El Instituto Nacional Electoral no tendrá el dinero que solicitó para 2020 y al interior del organismo se especula que el recorte presupuestario afectará sus operaciones. Pero el registro de pagos del Instituto arroja que aún hay áreas de oportunidad en materia de austeridad.
Durante los primeros nueve meses de 2019, el INE realizó gastos millonarios en vehículos oficiales, alimentos, viáticos y hasta productos alimenticios para animales, por mencionar algunos ejemplos.
Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).- El Instituto Nacional Electoral (INE) pagó más de 10 mil 500 millones de pesos entre enero y septiembre de este año. Dicha cantidad de dinero fue utilizada para sostener su operación y es equiparable al 69 por ciento de su presupuesto para 2019.
La mayor parte del dinero (46 por ciento) fue utilizada para el pago de salarios y prestaciones, además del financiamiento de partidos políticos (35 por ciento). Sin embargo, el gasto en servicios (13 por ciento) y en bienes y suministros (1.7 por ciento) se llevó una buena parte del pastel.
De acuerdo con el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello, el INE adoptó medidas de austeridad más allá del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que el recorte de este año dejará al Instituto “al límite” en su operación, sobre todo considerando que el año entrante iniciará el proceso electoral 2021.
A pesar de que el organismo se apega a los principios de economía y transparencia establecidos en el artículo 134 constitucional, el consejero Roberto Ruiz Saldaña dijo a SinEmbargo que en el INE aún persisten gastos excesivos que pueden evitarse, como aquellos en vales para comida, viajes, autos y comités.
“En el INE era normal tener esos privilegios, […] pero esos tiempos ya cambiaron y me parece que no son necesarios muchos gastos”, explicó el Consejero electoral.
Para Ruiz Saldaña, muchos de los gastos de la alta burocracia no se justifican. Habló de las erogaciones que parecen pequeñas pero que, si se juntan y eliminan todas, «podrían disminuir el presupuesto del INE y se mandaría un mensaje a la sociedad de que el INE no es ajeno a la preocupación genuina de la austeridad”.
Los datos de transparencia del INE corroboran lo dicho por el funcionario público.
Entre los servicios generales y profesionales contratados destacó el pago de 30.4 millones de pesos en viáticos y pasajes de servidores públicos, así como 10.2 millones en congresos, exposiciones y eventos del organismo electoral.
Asimismo, entre los bienes y servicios adquiridos hubo registro de 55 millones en artículos para vehículos oficiales, así como 52.5 millones en alimentos.
También destacó la compra de bienes muebles, inmuebles e intangibles por 10.5 millones de pesos durante los primeros nueve meses de 2019, además de la adquisición de productos alimenticios para animales y artículos deportivos por 5 mil 264.50 y mil 511.02 pesos, respectivamente.
EL INE ACLARA
«En lo que tiene que ver con gastos siempre habrá área de oportunidad. […] Siempre estamos trabajando nosotros para buscar cómo mejorar la operación para ser más eficiente sin perder la eficacia», dijo a SinEmbargo el Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina.
El funcionario explicó que muchos de los gastos referidos en este reportaje están justificados por las necesidades operativas del Instituto. Pese a ello, reconoció que hay gastos que podrían ser recortados –como el de boletas electorales, con la eventual implementación de nuevas tecnologías y dispositivos electrónicos– pero que, no obstante, dependen de otras instancias como el Poder Legislativo de la Federación.
Para Jacobo Molina, una buena parte del gasto fijo de la institución está relacionada con «candados» que requieren de reformas legales. Tal es el caso del costo de las oficinas, pues por ley, el INE debe de tener representación en los 32 estados de la República y en los 300 distritos electorales. Asimismo está el costo de la credencial para votar, que se lleva el 30 por ciento del costo de operación del INE.
En el caso específico de las partidas para vehículos y alimentos, el Secretario dijo que han habido recortes presupuestarios en los últimos años.
Como ejemplo mencionó que este año el INE calculó 72 millones de pesos en aditamentos, gasolinas y lubricantes para los más de 2 mil 400 vehículos oficiales en existencia. Sin embargo, el organismo electoral recortó su presupuesto original hasta 68 ó 64 millones de pesos para este año, que de acuerdo con el funcionario público, son esenciales para movilizar a los más de 17 mil trabajadores del INE.
«Si uno analiza el número de vehículos por los trayectos que nosotros hacemos en todo el país, me parece que es una cifra razonable», recalcó Jacobo Molina.
