Dependencias de seguridad y procuración de justicia de la Ciudad de México violaron derechos de 57 víctimas –directas e indirectas– del delito de feminicidio al incurrir en la falta de investigación, y filtración de información en al menos 20 casos, asentó la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) en su Recomendación 19/2019.
Además, el “Informe sobre las violencias de género en la procuración de justicia en la Ciudad de México”, identificó 25 formas o patrones con las que se violaron los derechos, por acciones u actos de servidores públicos y autoridades.
Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).- Violencia institucional; omisión en la investigación y negligencia en diligencias ministeriales; revictimización, filtración de datos, son prácticas – violatorias de derechos– que persisten en dependencias de seguridad y de procuración de justicia de la Ciudad de México, denunció la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).
“En su búsqueda de justicia, las víctimas se enfrentan ante escenarios adversos con las instituciones de administración de justicia, que se caracterizan por desgaste físico y emocional a las víctimas, por los excesivos trámites burocráticos que deben de realizar”, pronunció el organismo en una de cuatro recomendaciones emitidas el pasado 26 de septiembre.
Las recomendaciones fueron presentadas junto con el “Informe sobre las violencias de género en la procuración de justicia en la Ciudad de México”, un estudio que identificó 25 formas y patrones con los que se violaron derechos de las víctimas, por acciones u actos de autoridades de procuración de justicia.
LAS FILTRACIONES
La CDHCM acreditó que funcionarios de la Procuraduría General de Justicia; Tribunal Superior de Justicia, y Secretaría de Seguridad Ciudadana, todos de la Ciudad de México, violaron los derechos de al menos 57 víctimas de feminicidio –directas e indirectas– por falta de investigación, violencia institucional, revictimización y filtración de información en al menos 20 casos ocurridos en la Ciudad de México.
Lo anterior se asentó en la recomendación 09/2019 emitida tras la investigación por 20 quejas interpuestas entre el año 2016 a 2019.
Estas quejas fueron por casos de feminicidios que ocurrieron entre el periodo de 2013 al 2018. Algunos actos, diligencias ministeriales y acciones de queja abarcan desde el arranque de la investigación (2013) hasta el año 2019. Es decir, que las violaciones se cometieron entre la administración de Miguel Ángel Mancera y el inicio del sexenio de Claudia Sheinmbum.
Las víctimas de violencia de género no solo sufren las afectaciones derivadas de la violencia familiar, sino que también padecen la violencia y deficiencias de la impunidad, “eso las deja ante escenarios de vulnerabilidad, inseguridad, desamparo e indefensión”, de acuerdo al documento.
Nashieli Ramírez Hernández, Presidenta de la CDHCX, detalló que en cuatro de cada 10 casos, se acreditó la absoluta omisión de investigar con diligencia, y, el resto de ellos, fue negligente.
Además, el 30 por ciento de los casos de feminicidio se presentó filtración de información, aseguró la defensora en la presentación del estudio.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México –en la Recomendación 09– manifestó estar profundamente preocupada porque “a pesar que el reproche social frente a la violencia de género es mayor, los delitos relacionados con violencia contra las mujeres no han disminuido, por el contrario, han incrementado”.
La falta de recursos humanos o materiales no sería la causa de estas deficiencias, según deja entrever el informe: «la Ciudad de México cuenta con recursos para la investigación», pues tiene la tasa más alta de policías ministeriales 34.2 por cada cien mil habitantes; además, cuenta con una tasa de 13.1 Ministerios Públicos por cada cien mil habitantes, frente a un promedio nacional de 8.4, se lee en el documento.
LAS VIOLACIONES
Omisión para investigar con la debida diligencia; no ordenar medidas de protección en casos más urgentes; carencia de perspectiva de género en la calificación de los delitos; peritajes realizados de manera negligente o incorrecta; falta de aplicación de los protocolos de feminicidio; y la ausencia en la asesoría jurídica, son algunas de las fallas descritas en la recomendación.
En la Ciudad de México, durante los primeros seis meses del año, se reportaron al menos 107 asesinatos de mujeres, de los cuales, solo 18 casos son investigados como feminicidios, de acuerdo a cifras presentadas por el SESNP.
