encabezan esas mafias, si acaso en los Estados hay esfuerzos en solitario para identificar a los asesinos, lo cual tampoco significa que lleguen a detenerlos.

La parálisis en la que se encuentra la Fiscalía General de la República tampoco ayuda. La SEIDO está más a la espera de cachar las detenciones que logre hacer el Ejército Mexicano o la Marina, que en generar su propia investigación para el desmantelamiento de los cárteles, o por lo menos procesar a los asesinos por delincuencia organizada.

El CISEN, que como la Policía Federal, no desapareció sino se transformó en otra institución, en este caso el CNI (Centro Nacional de Inteligencia), mantiene su representación en todos los Estados de la República Mexicana, cuyos titulares y equipos continúan generando información y análisis para prever brotes de inseguridad, de violencia o conflictos sociales, pero quién sabe cuál es el proceso del General en el retiro, Audomaro Martínez Zapata, quien de ser parte del equipo de seguridad de López Obrador desde 2001, fue nombrado Director General del CNI.

En la Guardia Nacional tampoco se sabe de un equipo que esté desarrollando inteligencia, aunque sí está en el organigrama de la corporación, no se conoce de sus resultados. Las aprehensiones por parte de esta corporación no han destacado por atacar a los objetivos criminales claves para iniciar el desmembramiento de los cárteles. Y del Ejército, pues recuerde la aprehensión-liberación de Ovidio Guzmán López en Culiacán el 17 de octubre de 2019, y ahí tiene usted el nivel de participación del glorioso Ejército Mexicano.

Caso diametralmente opuesto al protagonizado por elementos de la Secretaría de la Marina, cuando el 30 de enero, también en Culiacán, llevaron a cabo un exitoso operativo de apenas 15 minutos, para detener con fines de extradición a Ismael Quintero, sobrino del capo Rafael Caro Quintero. Es sabido, por lo menos desde el sexenio de Felipe Calderón, que autoridades de investigación e inteligencia de los Estados Unidos, prefirieron trabajar con la Marina de México para la aprehensión de los más buscados de aquel país pero con residencia en el nuestro.

Otra área de inteligencia que si está funcionando es la de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera que encabeza Santiago Nieto, y que ha congelado cuentas y fiscalizado empresas de lavado de dinero no solo de políticos, también de estructuras criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, los esfuerzos aislados de dos entidades no son suficientes para combatir la criminalidad en México de forma eficiente.

En estas condiciones, sin una depuración en las policías mexicanas, con una FGR paralizada, una Guardia Nacional sin resultados en combate al narcotráfico, con un Centro Nacional de Inteligencia minimizado, el Ejército ridiculizado por el cártel de Sinaloa, y un Presidente de la República que tiene otros datos, cada vez más aparatados de la realidad del País, las escenas desoladoras de madres llorando a sus hijos, seguirán sucediendo.

Adela Navarro Bello

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