La Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados acumula 387 peticiones de juicio político desde 2003 para diversos funcionarios públicos. Entre ellas está la del grupo disidente «Innovación Sindical» de Minatitlán, Veracruz, contra el Secretario General Carlos Romero Deschamps, que será válida hasta el 31 de agosto cuando se cumple un año en que el polémico líder petrolero dejó el cargo como Senador priista.
Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).– El grupo disidente «Innovación Sindical» de la sección 10 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) en Minatitlán, Veracruz, urgió a la Cámara de Diputados tramitar la petición pendiente de juicio político contra el Secretario General Carlos Romero Deschamps válida hasta el próximo 31 de agosto, la cual podría inhabilitarlo del servicio público desde un año hasta veinte años.
«No soy un representante sindical nuevo [lo es desde 1993]. Hemos pasado por muchos problemas, por persecuciones, por acosos, por señalamientos; por mil cosas. Pero bueno, la unidad es lo que ha fortalecido a esta organización», dijo Romero Deschamps en una asamblea luego de la negociación del Contrato Colectivo del Trabajo 2019-2021.
«Independientemente de que me muera ahorita o dentro de no sé cuánto, o termine mi periodo como Secretario General [2019-2024], que el que venga encuentre la unidad que hemos construido todos alrededor de nuestra organización. Eso pesa más que todo el dinero del mundo», agregó el petrolero de 76 años, muestra un video circulado por la sección 34 del STPRM de la Ciudad de México.
La solicitud de juicio político de los petroleros de Minatitlán, Veracruz, se interpuso en diciembre de 2014 y fue ratificada en septiembre 2018 porque, acusan, Romero Deschamps violaba el artículo 62 constitucional al recibir doble sueldo tanto por ser trabajador de Petróleos Mexicanos (Pemex) como Senador priista del 29 de agosto de 2012 al 31 de agosto del año pasado.
La Subcomisión de Examen Previo, compuesta por la Comisión de Gobernación y la de Justicia de la Cámara de Diputados, solo puede iniciar el juicio político durante el tiempo en que el servidor público desempeña su cargo y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones, es decir, hasta el último día de este mes.
La Diputada morenista Rocío Barrera Badillo, presidenta de la Subcomisión de Examen Previo, reconoció desde enero que se tiene el compromiso de tramitar las 387 peticiones a juicio político para varios funcionarios que se encuentran rezagadas desde 2003. No obstante, hasta el 31 de marzo no se generó ninguna resolución, de acuerdo con la información parlamentaria.
«Si no aprueban el juicio político y Carlos Romero se queda, el daño va a ser para Morena. En 2021 hay elecciones en Veracruz [renovar 212 alcaldías], donde hay 12 secciones petroleras y las van a perder», dijo el miembro del grupo disidente veracruzano de la sección 10 del STPRM, Víctor Jacobo Domínguez. «Los gobiernos del PAN y el PRI sostuvieron a Carlos Romero Deschamps, quien es priista pero se consolidó con los panistas. Ahora con Morena».
De los 14 legisladores miembros de la Subcomisión de Examen Previo, siete son de Morena.
Una vez que los integrantes de la Subcomisión de la Cámara de Diputados comprueben la existencia de la violación a la Constitución se formula la declaración de procedencia, y la Cámara de Senadores funge como Jurado de sentencia.
«Si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, se sancionará al servidor público con destitución. Podrá también imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público desde un año hasta veinte años», expone el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos.
El petrolero Jacobo Domínguez expuso que están atentos al actuar de los legisladores de la Cámara de Diputados con el juicio político, «porque es la salida para cambiar el rumbo del interinato que viene en el STPRM. Carlos Romero se va, es un hecho, pero no sabemos quién queda. Si él decide quién lo suple no va a pasar nada pues están cuidando la rendición de cuentas al interior del sindicato de las 36 secciones».
El interinato, explicó el petrolero, es un recurso interno político para que el dirigente saliente tenga el beneficio de elegir y dejar al suplente. En diciembre de 2017 Romero Deschamps fue reelegido como Secretario General para el periodo 2019-2024, y el 9 de octubre del 2018 la Secretaría del Trabajo lo registró en las asociaciones sindicales.
Aquí el acuse de la petición ante la Cámara de Diputados:
«EL PRÓFUGO-APARECIDO»
Para Víctor Jacobo Domínguez, trabajador petrolero de la sección 10 del grupo «Innovación Sindical», el Secretario General Carlos Romero Deschamps es un «prófugo-aparecido», luego de presentarse a la negociación con Pemex del Contrato Colectivo de Trabajo 2019-2021.
El miércoles 31 de julio, se pactó un incremento al salario ordinario del 3.37 por ciento, así como del 1.80 por ciento para prestaciones firmado por el director de Pemex Octavio Romero Oropeza y el dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).
El Contrato Colectivo de Trabajo pactado suprimió ayudas económicas a la cúpula sindical, como la cláusula 251 (ayuda a la dirigencia sindical por 8.3 millones de pesos mensuales) y 251 bis (353.18 millones de pesos al año para asambleas, festejos o fomento al deporte); así como una reducción de más del 75 por ciento en viáticos frente al contrato del 2018.
Romero Deschamps se presentó a la negociación anual días después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al líder sindical y a seis familiares (esposa, hijos, nuera y sobrinas) por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Aunque el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en el Estado de México le otorgó un amparo, ante la falta de una orden de aprehensión, le negó la suspensión definitiva sin descartar que exista alguna investigación en su contra.
Como candidatos a suplirlo figuran Sergio Morales Quintana del Frente Nacional Petrolero, quien desde febrero interpuso una denuncia penal ante la FGR en contra de Romero Deschamps por administración fraudulenta, y luego fue votado en una convención extraordinaria celebrada solo en la Ciudad de México para sustituirlo en la dirigencia, la cual fue cuestionada por su ilegalidad.
«A pesar de los intentos que ha habido para que se le dé la toma de nota a un sindicato que no existe, para otro que por allá está rescindido y no es trabajador [Sergio Morales] presume de tener ya el acta de la Convención, donde se acredita como Secretario General. A pesar de todos los intentos, la oposición no creció y nuestro sindicato sigue en pie», aseguró Romero Deschamps en la asamblea luego de la negociación del Contrato Colectivo de Trabajo.
Este martes Morales Quintana pidió a la Secretaría del Trabajo validar la legalidad de la Convención y darle la toma de nota como Secretario General.
El Acta Constitutiva y Estatutos Generales del STPRM expone que puede enjuiciarse a funcionarios generales por el Consejo General de Vigilancia o, como en este caso, por Convención después de “la aprobación de dos terceras partes de los miembros activos del sindicato, mediante el procedimiento de asambleas seccionales” (artículo 369). El Frente Nacional Petrolero la realizó solo en la Ciudad de México.
También busca la dirigencia sindical María de Lourdes Díaz Cruz, conocida como “Lula”, del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera (MNTP), trabajadora de la sección 35 en Tula, quien ha señalado de huachicoleo al actual Secretario General.
Además están interesados Miguel Arturo Flores de Petroleros Activos en Evolución (PEA) y Mario Rubicel Ross García de la Coalición Petrolera Independiente, quien también pidió la toma de nota a la Secretaría del Trabajo al asegurar que es dirigente del sindicato desde el 16 de diciembre de 2018, cuando en Convención Nacional los delegados de 32 de las 36 secciones votaron a su favor.
