Cuando el ex Gobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez –recién visto en Nuevo México– pretendió ser accionista prioritario del Banco Progreso de Chihuahua, con el objetivo de «lavar el robo» del erario público estatal, el ex Secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso fue «pieza clave», aseguró el activista Jaime García de Unión Ciudadana, quien hace cinco años denunció al ex priista ante la entonces Procuraduría General de la República por peculado, violación a la ley bancaria y otros presuntos delitos.
Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).– Mientras el ex Gobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez busca arreglar su situación migratoria en Estados Unidos, donde tiene hijos e inversiones, para «esquivar» la acción de la justicia mexicana, la Fiscalía General de la República (FGR) otorgó el amparo a Unión Ciudadana para acceder a la resolución sobre por qué la Procuraduría de Enrique Peña Nieto «desactivó» su denuncia de 2014 contra el ex priista por pretender adueñarse del Banco Unión Progreso, dijo el abogado y activista Jaime García Chávez.
«Si vemos otros modelos de corrupción, ninguno pretendió crear una banca de institución financiera múltiple que es lo que iba a tener Duarte como accionista prioritario del Banco Progreso de Chihuahua, lo cual se le toleró por el Secretario de Hacienda Luis Videgaray, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por el Presidente Peña Nieto», aseguró García Chávez de Unión Ciudadana. «La denuncia toca fibras muy sensibles y delicadas. Videgaray es pieza clave. La fundación de un banco pasaba por una decisión del Secretario de Hacienda», reiteró.
En septiembre de 2014, la organización Unión Ciudadana presentó la denuncia penal a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) con el expediente AP/PGR/UEAF/001/2014/09 contra César Duarte por peculado, uso abusivo de facultades y atribuciones, tráfico de influencias y violaciones a leyes bancarias acompañado de la prueba: el Fideicomiso por 65 millones que suscribió el entonces Gobernador priista para pretender quedarse con el Banco Unión Progreso de Chihuahua.
«Tener un banco, con la legislación bancaria y el gran peso que se la da al secreto bancario en el país, era lavar de manera casi perfecta el robo que se le hizo a Chihuahua, y convertirlo en una palanca para proyectos de poder. Duarte tuvo el sueño de ser presidente del PRI nacional», expuso el abogado.
«Al que le autorizaron la creación del Banco fue a Jaime Herrera Corral, ex Secretario de Hacienda de César Duarte [actual testigo protegido del Gobierno de Chihuahua]. Tenía la dualidad de representante del Banco y de Secretario de Hacienda estatal», añadió.
El periodista Carlos Loret de Mola publicó una fotografía donde se ve a César Duarte, sobre quien giran órdenes de aprehensión y un proceso de extradición, sentado tomando cerveza en un bar ubicado en Albuquerque, Nuevo México.
El abogado Jaime García comentó que la republicana Susana Martínez, Gobernadora de Nuevo México hasta enero de este año, tiene una relación de estrecha amistad con el ex Gobernador priista.
«Duarte pretende que se le considere como un perseguido político frente a la solicitud de extradición», consideró el abogado.
El ex mandatario acumula 15 órdenes de aprehensión (otras cinco en proceso desde la Fiscalía de Chihuahua), por posible desvío de más de mil 230 millones de pesos y otra federal solicitada por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por peculado electoral por 14 millones de pesos presuntamente a favor del PRI, institución de la que apenas en junio de este año fue expulsado.
El Fiscal de Chihuahua, César Peniche Espejel, y el Consejero Jurídico estatal, Jorge Espinoza Cortés, han reiterado que la solicitud de extradición está en proceso y en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
«Se han presentado todos los elementos a las autoridades norteamericanas, se hicieron una serie de observaciones de carácter técnico, se compartieron con el estado de Chihuahua en lo que hace a las indagatorias de carácter local –porque les recuerdo que hay un paquete de indagatorias locales importantes que son el origen de la solicitud–, y se ha avanzado todo lo posible de común acuerdo con las autoridades correspondientes», dijo el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón en agosto durante una conferencia matutina. Aunque aclaró que no hay una fecha exacta.
DENUNCIA «ESTANCADA» CON EPN
El abogado y activista Jaime García expuso que a finales del Gobierno de Enrique Peña Nieto, «con quien Duarte tenía una gran complicidad», fue notificado de una solicitud que hizo la Unidad de Estudios y Análisis Financiero de la PGR de Alberto Elias Beltrán en la cual planteaban sellar su denuncia contra el ex Gobernador de Chihuahua mediante el decreto de no ejercicio de la acción penal.
Al no notificarle los argumentos de ese carpetazo, promovió el amparo 529/2018 ante el Juez Primero de Distrito en Chihuahua, el cual ganó para que se le diera a conocer la resolución completa. Pero en el primer trimestre de 2018, «la PGR solicitó una revisión y estancaron el trámite» hasta llegar al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero.
«Hubo una primera etapa en que la Fiscalía de Gertz Manero seguía litigando en nuestra contra y a favor de Duarte. En varias ocasiones argumentamos lo absurdo que resultaba hasta que hace un mes y medio la Fiscalía se resistió del recurso de revisión [promovido por la ex PGR], por lo cual nosotros ya tenemos un amparo para que se nos notifique los argumentos que tuvo la administración de Peña Nieto para pretender exonerar a Duarte», dijo García Chávez.
El siguiente paso es que el expediente se turne a un juez. «Ya vamos a cumplir cinco años y seguimos en la tramitología ante la Fiscalía. Es lamentable», agregó.
Por parte del Gobierno Javier Corral Jurado, desde septiembre de 2017 entregó ante la entonces PGR la solicitud formal de detención con fines de extradición sustentada en varias cajas con 70 tomos y 50 discos compactos que contenían todas las carpetas de investigación, con las pruebas en las que se basaron los distintos jueces penales de control.
De acuerdo con la Fiscalía de Chihuahua, a través de la Operación Justicia para Chihuahua, para investigar y combatir los actos de corrupción derivados del gobierno de Duarte y sus ex funcionarios, se han librado al menos 46 órdenes de aprehensión, se obtuvieron 52 vinculaciones a proceso y siete sentencias condenatorias.
Además, se han asegurado 53 bienes, entre inmuebles y predios rústicos, y bienes diversos como vehículos y cabezas de ganado que en conjunto podrían alcanzar un valor superior a los 650 millones de pesos.
