Los petroleros disidentes temen que Carlos Romero Deschamps siga gozando de la protección del poder en la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Acusan que los diputados, en su mayoría de Morena, podían haberlo llevado a juicio político, pero no quisieron.
Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).– Carlos Antonio Romero Deschamps sigue gozando de la protección del poder en la era de la Cuarta Transformación, aseguran petroleros disidentes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). Acusan que los diputados, en su mayoría de Morena, llegaron a un arreglo con el líder petrolero para evitar un juicio político en su contra, un recurso legal sustentado y que pasaron por alto.
“¿Por qué no se consultó, consensó y se consideró esa herramienta como un recurso inmediato para inhabilitar a Carlos Romero Deschamps a partir del uno de diciembre de 2018, cuando toda la pelotera de la Cuarta Transformación ya estaba gobernando?”, cuestionó el grupo disidente “Innovación Sindical” de la sección 10 del STPRM en Minatitlán, Veracruz, a través de una misiva dirigida al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a los titulares de Petróleos Mexicanos (Pemex), Secretaría del Trabajo y la Función Pública.
Víctor Manuel Jacobo Domínguez, trabajador petrolero del grupo disidente, señaló que los diputados de las comisiones de Gobernación y de Justicia de la Cámara de Diputados eran las encargadas de revisar el tema del juicio político contra Romero Deschamps y no mostraron ningún interés por hacerlo.
“Creemos que fue un arreglo entre Romero Deschamps y los diputados y que el Presidente tampoco hizo nada. El juicio político era un recurso legal sustentado y lo pasaron por alto”, explicó en entrevista Jacobo Domínguez.
Para los petroleros, hay una omisión por parte de los diputados porque la solicitud para enjuiciar a Romero Deschamps se interpuso desde que éste se desempeñaba como Senador por el PRI (1 de septiembre de 2012 al 31 de agosto de 2018) y trabajadores petroleros adscritos a la Sección Número 10 de la ciudad de Minatitlán, Veracruz, lo ratificaron en octubre de 2018 ante la Cámara de Diputados.
Desde principios de agosto, el grupo disidente “Innovación Sindical” urgió a la Cámara de Diputados tramitar la petición pendiente de juicio político contra el Secretario General Carlos Romero Deschamps, la cual podría inhabilitarlo del servicio público desde un año hasta veinte años. Sin embargo, el plazo venció el 31 de agosto y los legisladores no procedieron.
Los petroleros acusan que Romero Deschamps no podía ser Senador porque se encontraba impedido para ausentarse de su encargo como trabajador por estar comisionado por la cláusula 251 del Contrato Colectivo de Trabajo vigente entre Pemex y el STPRM.
Responsabilizaron a la administración de Petróleos Mexicanos de omitir lo que establece la Cláusula 149 del Contrato de Ley vigente hasta la fecha y con las revisiones correspondientes.
Al ocupar el cargo como Senador y al mismo tiempo dirigir el sindicato de Pemex, Romero Deschamps percibió doble salario, lo que también es ilegal, según las cláusulas del sindicato petrolero:
“El ilícito de la doble percepción salarial que se le encausa, está administrativamente sustentado por Petróleos Mexicanos, bajo el oficio No. SRHRL-GRL-938 2014 del día 3 de junio de 2014”.
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PIDEN REMOVER A DESCHAMPS
En diciembre de 2017 Romero Deschamps fue reelegido como Secretario General para el periodo 2019-2024, y el 9 de octubre del 2018 la Secretaría del Trabajo lo registró en las asociaciones sindicales.
Los petroleros disidentes acusan que su reelección fue ilegal porque la renovación de la Secretaría General del sindicato se tendría que haber realizado en el año 2018, pero lo adelantaron para que no coincidiera con el periodo electoral.
A pesar de estos señalamientos, la Secretaría del Trabajo, a través de la Dirección General de Registro de Asociaciones le otorgó la toma de nota, lo que le dio validez jurídica.
La nueva demanda de los petroleros disidentes es que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el director de Pemex, Octavio Romero y las secretarias del Trabajo, Luisa María Alcalde, y de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, atiendan estas irregularidades y llamen a cuentas al líder petrolero.
“Ahorita nosotros ya vamos en contra del Poder Ejecutivo, del director de Pemex, de la Secretaria de Trabajo, de la Función Pública porque hay antecedentes graves en contra de nosotros los trabajadores”, dijo Jacobo Domínguez.
Carlos Romero Deschamps (1943, Tampico), ha salido de la escena pública con la llegada de la nueva administración federal. La última vez que se le vio fue en en mayo pasado en la boda de la hija de Juan Collado, actualmente preso en el Reclusorio Norte por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Romero Deschamps ha sido señalado de corrupción durante años, y ni los gobiernos de Acción Nacional (PAN) ni los del Revolucionario Institucional (PRI) han actuado contra él. Todo lo contrario, Vicente Fox le perdonó desvíos por mil millones de pesos en el proceso electoral 1999-2000 y con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto ganó el mote del “jeque mexicano”.
Los petroleros disidentes temen que con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ocurra lo mismo y se proteja al líder petrolero, quien desde 1993 se ha perpetuado en la Secretaría General del sindicato.
