*** Nota: Esta columna se basa en el análisis de un autor que prefirió mantenerse anónimo y que llegó a identificarse en algún momento con el enfoque o movimiento de “reducción de daños” en materia de política de drogas. A él y a su valiosa (pero también dolorosa) experiencia, agradezco enormemente la siguiente reflexión.

En materia de política de drogas (o de políticas públicas relacionadas con las drogas), existen dos visiones opuestas que se confrontan directamente y que supuestamente proveen una solución posible al problema de las adicciones que dañan profundamente a individuos y a la sociedad en su conjunto. Sin embargo, ninguna de estas dos opciones parece brindarnos mayor bienestar. Por un lado, el amplio acceso a las drogas destruye a millones de seres humanos. Por el otro lado, las guerras contra las drogas declaradas en varios países del mundo (como México, Colombia, Filipinas y Estados Unidos) han ocasionado esencialmente muerte y destrucción. Las actuales políticas no atienden realmente los problemas de raíz, ni la desesperanza en sociedades enfermas, desiguales y enfrascadas en luchas de poder o en conflictos por el control de territorios y recursos naturales.

Las consecuencias inherentes al consumo de drogas son numerosas e incluyen efectos graves en la salud de quienes tienen acceso a los estupefacientes. Dichos efectos incluyen: la sobredosis y, en ocasiones, la muerte; la transmisión de enfermedades como la hepatitis C y el VIH a partir del intercambio de jeringas; y otras consecuencias legales para los consumidores de drogas, quienes pueden ser privados de su libertad. Con el objeto de contrarrestar estos graves problemas, surge el movimiento denominado “Reducción de Daños” (Harm Reduction, en inglés), el cual busca aminorar—como su nombre lo indica—algo del daño causado por el consumo de drogas y por las leyes que regulan este fenómeno.

El enfoque en reducción de daños, “se refiere a políticas, programas y prácticas que tratan de reducir los daños asociados con el uso de drogas psicoactivas sin el requerimiento necesario de la terminación de uso” (ver: https://www.hri.global/files/2011/06/14/IHRA_BriefingSpanish_1.pdf). Dicho movimiento se asocia, de alguna forma, a los proponentes de la llamada “sociedad abierta” (open society) que apoyan una especie de libertarianismo, quizás utópico, que intenta eliminar toda barrera o frontera a las decisiones del hombre en un mundo globalizado. En cierta medida, este enfoque considera el consumo de drogas como un aspecto fundamental de la naturaleza humana. Si este no fuera el caso (según esta perspectiva), la prohibición y la criminalización (por su venta o consumo) serían suficientes para frenar el consumo de drogas. Sin embargo, la experiencia muestra que esto no es así en el mundo real.

Una alternativa opuesta a la reducción de daños, es el enfoque en la “prohibición” que apoya, a su vez, las denominadas “guerras contra las drogas”. El Gobierno de México, en cercana colaboración con el Gobierno de Estados Unidos, ha apoyado determinantemente esta perspectiva. Pero, ¿cuáles han sido los resultados? Actualmente, México se encuentra en medio de una “guerra contra el narco” que sólo ha traído destrucción, violencia y muerte. El país registra actualmente niveles de violencia y números de homicidios sin precedentes. Ello se debe supuestamente a la competencia que existe entre grupos criminales involucrados en el comercio internacional (e ilegal) de las drogas. No obstante sus causas exactas, la violencia sólo se ha tornado peor como consecuencia de la estrategia que prescribe Estados Unidos para combatir el lado de la oferta de un mercado negro multibillonario creado por la insaciable demanda por sustancias ilícitas.