Sobre los alimentos explicó que hay tres principales gastos: para trabajadores de campo, en caso de jornadas laborales que exceden las horas ordinarias de trabajo y en tarjetas para gastos de funcionarios que corresponden, entre otras cosas, «a costos de representación de la institución, cuando algún funcionario invita a alguna otra persona para hacer algún tipo de gestión».
Además dijo que los productos alimenticios para animales se deben a que el INE cuenta con elementos de protección canina, que están entrenados para detectar bombas y garantizar la seguridad del personal del Instituto.
De acuerdo con Jacobo Molina, los gastos anteriormente referidos «aparecen en muchas otras instancias de la administración pública federal y se considera simplemente una prestación por el nivel de responsabilidad de los funcionarios». Por ello, consideró que se trata de gastos «razonables» sujetos a procesos de austeridad; esto también incluye costos por viajes, viáticos y pasajes.
Cuestionado acerca del nivel salarial, las prestaciones y los beneficios de los altos mandos del INE, el Secretario Ejecutivo externó que se trata de partidas presupuestarias que «se han venido controlando» y reduciendo «de una manera sistemática».
«Es cierto que contamos sin duda con medidas de austeridad, pero también es cierto que el nivel de responsabilidad que tenemos algunos funcionarios de la institución, además con muchos años ya de desempeño en lo mismo, [justifican que] nos contratemos bajo ciertas condiciones porque consideramos que es apropiado que se respete».
Jacobo Molina también recordó que el tema de la reducción salarial y de prestaciones «ha sido tocado» con diputados federales, para tratar el tema de parámetros e indicar los niveles salariales adecuados. En el INE «no hay abuso sino justa retribución», concluyó el funcionario.
CONTRATACIÓN OCIOSA
De enero a septiembre de este año, el INE firmó 26 mil 800 contratos públicos por un monto total de 782.3 millones de pesos. Entre ellos están 1 mil 270 adjudicaciones directas por casi 3.8 millones de pesos, que fueron utilizados para la compra de bienes y servicios que implican una oportunidad de ahorro para el INE.
Los dos gastos más fuertes estuvieron relacionados con insumos de cafetería (casi 2 mdp) y el pago de estacionamiento y pensión de vehículos (más de 1 mdp).
Además, el INE contrató 493 mil 683 pesos en servicios de lavandería y 69 mil 961 pesos para el lavado de vehículos oficiales. A ello se suman 96 mil 087 pesos para la compra de refrescos, 51 mil 150 pesos para la adquisición de tazas, 26 mil 934 pesos en dulces y galletas, así como 7 mil 761 pesos para agendas.
Los ejemplos referidos develan una realidad que prevalece en el INE. De acuerdo con el consejero electoral Roberto Ruiz Saldaña, «en algunos casos sí hay dispendio –o gasto excesivo e innecesario– y en otros hay insensibilidad”.
Inclusive, tanto la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como el Órgano Interno de Control (OIC) del INE advirtieron que durante el ejercicio fiscal de 2018 hubo irregularidades en el uso y adjudicación de recursos públicos
En la segunda entrega de la Cuenta Pública de 2018, la ASF halló irregularidades no solventadas hasta el 14 de octubre de este año, por un monto superior a 93.5 millones de pesos.
Lo anterior derivó de «pagos excesivos» de honorarios y dietas de consejeros electorales (70.3 mdp), además de la compra no comprobada de bienes y materiales (23.3 mdp).
Entre las irregularidades está un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal de más de 18.2 millones de pesos, ya que la Auditoría determinó que hubo una “diferencia” entre el importe de alimentos ministrados a funcionarios de casillas y el importe comprobado mediante el Sistema de Contratación, Pago y Comprobación de Recursos, se lee en la auditoría 2018-0-22100-19-0093-2019 93-GB.
Dadas las anomalías, el órgano fiscalizador encontró violaciones a diversas leyes, entre ellas el Artículo 134 constitucional, mismo que establece que todas las entidades gubernamentales deben administrar los recursos públicos «con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez».
Además de la ASF, el OIC del INE advirtió que «el Instituto continúa adjudicando contratos con base en una cuestionable asignación de puntos en las evaluaciones técnicas; así como, limitando la libre participación de licitantes en los procesos de contratación”.
De acuerdo con su «Informe Anual de Gestión 2018”, en el INE “persisten constantes deficiencias en la administración y supervisión de los contratos, así como en la determinación y aplicación de penas convencionales y/o deductivas a los proveedores”.
Lo anterior es relevante considerando que siete de cada 10 pesos contratados en los primeros nueve meses de este año fueron adjudicados de manera directa.
