Organizaciones civiles lamentaron la poca claridad del Gobierno federal en materia de conservación de la vaquita marina, esto luego de que la CNDH emitiera una recomendación a la Sader, la Semarnat, Conapesca y la Profepa. Entre las exigencias destaca la de Greenpeace México, que resalta la importancia de investigar a funcionarios que fueron omisos desde el sexenio pasado.
«La conservación de la vaquita es una lucha contra el reloj porque está en peligro crítico de extinción, cada día que pasa es un riesgo», recordó en ese sentido Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, en entrevista con SinEmbargo.
Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).– El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe definir cuanto antes las acciones concretas que realizará para garantizar la protección de la vaquita marina y la totoaba, especies en peligro de extinción, urgieron organizaciones civiles al apoyar la Recomendación que en el mismo sentido emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Consultadas por SinEmbargo, el Centro para la Diversidad Biológica (CDB) y Greenpeace México coincidieron en que no basta la voluntad por proteger al medio ambiente externada por funcionarios de la actual administración si esta no se traduce en medidas precisas como la investigación y sanción contra quienes manejan las redes de tráfico ilegal de totoaba, pez que para ser capturado requiere de redes especiales en las que suelen quedar atrapadas y morir las vaquitas marinas.
Por la omisión de autoridades federales para proteger a ambas especies, la CNDH emitió a finales de octubre la Recomendación 93/2019 dirigida a Víctor Manuel Toledo Manzur, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); al Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos Arámbula; a la Procuradora Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Blanca Alicia Mendoza Vera; y al Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), Raúl Elenes Angulo.
El organismo determinó como medida de satisfacción que dichas instituciones realicen las investigaciones correspondientes contra el personal que con acciones o la falta de ellas violaron el derecho humano a un medio ambiente sano de la ciudadanía al no proteger y conservar el Alto Golfo de California. En ese sentido, Miguel Rivas, coordinador de la campaña de Océanos de Greenpeace México, resaltó en entrevista con SinEmbargo que la organización internacional espera que la Recomendación se traduzca en sanciones contra autoridades ambientales que fueron negligentes en la materia, incluidas las del sexenio pasado, donde se pasó de un registro de 200 vaquitas marinas a menos de 30.
Explicó la importancia de estas investigaciones toda vez que una de las quejas que la CNDH retomó para la Recomendación fue la que Greenpeace presentó en julio del 2018, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto en el que, consideró, «siempre hubo negligencia de parte de la autoridad, sobre todo de la autoridad pesquera», explicó que ésta se tradujo en acciones tomadas por dependencias como la Semarnat, pero que eran contrarias a las de otras como la Conapesca.
«La misma autoridad se pisaba la cola, tomando medidas totalmente diferentes. En ese sentido creemos que la nueva autoridad tiene este papel más preponderante, debe tener un orden en la autoridad pesquera, pero que sea a fin a los intereses de la conversación del hábitat», expuso.
En cuanto a las exigencias al Gobierno actual, la CNDH y las organizaciones civiles coincidieron en la urgencia de precisar las acciones que contempla la «Nueva Iniciativa para la Sustentabilidad del Norte del Golfo de California», presentada en marzo de este año por la Semarnat para combatir la pesca furtiva y el tráfico ilegal de la totoaba y así proteger también a la vaquita marina.
«La conservación de la vaquita es una lucha contra el reloj porque está en peligro crítico de extinción, cada que pasa un día es riesgo para que la población se extinga», dijo Alejandro Olivera, representante en México del CDB, en entrevista con este diario digital, y recordó que solo quedan entre 10 y 15 ejemplares de dicha especie según datos de la Semarnat.
RETRASOS, LLAMADO DE CNDH
Para Alejandro Olivera en la administración actual «hay un retroceso» en los avances que se habían alcanzado para proteger a la vaquita marina, además del abandono a pescadores y el reforzamiento de un mensaje de impunidad para quienes pescan totoaba.
«En la administración pasada se prohibieron artículos de pesca que dañan a la vaquita marina, se apoyó la investigación, a partir de esta administración parece que se dio un paso atrás en los recursos que se están invirtiendo para la protección de la especie», aseguró, y lamentó: «Parece que el Gobierno le da la espalda al Alto Golfo de California -lugar que habita el cetáceo endémico de México-«.
Para Miguel Rivas, las dependencias gubernamentales deben trabajar especialmente coordinadas para no repetir lo que sucedió en el sexenio priista de Peña Nieto, donde «no había una coordinación, ya sea con dolo o no», lo que afectó a la superviviencia de los animales marinos.
Olivera, del CDNB, defendió la importancia de que no solo la Semanart, la Sader, Profepa y Conapesca trabajen en la reparación y restitución del daño ambiental, en cumplir medidas de satisfacción y garantizar la no repetición, como recomendó la CNDH, si no que también laboren en coordinación con otros actores como pescadores y organizaciones civiles, así como con las Secretarías de Hacienda y Relaciones Extranjeras porque, recordó, el problema de la extinción de dichas especies no es solo ambiental, pues participan grupos relacionados con el crimen organizado y redes internacionales de tráfico de animales.
