Andrés Manuel López Obrador llegará a su Primer Informe de Gobierno con una estrategia de seguridad pública en proceso de consolidación y una crisis de violencia y delitos heredada que se resiste a ceder, pese a las medidas efectuadas.
Las cifras del Gobierno federal indican que, en el último año, los delitos del fuero común aumentaron en 5.4 por ciento: En los primeros siete meses de 2019 hubo 234 ilícitos por hora (12 delitos más por hora que en 2018).
Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se comprometió en abril a consolidar su estrategia de seguridad pública en seis meses (para octubre de 2019). Ya entonces el país estaba inmerso en la peor vorágine de violencia en 22 años, con una ola de homicidios dolosos que cobró la vida de 9 mil 585 personas en el primer cuatrimestre del año, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
«Se desató la violencia pero la estamos estabilizando [para] que no continúe la tendencia de incremento”, explicó el político tabasqueño. Aunque AMLO reconoció que reducir la violencia y la incidencia delictiva tomaría tiempo, aseguró que una vez que la Guardia Nacional tuviera «presencia en todo el país”, su Gobierno podría «garantizar la seguridad pública”.
El compromiso del Primer Mandatario para los primeros seis meses de su administración no sólo implicaba la implementación de un nuevo cuerpo de militares que patrullaría las calles bajo un mando civil. También incluía mejorar las condiciones de la ciudadanía con programas sociales –como Jóvenes Construyendo el Futuro– y erradicar la corrupción.
A nueve meses de recibir la investidura presidencial, López Obrador ofrecerá su Primer Informe de Gobierno. Lo hará con una estrategia de seguridad pública en proceso de consolidación y una crisis de violencia y delitos heredada que se resiste a ceder, pese a las medidas efectuadas, y además en un ambiente crispado por la reciente matanza de 29 personas la noche del pasado martes 27 de agosto en Coatzacoalcos, Vercruz.
Después de los eventos en Coatzacoalcos, dos agencias internacionales de noticias publicaron ayer sendos reportajes en los que advierten que la guerra criminal en México ha tomado dimensiones no vistas. Una es la agencia Associated Press, que tiene impacto global; la otra es la agencia oficial española EFE.
Associated Press o AP, como se le conoce mejor, dijo: “La guerra de México contra el narcotráfico parece haber vuelto, y podría ser peor que la sangrienta ofensiva gubernamental contra los cárteles entre 2006 y 2012.
AP agregó: “Antes la peor parte de la violencia se limitaba a unas pocas ciudades; ahora se extiende por todo el país. Antes no era raro que las bandas matasen a adultos pero dejasen a los menores ilesos; ahora, el asesinato de menores junto a sus padres se ha convertido en algo demasiado frecuente. Y el que quizás sea el cambio más desconcertante: la sangrienta violencia de los cárteles enojó a los mexicanos y acaparó la atención intencional por la guerra contra el narco, que registró 27 mil homicidios durante su apogeo en 2011. Hoy en día, aunque el número de asesinatos en el país se incrementó hasta cerca de 35 mil el año pasado, el derramamiento de sangre parece recibir menos atención y generar menos indignación”.
Casi al mismo tiempo, en su despacho, la agencia EFE dijo: “Una nueva masacre en México, perpetrada por un ajuste de cuentas entre grupos criminales en un bar del estado de Veracruz, demostró esta semana que el narcotráfico sigue matando, frente a una insuficiente estrategia de seguridad del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador”.
La agencia española agregó: “El asesinato este martes de al menos 29 personas en un club nocturno del puerto de Coatzacoalcos, en el este de México, se suma a recientes y truculentos sucesos como el hallazgo de diecinueve cuerpos desmembrados y colgados en un puente de Uruapan (Michoacán) el 8 de agosto”.
La información del Gobierno federal indica que los delitos totales del fuero común aumentaron en 16.8 por ciento real entre diciembre de 2018 y julio de 2019. Inclusive, la tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes durante los primeros siete meses de este año (931) fue 4.4 por ciento superior a la del mismo periodo del año pasado (892).