En tanto que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México reporta en su portal de datos abiertos sólo 57 mujeres asesinadas, de las cuales, 7 fueron clasificadas como feminicidios, 35 homicidios dolosos por arma de fuego, 7 homicidios con arma blanca, 4 homicidios a golpes.
Las autoridades capitalinas –planteó el Organismo– invisibilizan la problemática de feminicidios y violencia estructural, al clasificar las muertes violentas de mujeres como homicidios y no feminicidios, lo que incurre en un proceso de victimización secundaria.
Explicó que, dentro de este proceso de victimización secundaria, se culpabiliza a las víctimas y se encuentran justificaciones para los victimarios tratando de pasar esta problemática por una situación excepcional, y no ven las circunstancias que rodearon esas muertes.
El pasado 17 de septiembre, el Gobierno de la Ciudad de México creó la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio; sin embargo, aún se no muestra un compromiso real para visibilizar la información de las víctimas del delito de violencia de género.
La Comisión puso énfasis en que, a pesar de la gravedad del feminicidio, aún no se cuenta con una política criminal que considere las razones de género, ni un plan de persecución penal tome en cuenta el contexto de las víctimas, y, con ello, dejar de tratar los casos como un problema pasional.
Al respecto, el organismo urgió a la construcción de políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el acceso a justicia.
La escasa o casi nula atención de los asesores jurídicos, o que las víctimas no cuentan con ellos, es otro de los puntos que se recalcan en el informe.
El Centro de Apoyo a la Violencia Intrafamiliar (CAVI), – la detención encargada de atender casos de violencia de género– no brindó atención psicológica a ninguna víctima en ocho de los 20 casos analizados, “únicamente llevó a cabo entrevistas para la dictaminación pericial”.
Esta dependencia sólo realizó dictámenes psicológicos que establecieron las afectaciones de las víctimas y sugirieron el tipo de tratamiento que debían tener; pero esas valoraciones carecían de una evaluación de riesgo, lo cual, es fundamental en casos de violencia de género porque “habría permitido habilitar las medidas de protección a las víctimas”, reveló CDHCM.
“El derecho de los familiares de las víctimas a la verdad implica un acceso adecuado a la información sobre investigaciones en curso, la eventual sanción de los responsables”, apuntó. Ese derecho se vulnera cuando las víctimas, no tiene información necesaria, a falta de un asesor jurídico o un asesor negligente.
A nivel nacional, cada asesor jurídico atendió a 147 víctimas, en concreto de la ciudad de México, no se brindó información.
VIOLENCIA INSTITUCIONAL
La CDHCM también ubicó un patrón relacionado a la violencia institucional que, “subyace en la actuación omisa y negligente de las autoridades ministeriales de la PGJE”, en diversos casos desde que las víctimas interponen las denuncias.
Aunado a lo anterior, la revictimización o victimización secundaria, la desacreditación y minimización del dicho de la víctima, la negativa de investigar y la impunidad en la que permanecen muchos de los casos, «constituye violencia institucional por parte de la PGJ, lo que vulneró el derecho de las víctimas al debido proceso, en relación con su derecho de acceso a la justicia», aclaró la Recomendación.
La Comisión también acreditó que, en al menos cinco de los 20 casos denunciados, personal de la Procuraduría, el Tribunal Superior de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública incurrieron en actos de filtración de información y con ello, “vulneraron el derecho a la intimidad y a la vida privada”.
Lo anterior por “no proteger a las víctimas de las injerencias arbitrarias a su vida privada, ataques a su vida privada por parte de la autoridad, por la difusión de imágenes, siendo omisos en salvaguardar la información que se encontraba bajo su custodia”.
RECOMENDACIONES
La Comisión reiteró que es preocupante que no haya previsiones, ni un marco normativo claro para la actuación de las y los servidores públicos encargados de la seguridad ciudadana y la procuración de justicia.
«Hay prácticas institucionales que oscilan entre la omisión y la negligencia pasando por la invisibilización de la violencia contextual de las víctimas”.
En el Informe también se urgió a las autoridades a que fortalezcan la atención inicial, asistencia jurídica, atención psicológica, medidas de protección, los protocolos, procedimientos, y la actuación tanto de servidores públicos, peritos, policías y agentes del Ministerio Público.
