En Michoacán, específicamente en Uruapan, hace unos días se produjo un escalofriante hallazgo: 19 cuerpos fueron encontrados colgando de un puente. Es una de las caras de la violencia que se vive en el estado, la misma que obliga a varias familias a dejar el lugar su hogar. Las personas desplazadas hacen un llamado al Gobierno federal, justo en un momento en donde el papel de las policías, guardias comunales y autodefensas son cuestionados de nuevo.
Por Heriberto Paredes y Rodrigo Caballero
Michoacán, 2 de septiembre (Pie de Página).– Desde hace casi un mes, un operativo policiaco se desarrolla en la región de la sierra-costa michoacana, en contra de Fernando Cruz Mendoza, alias «El Tena», y de Jesús Cruz Virrueta, alias «Chuy Playas».
Este movimiento en contra del crimen organizado ha causado el desplazamiento de algunas familias de San Pedro Naranjestil y la alerta en la comunidad. Pero también el fin de operaciones ilegales de la gente a cargo del grupo conocido como «Los Tena».
Las personas desplazadas hacen un llamado al Gobierno federal, justo en un momento en donde el papel de las policías, guardias comunales y autodefensas son cuestionados de nuevo.
“Que venga el Gobierno a ver, que nos haga caso, porque nomás le cuentan y le dicen: ‘todo está bien’, cuando aquí está la matazón de gente, el sufrimiento de la gente. Como ya sabemos que están cerca los comunitarios, la gente está más tranquila. Como los comunitarios ya llegaron a San Pedro, entonces ya la gente sabe que los salvaron de la maña”, comenta Jacinta, una mujer de unos 40 años que también se ha refugiado en Ostula.
“Vengo a Ostula –sigue Jacinta– a pedir refugio con mis padres porque hemos visto que esta comunidad ha luchado por el bien de todos. Yo he mencionado que aquí se cuidan a las mujeres y los hombres, a los adultos y a los niños, se va a la escuela a gusto y los ancianos están en sus fiestas patronales, pero con ‘la maña’ esto no es posible, con ellos sólo matanzas”.
EXPLOTACIÓN DE RECURSOS
En la investigación titulada «Violencias legales e ilegales mexicanas: política y crimen organizado. El caso de la minería en la sierra-costa michoacana«, se da cuenta de cómo el grupo delincuencial mencionado, perteneciente a Los Caballeros Templarios, operó la explotación ilegal de varias decenas de minas.
Por ejemplo, la explotación minera legal, efectuada por Ternium en los alrededores de Aquila –cabecera municipal que lleva el mismo nombre que la Alcaldía– ha sido una de las fachadas usada por los Caballeros Templarios para explotaciones mineras ilegales.
Materiales como hierro, mármol y oro son extraídos ilegalmente y son transportados a los puertos más cercanos, el de Manzanillo, Colima y el de Lázaro Cárdenas, el principal puerto del país. Estos materiales, según testimonios de habitantes de la región, son intercambiados por químicos que luego se usarán para la producción de drogas sintéticas, como metanfetamina y más recientemente, fentanilo. Este poderoso negocio está a cargo de Fernando Cruz Mendoza, quien ha extendido su control hasta los municipios de Coahuayana y Chinicuila.
El segundo negocio por excelencia en la región es la tala y venta de madera preciosa, específicamente de la conocida como “granadilla” o “sangualica”, especie endémica que está en riesgo de extinción y que en su ruta comercial ha sido localizada en las empresas que hacen recubrimientos para yates y autos lujosos como Rolls Royce. El responsable de este negocio es Jesús Cruz Virueta, que como parte del grupo de Cruz Mendoza ha devastado buena parte del ecosistema local.
LOS DESPLAZADOS
No es la primera vez que hay desplazados en la comunidad de San Pedro Naranjestil: un grupo de personas huyó de las rancherías de la sierra luego de que el 24 de octubre de 2016 fuera asesinado Luis Olascón, un ex combatiente de las autodefensas que murió acribillado por miembros del crimen organizado.
Según el acta de defunción, el hombre de 61 años murió a causa de una fractura craneal provocada por un proyectil de arma de fuego pero la verdadera razón de su asesinato fue su apoyo al movimiento de autodefensas en Aquila.
Comandos de encapuchados agredieron a tiros a decenas de personas en las rancherías del municipio, como parte de una campaña de terror para expulsar a las familias de sus casas y obligarlas a buscar refugio sierra abajo, alejándolos de sus viviendas que después controlaron bandas del crimen organizado.
Los desplazados se refugiaron en San Pedro Naranjestil y la mayoría tiene casi tres años sin poder volver a casa por miedo a encontrarse con los grupos armados, ex miembros de los Caballeros Templarios que todavía pelean la zona en la que se dedican, además de la minería ilegal y el tráfico de madera, a la extorsión, al cobro de piso y a la instalación de laboratorios para elaborar drogas sintéticas.
El informe Vidas en la incertidumbre: la Migración Forzada Mexicana hacia la Frontera Norte de México registra que en 2016 aumentaron los desplazados por violencia en Guerrero y Michoacán.
