Los últimos tres gobiernos federales en México han exigido a Estados Unidos el freno del tráfico de armas, sin embargo éstas no han dejado de ser utilizadas por grupos del crimen organizado para cometer miles de asesinatos.
Para el especialista en seguridad Raúl Benítez Manaut, si las autoridades mexicanas realmente buscan frenar la violencia cometida por armas de fuego necesitarían hacer un despliegue de inteligencia enfocado en identificar quiénes las compran y las distribuyen en el país, de no hacerlo, los grupos criminales seguirán cometiendo con impunidad asesinatos de civiles, como lo ocurrido la semana pasada con las mujeres y niños dela comunidad mormona LeBarón.
Ciudad de México, 18 de noviembre (SinEmbargo).– El asesinato de nueve integrantes de la familia LeBarón, el enfrentamiento entre civiles armados en Culiacán el mes pasado, el derrumbamiento de un helicóptero militar en 2015, el ataque a normalistas de Ayotzinapa, la matanza de 16 jóvenes en Ciudad Juárez en 2010, entre otras masacres que han conmocionado a la ciudadanía en los últimos años tienen algo en común: fueron perpetradas con armas conseguidas gracias al tráfico ilegal, principalmente de Estados Unidos (EU). Y aunque el control en el ingreso de armamento es un problema grave, los tres últimos gobiernos federales poco han hecho por combatirlo de forma integral y asumiendo la responsabilidad que le corresponde.
De acuerdo con Raúl Benítez Manaut, especialista en seguridad del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), culpar a otros países -principalmente EU porque es de donde ingresa el mayor porcentaje de armas al país- sobre la falta de control en esta materia fue un error constante en las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto y también lo ha sido en que va de la de Andrés Manuel López Obrador.
«Echarle la culpa a EU es muy fácil: decir que por eso incrementa la violencia aunque no es cierto. Si esas armas no salieran de EU, los criminales las comprarían en otros países, como ya lo hacen», dijo el también miembro del Colectivo de Análisis de Seguridad con Democracia (CASEDE).
La semana pasada, el Gabinete de Seguridad del Presidente López Obrador informó que los cartuchos usados durante el ataque a la familia LeBarón en los límites de Sonora y Chihuahua procedían de EU. El hallazgo se hace en un contexto donde, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, más del 70 por ciento de las armas que ingresan al país provienen o son de fabricación norteamericana.
Este no es el primer caso en los 11 meses de la administración morenista donde se habla del uso de armamento estadounidense. Y, al igual que el ataque a la familias LeBarón, los dos sexenios pasados también se vieron marcados por actos criminales perpetrados con armas obtenidas del tráfico ilegal.
ATAQUES CON AMLO
La tarde del 4 de noviembre tres mujeres y 14 menores de edad de la familia LeBarón se trasladaron de Galeana, Chihuahua, a Bavispe, Sonora, en camionetas cuando, entre las 9:30 y las 13:00 horas, fueron emboscados por un grupo armado. Además de los nueve asesinados, seis infantes resultaron heridos.
Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que una hipótesis es que algún grupo criminal pudo haber confundido a la familia con otra asociación de la delincuencia. De acuerdo con César Peniche Espejel, Fiscal de Chihuahua, en la zona donde fueron atacados los integrantes de la comunidad mormona se ha identificado la presencia de un grupo criminal denominado como “Los Jaguares”, vinculado al Cártel de Sinaloa.
Sin embargo, dos días después del crimen, Durazo dijo que el grupo «La Línea» habría sido el responsable del ataque, pues con «Los Salazar» se disputa la región donde ocurrió la emboscada.
El Gobierno de Donald Trump externó su apoyo con el caso, pues las víctimas tenían nacionalidad estadounidense, además de que los cartuchos encontrados provenían de su país. Este fue la segunda agresión armada a gran escala en menos de un mes en la que se supo del usó armamento estadounidense.
El pasado 17 de octubre civiles armados realizaron bloqueos y encabezaron ataques en Culiacán, Sinaloa, para impedir que el Ejército capturara a Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán.
El improvisado operativo dejó ver el arsenal con el que opera el Cártel de Sinaloa, característico del Ejército de EU. El Canciller mexicano , Marcelo Ebrard, describió que las armas eran “propias de una guerra»; entre ellas estaba una ametralladora Browning M2, diseñada para atacar vehículos y embarcaciones ligeramente blindados y que pude derribar aviones que vuelan a baja altitud.
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa también aseguró ocho armas largas, tres armas cortas, siete granadas de fragmentación, tres granadas calibre .40 mm, una granada de humo, 40 cargadores y cerca de mil cartuchos, y 20 vehículos.
