A 72 días de que estudiantes de la preparatoria número 9 de la UNAM iniciaran un paro de actividades para exigir la destitución de profesores señalados por acoso sexual, alumnos denuncian la indiferencia de las autoridades universitarias para resolver sus demandas. Mientras que familiares de estudiantes que fueron víctimas de algún delito denuncian que la omisión es una constante de la universidad.
Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).– Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) criminalizan a integrantes de la comunidad estudiantil que son víctimas de asesinatos, desapariciones y agresiones sexuales y obstaculiza el acceso a la justicia, denunciaron estudiantes y familiares de estudiantes que fueron asesinados en los últimos años. Esta postura, recriminaron, se replica ahora contra quienes mantienen un paro de labores en la preparatoria 9.
«Ante el contexto de violencia que vive el país la UNAM, como una institución de educación pública, ha tenido el papel de estigmatizar, criminalizar, el de obstruir la obtención de justicia. La universidad no ha hecho absolutamente nada para encontrar a todas y cada una de las personas que nos faltan. La universidad no ha movido ni un solo dedo para brindar justicia, para acompañar los procesos de exigibilidad. La lucha ha sido de las familias y de estudiantes que las acompañan», denunció Dian Como La Flor, defensora desde hace ocho años de los derechos de estudiantes de la universidad durante un diálogo realizado en la Escuela Nacional Preparatoria plantel 9, que desde el 12 de noviembre de 2019 mantienen un paro de actividades.
En el mismo sentido se pronunciaron estudiantes de la preparatoria, quienes denunciaron que la dirección del plantel sigue sin garantizarles que no habrá represalias contra las y los manifestantes, por ello no realizaron el diálogo que había sido convocado este lunes. Estudiantes contaron a SinEmbargo a condición de anonimato que cancelaron el encuentro porque las autoridades universitarias se negaron a firmar una carta redactada por el movimiento estudiantil para garantizar ese punto, «ellos le cambiaron algunas cosas y no podíamos aceptarlo», dijo una de ellas.
Las comunidad estudiantil que mantiene la protesta en la preparatoria 9 ha criticado este punto porque en los últimos meses denunció que personas ajenas al movimiento y a la universidad ingresaron para vandalizar aulas y destruir mobiliario, ante ello la UNAM informó que interpuso una denuncia penal contra quien resulte responsable, incluso a inicios de año la institución educativa reiteró en un comunicado que las investigaciones estaban en proceso «por lo que de ningún modo pueden ser suspendidas o canceladas».
Una de las manifestantes criticó la postura de la universidad ante el tema. «Los que estamos dando la cara, quienes estamos cuidando y resguardando el plantel, somos nosotros y aunque personas externas vinieron, dañaron, hicieron pintas, etcétera, [las autoridades universitarias] quieren que eso sea nuestra responsabilidad, cuando lo es de las personas ajenas, son grupos de choque o porros», dijo.
Las y los alumnos exigen desde hace dos días la destitución e investigación de profesores señalados por casos de acoso sexual, la mejora de las aulas y que el acceso a espacios y actividades culturales y deportivas esté garantizado para la comunidad estudiantil.
Aunque desde el jueves y hasta el sábado pasado se realizó una votación en la que 2 mil 471 de 3 mil 517 estudiantes consultados eligieron entregar las instalaciones para continuar con las clases, integrantes del colectivo que mantiene la protesta precisaron que no han liberado el plantel porque buscan garantizar que todos los puntos del pliego petitorio se cumplan, que autoridades universitarias les muestren el plan de trabajo a seguir y firmen cartas donde se comprometan a concluirlo.
«La dirección -encabezada por Gabriela Martínez Miranda- se defiende mucho con eso, con que a todo el pliego ya han dado respuesta, pero una cosa es responder a algo y otra cosa es solucionarlo, mostrar documentos oficiales, que muestren que están dispuestos a escucharnos para llegar a soluciones y no solo se comuniquen desde publicaciones de Facebook; que nos aseguren que estarán comprometidos a arreglar las cosas aun cuando entreguemos el plantel», expuso una de las estudiantes.
Esta tarde, la dirección de la preparatoria «Pedro de Alba» dio a conocer en un comunicado que invitaron a las y los alumnos organizados a realizar un diálogo el viernes 24 de enero y será hasta mañana cuando obtengan respuesta. Al igual que el plantel 9, la preparatoria número 3 y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM (FFyL) mantienen desde finales del año pasado un paro de labores.
LA UNAM INDIFERENTE
«A las generaciones nuevas que entran a la UNAM las bombardean con videos donde celebran el orgullo universitarios, pero la universidad no te dice que está dispuesta a llamarte diler si te agreden o te pasa algo dentro o fuera de sus instalaciones, que vas a compartir horarios con tu agresor o que si te interesa el activismo vas a ser perseguida, señalada. Estamos aquí porque nos gusta estudiar, pero no sé puede estudiar pensando en que calificación te va a poner tu violador. Estamos hartas de que la escuela que se proclama como la máxima casa de estudios de América Latina permita todo tipo de violencias y la impunidad», denunció durante el foro de esta tarde una alumna de la FFyL, que hoy cumplió 79 días de paro para exigir, entre otras cosas, la atención de casos de violencia sexual y el fin de la educación sexista.
