El doloroso promedio de 1.2 policías asesinados cada 24 horas en México tiene otra cara poco visible para la sociedad, pues no sólo murieron los servidores públicos, sino que “en un solo año, 442 familias enteras quedaron en el desamparo, en el abandono total. Esas viudas y esos hijos de los policías fallecidos, a veces no tienen qué comer, no tienen posibilidades para que los niños vayan a la escuela y sigan con sus estudios”, aseguró a ZETA el investigador Rubén Ortega Montes, secretario general de Unidos por la Seguridad, Asociación Civil.
Por Luis Carlos Sáinz
Baja California, 7 de enero (Zeta).– Por lo menos 28 estados del país registraron crímenes de policías preventivos, viales e investigadores. El 53 por ciento eran policías municipales, 42 por ciento estatales y sólo el 5 por ciento federales. Guanajuato es la entidad que tuvo más oficiales asesinados (73), mientras que Baja California cerró el año con 12 homicidios en ese contexto. Otros representantes de autoridad también fueron atacados, con siete alcaldes asesinados, doce ex alcaldes y más de 30 funcionarios municipales victimados.
Mientras el Gobierno de México y los mandatarios estatales discuten sobre las fallas en sus estrategias para combatir la delincuencia y delimitan sus ámbitos de responsabilidad, 2019 estuvo marcado por más de 33 mil homicidios, entre los que destacan los cometidos en contra de representantes de autoridad de los diferentes niveles gubernamentales. Las víctimas fueron por lo menos 442 policías, 16 militares, siete alcaldes, doce ex alcaldes y una treintena de funcionarios de ayuntamientos.
En 28 entidades del país se registraron homicidios de guardianes del orden. Según estadísticas de la organización Causa en Común, el 53 por ciento de los agentes caídos en aparente cumplimiento del deber eran policías municipales, 42 por ciento estatales y 5 por ciento activos federales.
Por su parte, los alcaldes victimados representaban a seis municipios de cinco estados, ocurriendo tres de los crímenes en Oaxaca.
El doloroso promedio de 1.2 policías asesinados cada 24 horas en México tiene otra cara poco visible para la sociedad, pues no sólo murieron los servidores públicos, sino que “en un solo año, 442 familias enteras quedaron en el desamparo, en el abandono total. Esas viudas y esos hijos de los policías fallecidos, a veces no tienen qué comer, no tienen posibilidades para que los niños vayan a la escuela y sigan con sus estudios”, aseguró a ZETA el investigador Rubén Ortega Montes, secretario general de Unidos por la Seguridad, Asociación Civil.
Los estados que concentraron el 70 por ciento de los homicidios de policías son: Guanajuato, con 73, Michoacán, 40; Chihuahua; 32; Jalisco, 29; Guerrero, 26; Estado de México y Sonora, 23 casos cada uno. Sólo escaparon a esta ola de violencia contra los gendarmes, las entidades de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche y Yucatán, que no registraron un solo deceso entre sus filas de seguridad.
Tan sólo en la segunda semana de diciembre, 13 policías, entre ellos un elemento de la Guardia Nacional, fueron asesinados en Guanajuato, que es además del punto geográfico del país puntero en muertes de policías, la entidad donde mayor número de homicidios dolosos han ocurrido (3 mil 211), seguido por Baja California, Estado de México y Jalisco.
El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, asegura que el incremento de crímenes se debe precisamente a la falta de elementos policiales del ámbito federal para enfrentar a la delincuencia. Reconoce la falta de resultados, pero justifica que su administración inició de cero por carencia de agentes que no estuvieran coludidos con delincuentes.
La peor de las emboscadas contra uniformados ocurrió el 15 de octubre, cuando 13 policías estatales de Michoacán perdieron la vida y tres resultaron lesionados, tras ser atacados en El Aguaje, en Aguililla. Cumplimentarían una orden judicial cuando se registró la agresión por unos treinta sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en camionetas blindadas. Quemaron las patrullas, robaron armamento y dejaron narcomensajes.
Dadas las características de los hechos, la cantidad de eventos y el número de fallecidos, las autoridades de los tres niveles de Gobierno no han aclarado la mayoría de los casos, ni siquiera se conoce con precisión en cuántos hubo personas detenidas, debido al grado de opacidad con que se manejan, pretextando el sistema de justicia penal acusatorio.
BAJA CALIFORNIA
En esta entidad fronteriza ocurrieron 12 homicidios de policías, dos más que el año próximo pasado. Apenas iniciaba 2019 cuando el 3 de enero fueron asesinados a balazos dos agentes municipales que comían en un restaurante de comida china en Tijuana: Fidencio Figueroa Rodríguez y Omar Araujo. El crimen se le atribuyó al CJNG.