Luego del enfrentamiento que duró más de cinco horas y dejó a ocho personas asesinadas, el Gobierno mexicano confirmó que se reunió con autoridades de EU. Ebrard aseguró que se les cuestionó qué harán respecto al tráfico ilícito de armas, aseguró que se dictó como principal prioridad de México y acordaron “sellar las fronteras” para impedirlo.
Concluyó reunión convocada por el Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, con Embajador de EU y su equipo para congelar tráfico ilicito de armas hacia México. Habrá un antes y un después de la llamada del sábado entre los Presidentes López Obrador y Trump en esta materia.
— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) October 21, 2019
PEÑA NIETO Y LAS AGRESIONES
El sexenio priista de Enrique Peña Nieto también se caracterizó por una serie de actos violentos en los que se utilizaron armas del extranjero. En mayo de 2015, integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación atacaron a militares en Jalisco y derribaron una aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con un lanzacohetes. En el lugar fueron asesinados seis militares, un funcionario de la Fiscalía estatal y ocho presuntos integrantes de la delincuencia organizada.
El lanzacohetes utilizado era de origen soviético, se le conoce como RPG (Rocket-propelled grenade, por sus siglas en inglés) y se dispara impulsado por granadas. El entonces Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, explicó que el arma posiblemente fue comprada en el mercado negro de la frontera norte.
Pero no sólo el crimen organizado estuvo relacionado con el uso de armas provenientes de otros países para atacar a la ciudadanía, muestra de ello fue el caso Ayotzinapa, en septiembre de 2014, mismo que marcó la administración de Peña Nieto.
El 26 de septiembre de ese año, cuando 43 estudiantes normalistas fueron desaparecidos en Iguala otros más fueron atacados con armas de fuego. Aunque la la Fiscalía de Guerrero no resguardó el lugar de los hechos, tiempo después se comprobó que policías usaron armas de la empresa alemana Heckler & Koch, mismas que habrían sido adquiridas ilegalmente, pues desde 2010 la fabricante de armamento de guerra comenzó a ser investigada en su país porque se le prohibió vender en Chihuahua, Jalisco, Chiapas y Guerrero por los altos niveles de violencia, pero lo ignoraron.
Con estos casos como antecedentes, el Jefe del Ejecutivo priista mantuvo hasta el fin de su sexenio la exigencia a EU para controlar el tráfico de armas. El último año de su administración, desde Tamaulipas, expuso al Gobierno de Trump que deberían trabajar en conjunto para frenar el tráfico de armas al país porque, dijo, no hacerlo ha fortalecido a los cárteles del país.
CALDERÓN Y EL CONTROL DE ARMAS
Al igual que su sucesor, Felipe Calderón Hinojosa también exigió frenar el tráfico. Durante su Gobierno, EU, con Barack Obama al frente, emprendió el programa «Rápido y Furioso», el cual permitió que cientos de armas llegaran al crimen organizado mexicano entre noviembre de 2009 y enero de 2011 . Aunque la idea inicial era que cuando estas arribaran a México fueran rastreadas al comprador final, esto no se logró, agentes federales perdieron el rastro de cerca de mil 400 armas de las más de dos mil, entre ellas había rifles AK-47.
El programa del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF por sus siglas en inglés) generó tensiones políticas luego de que en 2010 Brian Terry, agente de la patrulla fronteriza, fue asesinado y cerca se encontraron dos armas que el programa permitió ingresar a México.
De 2006 a 2012, armas de EU también fueron usadas en agresiones a civiles. En 2010, en Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, fueron asesinados 16 jóvenes que se encontraban en una fiesta y dos años después un reportaje de Univisión reveló que al menos tres armas implicadas en la matanza ingresaron por la frontera de Estados Unidos hacia México ilegalmente en el programa «Rápido y Furioso».
Otra matanza que conmocionó a la ciudadanía y en la que estuvo relacionado el crimen organizado fue la de 72 migrantes de Centro y Sudamérica en San Fernando, Tamaulipas, en agosto del 2010. La entonces Procuraduría General de la República (PGR) informó a National Security Archive que policías municipales estuvieron involucrados al apoyar al grupo criminal de «Los Zetas».
Las armas utilizadas pudieron proceder de Estados Unidos según lo revelado en julio de 2011 por Enrique Rejón, alias «El Mamito», uno de los fundadores de «Los Zetas», quien luego de ser detenido por la antes Secretaría de Seguridad Pública federal confesó que todo el armamento que usaban para cometer crímenes lo compraban a Estados Unidos.
