El futuro de los mexicanos está en juego. Por un lado, porque el sistema de pensiones está fragmentado y permite la existencia de privilegios que agravan las condiciones de desigualdad social. Y por otra parte, porque el gasto en pensiones del Gobierno Federal va en aumento y desplaza los gastos en educación, infraestructura y salud, de modo que ensancha las desigualdades y la pobreza en todo el territorio nacional.
Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- El Gobierno Federal prevé que el gasto en pensiones comience a reducirse entre los años 2035 y 2040. Pero para entonces quizá sea demasiado tarde, ya que «lo ideal sería que el gasto se empezara a liberar desde ahora, porque también estamos generando desigualdad intergeneracional”, dijo en entrevista Alejandra Macías Sánchez, directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
En promedio entre 1995 y 2019, el gasto del Gobierno Federal en pensiones y jubilaciones aumentó siete puntos porcentuales por año. Este gasto fue equiparable al 3.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México en 2019, y será igual al 3.7 por ciento del PIB (965.2 mil mdp) en 2020, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El reto de México a mediano y largo plazos será crear un sistema de pensiones «más equitativo y más justo para las generaciones de ahora y las del futuro», pues a pesar de que en el año 2040 el gasto del Gobierno irá a la baja –porque en ese año se termina la generación de transición–, los mexicanos no dejaremos de pagar pensiones de reparto hasta después del año 2100, explicó Macías Sánchez a SinEmbargo.
En México hay dos principales esquemas de pensiones. Uno “solidario” o «de reparto”, y un esquema «individual de aportaciones”.
El primero funciona como un fondo de cuotas de trabajadores activos que subsidia las pensiones de trabajadores retirados. El segundo es un sistema de ahorro personal en que cada quien reúne fondos para su propio retiro.
Debido a que el sistema de pensiones está en un proceso de transición entre el esquema de reparto (IMSS, ISSSTE, CFE, LFC, entre otros) y el individual de aportaciones (como las Afores), el sistema implica un doble costo para los mexicanos.
“Estamos haciendo pagar a las siguientes generaciones las pensiones de reparto, y además se tienen que hacer cargo de ahorrar en el esquema de pensiones individuales”, dijo la investigadora del CIEP.
Lo anterior implica dos problemas: la precarización de la tasa de reemplazo de las pensiones, o bien, de la cantidad del ingreso percibido por los jubilados como proporción de su último salario cotizado en el sistema de pensiones, o como parte de su ahorro a través de esquemas como el de las Afores; y el desplazamiento de la inversión del Estado en infraestructura productiva y capital humano, ya que el Gobierno debe destinar cada vez más recursos al pago de pensiones, por el creciente envejecimiento y falta de productividad de la población mexicana.
Las cifras de la SHCP indican que en los últimos cinco años los gastos capital (inversiones productivas e infraestructura pública), en educación y salud tuvieron una tendencia a la baja, mientras los gastos en protección social y en pensiones y jubilaciones aumentaron.
Entre 2015 y 2019, los gastos capital y en educación –como proporción del PIB– decayeron 40 y 16.7 por ciento real. En ese mismo periodo, el gasto en salud fue 11 por ciento menor.
Mientras los gastos capital, en educación y salud fueron a la baja, los gastos en protección social y en jubilaciones y pensiones –como proporción del PIB– repuntaron 16 y 12.5 por ciento real.
«El aumento en gasto en pensiones con reducción de gasto capital, en salud y educación implica que el gasto en pensiones ha ido desplazando el gasto en derechos constitucionales”, explicó Alejandra Macías Sánchez.
Para la investigadora del CIEP, el país no sólo se enfrenta a un sistema de pensiones “muy fragmentado” en que “todos tienen derechos muy diferentes” y en que existen «prestaciones y privilegios que hacen que la desigualdad crezca». También encara el desplazamiento del gasto en rubros de capital humano y de infraestructura productiva que agrava las desigualdades y la pobreza en el país, porque implica dar servicios de «salud y educación pública de baja calidad”.
DESIGUALDAD Y PRIVILEGIOS
El sistema de cuentas individuales de México es –según Macías– muy parecido al de Chile y tiene los mismos problemas, entre ellos, una baja tasa de reemplazo.
Sin embargo, la tasa de reemplazo en Chile (38 por ciento del último salario) es superior a la de México (28 por ciento), de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
“Los problemas del sistema de capitalización de pensiones son parecidos en todos lados, que es, básicamente, cuánto ahorra el trabajador, cuánto rendimiento está ganando por las inversiones que hacen las Afores –o las administradoras de pensiones– y las comisiones que le están cobrando”, explicó Macías Sánchez.
La desigualdad en el pago de pensiones en México está ligada a la diferencia de las tasas de reemplazo, no sólo por ser una de las más bajas entre los países de la OCDE, sino también por las diferencias entre los esquemas de pensiones solidaria y de ahorro individual.
Por un lado, las cuotas para el sistema de reparto no alcanzan y el Gobierno siempre ha tenido que financiar las pensiones a través de impuestos generales –como en los casos de Pemex, CFE y LFC– o de programas de subsidios como el Apoyo Económico a Viudas de Veteranos de la Revolución Mexicana.
«En este momento, el análisis que hemos hecho en el CIEP es que dentro de la reforma al sistema de pensiones de este año tendría que haber una disminución en el gasto de pensiones de reparto, porque es muy alto. Casi el 90 por ciento del gasto en pensiones, que para 2020 es más de 1 billón de pesos, se va a reparto nada más. Y el 15 por ciento de este gasto se va al tres por ciento de los pensionados con pensiones muy altas. Es muy desigual la distribución”, dijo la investigadora Alejandra Macías Sánchez a SinEmbargo.
