La denominada «Ley Bonilla» reformó el artículo VIII transitorio de la Constitución de la entidad, fue aprobada por el Congreso de Baja California, y se publicó el 17 de octubre en el Periódico Oficial del Estado en el número especial 45.
Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).- El Gobierno de Baja California presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la ampliación del periodo de mandato de 2 a 5 años de Jaime Bonilla Valdez.
Medios nacionales reportaron que el Secretario General de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, confirmó que el actual mandatario, Francisco Vega de Lamadrid -en compañía de su equipo se asesores- presentó el recurso legal.
«Nosotros esperamos que en un escenario óptimo resuelvan antes (de que inicie el gobierno de Bonilla) para dar certeza jurídica”, detalló el funcionario.
La denominada «Ley Bonilla» reformó el artículo VIII transitorio de la Constitución de la entidad, fue aprobada por el Congreso de Baja California, y se publicó el 17 de octubre en el Periódico Oficial del Estado en el número especial 45.
Luego de su publicación, los inconformes contaban con 30 días naturales para hacer uso de los instrumentos jurídicos para impugnarla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a partir del pasado 21 de octubre.
La ampliación de mandato fue acreditada luego de una consulta ciudadana organizada por legisladores de la entidad, donde el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) es mayoría.
El conteo final de las urnas arrojó que la consulta ciudadana tuvo una participación de 53 mil 419 bajacalifornianos, de los que 45 mil 30, que representan el 84.25 por ciento, eligieron que el Gobierno de Bonilla Valdez dure cinco años; mientras que 8 mil 186, es decir el 15.32 por ciento de los votos, opinó que dos años.
El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que buscaría las rutas legales para interponer una acción de inconstitucionalidad, con el fin de impedir que Jaime Bonilla tome funciones como Gobernador de Baja California por cinco años.
“El INE está estudiando la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad porque lo que está en riesgo es el orden constitucional y democrático del país”, planteó el presidente del instituto Lorenzo Córdova Vianello.
Córdova detalló que el INE no tiene la facultad de presentar una controversia. Sin embargo, mencionó que es posible interponer una acción de inconstitucionalidad. Además, dejó en claro que espera que este asunto sea resuelto por la SCJN.
“El INE no tiene, lamentablemente, facultades expresas para interponer una acción de inconstitucionalidad, pero estamos estudiando cómo podemos hacer para que la Suprema Corte resuelva hoy el grave entuerto democrático, el atropello democrático, que nuestro régimen constitucional ha sufrido en Baja California”, añadió.
