Las irregularidades presupuestarias que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) entre 2014 y 2018 tienen al menos 90 probables responsables directos e indirectos.
Además del ex Secretario Gerardo Ruiz Esparza, destacan Benito Neme Sastré (Caminos y Puentes Federales) y el ex Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello.
Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).- Gerardo Ruiz Esparza es el escalón más alto en una trama de presunta corrupción en la SCT. Durante el sexenio pasado, la ASF encontró más de 16.5 mil millones de pesos en irregularidades no solventadas, ya fuera por actos u omisiones que fueron maquinados desde la base hasta la punta de la escalera burocrática.
Además de Ruiz Esparza, cuando menos 89 funcionarios relacionados con su administración (2012-2018) fueron probables responsables directos o indirectos de las anomalías halladas por la ASF, en 251 auditorías realizadas entre 2014 y 2018.
Por un lado están 17 funcionarios y ex funcionarios que ocuparon los principales cargos directivos de la SCT. Esto es de especial relevancia si tomamos en consideración que las decisiones de los directivos en la SCT están presentes “en prácticamente todas las etapas” del ciclo de inversión de los proyectos de obra pública, de acuerdo con un análisis de 2018 sobre la estructura de la SCT, realizado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y la empresa IDOM Ingeniería.
Entre los 17 están un ex coordinador de Centros SCT en los estados de la República Mexicana; siete ex subsecretarios, dos de Infraestructura, dos de Transporte y tres de Comunicaciones; un ex Coordinador General de Puertos y Marina Mercante; un ex Oficial Mayor y un ex titular del Órgano Interno de Control de la SCT, además de seis ex directores generales, dos del Instituto Mexicano del Transporte (IMT), dos de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, así como dos de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (hoy IFT).
Al menos ocho de esos 17 funcionarios y ex funcionarios públicos fueron señalados entre 2013 y 2018 de presunta corrupción, conflicto de interés y/o negligencia administrativa.
Entre ellos destaca el caso de Raúl Murrieta Cummings. En 2015, el otrora Subsecretario de Infraestructura (2012-2016) fue denunciado por el titular del Corporativo de Apoyo y Defensa para los Constructores Oaxaqueños. De acuerdo con Luis Alberto Ramírez Colmenares, Murrieta Cummings habría protegido a funcionarios federales que cobraban anticipos (15 por ciento) sobre el valor de diversas obras públicas, con la finalidad de apoyar las campañas políticas de Beatriz Rodríguez Casasnovas (para la diputación federal de Oaxaca) y Héctor Astudillo Flores (que buscaba la gubernatura de Guerrero).
Murrieta Cummings y el ex Coordinador General de Centros SCT (2012-2018) José Antonio Rodarte Leal, también fueron señalados ese año de favorecer a unas cuantas empresas en 14 entidades federativas, pese a que algunas de ellas –como en el caso de Expectras– tenían demandas pendientes por incumplimientos de contrato.
Además de Murrieta y Rodarte, el ex titular (2010-2013) del ahora IFT, Mony Sacha de Swaan Addati, fue investigado por incurrir en un «supuesto ejercicio indebido de funciones».
Entre 2011 y 2015, Sacha estuvo bajo la lupa de la Secretaría de la Función Pública (SFP) por asignar contratos por 200 mil dólares, a conocidos suyos. Sin embargo, en marzo de 2016, la SFP indicó que no había pruebas suficientes para establecer la comisión de un ilícito, por lo que determinó «la inexistencia de la responsabilidad administrativa que se le atribuyó” al ex funcionario público.
PROBABLES RESPONSABLES
Entre 2014 y 2018, la ASF encontró que nueve de cada 100 pesos ejercidos por la SCT implicaron irregularidades no solventadas. De esos nueve pesos, cinco supusieron probables daños a la Hacienda Pública Federal, por la posible comisión de un delito y/o negligencia administrativa.
Durante esos cinco años, la Auditoría encontró anomalías por pagos excesivos, indebidos y/o injustificados que sumaron un monto total de casi 11.8 mil millones de pesos.
Asimismo, la ASF encontró 2.7 mil millones de pesos utilizados para la compra de bienes y servicios que no fueron “efectuados” o “encontrados” al momento de las auditorías; 841.7 millones por incumplimientos de contrato, falta de cobro de medidas resarcitorias y entrega de amortizaciones y reintegros financieros a la Tesorería de la Federación, además de probables daños por 1.3 mil millones de pesos por “diferencias entre el volumen de obra pagado y cualificado” en diversos proyectos de la SCT.
De acuerdo con las cuentas públicas de 2014 a 2018, hay al menos 72 ex funcionarios públicos que, por sus respectivos cargos, fueron probables responsables directos o indirectos de las irregularidades no solventadas en cinco años de administración de Gerardo Ruiz Esparza. De ellos, al menos 39 han sido señalados de presunta corrupción, conflicto de interés y/o negligencia administrativa.
Uno de los casos más conocidos es el de Benito Neme Sastré. El otrora director general de Caminos y Puentes Federales (Capufe) es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunta adjudicación irregular de contratos públicos y enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con las auditorías de la ASF, Neme es uno de los posibles responsables de irregularidades por 151 millones 510 mil 547.47 pesos en Capufe durante 2014-2018, en que la dependencia federal generó probables daños al erario público por realizar pagos excesivos, indebidos y/o injustificados, así como el adeudo de reintegros y falta de ejercicio de medidas resarcitorias, además de contratar bienes y servicios no efectuados y tener obras con diferencias entre los volúmenes de obra contratados y efectuados.