Solamente en Tijuana, Baja California, el 73 por ciento de los desplazados provienen de 37 municipios de Guerrero y Michoacán, entre ellos 3 localidades de la sierra-costa michoacana: Coalcomán, Aquila y Lázaro Cárdenas.
El documento elaborado por la Coalición Pro-Defensa del Migrante señala que los principales delitos por los que los desplazados se van de sus comunidades son extorsiones, asesinatos y secuestros, así lo apuntan sus 221 casos analizados solamente en 2016, el año en que los desplazamientos en San Pedro Naranjestil comenzaron.
Sin embargo, no existe registro de quienes sólo se pueden mover adentro del mismo estado, como es el caso de quienes tuvieron que huir de la sierra para intentar buscar refugio en las comunidades más organizadas y más pegadas a la costa.
A raíz de las emboscadas del 24 de octubre de 2016, alrededor de 20 personas de tres familias distintas llegaron a San Pedro Naranjestil. Huían de la violencia, perseguidas por haber apoyado el alzamiento de las autodefensas en 2014, por lo que solamente confían en el resguardo de la Guardia Comunal de Santa María Ostula.
Provenientes de Chocola, los refugiados afirman que en San Pedro no pueden estar, por la pelea entre comunitarios y crimen organizado.
“Venimos con la esperanza de que nos den el apoyo, somos de Chocola, de la comunidad indígena de Pómaro, pero como ahí se ha dividido con la presencia de ‘la maña’ y ya eso nos está perjudicando. Ya no dormimos en la casa, ahora estamos en Ostula, porque es nuestra única esperanza de que nos apoyen”, comenta Tadeo, quien asume el papel de vocero de manera improvisada.
“En Tizupan ya quemaron casas –continúa Tadeo–, en Chocola todavía no, pero como mi hermano es comunitario entonces no nos quieren. Supimos que llegaron los comunitarios a San Pedro otra vez y pues aquellos ya se fueron, estaban ya ahí. ‘La maña’ entró como hace 9 días, con las balaceras y quemando casas”.
La Guardia Comunal es la única defensa en contra de las incursiones de células de los Caballeros Templarios que aún permanecen activas en la zona, encabezadas por ‘Tena» y «Playas». Y Ostula es uno de los lugares más seguros de la entidad, las personas que llegaron fueron recibidas como si fueran parte de la comunidad y ahora han comenzado a dar testimonio de la violencia que les ha tocado padecer.
“Al principio nos dieron una casa y ya luego nos trajeron maíz y trastes para poder empezar de nuevo, la gente de aquí de Ostula. Ya nos dieron un pedacito para sembrar jamaica, como media hectárea, y otro tanto así de milpa. Nos tratan muy bien”, afirma Tadeo.
Cada vez es más complicado para los desplazados hacer frente al embate del crimen organizado, ya que en los últimos meses son más frecuentes y más violentas las agresiones en su contra, por lo que cada día aumenta el número de personas que dejan todo por huir de la violencia.
LOS PRIMEROS IMPACTOS
En un mes de operativo, los pocos informes que se han logrado recuperar apuntan a que estos dos personajes y su grupo completo están en severos problemas. Los testimonios de algunas personas desplazadas apuntan, además, a que los negocios del crimen organizado son posibles por el contubernio de las autoridades municipales, principalmente el edil, Mohamed Ramírez, el actual comisariado de Pómaro, Teófilo Padua.
“Yo he denunciado ante el ministerio público al comisariado de Pómaro por la venta de ‘sangualica’ pero no nos han hecho caso. Yo he denunciado estos cortes ilegales, por ejemplo, hace como dos meses un camión cargado de esta madera fue cuestionado por algunos habitantes de Pómaro sobre quién había autorizado los cortes y dijo el conductor que Mohamed y el comisariado actual, que se llama Teófilo Padua”, señaló Antonio, un joven desplazado.
De esto tienen conocimiento la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, también las autoridades estatales en materia de seguridad, sin embargo, todos los corporativos permanecen a la expectativa de los resultados finales de esta cacería contra el crimen organizado.
¿QUIÉN PELEA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO?
Hace ya una década –también– que la comunidad indígena de Santa María Ostula conformó su Guardia Comunal con el objetivo de protegerse en la lucha por recuperar alrededor de 1,250 hectáreas de territorio que estaban invadidas por pequeños propietarios mestizos, los cuales participaban en dos grandes rubros: el poder político regional a través del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el poder económico criminal, a través de los Caballeros Templarios. A eso pertenecían los invasores de las tierras de Ostula.
Luego de una acción en donde participó toda la comunidad, las tierras fueron recuperadas, sin embargo, la respuesta criminal fue una matanza selectiva en donde 38 personas fueron asesinadas y desaparecidas, casi toda una generación de luchadores comunitarios fue abatida.
La comunidad quedó fracturada y una buena parte padeció el desplazamiento para intentar conservar la vida. Fue en el exilio que muchos se reorganizaron y regresaron a comienzos de 2014 para reinstalarse en su comunidad. La Guardia Comunal se restableció y comenzó a combatir a los Caballeros Templarios, que disminuidos, huyeron o no lograron hacer frente al restablecimiento de la tranquilidad en Ostula y poco a poco en el resto de poblaciones de Aquila.