El 5 de marzo, en el fraccionamiento El Rubí, el supervisor operativo del Distrito San Antonio de los Buenos de la Policía Municipal, Enrique Gerardo Ramos Talledos, recibió un balazo en el cuello y murió en el hospital. Policías pretendieron revisar a un sujeto que echó a correr y después se introdujo a un domicilio, desde donde disparó.
La madrugada del 15 de abril, en Ciudad Morelos, Mexicali, fue victimado Ignacio Villagómez Robles, de 40 años, agente de la Policía Municipal adscrito al valle de Mexicali. Su compañero Raúl Adrián Flores salió herido. Antes de las seis de la mañana iban a revisar un vehículo cuando les atacaron con armas largas. Uno de los presuntos asesinos, Jorge Eduardo Pérez Jiménez, “El Charal”, fue abatido por la policía el 15 de diciembre último. También le imputaban los homicidios de dos policías de San Luis Río Colorado, Sonora.
En la colonia Loma Alta en Ensenada, la mañana del 20 de julio fue asesinado el agente ministerial Luis Arturo Joya Ramírez, de 37 años, adscrito al área de Narcomenudeo en Tijuana. Vecinos escucharon las detonaciones de arma de fuego y observaron un vehículo Volkswagen Gol color negro, huir a toda velocidad. El agente se encontraba incapacitado desde días antes.
Dos días más tarde, en la colonia Hidalgo de Mexicali, matarifes que viajaban en un auto Honda de color blanco, asesinaron de siete balazos al ministerial Heriberto Gutiérrez Martínez. Y el 30 de julio, el agente investigador de Delito de Robo, Jesús Rafael Valenzuela Chávez, fue atacado a tiros por un comando afuera de las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado en El Hongo.
La madrugada del 26 de agosto en el bar Le Conteiner de Tijuana, fue victimado el policía municipal Juan de Dios Vázquez Grande, de 41 años. En el sitio se solicitó el apoyo de los uniformados para tranquilizar y llevarse a tres individuos que estaban alterando el orden. Uno de ellos llevaba una pistola y disparó en tres ocasiones contra el agente. Huyó con sus cómplices a bordo de un vehículo color arena.
El 9 de noviembre en Tecate, el policía Rodrigo Morales Gámez fue agredido a balazos a unas cuadras del Ayuntamiento. Minutos después falleció en el hospital. El día 15, también en Tecate, el municipal Juan de Dios Rivera Ramírez fue tiroteado cuando circulaba en su vehículo, el cual impactó contra un puesto de hot dogs y atropelló a varias personas, una de las cuales murió.
La madrugada del 11 de diciembre en el fraccionamiento Ciudad Santa Rosa en Tijuana, producto de una riña con su pareja murió Luis Rodrigo Juárez Arellanes, de 28 años, quien tenía dos meses como supervisor de la delegación Centro. La presunta autora del hecho, Alina “N”, también era policía.
Finalmente, el sábado 14 de diciembre, en las inmediaciones del Ejido Chilpancingo en Tijuana y en extrañas circunstancias, fue asesinado el policía Israel Meza Durán.
EL DESAMPARO
El investigador Rubén Ortega Montes, doctor en Derecho, miembro del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, profesor investigador del Centro Universitario de la Ciénega y secretario general de Unidos por la Seguridad, expresó que es muy grave que quienes son los encargados de cuidarnos, sean víctimas de la delincuencia, porque a ellos nadie los cuida. El eslogan de la Asociación Civil en la que participa es precisamente “Cuidar de quienes nos cuidan”.
“Mientras los policías intentan dar lo mejor de sí para la sociedad, ni el Estado ni la sociedad estamos con ellos, y eso también se refleja de manera directa en el déficit en el número de policías, la falta de buenos salarios, de buenas prestaciones para los elementos; los horarios tan cargados, el tipo de armamento que usan, el abuso de los mandos a través del acoso, los arrestos y sobre todo los controles de confianza”, complementó el investigador.
“Sobre este tema quedó en claro que quien impulsó y puso en boga los controles de confianza fue Genaro García Luna, hoy detenido y defenestrado, lo que demuestra que este control era para quitar de en medio a policías que les estorbaban en un momento determinado y retirarlos de la función policial. Esto nos hace pensar que muchos de los que salían eran los buenos y no los malos. Y luego, esos 5 mil pesos de bono que se les daban a los agentes que sí pasaban el Control de Confianza era un premio para quienes estaban bien con los altos mandos y hacían su voluntad”, dijo.