De acuerdo con el defensor, también ha habido omisiones de los gobiernos de Sonora y Baja California, en cuyos municipios habitan la totoaba y la vaquita marina. «Los municipios no han tenido mucha aparición, ni los estados han coadyuvado con el Gobierno federal para buscar solución a esta problemática», dijo.
ABANDONO E IMPUNIDAD
Para Alejandro Olivera, una muestra del abandono del Gobierno actual en el combate a la pesca de totoaba es que las medidas de seguridad tanto para defensores del medio ambiente e incluso para sus trabajadores no ha sido garantizada después de que el 28 de marzo pasado habitantes de San Felipe, Baja California, quemaron instalaciones y embarcaciones de la Profepa en protestas porque elementos de la Semar atacaron a balazos a un grupo de pescadores que presuntamente eran traficantes de totoaba.
«Se quemaron muchos expedientes, embarcaciones, los elementos de Profepa no tienen oficinas, bajaron el número de inspectores, estuvieron así durante meses, no hay activiadad fuerte en la entidad ni de Profepa ni de Conapesca, todo eso se perdió al inicio de esta administración», denunció Olivera.
Además, lamentó el freno desde diciembre y enero del pago de subsidios que desde 2015 recibían pescadores del Alto Golfo de California para mantener la veda de pesca con el propósito de proteger a la vaquita marina.
«Los pescadores permanecen en incertidumbre porque les quitaron los subsidios, pero no hay un diálogo para que se trabaje en conjunto por el uso de artes de pesca alternativas», lamentó.
El especialista explicó que la falta de subsidios propicia el incremento de la pesca ilegal. «Evidencia de esto es que se siguen encontrando redes, hemos ido al alto Golfo y ves bandas saliendo por todos lados, como en San Felipe, donde las bandas salen con chinchorros de línea -un tipo de red de pesca- de cientos de metros de largo de cualquier playa y no ves autoridades», denunció.
También lamentó la falta de sanciones a los pescadores de totoaba. «La semana pasada la Marina y Profepa retiraron una red frente a los pescadores y en lugar de tomar acciones legales los invitaron amablemente a dejar la zona, entonces, ¿dónde está el Estado de Derecho? Hay una impunidad total. No se captura a nadie, no se desarticulan las redes de tráfico ilegal de totoaba, no se les multa, no se les exige, eso propicia el aumento de la actividad ilegal», acusó.
Aunque para Greenpeace la medida de otorgar subsidios no es de todo eficaz para combatir la pesca ilegal en el Alto Golfo, sí defendió la necesidad de aumentar la vigilancia en la zona y de que las autoridades pesqueras generen redes o instrumentos de pesca que no afecten a más especies.
EXIGENCIAS DE LA CNDH
Para Greenpeace, la recomendación de la CNDH «da un esbozo de esperanza» sobre avances en la conservación de la vaquita marina que solo se cumplirá si las dependencias a las que va dirigida cumplen el compromiso que han dicho tener funcionarios del Gobierno de López Obrador en materia ambiental y no quede solo en el discurso.
«Uno siempre está confiado en que la autoridad las acate [las recomendaciones], ahora queda esperar a que las autoridades hagan caso y cumplan el compromiso ambiental que ha dicho tener el Gobierno de López Obrador al decir que las cosas serán diferentes, esperar a que sean las cosas diferentes a sus antecesores, que fueron totalmente negligentes en la materia», expuso Miguel Rivas, y dijo esperar que en este sexenio realmente exista «un genuino interés por el medio ambiente permita rescatar a la vaquita marina».
La CNDH recomendó a la Semarnat que en el Programa Sectorial en materia ambiental se incluyan objetivos, metas, estrategias y prioridades para garantizar la protección de la reserva de la biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado y buscar que en el próximo ejercicio fiscal se garantice la asignación de recursos públicos suficientes.
A la Sader y la Conapesca el organismo les recomendó identificar nuevas artes y métodos de pesca sustentables y garantizar el pago que recibían los pescadores por retirar sus redes del Área Natural Protegida.
El organismo pidió a la Profepa intensificar las acciones de vigilancia y monitoreo en la Reserva y presentar las denuncias correspondientes, así como fortalecer el programa para la limpieza de redes en el Alto Golfo de California.
Mientras que la recomendación a la Conapesca es que, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, se regulen las actividades dentro del polígono de la Reserva de la Biosfera.
La primera dependencia en pronunciarse por la recomendación fue la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que anunció que fortalecerá la vigilancia en el hábitat de la vaquita marina, esto toda vez que la CNDH envió una copia de la Recomendación a la Secretaría de Marina, a la Fiscalía General de la República, al Congreso de la Unión y a los gobiernos de Baja California y Sonora para que realicen acciones de protección y conservación.
A 13 días de que la CNDH emitió la recomendación, las dependencias a las que va dirigida no se han pronunciado sobre si la aceptarán o no. Solo la Profepa y la Semar informaron el pasado 31 de octubre que retiraron nueve redes de entre 90 y 140 metros de longitud abandonadas en la zona de refugio de la vaquita marina.
Además, la Pofepa aseguró que continúa trabajando con organizaciones civiles en la colocación de boyas en el litoral de Baja California para señalar la zona de refugio y protección de la vaquita marina para así cumplir lo que Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (CIRVA) ha señalado para México.