Pese a que los delitos en general continúan con una tendencia al alza, algunos delitos de alto impacto –como los secuestros y los feminicidios– fueron a la baja en los últimos ocho meses, aunque su incidencia es la más alta desde 2015, de acuerdo con las cifras desagregadas del SESNSP.
Por un lado, los delitos sexuales, los homicidios dolosos y los robos aumentaron en 37.8, 3.2 y dos por ciento respectivamente. Y por otra parte, los feminicidios y los secuestros decayeron en 5.8 y 2.6 por ciento, cada uno, entre diciembre de 2018 y julio de 2019.
Aunque los resultados mensuales reflejan algunos impactos positivos, las tasas de delitos de alto impacto son las más elevadas de los últimos años, salvo en el caso de los robos, cuya incidencia es 2.64 por ciento inferior a la del año pasado y 2.57 por ciento más baja que en 2017.
Mientras la incidencia de homicidios dolosos y delitos sexuales –como violaciones y estupros– es la más alta desde el año 2000, la de secuestros es la más elevada desde 2014. En el caso de los feminicidios, la tasa de este año (0.43) es 139.7 por ciento superior a la del año 2015 (0.18).
LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
Ante la situación de violencia en todo el territorio nacional, el Gobierno federal ha implementado medidas de primer impacto –más allá de programas sociales y reformas de ley– como el despliegue de la Guardia Nacional y las reuniones diarias del Presidente con su Gabinete de Seguridad.
El 28 de abril de este año, la Guardia Nacional comenzó a operar en Ciudad de México y Veracruz. Dos meses después, el 30 de junio, AMLO anunció el despliegue de 70 mil elementos en 150 regiones del país, con la excepción de dos entidades federativas, Baja California Sur y Querétaro, en que la Guardia operaría hasta la segunda etapa de implementación (en julio y septiembre, respectivamente).
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Gobierno federal comprometió el 1.09 por ciento de su gasto programable (20.9 mil millones de pesos) para el gasto en Orden Público y Seguridad Interior. Esta cantidad, que es la más baja como proporción del gasto total desde 2008, es equiparable al costo (de 15 a 20 mil millones de pesos) que tendrá la Guardia Nacional en 2019, según el Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño.
A pesar de la inversión y de la estrategia implementada hasta el momento, en los primeros ocho meses de gobierno de López Obrador hubo 3.4 homicidios dolosos cada hora y hubo también, cuando menos, 14 masacres en nueve entidades federativas –Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz– que robaron cientos de vidas –incluidas las de menores de edad– y volcaron al escrutinio público sobre la estrategia de seguridad pública a nivel nacional.
Aunque aún es imposible saber el impacto que tendrá la Guardia Nacional a mediano y largo plazos, los hechos corroboran que las medidas para revertir la crisis actual de violencia tomarán “algún tiempo” en surtir efecto, tal y como señaló el Presidente AMLO en abril de 2019. Ejemplo de ello es la situación por la que atraviesa Veracruz.
Después de la masacre del 19 de abril de este año en Minatitlán, Veracruz, el Gobierno de López Obrador decidió iniciar operaciones en aquella localidad, así como en los municipios veracruzanos de Coatzacoalcos y Cosoleacaque. Sin embargo, aún con el despliegue de más de 1 mil 059 elementos, el pasado 27 de agosto 26 personas fueron acribilladas en Coatzacoalcos, en que una tragedia de tal magnitud no se repetía desde abril de 2016, cuando la planta de Petróleos Mexicanos (Pemex) Clorados III estalló, dejando como resultado 23 personas fallecidas.
Más allá de las medidas de primer impacto, la «Estrategia Nacional de Seguridad para el periodo 2018-2024” del Gobierno federal establece cuatro líneas de acción para pacificar al país: coordinación institucional; cooperación entre los tres niveles de Gobierno; orden gubernamental contra la corrupción, la impunidad y el influyentismo; y la dignificación y mejoramiento de los cuerpos de seguridad.
Durante su sexenio y de acuerdo con el «Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”, AMLO propone reducir los delitos de alto impacto –como robos y homicidios– en un 50 por ciento y disminuir en 15.6 puntos porcentuales la tasa general de delitos por cada 100 mil habitantes.