Ante la pregunta de quiénes matan a los policías, Ortega contestó que la delincuencia organizada está asesinando uniformados en la mayoría de los casos.
“En otros asuntos, está visto, algunos malos policías se han coaligado con criminales y han tenido algún trato que no pudieron cumplir por causas ajenas a su voluntad, y luego viene la contraparte a cobrarle facturas. Definitivamente creo que son muy pocos los homicidios de policías por parte de delincuencia aislada o convencional”.
De igual forma, subrayó el lado invisible de la muerte de policías y desnudó la insensibilidad de las autoridades que para reclutar elementos, prometen seguros de vida, becas de estudios e inclusive entrega de casas en caso de que los oficiales fallezcan en cumplimiento del deber.
“Esas familias quedan en el total desamparo. No es cierto lo que dicen los gobiernos, han mentido siempre. En Unidos por la Seguridad, AC acompañamos a las dolientes, los dolientes, las viudas y los hijos de los policías, y es un todo un viacrucis, un calvario, cobrar el seguro de vida, acceder a los supuestos beneficios posteriores”, planteó.
Desde hace seis años, la AC impulsa la propuesta de contrarreforma al Artículo 123 de la Constitución, inciso b, fracción XIII, para que los policías cesados injustamente y procesados sin que se les pruebe legalmente la comisión de conductas delictivas, sean recontratados y no sólo se les indemnice con el pago de salarios caídos. En su lucha consiguieron que la anterior Legislatura de la Cámara de Diputados aprobara la moción; sin embargo, el asunto está atorado en el Senado de la República.
“Precisamente en tiempos de Genaro García Luna, en el sexenio de Felipe Calderón, se crearon los Controles de Confianza y se negó la reinstalación de policías cesados por alguna investigación judicial. Hemos hecho una gran movilización a nivel nacional junto con Movimiento por la Seguridad y la Justicia, AC y otras organizaciones de la sociedad civil, llevando una excitativa al Senado de la República para que aprueben la contrarreforma que los diputados federales avalaron”.
El investigador criticó el manejo poco sensible del Senado en la relación con los elementos policiales: “¿Quieren tener mejores policías?, pues tienen que empezar a responderles de manera humana, sensible y políticamente a través de instrumentos que muestren buena voluntad por parte del Estado. Esa sería una. Otra, es el tema de la jubilación a los 25 años de servicio, que en diversos estados se encuentra atorada, siendo que en otras entidades ya existe. También debe ser a nivel federal”.
Rubén Ortega Montes concluyó que muy pocos policías logran jubilarse. No llegan a sostener 25 años de trabajo, mucho menos 30. Son muy pocos los uniformados, investigadores, agentes viales o custodios penitenciarios que logran cumplir con la anhelada meta, “porque a los que no matan, se van, ya sea porque son amenazados, sus mandos se las hacen cansada o simplemente no lo ven como proyecto de vida”.
ALCALDES Y EX ALCALDES
Si ser policía es una situación difícil, ser Presidente Municipal, Regidor u ostentar algún cargo superior en un Ayuntamiento también se ha convertido en un grave problema ante las presiones del crimen organizado y los grandes intereses que se juegan en diversos sectores como el industrial, comercial formal y ambulante, el entretenimiento, los giros negros, las constructoras y los sindicatos.
Prueba de ello es que siete alcaldes, doce ex presidentes municipales y más de 30 funcionarios de ayuntamientos fueron asesinados durante el último año.
Apenas arrancaba -en diciembre de 2018- la administración de López Obrador cuando en Juárez, Coahuila, fue privada de la libertad y seis días después encontrada sin vida, la alcaldesa Olga Gabriela Kobel Lara. Fue inhumada clandestinamente, con impactos de bala. Se sospecha de un empresario, con un móvil al parecer de carácter personal.
El primer día de 2019, luego de asumir su cargo como Presidente Municipal de Tlaxiaco, Oaxaca, Alejandro Aparicio Santiago fue asesinado a balazos.
Postulado por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), realizaba un recorrido acompañado del síndico Perfecto Hernández, cuando dos sujetos les dispararon a mansalva. Ambos funcionarios murieron cuando eran atendidos en un hospital de la localidad.
La mañana del 23 de abril, en el poblado de Cortijo Viejo, municipio de Coeneo, Michoacán, fue encontrado el cadáver del Alcalde de Nahuatzen, David Otlica Avilés, quien horas antes fue extraído violentamente de su casa por un sujeto que arribó a bordo de un vehículo Ford Mustang de color rojo y amagándole con un arma de fuego se lo llevó. La privación ilegal de la libertad se registró a las tres de la madrugada. Se desconoce el móvil e identidad del asesino.