Ante los efectos negativos de la prohibición, surge una respuesta contundente por parte de los proponentes de la sociedad abierta. Los que apoyan y promueven el enfoque de reducción de daños, favorecen dirigir el financiamiento de la lucha contra las drogas hacia programas que humanamente intervengan del lado de la demanda del mercado global de sustancias psicoactivas. Ejemplos de programas propuestos por el movimiento de reducción de daños incluyen: tratamientos médicos; prevención de sobredosis (entrenamiento de primeros auxilios y permitir el uso de Naloxone para revertir sobredosis de opiáceos); programas de intercambio de agujas y jeringas; terapias de sustitución de opiáceos (a través de las cuales se prescriben medicamentos a quienes utilizan estas sustancias con el objeto de que les sea posible funcionar sin utilizar drogas de forma ilegal), entre otras medidas.

La racionalidad detrás de estos programas radica en el hecho de que no se ha encontrado a la fecha una manera efectiva de reducir el consumo de estupefacientes. Por lo tanto, es necesario reducir, por lo menos, la incidencia de enfermedades y muertes asociadas al uso de drogas. De acuerdo a diversos estudios (curiosamente financiados por conocidos filántropos como la fundación Open Society de George Soros) se ha demostrado de forma empírica la eficacia de estos programas.

Algunos actores asociados al movimiento de reducción de daños han llegado incluso a promover políticas más radicales, incluyendo la legalización de todas las drogas y la abolición completa de las penalizaciones o sentencias criminales por el uso y, en algunos casos, por la distribución de drogas. No obstante que estas posturas extremas no representen el consenso dentro del movimiento de reducción de daños, la lógica detrás de estas políticas radica en el hecho de que las leyes anti-drogas actuales son totalmente inefectivas para limitar el consumo de estupefacientes. Por consiguiente, según este enfoque, debe eliminarse la prohibición debido que limita la regulación y hace que las drogas resulten más peligrosas. Al mismo tiempo, la prohibición garantiza que las ganancias sean acaparadas por los criminales y que las leyes sean aplicadas con cierto sesgo (por discriminación en base a clase social o raza) y resulten en una aplicación desigual de la justicia criminal. En resumen, según esta lógica, pareciera ser que las actuales leyes anti-drogas causan más daño que bienestar; por lo tanto, deben ser abolidas.

El caso de México es emblemático y ejemplifica claramente el enfoque prohibicionista. Las drogas destruyen sin lugar a dudas, pero los daños causados por la denominada guerra contra las drogas en nuestro país son también muy obvios. Altísimos niveles de violencia e inseguridad, así como la muerte y desaparición de cientos de miles de personas, son el resultado de más de doce años de prohibición y militarización de la estrategia anti-narcóticos. Una reflexión objetiva sobre el tema, centrada en el caso de México, requiere se formulen las siguientes preguntas:

¿Cómo es posible tener una conversación acerca de la reducción del daño causado por las drogas sin resolver el problema de la violencia y la inseguridad en México que resulta del comercio de estupefacientes? Asumiendo que la posesión y el uso de las drogas se despenalizara eventualmente en los Estados Unidos, ¿qué efectos tendría esto en el mercado de las drogas en México? ¿Es posible que legalización total de las drogas reducirá realmente ‘el daño’ bajo una óptica libertaria y utópica? Algunos afirman de forma rotunda que para las personas cuyas vidas son afectadas por el consumo de drogas en Estados Unidos la respuesta es afirmativa. Otros no están tan seguros, pero aunque fuera esto cierto, ¿si se despenalizara el consumo y distribución de drogas, se reduciría efectivamente la demanda por cocaína, heroína, fentanilo y metanfetaminas? ¿Desaparecería el daño y tendríamos sociedades más estables, más felices y más funcionales?

Por otro lado, si resulta ser verificable en la realidad el supuesto de que el uso de sustancias que afectan el comportamiento y la mente es un aspecto fundamental de la naturaleza humana, entonces resultaría que nada (ninguna política) eliminaría totalmente la demanda por drogas. Por ende, ninguna acción gubernamental acabaría con el daño a la sociedad. Si esto fuera cierto, entonces ¿cómo evaluar el futuro de la guerra contra las drogas en México bajo un esquema de reducción de daños? Desafortunadamente, es difícil imaginar que la descriminalización o incluso la legalización de las drogas en Estados Unidos contribuiría de alguna forma a reducir la violencia en México; inclusive, podría empeorar las condiciones en el país.

