Un informe de la CNDH reveló que las niñas, niños y adolescentes que permanecen en centros de asistencia social y albergues públicos y privados del país suelen ser víctimas de delitos como la desaparición, violaciones, maltrato y abuso sexual. Los centros de asistencia social del Estado de México, Chihuahua y Veracruz concentran el mayor número de denuncias.
Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- Las niñas, niños y adolescentes que permanecen en centros de asistencia social y albergues públicos y privados del país suelen ser víctimas de delitos como la desaparición, violaciones, maltrato y abuso sexual, además de una serie de violaciones a sus derechos, reveló un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). A ello, se suma que autoridades estatales carecen de información precisa que permita identificar cuántos residen en dichos centros y por qué ingresaron.
Los centros de asistencia social del Estado de México, Chihuahua y Veracruz concentran el mayor número de denuncias, de acuerdo con datos de procuradurías y fiscalías estatales proporcionados a la CNDH; sin embargo, Aguascalientes, la Ciudad de México, Colima, Guanajuato, Nuevo León, Yucatán, Morelos, Nayarit, Sonora y Tabasco no proporcionaron información al respecto.
Del total de 302 denuncias, 27 por ciento fueron por desaparición de personas; 14 por ciento por violencia familiar equiparada; 6 por ciento por violación; 5 por ciento por lesiones o maltrato; 5 por ciento por abuso sexual y 6 por ciento por otros delitos. Solo 5.2 por ciento de las averiguaciones previas o carpetas de investigación se consignaron y se desconoce el estatus de 44.7 por ciento de las denuncias presentadas.
El Primer Visitador General de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, precisó durante la presentación del informe que los datos solicitados por el organismo comprenden a 877 centros de asistencia social (119 públicos y 562 privados) en el periodo de enero de 2014 a febrero de 2016 y una ampliación hasta el 31 de julio de 2019.
Con las cifras recabados se sabe que hay al menos 26 mil 372 niñas, niños y adolescentes albergados principalmente en Sonora, la Ciudad de México y Baja California.
Datos hasta 2016 revelan que en 36.6 por ciento de las y los menores de edad se encontraban en centros privados. Sin embargo, en 42.7 por ciento de los casos autoridades no indicaron en que tipo de centros estaban.
Eslava Pérez alertó sobre la falta de información sobre los motivos de ingreso a los centros y albergues, pues solo 15 estados revelaron datos al respecto, siendo las principales causas la protección y el resguardo, la migración y haber sido víctimas de violencia sexual.
Mientas que las entidades con más quejas registradas por la CNDH fueron Baja California (46), la Ciudad de México y Jalisco (con 23 cada una), el Estado de México (21) y Oaxaca (16).
Minerva Gómez Plata, coordinadora del Programa de Infancia de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) la falta de políticas públicas dirigidas a las familias es una de las principales causas de los ingresos a albergues.
«No sé requiere más casa hogar o albergues, se requiere apoyar a las familias para que cumplan sus obligaciones y evitar los ingresos por falta de capacidad, la pobreza no puede ser una condición de ingreso», alertó.
LLAMADO AL ESTADO
El Visitador Ismael Eslava llamó al Congreso de la Unión a reformar el artículo 107 de la Ley Genaro de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para obligar la vigilancia de centros y albergues, además de prohibir expresamente el castigo corporal.
El funcionario destacó que la cifras recabadas muestran que en dichas instancias no se aplica la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional del que México es parte.
La CNDH también pidió a los congresos locales y a las Secretarías de Gobernación, Salud, Educación pública, Cultura y Bienestar generar programas integrales para mejorar los centros y capacitar al personal.
Además, el organismo señaló la importancia de una mejor distribución en el presupuesto, Pues 11 sistemas DIF del país dijeron no contar con el mismo para coordinar la operación de centros y albergues.
«Mientras que algunos [sistemas DIF] disponen de recursos menores a un millón de pesos anuales, otras cuentan con más de 50 millones en el mismo periodo», denunció el primer visitador.
A los encargados de procuración de justicia del país, el Primer Visitador pidió mejorar la recopilación de denuncias y delitos, así como darle prioridad a la atención de los mismos.
«El Estado mexicano debe transitar hacia un esquema integral de protección de derechos de la niñez y adolescencia en centros y albergues públicas y privados», dijo y anunció que la CNDH notificará a instancias de los tres niveles de Gobierno sobre los resultados del informe para que implementen las acciones necesarias.
Por su parte, Cinthya González Téllez Girón, Coordinadora del Programa sobre Asuntos de la Niñez y la Familia de la CNDH, recordó la obligación del Estado por supervisar los centros y albergues tanto privados como públicos.
González Téllez pidió a las autoridades garantizar que los centros «operen como espacios de resguardo temporal que garanticen su resguardo integral, que su proyecto de vida sufra las mínimas afectaciones posibles».
También destacó el derecho que tiene la niñez y adolescencia a «crecer y ser felices para garantizar su respeto y acceso a los derechos humanos».
