El 5 de julio de 2012, la familia Vergara recibió una llamada que advertía sobre el secuestro de Tomás Vergara en Iguala. Pedían 300 mil pesos por liberarlo. Mario solicitó ayuda y denunció ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). Le asignaron dos agentes para asesorarlo en las llamadas de negociación, pero los secuestradores se negaban a dar pruebas de vida de su hermano.
Ante el fracaso en las negociaciones, pasaron los meses y el hilo que les podía dar esperanza se estiraba más y más. Mario se ocultó por mucho tiempo; mientras, su mamá y hermanas hacían su lucha por encontrarlo. Buscaban en la nota roja o pegaban carteles con su foto, pero no dejaban que él interviniera ya que fue quien negoció con los secuestradores.
Por Rocío Melgoza
Ciudad de México, 9 de septiembre (EconomíaHoy).– Mario Vergara vende mezcal. Lo trae a la Ciudad de México desde comunidades cercanas a su pueblo natal, Huitzuco, Guerrero. Las botellas tienen un costo de 200 pesos y hace entregas en estaciones del Metro.
Su actividad es normal, como si se tratara de otro emprendedor más que busca abrirse paso en el mundo de los destilados. Pero detrás de esta actitud emprendedora está su necesidad de subsistencia ya que está comprometido con la búsqueda de su hermano, Tomás Vergara, quien fue secuestrado en 2012.
«Cuando tienes un familiar desaparecido te cae la maldición de la desaparición: desaparece tu salud, tu economía, tu familia, tus amigos, desapareces tú mismo porque dedicas todo tu tiempo a buscar», dice Mario.
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En entrevista para EconomíaHoy, el guerrerense de 44 años, cuenta que está casado y tiene una pequeña de tres años.
Toda la familia vive exiliada en la Ciudad de México, ya que recibieron amenazas después de que se convirtiera en buscador de fosas clandestinas tras el secuestro de su hermano Tomás.
EXILIADO EN LA CDMX
Los ahorros que tenía por repartir cerveza en Huitzuco, se esfumaron en cuestión de meses. «Si buscas, no trabajas, si trabajas, no buscas».
Además de las amenazas de muerte por no pagar el rescate de su hermano, tuvo que sumar otras más por desenterrar en su pueblo a una persona que llevaba 11 días en una fosa. Solicitó protección y se exilió a la Ciudad de México.
Dejó su trabajo, perdió sus ahorros y «estira» los 4 mil 300 pesos mensuales que le otorga el Gobierno federal como parte de un mecanismo de protección al que está adherido. No alcanza.
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Por ello, se vio obligado a buscar alternativas. Trajo de su pueblo longaniza, chicharrón, quesos, pero no funcionó.
Fue hasta que lo intentó con mezcal y dice «lo único bonito de la Ciudad de México, es que hay mucha gente solidaria» y tras publicar en su página de Facebook «Buscando a Tomy», vende el destilado para sobrevivir y seguir en la búsqueda de su hermano en fosas clandestinas de todo el país.
CUANDO TODO EMPEZÓ
El 5 de julio de 2012, la familia Vergara recibió una llamada que advertía sobre el secuestro de Tomás Vergara en Iguala. Pedían 300 mil pesos por liberarlo.
Mario solicitó ayuda y denunció ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). Le asignaron dos agentes para asesorarlo en las llamadas de negociación, pero los secuestradores se negaban a dar pruebas de vida de su hermano.
«Negociamos con los malos, pero nunca nos dieron prueba de vida. Los asesores nos indicaban que sin prueba podría ser señal de que ya lo habían asesinado. No les pagamos porque no había prueba de vida».
Ante el fracaso en las negociaciones, pasaron los meses y el hilo que les podía dar esperanza se estiraba más y más.
Mario se ocultó por mucho tiempo; mientras, su mamá y hermanas hacían su lucha por encontrarlo. Buscaban en la nota roja o pegaban carteles con su foto, pero no dejaban que él interviniera ya que fue quien negoció con los secuestradores.
«No me dejaban participar en nada. Me encerré mucho tiempo en la casa porque seguimos recibiendo amenazas por no pagar. Nos dijeron que nos iban a chingar, nos iban a balacear. Tardé como cuatro meses en salir después del secuestro de mi hermano. Estaban muy enojados».
TIERRITAS DE OTRO COLOR
Dos años más tarde, después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se dio a conocer que los padres de los estudiantes habían encontrado unas fosas con al menos 30 cuerpos en el paraje «La Parota», en Iguala, pero exámenes determinaron que no se trataba de ellos.
«Entonces, muchas familias salimos a gritar que si no eran los estudiantes, podría ser uno de nuestros familiares», lo que impulsó a Mario a sumarse a las jornadas de búsqueda de fosas clandestinas.
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Aprendió a usar herramientas e identificar huesos humanos. Su primera salida a campo la recuerda bien. Fue el 16 de noviembre de 2016 de la mano de Miguel Jiménez Blanco, de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPUOEG), quien les dijo a los asistentes: «vamos a buscar una ondita en la tierra, vamos a ver un montoncito de tierra por los lados o a ver tierritas de otro color que quedan al escarbar una fosa clandestina».
