Bonilla Valdez no asistió, luego de que residentes del fraccionamiento Verona encabezaran se manifestaran en contra de que los afectados sean reubicados en un predio donado por la desarrolladora Ruba al Ayuntamiento.
Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- El Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, canceló su primer evento de Gobierno en Tijuana, debido a un grupo de manifestantes.
De acuerdo con la información disponible, el mandatario acudiría a la presentación del proyecto de vivienda para los damnificados de un deslave ocurrido en Lomas del Rubí; que se llevaría a cabo en el terreno donde se construirían las nuevas viviendas, programado a las 15:45 horas de este domingo.
Sin embargo, Bonilla Valdez no asistió, luego de que residentes del fraccionamiento Verona se manifestaran en contra de que los afectados sean reubicados en el predio donado por la desarrolladora Ruba al Ayuntamiento, al considerar que no cuentan con los servicios suficientes.
«No evento, Verona no es opción», exigieron los manifestantes.
Uno de los argumentos de los habitantes es que en la zona existe un desabasto de agua. Mientras que en cartulinas se podía leer «Queremos parques o áreas recreativas. No viviendas”, “Sr. Presidente respete este predio para lo que fue donado”, “No hay agua para todos”.
Según informó Zeta, un residente señaló que desde hace nueve días no tienen servicio de agua potable, por lo que exigió a las autoridades a que en vez de reubicar a más habitantes, resuelvan dicha problemática.
CEDH PIDE NO REVICTIMIZAR A DAMNIFICADOS
Ante lo ocurrido, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) hizo un llamado a las autoridades federal, estatal y municipal a no revictimizar a los colonos.
Los residentes están acreditados como víctimas de violaciones a sus derechos humanos por la Comisión, según la recomendación 10/2019, emitida el 31 de mayo.
En un comunicado de prensa, el ombudsman de Baja California, Miguel Mora, señaló que exponer a familias que han atravesado por un doloroso proceso de pérdida y a las que no se les ha reparado el daño que, conforme a la ley, están obligadas a reponer autoridades de gobierno, no sólo atenta contra la dignidad de las personas, sino que entorpece el acceso a la justicia.
-Con información de Zeta
