Representantes de organizaciones civiles criticaron que al oponerse al etiquetado de advertencia de alimentos y bebidas no alcohólicas la industria mexicana de alimentos ultraprocesados actúa «como el crimen organizado», pues pretende «secuestrar» la libertad de las y los consumidores a elegir productos no dañinos para su salud.
Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).– La industria de alimentos ultraprocesados en México tiene «secuestrado» el paladar de los niños, de las familias, y secuestra el derecho a decidir en libertad qué consumir por ello se opone al nuevo sistema de etiquetado, que contempla advertir sobre los excesos de sustancias dañinas en productos, denunciaron organizaciones civiles que integran la Alianza por la Salud Alimentaria.
Aun cuando próximamente se publicará en el Diario Oficial de la Federación la norma que regula el nuevo etiquetado, el riesgo para frenar la legislación sigue latente. Javier Zúñiga, coordinador del Área Jurídica del Poder del Consumidor explicó en entrevista con SinEmbargo que si la industria agroalimentaria se ampara ante juzgados federales –como ya adelantó la semana pasada– pedirá que las empresas estén exentas de aplicar la norma mientras el poder Judicial determina si la ley es inconstitucional, proceso que podría alargarse años.
«La mayoría de las empresas pedirán las suspensión del acto reclamado, durante todo ese tiempo las empresas que obtengan una suspensión podrían no tener el etiquetado, lo que es riesgoso, contraviene la salud pública», alertó.
Empresarios han argumentado que sus propuestas no fueron contempladas para la creación de la nueva Ley de Etiquetado, sin embargo, la Alianza por la Salud Alimentaria defendió hoy en conferencia de prensa que durante las mesas de diálogo efectuadas desde agosto de 2019 con funcionarios públicos, representantes de la industria, académicos, organismos internacionales y sociedad civil se obtuvieron consensos en 177 numerales de los 178 que se revisaron.
Alejandro Calvillo, Director de El Poder del Consumidor, aseguró que la industria de alimentos se opone por el temor de que sus ventas de reduzcan sin importarles que la reforma busca contrarrestar la epidemia de obesidad y diabetes que enfrenta México al ofrecer a las y los consumidores más información sobre los productos que consume.
En ese sentido se pronunció Julieta Ponce, directora del Centro de Orientación Alimentaria. «La industria de alimentos ultraprocesados secuestra el paladar de los niños, de todas la familias y secuestra el derecho a decidir en libertad», expuso, y como ejemplo señaló que las alacenas y refrigeradores de las casa mexicanas están llenas de dichos productos que «ensucian el paisaje alimentario» y hacen que la niñez normalice su consumo.
Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia, llamó al poder Judicial y al Ejecutivo a no ceder a las presiones de la industria pues aseguró que la Ley de Etiquetado protege los derechos a la salud y la alimentación de la niñez; dijo que de no aplicarse los productos chatarras seguirán vendiéndose sin restricciones a esta población, por ejemplo, en las escuelas.
«Los empresarios mexicanos no tienen como prioridad la salud de sus consumidores, su prioridad es ver crecer sus ventas sin importar la vida de los niños y niñas. Estamos en un punto crucial donde el Gobierno debe mostrar que está priorizando la salud y el futuro de su población, porque, de no hacerlo, nuevamente la industria rapaz volverá a interponer sus intereses», afirmó.
ETIQUETADO Y LA PROPUESTA DE EMPRESAS
Katia García, investigadora en Salud Alimentaria, explicó las diferencias entre el etiquetado que propone el sector empresarial y el aprobado recientemente, mismo que contempla que los producto lleven en sus empaques sellos octagonales de color negro para alertar sobre exceso de calorías, azúcares, grasas saturadas, grasas trans, sodio y si contiene edulcolorantes o cafeína precisará que no se recomienda para el consumo de niños y niñas.
En el caso de las bebidas, la industria propone informar en cada producto sobre lo que contiene una porción de 200 mililitros (ml). Por ejemplo, en el caso de una Coca-Cola de 600 ml se reportaría solo el contenido de 200 mil y se especificaría que es «alto en azúcares», cuando con el nuevo etiquetado el mismo producto debería tener los sellos de exceso de calorías, azúcares y las leyendas “Contiene cafeína. Evitar en niños” y «Contiene edulcorantes. Evitar en niños».
En el caso del agua de sabor Ciel Mini del Valle de 30 mil, promocionada para el consumo de niños, con la porrista de la industria el producto no tendría ningún sello, pero con la nueva norma tendría los sellos de exceso, de calorías, azúcares y «Contiene edulcorantes. No recomendable en niños».
En cuanto alimentos, la industria propone que se informe de los excesos de acuerdo con porciones, por lo que en una bolsa de Doritos de 58 gramos se declararían sólo 30, por lo que no tendría sellos de ningún tipo, cuando con la norma tendría el de exceso de calorías, grasa saturadas y sodio.
Katia García también criticó que la proyecto de las empresas contempla que ningún producto señale que tiene exceso de calorías, lo que es «un engaño para los consumidores». Además de que buscan reducir las porciones de los alimentos ultraprocesados para que estos no contengan sellos y sigan vendiéndose en la escuelas.
También recordó que otro beneficio del nuevo etiquetado es que cualquier producto con al menos uno de los sellos no podría utilizar figuras animadas para promocionar su consumo entre niños y niñas.
El etiquetado frontal de advertencia de alimentos y bebidas no alcohólicas avalado en octubre pasado en el Senado fue respaldado por académicos, organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud y por funcionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor y la Secretaría de Economía.
La semana pasada representantes del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias (Canainca), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, A.C. (ConMéxico) se pronunciaron en contra.
La Alianza por la Salud Alimentaria alertó desde entonces que los empresarios podrían incluso cabildear con gobiernos de Estados Unidos y Suiza para evitar la nueva norma.