Ejemplo de ello es el daño al erario público por un pago “extraordinario” de más de 1.7 millones de pesos en 2018, durante la rehabilitación del pavimento de la Autopista Cadereyta-Reynosa, en el estado de Nuevo León.
De acuerdo con la ASF, Capufe «autorizó indebidamente” un pago a la empresa Coconal en agosto del año pasado, para la implementación de un «dispositivo permanente de monitoreo de tránsito vehicular”. En la auditoría (2018-1-09J0U-20-0396-2019 396-DE) quedó asentado que el gasto no tenía relación con el objeto de contrato de obra pública, ya que se trató de un proceso de adquisición de equipo de seguridad que debía solicitarse por medio de otro contrato.
Asimismo, entre los probables responsables estaría el ex Gobernador de Chiapas (2012-2018) Manuel Velasco Coello.
En junio de 2017, la SCT firmó un convenio de coordinación con el Gobierno de Chiapas «para el otorgamiento de un subsidio en materia de infraestructura carretera”. En total, la dependencia encabezada por Gerardo Ruiz Esparza asignó 409 millones de pesos para la modernización y ampliación de la carretera Ocozocoautla-Villa Flores.
Durante el ejercicio de 2018, la Auditoría encontró un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 19 millones 900 mil 979.97 pesos «por concepto de obra pagada no ejecutada”, que era responsabilidad de la SCT y de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones de Chiapas, entonces a cargo de Jorge Alberto Betancourt Esponda.
En consecuencia, la ASF determinó que ambas secretarías «no cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia”, de acuerdo con la auditoría de inversiones físicas 2017-0-09100-04-0357-2018 357-DE.
FUNCIONARIOS SANCIONADOS
Al menos cinco de los 72 ex funcionarios públicos involucrados en las irregularidades no solventadas por la SCT, fueron sancionados entre 2014 y 2018. En conjunto, estas cinco personas fueron probables responsables de daños financieros por 2 mil 414 millones 614 mil 092.27 pesos.
David Uribe Haydar fue uno de los involucrados en la pérdida de 2.2 millones de pesos durante la ampliación del Puerto de Isla del Carmen, en Campeche, por falta de integración de recursos a la Tesorería de la Federación. El ex director general de la Administración Portuaria Integral (API) de Campeche fue sancionado por la Contraloría estatal en 2017, con una multa de 39.3 millones de pesos por ocasionar daños patrimoniales y desviar dinero público.
Asimismo, el otrora director general de Obras Públicas del Gobierno capitalino, Alfredo Hernández García, fue uno de los probables responsables –junto con su sucesor en el cargo, Edgar Oswaldo Tungüi Rodríguez y el ex titular de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT, Guillermo Nevárez Elizondo– de un daño patrimonial de 1.3 mil millones de pesos durante las obras de construcción del Tren Interurbano México-Toluca entre 2014 y 2015, por pagos excesivos, indebidos y/o injustificados, así como de servicios contratados no efectuados.
En marzo de 2015, el entonces Jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, solicitó la destitución de Hernández García para que fuera investigado por supuestos conflictos de interés, ya que habría otorgado contratos por 71 millones de pesos a la empresa Planet Ingeniería, en que su esposa (Erika Molina Barragán) fungía como directora comercial.
Otro de los ex funcionarios públicos relacionados con las irregularidades de la SCT fue Eduardo Bailey Elizondo. Como titular del Centro SCT Durango, en 2017-2018 fue uno de los probables responsables de 34.7 millones de pesos en montos pendientes por aclarar, relacionados con tres obras de modernización del Periférico Gómez Palacio-Torreón y de la Carretera Federal Durango-Parral.
El 29 de abril de 2017, Bailey fue detenido en Durango por los delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones, por una defraudación financiera superior a 359 millones de pesos, a través de la compra de certificados bursátiles sin capacidad de crédito ni garantía. La misma tarde en que fue detenido, Bailey fue trasladado a un hospital por problemas de hipertensión y se dio a la fuga. Sin embargo, unos días después reapareció con un amparo en contra del procedimiento penal, que según él, era parte de una persecución política.
Además de Uribe, Hernández y Bailey, dos ex funcionarios públicos de los Centros SCT Hidalgo y Morelos fueron sancionados por anomalías en su desempeño como servidores públicos.
Gerardo Alberto Salomón Bulos era el titular de la oficina de la SCT en Hidalgo (2015-2017) cuando la ASF determinó irregularidades no solventadas por 25.1 millones de pesos en las obras de modernización de las carreteras Atotonilco-Zacualtipán y Portezuelo-Palmillas. En la mayoría de los casos, la Auditoría concluyó que hubo “discrepancias” económicas por diferencias entre el volumen de obra pagado y cuantificado.
A finales de 2018, Salomón fue suspendido por la SFP, ya que habría transgredido “disposiciones constitucionales” al asignar dos contratos de obra pública por 23.3 millones de pesos a una compañía (Urbanización y Construcciones Aldana) que estaba inhabilitada por el Gobierno federal, de acuerdo con el expediente DR-0004-2018.
En el caso del ex director general del Centro SCT Morelos, Jose Luis Alarcón Ezeta, la ASF encontró más de 792.8 millones de pesos en pagos excesivos e injustificados entre 2014 y 2017, durante la construcción del Paso Express de Cuernavaca y del Distribuidor Vial Palmira. Tras la muerte de dos personas (2017) en el Paso Express, Alarcón fue destituido e inhabilitado por 10 años, ya que la SFP determinó que no atendió las advertencias de riesgos en la obra, pese a que estaba informado.
