Rubén Martín
26/01/2020 - 12:04 am
Gobierno de Jalisco encubrió envenenamiento de niños
«En el sexenio de Emilio González las comunidades de El Salto y Juanacatlán exigieron en repetidas ocasiones declarar emergencia ambiental en la zona para iniciar un proceso de remediación en el río Santiago».
Los niños que viven en las poblaciones aledañas al río Santiago, cerca de la zona metropolitana de Guadalajara, se están envenenando. En El Salto, 98 por ciento están expuestos al cadmio; en Juanacatlán 94 por ciento de la población tiene plomo por encima de lo recomendable; en Puente Grande (Tonalá) 60 por ciento presenta mercurio; en La Cofradía (Juanacatlán), 45 por ciento tiene arsénico.
El corredor industrial de El Salto instalado por el Gobierno mexicano a mediados del siglo pasado, se extiende desde Ocotlán y Poncitlán, y llega a los municipios metropolitanos de El Salto y Juanacatlán. Ahí están albergadas cientos de empresas que tiran 507 toneladas diarias de contaminantes y que, en conjunto, arrojan hasta 1,090 sustancias entre ellos varios metales pesados (según Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua), como los que están envenenando a los niños de las poblaciones referidas antes, al igual que a la población en general.
Los datos de las sustancias tóxicas encontradas en los niños provienen de un estudio encargado por la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) en 2009 a un equipo de investigadores encabezado por la doctora Gabriela Domínguez Cortinas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Era parte de los estudios de impacto ambiental que podría tener la construcción de la presa Arcediano, en la barranca del río Santiago, aledaña a Guadalajara. La presa finalmente fue cancelada, pero la contaminación siguió.
El equipo de investigadores encabezados por la doctora Domínguez midió la exposición a agentes tóxicos en población infantil en seis comunidades: Juanacatlán, La Cofradía, El Salto, Puente Grande, Colonia Jalisco sección II y Jardines de la Barranca.
Los resultados sorprendieron a los investigadores, contó la doctora Domínguez en entrevista en Radio Universidad de Guadalajara el jueves 23 de enero. Tales niveles de agentes tóxicos sólo se han encontrado en adultos que viven o trabajan en zonas industriales como las petroleras. Los niveles de metales pesados encontrados en 330 niños monitoreados fueron varias veces lo que el cuerpo puede tolerar.
La doctora Domínguez entregó los estudios a la CEA y ésta, al ver la gravedad de los resultados, los entregó a la Secretaría de Salud de Jalisco. El estudio fue obtenido, vía transparencia, por el periodista José Carlos Rodríguez Toral, al tiempo que organizaciones de las comunidades afectadas han empezado a difundirlo en varios medios nacionales y mundiales. Iniciaron además una campaña nacional de recolección de firmas para exigir que los responsables de ocultar el estudio vayan a la cárcel.
Es muy grave lo que ocurrió, porque confirma que funcionarios del más alto nivel del Gobierno del panista Emilio González Márquez (2007-2012), sabían que la contaminación del río Santiago por metales pesados arrojados por las empresas del corredor industrial, estaban provocando enfermedades a la población en general, especialmente a los niños.
Del estudio estuvieron enterados el entonces titular de la CEA, el secretario de Salud y probablemente el secretario de Gobierno. Sería muy improbable que no estuviera enterado el gobernador Emilio González, quien por ese entonces tenía aspiraciones presidenciales, como precandidato del Partido Acción Nacional (PAN).
En el sexenio de Emilio González las comunidades de El Salto y Juanacatlán exigieron en repetidas ocasiones declarar emergencia ambiental en la zona para iniciar un proceso de remediación en el río Santiago. Para ello se manifestaron en repetidas ocasiones. Pero fueron ignorados.
Luego, en febrero de 2008 ocurrió el fallecimiento del niño Miguel Ángel López Rocha, tras caer accidentalmente a un canal aledaño al río Santiago. El niño murió por envenenamiento por arsénico, del agua contaminada que bebió.
Es decir, Emilio González y los más altos funcionarios del Gobierno de Jalisco sabían de la grave contaminación del Santiago y las enfermedades que provocaban en la población. El Gobierno de Jalisco siempre negó que hubiera una relación directa entre contaminación del río y las enfermedades en la población.
Ahora la investigación de la doctora Domínguez confirma que hay una relación directa entre contaminación producida por las industrias de la zona, y las enfermedades que padecen los habitantes de las localidades aledañas.
El estudio fue entregado por los investigadores en octubre de 2011, pero apenas es conocido públicamente. Lo ocultaron deliberadamente y no tomaron las medidas necesarias para evitar que la población siguiera expuesta a enfermedades. Peor aún, sabían que los niños se estaban envenenando y lo permitieron.
No debemos permitir que una conducta criminal de estos ex servidores públicos quede impune. Deben pagar por ello y de una vez por todas dejar de contaminar el río Santiago, empezar a limpiarlo y ofrecer salud a toda la población afectada.
Lo mismo debe ocurrir en el resto de “infiernos ambientales”, como los definió el secretario de Medio Ambiente, Víctor T. Toledo. Al igual que el corredor industrial de El Salto, Jalisco todos los corredores industriales o regiones más contaminadas del país, deben limpiarse. Y para ello es necesario un cambio de fondo en la política ambiental y en la imposición de normas ambientales pensadas en proteger a la población, no para que las empresas contaminen “poquito”.
Entre otras cosas deben imponerse sanciones ejemplares a quienes contaminan. En el corredor industrial de El Salto se llevaron a cabo 2,065 visitas de inspección entre 2013 y 2018, según reportaje de Manuel Hernández en Rusia Today (https://bit.ly/2vpTMTH). Parecen muchas pero apenas significa una inspección diaria en seis años. Y las multas impuestas son irrisorias: 31.5 millones de pesos en el mismo lapso. Eso significa multas diarias por apenas mil 600 pesos diarios cuando las ganancias de los industriales del corredor ascienden a 1,100 millones de pesos al día.
El Gobierno de la Cuarta Transformación está obligado a cambiar la política ambiental e imponer un marco regulatorio que cambie radicalmente el modelo actual donde predomina el capital sobre la vida.
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