Pareciera ser que existe una disonancia cognitiva entre los objetivos del movimiento de reducción de daños y las violentas consecuencias de la denominada guerra contra las drogas en México. Si el fin último del movimiento de reducción de daños es terminar con la llamada “guerra contra las drogas” y si la legalización o despenalización de las drogas se considera como un medio para logra el fin, entonces ¿qué efecto tendría esto en la violencia asociada con el lado de la oferta del comercio de estupefacientes?

Existe una ingenua y falaz sugerencia que plantea que los crímenes asociados con el comercio de estupefacientes desaparecerán simplemente cuando las drogas se legalicen. La verdad es que el crimen organizado en México no se limita al tráfico de drogas. Los actores vinculados a esta actividad han diversificado sus funciones y se han comenzado a especializar en otras actividades que nada tienen que ver con los mercados de sustancias psicoactivas. Además, diversos actores criminales entienden que es posible sobrevivir sin vinculación alguna a los mercados de droga. Sólo basta con pretender afiliación a un cartel y es posible extraer rentas a diversos actores a través del miedo y la amenaza con armas de fuego. Hoy por hoy, hablamos de múltiples células criminales que no se vinculan necesariamente a los mercados de drogas y que simplemente extraen rentas a la sociedad.

Por consiguiente, un enfoque exclusivo en el tema de las drogas (o un simple enfoque en la demanda por dichas sustancias) no logrará incidir de manera efectiva en reducir la violencia y controlar la delincuencia organizada en México. Además, la simple despenalización del uso y posesión de drogas en los Estados Unidos podría resultar incluso peor, pues es posible que la eliminación de las penas legales resulte en un mercado de consumidores mucho mayor que antes. Ello incentivaría aún más la violencia entre las organizaciones criminales en México compitiendo por un segmento mayor de ese mercado. La despenalización por el lado de la demanda podría resultar en un incremento de las acciones dirigidas a atacar la oferta de estupefacientes, lo que crearía una guerra contra las drogas aún más violenta y una mayor militarización en México con todos sus efectos negativos multiplicados.

Por todo lo anterior, proponemos un enfoque y una filosofía distintos para resolver de alguna manera efectiva el daño general causado por las drogas. Nuestra propuesta o movimiento llevará el nombre de “No Más Daño”. Pensamos que las bases y la lógica del movimiento de “Reducción de Daños” es parcial y guarda en sí mismo algo de lo negativo que las drogas traen a nuestra sociedad. El enfoque de “no más daño” sería benéfico para países que producen, transportan y distribuyen drogas como México. Al mismo tiempo se proponen ‘no más daños’ para las personas cuyas vidas son afectadas por el consumo de drogas en los Estados Unidos.

Apoyamos definitivamente la idea de terminar, de una vez por todas, con una fallida guerra contra las drogas. Además, proponemos un enfoque en las causas de raíz que generan las adicciones. Reconocemos el derecho a la salud y creemos en la defensa de todos los derechos humanos. Creemos en que la seguridad y la paz son posibles en México y Estados Unidos y también creemos en que un enfoque en la salud pública y no en la prohibición o la militarización es el más apropiado para ganar de frente una guerra contra las sustancias que dañan a la juventud. Para el caso de México, proponemos de inmediato el fin de la guerra que declaró un presidente mexicano. No queremos más daños de una fallida guerra contra el narco.

Guadalupe Correa-Cabrera

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Guadalupe Correa-Cabrera. Profesora-investigadora de Política y Gobierno, especialista en temas de seguridad, estudios fronterizos y relaciones México-Estados Unidos. Autora de Los Zetas Inc.

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