El 19 de julio un ataque del Ejército, junto a policía estatal, dejó como resultado la detención del entonces comandante general de la Guardia Comunal, Cemeí Verdía, 11 personas heridas y un niño asesinado por un arma de fuego disparada por alguno de los 16 militares que dispararon ese día. Al frente, por decisión unánime de la asamblea de Ostula, quedó Germán Ramírez, un joven maestro que había regresado a la comunidad y se había incorporado a las tareas de seguridad. La comunidad depositó en él la confianza para pacificar toda la región y hasta ahora su mandato no ha sido revocado.
Él encabeza el largo operativo en contra de «Los Tena». Primero como director de la policía del municipio –cargo que desempeñó simultáneamente al de comandante general de Ostula– y luego como comunitario. Ramírez siempre advirtió que era necesario combatir a los grupos de Templarios que se habían refugiado en las partes de más difícil acceso pero que seguían operando en el sur del municipio.
Entre 2015 y 2017 la presencia de los comunitarios y de la policía municipal se extendió hasta la localidad de Tizupa, sobre la carretera federal 200 y, hacia la sierra, hasta San Pedro Naranjestil. Sin embargo, desde finales de 2017 y hasta la actualidad, el grupo de «Los Tena» intentó desprestigiar a Ostula y a su Guardia Comunal, coptó a muchos miembros de la policía municipal, secuestró a siete comunitarios, asesinó a un cuantioso número de personas y llevó acabo la infiltración de las estructuras de Gobierno comunal de Pómaro, escenario en el cual se desarrolla el actual operativo.
Antonio retoma la palabra: “Si se arreglan las cosas, nos vamos a regresar para allá. Allá tenemos tierras para trabajar, para vivir, lo que pasa es que en Pómaro nos hostigan mucho, nos obligan a dar el apoyo a aquéllos y pues a fuerzas uno tiene que decir que sí, por miedo. El comisariado y la maña se están repartiendo el dinero”.
PERSECUCIÓN
Ostula ha denunciado, en varias ocasiones, que existe una persecución en contra del comandante general de su Guardia Comunal, Germán Ramírez, no sólo por parte de grupos criminales –quienes ven en él un obstáculo para utilizar el territorio de la sierra-costa como una ruta de trasiego de sustancias químicas–, por parte de detractores de la comunidad, como el propio Cemeí Verdía y su grupo de afines, los cuales, además de ser expulsados de la comunidad, han intentado orquestar una campaña de desprestigio en el resto del municipio, ocasionando ya severos malentendidos.
La propia Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal ha contribuido a esta situación, de acuerdo con algunos policías en proceso de certificación.
“A ti no te conviene cubrir a un delincuente como Germán. Trabaja para un cártel, por eso se esconde. Y a dime en qué auto se mueve, con cuánta gente, para quién trabaja”, relató un hombre seleccionado por la comunidad de Ostula para certificarse como policía, según los acuerdos hechos con la SSP.
“Eso me preguntaron, y también si yo sabía que el comandante Germán secuestraba, torturaba, robaba y violaba”, continúa quien prefiere dejar su identidad en el anonimato por temor a represalias.
“Fuimos 9 compañeros los que fuimos a certificarnos y a los 9 nos separaron y nos preguntaron lo mismo, pero nosotros respondimos lo que nos consta, que el compañero Germán hace un trabajo de seguridad para la comunidad”.
Actualmente, el Instituto Estatal de Estudios Superiores de Seguridad y Profesionalización Policial (IEESSPP) se encuentra en un proceso de aplicación de exámenes de confianza y de la certificación de los policías que integran la Policía Michoacana, poco más de 4 mil. Tan sólo 2 mil policías han conseguido la Certificación Única Policial (CUP) según datos proporcionados por el titular de la SSP, Israel Patrón Reyes.
“Nos trataron muy mal a los de Ostula, no nos dieron tiempo para comer, nos tuvieron conectados al polígrafo más de 4 horas y con mucho esfuerzo nos dejaron ir al baño. Como no contestamos las preguntas sobre Germán entonces no fuimos acreditados”, señala el miembro de la comunidad de Ostula.
“La mentira la toman como verdad y la verdad la toman como mentira”, dice que respondió a sus interrogadores.
DENUNCIAS VIGENTES
El pasado 21 de agosto, Santa María Ostula dio a conocer un comunicado a través de redes sociales en donde reafirma el apoyo al comandante Germán Ramírez y a sus acciones de combate al crimen organizado. También hace un recuento de las acusaciones contra el grupo de Cruz Mendoza y Cruz Virueta, entre las cuales son mencionadas las referentes a las minas y el tráfico de “sangualica”, pero sobre todo está la denuncia por la violencia extendida contra la población y el señalamiento del asesinato, el pasado 19 de julio, de Zenaida Pulido Lombrera, buscadora de personas desaparecidas, del colectivo de Familiares caminando por Justicia.