«Fue la primera vez que conocí el horror que se esconde en nuestras tierras mexicanas y el horror que desaparece el Gobierno mexicano diciendo que no pasa nada».
FALANGES DE HUMANOS Y NIÑOS
Tres años después de esa primera experiencia, Mario sigue en la búsqueda de fosas clandestinas.
Recientemente participó en un rastreo en el estado de Sinaloa, en el predio llamado «La Primavera», donde localizó una zona con más de 3,000 falanges.
Cuenta que en el lugar encontraron «osamentas humanas como de cuatro personas, había muchos huesos grandes, costillas, vértebras, fémures, omóplatos, un cráneo».
En la búsqueda se percató de una zona donde había cientos de falanges. Pidió a una compañera tomar fotos y enviarlas a los expertos que los asesoran. Al lugar también acudieron peritos de la Fiscalía de Sinaloa y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y las tres fuentes concordaron en que eran de humanos.
El tema se viralizó y días después la Fiscalía de Sinaloa emitió un comunicado para informar que se habían realizado más de cuatro pruebas y que los resultados indicaban que se trataban de huesos de animales, no humanos.
Mario expresa que ya no confía en las autoridades, porque no es normal que la Fiscalía de Sinaloa emita un comunicado sin avisarles de los resultados y mucho menos, que se hayan aplicado más de cuatro pruebas a 3 mil 56 huesos en tan poco tiempo.
«No estoy diciendo mentiras. Nosotros hemos aprendido, hemos recibido talleres. Ese día lo confirmaron cuatro personas expertas viendo y tocando las falanges», denunció.
Explicó que enviaron fotos a antropólogos de la UNAM y de otros lados «ellos nos dijeron que apreciaban que eran de personas, pero al estado de Sinaloa le pegó porque se indicó que había falanges de niños».
GOBIERNO NO DIMENSIONA EL PROBLEMA
En su labor como buscador, dice, la mayor parte de la información primaria la obtienen de los mismos criminales o de testigos.
«A veces los mismos delincuentes nos han llamado por teléfono y nos dicen: yo enterré en tal parte a tantas personas, vayan a sacarlas».
Lamenta que administraciones anteriores y la de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no tengan la voluntad para hacer su trabajo.
«Es una vergüenza que el Estado mexicano que ellos teniendo herramientas, tecnologías, especialistas, salen al campo y no encuentran a nuestros familiares».
«Somos las familias las que estamos haciendo la investigación y la búsqueda de nuestros familiares, somos las familias que salimos al campo y encontramos».
Luego del hallazgo de las falanges y del comunicado de la Fiscalía de Sinaloa, recuerda, que en 2016 hallaron una fosa en Amatlán de los Reyes, Veracruz y que la Fiscalía estatal sacó un boletín en el que afirmaban que los buscadores habían confundido trozos de madera con huesos. «Nos plantamos e hicimos que el Gobierno de Veracruz desmintiera esa nota».
Algo que esperan suceda en Sinaloa, aunque advierte hay mucho camino por recorrer, y sabe, no será fácil que las autoridades de aquel estado den un permiso para que expertos independientes hagan otro análisis y que el Gobierno Federal atraiga el caso.
Señaló que buscaron una audiencia con Alejandro Encinas, Subsecretario de Gobernación y que ya enviaron oficios para ejercer presión, pero la burocracia y sus tiempos no les ha dado espacio en sus agendas.
«A ti nadie te pregunta si quieres tener un desaparecido en tu familia, aquí alguien te avienta del otro lado de los desaparecidos».
También, consideró que la Comisión Nacional de Búsqueda «es un elefante blanco», ya que a pesar de que se anunció la creación de comisiones estatales de búsqueda, son pocas las entidades del país que han adoptado la medida. «Nosotros vamos a los estados y sólo tienen comisionado, ni siquiera tienen oficina».
«Estamos pidiendo la intervención del presidente de México, López Obrador, porque se dijo que se iba a acabar con la corrupción, pero la corrupción la tienen en sus instituciones de procuración de justicia, Esto es horrible».
Actualmente está adherido a un mecanismo de protección para defensores de derechos humanos, pero asegura, no funciona.
«Nos dan un teléfono que funciona como botón de pánico y cuando te sientes en peligro llamas, pero en México, cuando tienes un arma enfrente ¿cómo vas a llamar por teléfono y pedir auxilio cuando los que te van a matar los tienes enfrente con armas?», señaló.
LAS CIFRAS «OFICIALES»
Recién, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, indicó que desde finales de 2006 a la fecha, el Estado mexicano tiene un registro de 3 mil 24 fosas clandestinas, ubicadas principalmente en estados de Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa y Jalisco, de las que se han sacado 4 mil 974 cuerpos.
Mientras que en la actual administración de López Obrador, desde diciembre de 2018 al 14 de agosto, la Comisión ha contabilizado 522 fosas clandestinas con 671 cuerpos, de los cuales se han identificado plenamente a 200 y 116 ya fueron entregados a sus familias.
