Por Paulina Castaño Acosta*

La reciente publicación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de 2020 (PPEF) prevé una disminución del 44 por ciento en el monto establecido a publicidad oficial, pasando de los 4 mil 758 millones asignados en 2019 a 2 mil 658 millones previstos para 2020. Esta importante disminución de recursos, si bien en principio es positiva, podría poner en aprietos a los medios de comunicación, hasta llegar a la desaparición de varios de ellos, sobre todo por las deficiencias del marco legal existente (por ejemplo, carencia de criterios claros para la asignación y distribución de la pauta).

Es preciso señalar la manera en que el actual gobierno ha reducido el presupuesto de publicidad oficial: la primera reducción fue para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, un 50 por ciento sobre el gasto de 2018 (9 mil 500 millones); mientras que la segunda, de 44 por ciento, se aplicó sobre lo presupuestado para 2019. Dependiendo de cómo se encaucen los recursos, esto podría perjudicar a algunos de los más de 3 mil proveedores o medios que dependen de la publicidad oficial.

El PPEF 2020 muestra que las dependencias de gobierno con más recursos asignados son: el Instituto Mexicano del Seguro Social, con 730 millones (27.5 por ciento); la Secretaría de Gobernación, con 234 millones (8.80 por ciento); y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con 163 millones (6.13 por ciento).

En lo que se refiere al gasto de publicidad oficial de enero a julio de este primer año de gobierno de López Obrador, habría que destacar el gasto de la Administración Pública Federal, el cual asciende a 48 millones de pesos, en contraste con el monto ejercido en el mismo periodo por el gobierno de Peña Nieto, 917 millones (en pesos de 2019). Según el Sistema de Comunicación Social (COMSOC), las dependencias que más recursos han ejercido en esta primera mitad del año son Pronósticos para la Asistencia Pública con 14 millones (29.67 por ciento), la Secretaría de Marina con 9.9 millones (20.88 por ciento), y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con 5.8 millones (12.13 por ciento).

Los medios de comunicación más beneficiados al momento son: La Jornada con el 20.8 millones (43.63 por ciento), El Universal con 1.8 millones (3.78 por ciento), y Milenio con 1.5 millones (3.29 por ciento). Esto es nuevo, ya que se trata de medios impresos, lo que difiere con el gobierno de Enrique Peña Nieto donde los medios más favorecidos fueron las televisoras Televisa y TV Azteca, quienes devengaron cientos de millones de pesos. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto los recursos asignados a la publicidad oficial se ejercieron desde la opacidad y discrecionalidad. El monto no fue menor, ascendió a 61 mil 891 millones de pesos, de los cuales 29 mil 268 millones fueron producto del sobreejercicio, ante la falta de una Ley General de Comunicación Social con reglas claras y transparentes que especificaran cómo se erogarían los recursos públicos provenientes de nuestros impuestos. Asimismo, el COMSOC muestra que las dependencias con un mayor gasto fueron la Secretaría de Salud (SSA) con el 9.43 por ciento y el Consejo de Promoción Turística (PROMOTUR) con el 9.17 por ciento del total general.

Sin duda, la reducción de un 50 por ciento prometida por el presidente López Obrador al inicio de su gobierno se materializa en este PPEF 2020; pero esto podría seguir siendo un problema en el ejercicio de los recursos públicos, al no contar con los criterios claros para la distribución de los recursos, a lo que se suma la ausencia de un padrón nacional de medios; ausencia que vuelve complejo determinar cómo resulta idóneo elegir el medio por el cual se debe difundir la información o campañas que beneficien a las personas.

La publicidad oficial es necesaria para informar a la población sobre los quehaceres gubernamentales. Disminuir en más del 40 por ciento el presupuesto podría ser perjudicial, si no hay una ley adecuada que garantice la libertad de expresión y la pluralidad de medios. Habrá que estar atentos al cierre del año fiscal. Aún no podemos determinar cómo finalizará el gasto en publicidad oficial de 2019 o si habrá sobreejercicio presupuestario, pero lo más urgente es derogar la actual #LeyChayote que afecta el derecho de las personas a estar informadas.

Posdata:
El tema de la publicidad oficial no deja de resonar en la agenda pública, en cada legislatura, en el presupuesto de egresos, en la investigación periodística e incluso en el ámbito literario. En este último no pasa desapercibida, por ejemplo, la reciente publicación de la novela El vendedor de silencio, de Enrique Serna, que a través de la historia de Carlos Denigri, líder de opinión de los años cuarenta hasta mediados de los sesenta, narra la confabulación del periodismo nacional con el poder político. Una novela necesaria para nuestros días, que pone en escena la tan discutida costumbre del “embute” o “chayote” con el que el poder coacciona a los medios de comunicación; relación perversa que llega a modificar las líneas editoriales con fines propagandísticos y de promoción personalizada.

*Paulina Castaño es investigadora del Programa Justicia Fiscal en Fundar

Fundar

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Centro de Análisis e Investigación, para la capacitación, difusión y acción en torno a la democracia en México.

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