Al día siguiente se conoció del homicidio de la Alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Veracruz, Maricela Vallejo Orea, (Morena), cuando alrededor de las diez de la noche circulaba en su automotor acompañada de su esposo, por la carretera Zongolica-Orizaba, en las inmediaciones de la comunidad Atlanca. Un comando armado a bordo de otros vehículos dio alcance a la pareja y les dispararon. En el asunto se mencionaron móviles políticos y se encuentran detenidos el ex Síndico Ricardo “N” y su esposa, la ex Alcaldesa de Mixtla, María Angélica “N”, vinculados al ex Gobernador panista Miguel Yunes Linares.
El 17 de agosto se reportó el asesinato a balazos de la Alcaldesa Carmela Parra Santos, de San José Estancia Grande, Oaxaca y emanada del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Su cadáver estaba dentro de una camioneta junto con el de Hugo Castellanos Ortega, delegado de la Zona Costa de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Ambos con impactos de bala. El hallazgo se dio sobre la carretera en el municipio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo. Se desconocen las razones y autores del doble homicidio.
Otro crimen que conmocionó al mundo político fue el del Presidente Municipal de Valle de Chalco, Estado de México, Francisco Tenorio, militante de Morena. El 29 de octubre, luego de un recorrido por la Unidad Habitacional Geo Villas, dio “raite” a un sujeto que se dijo su admirador y con quien se tomó una foto. El individuo disparó a la cabeza al Edil, causándole muerte cerebral y su posterior deceso. A finales de noviembre la policía detuvo a un sospechoso que fue atacado a balazos en Tláhuac y confesó el asesinato.
El asesinato más reciente se presentó el 23 de diciembre en San Felipe Jalapa de Díaz, nuevamente en Oaxaca, donde el Alcalde Arturo García Velásquez y el Síndico Javier Terrero, fueron victimados por un comando que llegó a las instalaciones de DIF Municipal, donde la esposa de García, presidenta del voluntariado, realizaba un convivio navideño. Los ejecutores escaparon. El Edil por Morena fue detenido el 24 de octubre anterior, acusado por el delito de desaparición forzada, delincuencia organizada y portación de arma de fuego. Fue liberado por detención ilegal seis días después.
LOS POLÍTICOS
Aún observando los estragos de la violencia en el país, los gobernantes siguen en la fase de planeación e intentando ponerse de acuerdo ante la diversidad de partidos políticos a los que pertenecen y ante los comentarios que en ocasiones con falta de tacto, realizan algunos funcionarios del Gobierno federal, ocasionando la molestia de algunos gobernadores.
Cuando acordaban un plan para mejorar el salario de los policías a nivel nacional y la forma de intensificar la certificación de los involucrados, a través de los Controles de Confianza, el Secretario de Seguridad Pública federal, Alfonso Durazo, exhibió a los mandatarios que no asistían a las reuniones de seguridad de Nuevo León, Guanajuato, Campeche, Sonora, Tamaulipas, Michoacán, Chihuahua y Quintana Roo.
Los gobernadores panistas respingaron de inmediato y criticaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador por la ausencia de una estrategia de seguridad eficaz contra la delincuencia en el país, en vez de polarizar y descalificar a los mandatarios.
Por lo anterior, Durazo se reunió en privado con todos los gobernantes en Palacio Nacional, previo a la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, para aliviar tensiones.
La Conferencia Nacional de Gobernadores exhortó al Gobierno Federal trabajar por la seguridad de los mexicanos y no politizar el tema.
López Obrador, quien encabezó la sesión del Consejo, respondió a los mandatarios estatales que deben asumir de manera directa la responsabilidad de resolver el problema de inseguridad en el país, pues para su Gobierno “es un objetivo supremo”.
Por su parte, Durazo reiteró la disposición de fortalecer las estrategias contra la violencia y la inseguridad: “El propósito de esta reunión es que Federación, estados y municipios construyamos consensos sobre las políticas necesarias para garantizar un servicio de seguridad pública eficaz. Sin un esquema de colaboración estrecha entre los tres órdenes de Gobierno, no hay estrategia de seguridad pública que pueda obtener resultados tangibles y perdurables”.
Por último, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, expresó que existe una excelente coordinación en materia de seguridad entre el Gobierno Federal y en los estados, por lo que rechazó malestar de los mandatarios estatales exhibidos por sus faltas a las reuniones de seguridad o por el retraso en la certificación de sus policías.
