El colector contempla tirar al río desechos de más de cuatro zonas habitacionales y residenciales del municipio de Huejotzingo, además de los desechos de empresas como Portatex, Pecaltex, Hidra Textil, Karden Oliver, Cerillero Atlas, Grupo Rey Imperial, Draexlmer y Thyssenkrupp Presta, Ajenix y Multiaceros, denunciaron las comunidades nahuas.
Ciudad de México, 18 de noviembre (SinEmbargo).– Comunidades nahuas de Juan C. Bonilla, Puebla, han enfrentado en los últimos meses amenazas, detenciones arbitrarias y hasta agresiones de la Guardia Nacional por oponerse a la creación de un colector que concentrará los desechos tóxicos industriales de aproximadamente 30 empresas, afectando al río Metlapanapa y a los pueblos cercanos.
«El Gobierno de Puebla utilizó armas contra la gente. Es lo mismo que antes hizo Rafael Moreno Valle, utilizaron las armas, al Ejército. Así como lo hizo Moreno Valle y Peña Nieto ahora lo hace el Presidente López Obrador y el Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, utilizan las fuerzas federales para reprimir al pueblo. Pensábamos que este nuevo partido de Morena iban a cambiar las cosas pero es todo lo contrario. Hay una campaña de desprestigio, [las autoridades] mienten constantemente», denunció Miguel López Vela, consejal del Consejo Indígena de Gobierno, del Congreso Nacional Indígena (CNI), al hablar sobre las agresiones que la Policía estatal y la Guardia Nacional encabezaron contra habitantes del municipio poblano, principalmente personas de la tercera edad y a mujeres, cuando protestaban en la carretera federal a Huejotzingo el pasado 30 de octubre.
Los pobladores protestaron en esa ocasión porque el Presidente Municipal, el morenista Joel Lozano Alameda, violó los acuerdos alcanzados en asambleas por la comunidad desde mayo de 2018 para frenar el denominado Proyecto Integral de Alcantarillado Sanitario, y permitió que siguiera la construcción.
Además de las agresiones a la comunidad, ese día un estudiante fue detenido irregularmente cuando, al regresar de la escuela, pasó por la zona.
Israel Taparle, de la Asamblea comunitaria de Juan C. Bonilla, explicó que aún después de ese día internaron retomar el diálogo en una mesa convocada por el Presidente municipal, pero al realizar una visita ocular por la zona junto con autoridades observaron una nube de humo negro, pese a que ellos se deslindaron, medios locales los culparon por el incendio, por lo que desde entonces la comunidad decidió suspender las conversaciones.
Si el proyecto de aguas tóxicas del corredor industrial «Ciudad Textil» se construye, en el río se verterán sustancias dañinas como plomo, cianuro, cobre, cadmio, arsénico, zinc, huevos de helminto y heces fecales, mismos que a la larga podrían causar enfermedad respiratorias y gastrointestinales, cáncer, insuficiencia renal o malformaciones congénitas, como ha pasado en otras regiones, denunciaron habitantes en conferencia de prensa.
«El agua es fuente de vida para las comunidades y lo que pretenden los empresarios es ver al río como un drenaje a cielo abierto de sustancias contaminantes», expuso el defensor Israel Tepale.
El colector contempla tirar al río desechos de más de cuatro zonas habitacionales y residenciales del municipio de Huejotzingo, además de los desechos de empresas como Portatex, Pecaltex, Hidra Textil, Karden Oliver, Cerillero Atlas, Grupo Rey Imperial, Draexlmer y Thyssenkrupp Presta, Ajenix y Multiaceros.
Israel explicó que empresarios buscan engañar a los pueblos nahuas de Zacatepec, Nextetelco, Cuanalá y Ometoxtla -comunidades que se verían afectadas por el colector- al decirles que el proyecto generará hasta 6 mil empleos, pero no les dicen con pagos muy bajos, cuando durante años las comunidades han subsistido de los productos que obtienen de la tierra.
«Los empresarios han contaminado los ríos. Cuando le dejamos a los empresarios, es signo de muerte porque en muy poco tiempo acaban con nuestra vida», opinó al respecto Miguel Sánchez, del pueblo totonaco de la Sierra Norte de Puebla.
«NO ES PROGRESO, ES DESTRUCCIÓN»
Salvador Sánchez Bolaños, defensor de la Sierra Verde de Puebla, adelantó que, ante la indiferencia de autoridades estatales y federales de proteger al medio ambiente y con él a las personas, los pueblos indígenas de la entidad reforzarán su organización con pueblos cercanos. De igual forma anunciaron la creación de una campaña nacional de comunicación para visualizar la defensa del río Metlapanapa.
«Hoy vemos más clara la guerra contra los pueblos. El Presidente López Obrador habla de progreso, pero el progreso que defiende va acompañado de destrucción, con megaproyectos», acusó.
En ese sentido, Miguel Sánchez recordó que al igual que las comunidades nahuas de Juan C. Bonilla, otras están amenazadas en la entidad por grandes proyectos contaminantes y sus habitantes también son continuamente amenazados y agredidos.
Puso como ejemplo el caso de las comunidades totonacas de la Sierra Norte de Puebla, quienes desde hace tres años buscan cancelar la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, que le quitará a habitantes de tres municipios su agua para favorecer exclusivamente a socios de la empresa Deselec 1-Comexhidro, entre ellos Nueva Walmart de México, Waldo’s Dólar Mart de México, Vips y Suburbia.
El defensor alertó que hay al menos 14 proyectos hidroeléctricos por concretarse en la entidad y que ponen en riesgo a pueblos indígenas. “Estas empresas violan nuestros derecho a un medio ambiente sano, a la autodeterminación de los pueblos, al derecho a consultas libres e informadas”, dijo, y destacó el respeto que los pueblos originarios tienen al agua.
“Para nosotros, cuando nos dicen que piensan contaminar el agua, es como si nos dañaran el cuerpo, porque estamos formados mayormente por agua. Para nosotros el agua es sagrada y al hablar con otros pueblos nos hemos dado cuenta de que tenemos la misma espiritualidad, que para nosotros el agua es sagrada, es vida”, destacó.
Ante la situación de riesgo que enfrentan, Ismael Tepale aseguró que pobladores de Juan C. Bonilla responsabilizan por su seguridad al gobernante municipal, al estatal y a los empresarios y representantes de la obra, identificados como Francisco Rivera Taja, presidente de la Parque Industrial Textil; Jorge García Turuel Rivero, vicepresidente de la Cámara de Industria Textil de Puebla y Tlaxcala; así como a Alfredo Ávila Salazar, actual representante de las obras del colector de desechos tóxicos.