Lo anterior implicaría una disminución promedio mensual de 0.7 por ciento mensual en la incidencia de robos y homicidios, y de 0.2 por ciento en la tasa general. Sin embargo, en los primeros ocho meses del Gobierno de AMLO, la incidencia de robos y homicidios aumentó a un ritmo mensual de 0.3 por ciento, y la tasa de delitos del fuero común fue al alza en 2.4 por ciento, cada mes.
Empero, han habido avances en los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno federal, como en el caso de la reforma al Artículo 19 Constitucional para tipificar la corrupción, el fraude electoral y el robo de combustible como ilícitos graves que ameriten prisión preventiva oficiosa; la implementación de programas sociales –Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensión para Adultos Mayores, Zona Especial de la Frontera Norte, entre otros–; y las reuniones diarias del Presidente con el Gabinete de Seguridad.
CRIMEN Y VIOLENCIA EN LOS ESTADOS
Colima, Baja California Sur, Baja California, Querétaro, Quintana Roo, Ciudad de México, Aguascalientes, Tabasco y Guanajuato fueron las entidades federativas con las tasas de incidencia delictiva más altas a nivel nacional, entre diciembre de 2018 y julio de 2019. En estos nueve estados en promedio, dos de cada 100 habitantes fueron víctimas de algún ilícito.
En cambio Michoacán, Yucatán, Guerrero, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Chiapas, Nayarit, Tlaxcala y Campeche tuvieron los niveles más bajos, con cuatro casos por cada mil habitantes.
Las entidades con mayores índices de homicidios dolosos –en ese mismo periodo– fueron Colima, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Guanajuato, Morelos y Quintana Roo con cuatro casos, en promedio, por cada 10 mil habitantes. En contraste, Estado de México, San Luis Potosí, Nayarit, Tlaxcala, Baja California Sur, Chiapas, Hidalgo, Durango, Querétaro, Coahuila, Campeche, Aguascalientes y Yucatán tuvieron los índices más bajos con un promedio de un caso por cada 10 mil habitantes.
En el caso de los secuestros, las entidades federativas (dos casos por cada 100 mil habitantes) más peligrosas fueron Veracruz, Morelos, Zacatecas, Ciudad de México, Colima, Tabasco y Guerrero. Coahuila, Querétaro, Chihuahua, Chiapas, Nuevo León, Sonora, Campeche, Sinaloa, Nayarit, Baja California Sur, Baja California, Jalisco, Guanajuato, Durango y Yucatán fueron en cambio las menos riesgosas (0.2 casos por cada 100 mil habitantes).
Asimismo, en los primeros ocho meses del sexenio de AMLO, los robos sucedieron con mayor frecuencia (siete casos por cada mil habitantes) en Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo, Baja California Sur, Baja California, Colima, Jalisco, Aguascalientes, Tabasco, Estado de México y Morelos. Las entidades federativas con menores índices (un caso por cada mil habitantes) fueron Tamaulipas, Michoacán, Oaxaca, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz, Tlaxcala, Coahuila, Guerrero, Sonora, Yucatán, Chiapas, Campeche y Nayarit.
Quintana Roo, Baja California Sur, Chihuahua, Baja California, Ciudad de México, Tabasco y Querétaro además tuvieron el mayor número de casos de violaciones, estupros y delitos sexuales (cinco casos por cada 10 mil habitantes) a nivel federal. En contraste, los estados con los niveles más bajos (un caso por cada 10 mil habitantes) fueron Chiapas, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Guerrero, Michoacán, Yucatán, Veracruz y Tlaxcala.
En cuanto a los feminicidios se refiere, Veracruz, Morelos, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Chihuahua, Nuevo León y Coahuila fueron los estados más letales (un caso por cada 100 mil habitantes). Zacatecas, Durango, Querétaro, Yucatán, Michoacán, Chiapas, Tlaxcala, Guanajuato, Aguascalientes, Tamaulipas, Campeche y Baja California Sur tuvieron los niveles más bajos (0.2 casos por cada 100 mil habitantes).