Testimonios de familiares de estudiantes víctimas de delitos expusieron la indiferencia con la que se conducen autoridades universitarias. El abogado Víctor Caballero, quien ha acompañado varios de esos casos, recordó las irregularidades registradas en el caso de Mariela Vanessa Díaz Valverde, quien desapareció en abril de 2018 y era alumna de la FFyL.
«La UNAM se pronunció hasta que las estudiantes protestaron y mostró su interés por deslindarse del caso, pues el abogado de la Facultad [de Filosofía y Letras] filtró información de la carpeta de investigación para que la universidad pudiera emitir un comunicado donde especificaba que Mariela salió de su casa y no se dirigió a la escuela», lamentó.
El abogado también recordó lo que sucedió con el estudiante Víctor Manuel Orihuela Roja, quien el 12 de junio de 2017 murió luego de caer de un edificio de la FFyL y autoridades le dijeron a sus familiares que una posible línea de investigación era que se trató de un suicidio.
«Lo que hace la UNAM es criminalizar a las y los estudiantes víctimas de algún delito asumiendo que los que les pasa es su culpa», expuso.
Otro caso que muestra la opacidad con la que actúa personal universitario es el de Carlos Sinhué Cuevas, tesista de la FFyL y activista, quien fue asesinado el 25 de octubre de 2011. Lourdes Mejía, su madre, contó que su hijo buscó mejorar las condiciones de las y los estudiantes.
El último proyecto que tenía Carlos, en octubre de 2011, era confirmar un grupo de profesores para dar clases en Ciudad Juárez y concientizar sobre asesinatos de estudiantes. Él también se dedicaba a dar clases de preparatoria en una escuela privada.
Años antes, en 2009, Carlos fue detenido por personal de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina en Ciudad Universitaria y estaba presente personal de Auxilio UNAM. «Antes de ser asesinado, mi hijo era seguido por dos jóvenes, nietos de ex militares, que se identificaban como estudiantes de una FES, ellos también seguían a estudiantes que protestaban», recordó su madre. Carlos fue asesinado con armas de uso exclusivo del Ejército en Topilejo, en la carretera rumbo a Cuernavaca.
Victoria de Gaona, mamá de Luis Roberto Malagón de Gaona, estudiante de derecho, también narró lo que pasó con su hijo, quien en agosto de 2017 fue internado en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social luego de que casi se ahogar en Ciudad Universitaria en un área inundada por la lluvia, donde se ubican unos pozos de absorción entre las facultades de Medicina y de Odontología.
Victoria narró que el 18 de agosto de ese año le llamaron para avisarle que su hijo estaba inconsciente y fue internado, el joven murió cinco días después en el hospital. Víctor Caballero, quien ha acompañado el caso, expuso que el cuerpo de Roberto presentaba golpes y quemaduras en la espalda. «Suponemos que fue un ataque», dijo.
El día que lo encontraron, dos empleados de la FFyL lo vieron ahogándose y lo ayudaran, paramédicos de la UNAM lo llevan a la clínica 8 del IMSS, ahí, personal de la UNAM dice que el joven había sufrido un ataque epiléptico y que estaba mojado porque estaba lloviendo, por ello, personal del hospital le administró medicamentos y escribió en una nota del expediente médico que el joven podría estar bajo el influjo de drogas y alcohol por ser viernes, algo que fue descartado mediante estudios.
La mamá de Luis Roberto lamentó que al buscar al director de la Facultad de Derecho éste le pidió que no buscara más explicaciones, que su hijo había muerto por causas naturales y la invitó a no manifestarse. Además, la UNAM no dio acceso todos los videos que mostraran los lugares donde el estudiantes estuvo por última vez, solo mostraron dos donde se le vio desde ángulos lejanos.
«El caso es representativo de la indiferencia de autoridades», aseguró el abogado Víctor Caballero.
Por su parte, Araceli Osorio Martínez, mamá de Lesvy Berlín Rivera Osorio, víctima de feminicidio en Ciudad Universitaria, destacó la importancia de que las autoridades universitarias refuercen los mecanismos para detectar a personas agresoras, pues fue un ex trabajador universitario quien asesinó a su hija.
Araceli Osorio, Victoria de Gaona y Lordes Mejía mostraron su solidaridad con quienes mantienen la protesta en la preparatoria 9. «Las y los estudiantes un día decidieron decir que no es normal la violencia que se ejerce contra ellos y aunque están en un espacio que debería ser seguro esto no sucede. Sus exigencias nos muestran que otras academias y otras formas de educación son posibles», opinó Araceli.
