El Nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, en el Estado de México, el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y el Proyecto Integral Morelos (PMI) son algunos de los proyectos impulsados por la actual administración morenista que han traído conflictos socioambientales traducidos en agresiones, amenazas e incluso los asesinatos de 114 personas defensoras del medio ambiente en el últl año, de acuerdo con datos difundidos por Grecia Eugenia Rodríguez Navarro, del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco.
Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).- El Gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador pone en riesgo a cientos de habitantes de comunidades indígenas de al menos ocho estados con las políticas extrativistas de despojo y privatización del agua y territorios que promueve a través de megaproyectos, denunciaron personas defensoras del medio ambiente.
El Nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, en el Estado de México, el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y el Proyecto Integral Morelos (PMI) son algunos de los proyectos impulsados por la actual administración morenista que han traído conflictos socioambientales traducidos en agresiones, amenazas e incluso los asesinatos de 114 personas defensoras del medio ambiente en el último año, de acuerdo con datos difundidos por Grecia Eugenia Rodríguez Navarro, del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco.
Las comunidades acusan el doble discurso del Presidente: por un lado dice apoyar a las comunidades indígenas, pero implementa estrategias como las consultas públicas irregulares para legitimar violaciones a sus derechos humanos.
Personas defensoras denunciaron en conferencia la contaminación del agua y el daño a la salud de miles de personas que se prevé si sigue construyéndose el aeropuerto en Santa Lucía, el Corredor Interoceánico, el PMI y proyectos mineros en Veracruz, Baja California, Zacatecas, Chiapas, Puebla y Chihuahua.
«El negocio de privatización del agua está siendo puesta en marcha por el Gobierno federal y los gobiernos estatales», denunció Rodríguez Navarro, quien acusa al Gobierno de Zacatecas por impulsar la construcción de la Presa Milpillas, que consumiría el agua del río Atenco para abastecer a mineras y al cervecera Grupo Modelo.
Las y los defensores reconocieron que la construcción de diversos megaproyectos inició desde sexenios anteriores, pero consideraron que el Presidente debe cumplir el compromiso que ha hecho con los pueblos indígenas y cancelarlos, porque de no hacerlo la inconformidad de las comunidades seguirá creciendo, así como las redes de resistencia.
«[El Gobierno federal] no puede seguir creyendo que una política extractivista va a ser la solución a un proyecto de nación cuando lo que vemos es que éstas resistencias y conflictos van a seguir aumentando porque, aunque el Presidente no quiera verlo, los pueblos nos estamos organizando, damos el mensaje de que México está hablando», dijo Grecia Rodríguez.
AMENAZAS Y «PROYECTOS DE MUERTE»
Aunque el Presidente López Obrador cumplió su promesa de campaña sobre cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de Texcoco, las amenazas ambientales de un aeropuerto se trasladaron ahora a 20 pueblos originarios del Estado de México que rodean el terreno donde se construirá Santa Lucía.
Nancy Rodea, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, señaló que el Gobierno federal ha optado por no dialogar con las comunidades y señalarlas como opositoras, por lo que el Frente de pueblos originarios en Defensa del Agua en Santa Lucía se acercó ya con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para denunciar la violación al derecho al agua de las comunidades indígenas que no se están reconociendo en las zonas cercanas a la base aérea.
«El Presidente ha omitido las observaciones que han hecho los pueblos de las comunidades aledañas a Santa Lucía sobre el colapso hídrico que puede traer este proyecto en cuestión de que no habrá agua», aseguró la defensora.
Otro proyecto emblema del Gobierno ha sido el Corredor Interoceánico, o Tren Transístmico, en la
región del Istmo de Tehuantepec y preocupa porque impactará en 300 kilómetros de largo por 40 de ancho. Mario Quintero, de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo el Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), aseguró que una muestra de que el proyecto seguirá es que aumentó en 800 por ciento el presupuesto para 2020.
«[El Tren Transístmico] pretende convertir la región en un corredor industrial y energético que dejará a su paso desplazamientos, graves afec
taciones a la naturaleza y a las formas de organización comunitarias», denunció la APIIDTT en un comunicado conjunto.
Las comunidades indígenas también denunciaron el incremento de amenazas en lo que va del Gobierno morenista. Miriam Vargas, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua en Morelos, Puebla y Tlaxcala, reiteró la exigencia de cancelar el PMI y de obtener justicia por el asesinato de Samir Flores, un fuerte opositor del proyecto que fue asesinado en febrero pasado a días de que se realizara una consulta pública en Morelos.
Miriam denunció que las y los integrantes del Frente se enfrentan a constantes amenazas de desaparición, encarcelamiento y muerte. Dijo que ahora el PMI está en su segunda fase, la industrialización de la zona oriente de Morelos y el poniente de Puebla, con lo que empresas como Audi y Volksvagen han buscado instalarse en los ramales del gasoducto.
En ese sentido, 23 asambleas, centros y frentes del país exigieron la cancelación del Tren Transístmico, del aeropuerto en Santa Lucía, del PMI, las concesiones mineras en Morelos, Puebla, Veracruz y Chihuahua; también frenar la Presa Milpillas en Zacatecas; así como negar a la cervecera Constellations Brands el derecho de consumir 20 mil millones de litros de agua potable al año en Mexicali, y llamaron a no otorgar a Coca-Cola el derecho de explotar un tercer pozo en Chiapas.
Las y los defensores coincidieron en la necesidad de frenar las «consultas simuladas y manipuladas de los proyectos de muerte».
«Hacemos un llamado al Presidente para que considere que todavía está a tiempo de respetar a las comunidades, como tanto ha venido diciéndoles, pero esto no se logrará con consultas simuladas», expuso Nancy Rodea.
Mientras que Miriam Vargas demandó a las autoridades estatales y federales a «respetar el derecho de los pueblos a la autodeterminación, a la vida y a la autonomía en nuestras comunidades».
