En junio de 2019 trascendió que el entonces Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, era investigado por autoridades de los Estados Unidos respecto transacciones millonarias que se preciaban irregulares. Se hicieron públicas algunas operaciones financieras que sobrepasaban los sueldos obtenidos por Medina en los periodos que fungió como funcionario público y Embajador.

Para finales de julio de este año, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigaba al ahora ex Ministro. Esa indagación se presume fue el motivo de su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hasta hoy oficialmente no ha sido precisado.

Pero tal celeridad, entre la presunción de una conducta irregular y el inicio de una investigación, no es una norma en la UIF, al menos se deduce por las acciones u omisiones en otros casos, por ejemplo el de Manuel Bartlett Díaz, todavía director de la Comisión Federal de Electricidad en el Gobierno que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

A finales de agosto de 2019, una investigación periodística develó que la familia de Bartlett poseía 23 bienes inmuebles y dos terrenos con un valor aproximado total a los 800 millones de pesos. El caso, documentado con fojas del Registro Público de la Propiedad que dan fe de la propiedad y el valor de los bienes, y además con imágenes de los mismos, indignó a una parte de la sociedad mexicana, pero no a quienes conforman el Gobierno de la República.

A diferencia del caso de Medina Mora, donde también se trata de propiedades y compañías familiares, Bartlett fue cubierto con el mando de la impunidad de la llamada cuarta transformación. Los señalamientos públicos de actividades sospechosas para la adquisición de las propiedades por parte de la familia Barttlet no llegaron al ámbito de la investigación oficial.

Días después de darse a conocer la acumulación de propiedades en la familia del ex Senador, el mismo despacho de noticias del periodista Carlos Loret de Mola develó otra más: la existencia –también documentada con papelería oficial- de 12 empresas a nombre de los Bartlett. Cinco con su hijo León Manuel Barttlet Álvarez como socio principal, otro tanto a nombre de la pareja de 20 años del director de la CFE, Julia Abdala Lemus, y dos con el patriarca como protagonista del acta constitutiva. Pero estas revelaciones tampoco han sido lo suficientemente fuertes para considerarlas e iniciar una investigación en la UIF.

Ni siquiera considerando que Manuel Bartlett fue parte de esos “gobiernos neoliberales” que tanta urticaria provocan en el Gobierno de la República. Fuera de la academia, toda la carrera de ex priista ha sido en el servicio público. Durante 42 años arropado por el Partido Revolucionario Institucional, donde de 1964 a 2006 colaboró con cinco presidentes de la República, iniciando con Gustavo Díaz Ordaz para seguir con José Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, a quienes sirvió en subsecretarías y secretarías de Estado. Durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, Bartlett fungió como Gobernador de Puebla y al inicio de la alternancia política en el país, luego de ser descartado como precandidato a la Presidencia de la República, fue seis años Senador defendiendo la ideología priista.

En 2006 tuvo a bien inclinarse a la izquierda mexicana hasta caer en el Partido del Trabajo, instituto aliado que siempre fue de Andrés Manuel López Obrador. Su paso por el servicio público lo encumbró –es evidente ante las pruebas documentales- en la bonanza económica a él, a su hijo y a su pareja.

Pero esto no es tema de investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, al menos no lo dio a conocer de forma tan abiertamente Santiago Nieto al confirmar que efectivamente investiga al ex Ministro Medina Mora. A regañadientes y por una denuncia ciudadana, la Secretaría de la Función Pública anunció el 10 de septiembre que investigarían la fortuna inmobiliaria de los Bartlett, sin que hasta la fecha, prácticamente un mes después, se tenga conocimiento del producto de esa investigación.

Lo que sí ha habido por parte del Gobierno de la República es una defensa de Manuel Bartlett, ni siquiera ha sido separado del cargo para investigarle, es obvio que él tampoco le interesa mantener un clima de neutralidad, dejar la posición y contribuir con la investigación que se supone se está llevando a cabo.

Ahora sí que parafraseándolos, con Bartlett no, parecen decir.

Porque la Unidad de Inteligencia Financiera sí ha investigado a otros políticos y actores, como Rosario Robles Berlanga, por ejemplo e incluso encarcelada, cuyas irregularidades cuando fue Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y de Desarrollo Social, también fueron evidenciadas a partir de investigaciones periodísticas.

O el caso de Emilio Lozoya Austin, ex Director de Petróleos Mexicanos y quien fue incluido por autoridades de Brasil en la red de sobornos de la compañía Odebrecht. A él, a su madre y a su hermana, también les fueron congeladas sus cuentas, mientras permanece prófugo.

La UIF ha congelado las cuentas bancarias de otros hombres, del Magistrado Federal Isidro Avelar, de transacciones entre los ex gobernadores de Chihuahua y de Nayarit, César Duarte y Roberto Sandoval, a seis ex colaboradores de Rosario Robles, a Juan Manuel Flores Athié, ex jefe de la Unidad de Finanzas y Administración de la Secretaría de Gobernación, al abogado Juan Ramón Collado por lavado de dinero y operación con recursos de procedencia ilícita, además de las investigaciones contra Jaime González Aguadé y a Alonso Ancira Elizondo.

Todos ellos investigados, con argumentos sólidos por parte de la UIF, en la presunción de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero. Además, informó en alguna ocasión Santiago Nieto a los diputados federales, que se indagaban conductas irregulares de seis ex funcionarios que lo fueron en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Pero con Bartlett no. Nada.

Y resulta que Manuel Bartlett es un buen caso para que la Presidencia de la República que encabeza Andrés Manuel López Obrador haga realidad el discurso de no tolerancia ante la corrupción. Sería un buen inicio por lo menos separarlo del cargo en el transcurso de la investigación, reflejaría la congruencia de un Gobierno que promueve la transparencia, la rendición de cuentas y la austeridad.

PD.- En relación a investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera contra el narcotráfico, solo han sido dadas a conocer dos. Una por lavado de dinero contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, específicamente a la red de empresas manejada por Nemesio Oceguera Cervantes “El Mencho”, y otra contra José Antonio Yépez Ortiz “El Marro”, cabeza del grupo criminal Santa Rosa de Lima, también por lavado de dinero y en ambos casos con cuentas congeladas. En el combate al narcotráfico, considerando que en este Gobierno le apuestan más la inteligencia que a los operativos de la fuerza pública, como que salen debiendo.

Adela Navarro Bello

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