Es oficial, decrecimos. Pero, para efectos prácticos da igual. Cero o menos punto uno es lo mismo: un fracaso para el gobierno y una tragedia para miles de familias mexicanas que vieron mermados sus ingresos y reducidas sus expectativas. Lo hemos dicho una y otra vez, no hay programa social que supla la pérdida de un empleo en una familia, no es cierto que exista desarrollo sin crecimiento económico, mucho menos que el PIB sea una medición neoliberal. Valga una analogía: un médico que estableciera que el pulso del paciente es lo único importante, pues demuestra que está vivo, lo calificaríamos de inhumano, pero un médico que diga que el pulso no es importante lo tildaríamos de loco. Los mismo para con el crecimiento económico: quitarnos la idea de que el crecimiento es el único indicador importante en la economía y que hay que medir también el desarrollo y el bienestar es un cambio inteligente y plausible, pero decir que si no crecemos no pasa nada porque la gente está feliz con los programas sociales es falaz.

El crecimiento mediocre de las tres administraciones anteriores fue larga y profusamente diagnosticado (tuvimos 18 años para hacerlo). Una de las principales taras que inhibían el crecimiento del país era el llamado ambiente de negocios; dicho en castellano, la corrupción. La administración de López Obrador llegó al gobierno con el mandato y la bandera del combate a la corrupción, pero la manera de hacerlo no fue quirúrgica y fina sino a machetazos, anteponiendo la eficacia política de las acciones a la aplicación de la ley. La suspensión del aeropuerto de Texcoco fue el primer caso, pero no el único, le siguieron la cancelación de contratos de energía y petróleo, el embate a las instituciones de control, el discurso beligerante y polarizador, pero sobre todo los juicios sumarios hechos desde el púlpito mañanero donde se anuló uno de los principios básicos del sistema jurídico: la presunción de inocencia.

El Presidente le encargó al jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, que se hiciera cargo de coordinar al gabinete económico para detonar el crecimiento (ese que dice que no es importante). Unificar las visiones cada vez más contradictorias entre el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y la Secretaria de Energía, Rocío Nahle; entre la Secretaria de Economía, Gabriela Márquez, que fue a Davos a criticar el libre comercio mientras en México el Presidente y parte del gabinete celebraba la firma del T-MEC; entre la propia visión de Romo sobre la inversión privada en petróleo y electricidad frente a la tozudez de Bartlett y Romero. Pero de nada servirá este esfuerzo si el Presidente sigue todos los días minando la confianza y poniendo en tela de juicio la certeza jurídica.

El problema del crecimiento económico es político. El paso del mediocre dos por ciento promedio de los últimos años a cero no está vinculado con un cambio en la estructura económica, ni con una crisis de las finanzas del sector público, es producto de la incapacidad del gobierno para ejercer el gasto, sí, pero sobre todo de la falta de certidumbre. El problema es la desconfianza y, digámoslo por su nombre, esa fábrica de contradicciones que es la mañanera.

Diego Petersen Farah

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