No es casual la resistencia de la industria alimentaria mexicana a la reforma de la Ley General de Salud, que establece la obligación del etiquetado frontal en alimentos y bebidas no alcohólicas. Más allá de su temor a un efecto negativo en el volumen de ventas de ciertos productos, está el dolo de no pocos empresarios sin escrúpulos que se traduce, sin más, en un engaño al consumidor en aras de una ganancia económica mayor.

Otra vez, el lucro quiere imponerse a una medida que es sencillamente vital para millones de personas, en un país que es líder en sobre peso y obesidad  (uno de cada tres niños y siete de cada 10 adultos la padecen) y en el que los índices de incidencia de la diabetes ascienden de manera alarmante: más de 13 millones de personas la sufren actualmente y es la segunda causa de muerte en el país, con el 15.4 por ciento de las defunciones.

Hay más datos: el 90 por ciento de los casos de diabetes mellitus se relacionan con la obesidad y sobrepeso; 29 por ciento de la población con diabetes desconoce que la padece; en 36 años, los fallecimientos por diabetes aumentaron un 226 por ciento, al pasar de 46 mil 614 decesos en 2010 a 105 mil 574 en 2016. Y se estima que siete de cada diez mexicanos diagnosticados con prediabetes desarrollarán finalmente la enfermedad.

Indago en el Instituto Nacional de Salud Pública que el etiquetado frontal tiene como propósito precisamente informar al consumidor del contenido nutrimental y las calorías que contienen alimentos y bebidas envasados. Sin trampas. La medida involucra no sólo a las frituras, golosinas o refrescos azucarados, sino a todos los productos industrializados de consumo humano, lo mismo pastas que quesos, pan, atún enlatado, embutidos, cereales, cubitos de pollo, café instantáneo, arroz precocido, platillos congelados, aceites vegetales, tostadas horneadas, sazonadores o frijoles procesados.

La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud recomiendan etiquetados frontales claros y simples en los empaques, que permitan al consumidor tomar mejores decisiones de consumo, de manera instantánea además. El resultado deseable es no solamente inhibir la adquisición de productos inapropiados para la salud sino alentar la de los alimentos sanos y nutritivos.

A partir de junio del 2016, Chile implementó un etiquetado frontal a través de los llamados “octógonos de advertencia”. Las etiquetas obligatorias –en forma de octágonos negros– advierten cuando un producto es alto en: calorías, grasas saturadas, azúcares y sodio. Los resultados preliminares son “impresionantes”, según un informe presentado conjuntamente por la Universidad de Chile y la Universidad de Carolina del Norte (USA).

Un par de datos elocuentes: seis meses después de la entrada en vigor de la ley, la venta de cereales azucarados disminuyó un promedio de 14 por ciento. En el caso de las bebidas azucaradas, su venta cayó en una cuarta parte.

El modelo chileno ha sido adoptado ya en Perú, y está en vías de aprobación también en Uruguay y Canadá. Aunque existen diferentes tipos de etiquetados frontales, estudios en poblaciones de América Latina muestran que el etiquetado frontal chileno es más fácil de entender y tiene mayor probabilidad de desincentivar el consumo de alimentos y bebidas comparado con otros etiquetados como las Guías Diarias de Alimentación o el del semáforo.

En México, diversos actores han promovido una iniciativa para impulsar un etiquetado frontal como el de Chile. Desde la academia, el doctor Juan Rivera, director del Instituto Nacional de Salud Pública y un equipo de investigadores, han realizado diversos estudios sobre etiquetados frontales y han generado recomendaciones para adoptar esta regulación. Desde la sociedad civil, la Alianza por la Salud Alimentaria ha impulsado en diferentes medios esta propuesta.

Aunque la comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de reforma a la Ley General de Salud promovida principalmente por la diputada Carmen Medel Palma, de Morena, para lograr su aprobación final deberá pasar por el pleno de la Cámara y luego por el Senado. El dictamen respectivo, aprobado en comisiones por 24 votos a favor y dos abstenciones del PAN, establece que las etiquetas de artículos alimenticios y bebidas no alcohólicas deben colocarse en la parte frontal e incluir información nutrimental de fácil comprensión, veraz y visible.

Asimismo, los productos contarán en su parte delantera con un etiquetado de advertencia de forma separada e independiente de la etiqueta de nutrimentos, cuando se excedan los límites máximos de contenido energético, azúcares añadidos, grasas saturadas, sodio, y nutrimentos críticos e ingredientes que establezcan las normas y que sean factor de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. Con estos cambios se busca que la información, independiente de la etiqueta con los ingredientes de cada producto, permita que las personas decidan de manera consciente si consumen esos productos o no.

Las resistencias dentro del Congreso mexicano a la aprobación final de la reforma no son gratuitas, por supuesto. Los industriales de la alimentación mantienen un intenso –y costoso– cabildeo entre los legisladores de todos los partidos y cuentan con un aliado clave para detener el etiquetado frontal: el empresario Alfonso Romo Garza, jefe de la Oficina de la Presidencia.

Detener una reforma que es vital para millones de personas sólo para favorecer nuevamente a los negociantes de la alimentación sería darle la espalda a una posibilidad real, comprobada, de mejorar la salud de los mexicanos, que se presume como una de las prioridades del actual Gobierno. Su objetivo central es acabar con el engaño. Así de simple. Válgame.

@fopinchetti 

Francisco Ortiz Pinchetti

https://dev.sinembargo.mx/author/franciscoortiz/

Fue reportero de Excélsior. Fundador del semanario Proceso, donde fue reportero, editor de asuntos especiales y codirector. Es director del periódico Libre en el Sur y del sitio www.libreenelsur.mx. Autor de De pueblo en pueblo (Océano, 2000) y coautor de El Fenómeno Fox (Planeta, 2001).

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