De acuerdo con un informe (2017) del CIEP, “el presupuesto destinado a pensiones refuerza la desigualdad”.
Como ejemplo refiere que el 91 por ciento del gasto en pensiones contributivas (o de reparto) es utilizado para pagar “pensiones de beneficio definido”, que son las más caras (121 mil 300 pesos en promedio). Asimismo indica que hay “marcadas diferencias” entre las pensiones contributivas y la Pensión para Adultos Mayores (PAM).
Según el informe, el “40 por ciento de los pensionados contributivos tienen menos de 65 años (edad de retiro general) y la mayoría son hombres. Por parte del PAM, es todo lo contrario: 60 por ciento son mujeres mayores de 65 años”.
Las desigualdades en el viejo sistema de pensiones generan un efecto dominó que causa presión en las finanzas de los trabajadores activos, cuyas cuotas cubren parte de los ingresos de los jubilados, sin que estos tengan la expectativa del mismo beneficio a mediano y largo plazos.
“No alcanza lo que están aportando los jóvenes para pagar las pensiones solidarias, por un lado. Y por otro lado, la tasa de cotización baja”. Ello se da en un contexto en que los jubilados con pensiones solidarias «están recibiendo una pensión más alta de lo que debían, o superior a lo que habían aportado al sistema en su momento», explicó la investigadora del CIEP.
Para Macías, mientras que hay jubilados por esquema de reparto que se benefician con una tasa de reemplazo de entre el 60 y el 100 por ciento de su último salario, ahora hay trabajadores que aspirarán a una tasa máxima del 30 por ciento sobre su último salario, además de la población beneficiaria de acuerdo con el nuevo sistema en que no hay reparto ni solidaridad, y en que la pensión depende del ahorro individual, que según la OCDE, en México no supera el 22 por ciento del salario neto.
Lo anterior es «matemáticamente injusto” ya que, en resumidas cuentas, el viejo sistema toma el dinero de los trabajadores activos y el Estado destina cada vez más recursos para pensionar a trabajadores con el dinero de personas que no tendrán el mismo beneficio, ni cobertura más allá de programas como la PAM o las cuotas sociales que el Gobierno le da a trabajadores que ganan menos de tres o de cinco salarios mínimos, explicó la investigadora.
MÉXICO ENVEJECE
De acuerdo con Macías, en México “tenemos un sistema de pensiones donde hay muchas instituciones entregando pensiones con diferentes esquemas […] y tenemos una transición demográfica, en que las personas jóvenes con respecto a las personas mayores se están haciendo menos».
Las cifras del Consejo Nacional de Población (Conapo) indican que entre 2020 y 2050 la población menor a 65 años de edad decrecerá cuatro puntos porcentuales. En cambio, la población adulta de más de 65 años se verá incrementada en 123 puntos porcentuales. Ello implica que en los próximos 30 años habrá dos adultos mayores por cada 10 mexicanos, en lugar de uno, como en la actualidad.
Además del envejecimiento de la población, está la razón de dependencia adulta, que entre 2020 y 2050 aumentará en 124 por ciento, de acuerdo con el Conapo.
La razón de dependencia «expresa la relación entre el grupo poblacional en edad económicamente dependiente o potencialmente inactiva, concebido como aquellos menores de 15 años de edad y de 65 años y más, y el grupo poblacional potencialmente activo o productivo, concebido como aquellos de entre 15 y 64 años de edad”, refiere el Gobierno Federal.
Este indicador “representa la carga que soporta la población activa, con relación a la población inactiva”, y «puede dar cuenta de características de los hogares, de la distribución del ingreso familiar y las posibilidades de acceder al consumo de bienes inmuebles como la vivienda».
En la actualidad, la razón de dependencia adulta es de 11.48 por ciento. Esto implica que por cada 10 personas productivas hay una persona dependiente.
Pero para 2050 la tasa de dependencia será de 25.73 por ciento. Es decir que en los próximos 30 años habrá casi tres personas dependientes por cada 10 personas productivas.
En este sentido, el problema con la transición demográfica de las personas jóvenes con respecto a las mayores, así como de las productivas con respecto a las dependientes, es que la población que puede pagar pensiones se está reduciendo, además de que las tasas de cotización van a la baja.
Sin embargo, este año se llevará al cabo una reforma en pensiones que buscará reforzar el sistema de capitalización, a través de medidas de fortalecimiento del ahorro de los trabajadores y de acciones para incrementar los rendimientos de inversión de los fondos para el retiro.
Pese a la reforma, Alejandra Macías Sánchez consideró necesario que el Gobierno también disminuya las “altas» comisiones en los esquemas de Afore, además de considerar medidas vinculadas con el mercado laboral, como el impulso al tiempo de trabajo productivo y al nivel salarial de los mexicanos.
Ante la situación actual, en que México no está exento de sufrir la crisis de pensiones por la que atraviesan países como Chile, y en que tenemos un «sistema de pensiones de cuentas individuales débil”, el Estado tendrá que invertir en las nuevas generaciones para sacarlas adelante cuando estén en su vejez.
De acuerdo con Macías, el Gobierno debe invertir recursos desde ya, y conforme vayan decayendo sus responsabilidades para con el viejo sistema de pensiones a partir de 2040, utilizar ese dinero «para una pensión no contributiva, o sea, para aumentar el presupuesto de la Pensión para Adultos Mayores y para hacer una pensión complementaria a la que se tiene por cuentas individuales».