Por casos como estos, Calderón Hinojosa exigió enérgicamente al Gobierno de Estados Unidos frenar el tráfico de armas. Incluso ordenó colocar en febrero de 2012 un letrero en el Puente Internacional Córdova de Las Américas, en la frontera con el país del norte, con la leyenda «No more weapons!» («No más armas») y elaborado con armamento decomisado al crimen organizado.
EXIGENCIAS NO FUNCIONAN SIN ESTRATEGIA
Para el especialista Benítez Manaut, aunque es una necesidad política que el Gobierno mexicano exija principalmente a EU poner fin al tráfico armas, esto nunca ha garantizado cambios. «El Gobierno de México tiene que ser consciente que EU no va a detener el tráfico de armas porque es un principio muy arraigado en sus principios políticos desde hace décadas . Incluso el Presidente Donald Trump cuenta con el apoyo de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), que fomenta la libertad total de la venta de armas, algo en lo que él mismo cree«.
Para el investigador, acciones tomadas por el Gobierno actual como la creación de un grupo binacional con EU para vigilar la venta de armamento son un avance, pero no conseguirán que se frene, por lo que autoridades mexicanas deben enfocarse en buscar cómo combatir el problema en el país.
«Los estadounidenses se reúnen con el Gobierno de México para hacerle el favor, se ha reunido para darle por su lado, pero no va a haber ese cambio, no ha cambiado ninguna ley y ni lo va a hacer», expuso.
Si autoridades mexicanas realmente buscan frenar la violencia cometida por armas de fuego, opinó el doctor en Estudios Latinoamericano, necesitarían hacer un despliegue de inteligencia enfocado en identificar quiénes las compran y las distribuyen en el país, de no hacerlo, dijo, los grupos criminales seguirán cometiendo con impunidad asesinatos de civiles, como lo ocurrido con las mujeres y niños LeBarón.
El investigador miembro del Latin American Studies Association (LASA) resaltó que además del incontrolable tráfico de armas, poco se ha hecho por combatir a las organizaciones criminales que operan en el país. «La responsabilidad de la existencia de estas organizaciones en México es de México, esos [los integrantes] son mexicanos y actúan en territorio mexicano, por lo que es el país el que debe asumir la responsabilidad de realizar una estrategia de seguridad integral», sentenció.
ARMAS Y VIOLENCIA
Los datos de homicidios permiten hacer una relación entre la presencia de armas ilegales en México y el incremento de la violencia.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó en agosto pasado que desde el 1 de diciembre, a través de la Policía Federal, decomisó mil 294 armas de fuego (807 cortas y 487 de grueso calibre), 3 mil 353 cargadores, 156 mil 610 cartuchos, 41 granadas, dos lanzagranadas y un aditamento para lanzagranadas. Más del 70 por ciento de ellas provenían de EU o fueron fabricadas ahí.
El porcentaje fue repetido por el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, en una conferencia de octubre donde detalló que de las armas utilizadas en crímenes cometidos en el país 41 por ciento venían de Texas, 19 por ciento de California; 15 por ciento de Arizona y 25 por ciento de otras partes de EU.
Además, el funcionario precisó que el resto de las armas que ingresan a México son de España, Italia, Austria y otros países. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha reportado que en México entran al día 567 armas de fuego de manera ilegal y en la última década se han ingresado 2 millones.
Y, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante los primeros seis meses del año, del total de víctimas de homicidio doloso en el país, el 72 por ciento perdieron la vida por arma de fuego.
Ante el ingreso de armas al país destaca el poco control en las aduanas mexicanas, según muestran datos del Sistema de Administración Tributaria (SAT) obtenidos mediante una solicitud de información. De de enero a agosto de este año, la aduana de Mazatlán no tiene el registro de ningún aseguramiento de armas, cartuchos ni cargadores.
La falta de aseguramiento de armas o cartuchos también se reportó en el mismo periodo en las aduanas de los estados fronterizos en Ensenada, Baja California; Guaymas y Sonoyta, Sonora; Chihuahua y Puerto Palomas, Chihuahua; Ciudad Acuña, Coahuila; y Ciudad. Miguel Alemán, Altamira y Matamoros, Tamaulipas.
La información proporcionada por el SAT, órgano de la Secretaría de Hacienda que gestiona el servicio de aduanas, también muestra cero aseguramientos de armas ni derivados en las aduanas ubicadas al sureste en Tuxpan y Coatzacoalcos, Veracruz; Ciudad del Carmen, Campeche; Dos Bocas, Tabasco; Salina Cruz, Oaxaca; Progreso, Yucatán; Subteniente López, Quintana Roo; en las del centro en Toluca, Estado de México; Guanajuato, Guanajuato; Puebla, Puebla; Lázaro Cárdenas, Michoacán; y tampoco en la del puerto de Manzanillo, Colima.
